Jaime de Althaus
Para Lampadia

Es muy grave lo que ha ocurrido con el régimen de promoción agraria. Si bastan cinco días de bloqueo para derogar una ley que tuvo efectos tan positivos y luego el Congreso puede ser capaz de aprobar incrementos discriminatorios de la remuneración mínima vital efectiva que según la Constitución deben verse en el Consejo Nacional de Trabajo, y esos incrementos más otros costos condenan a la quiebra cuando menos a los pequeños y medianos productores, es porque la enfermedad ideológica y la precariedad política e institucional son ya terminales.

Se puede encontrar una responsabilidad en las propias empresas en no haber socializado suficientemente los enormes avances tecnológicos, económicos, sociales y laborales de la agroexportación. Debieron tener una política sistemática de invitación a la academia, a ONGs y a medios a visitar los fundos para dar a conocer la actividad. La gente no conoce las bondades de la industria.

En realidad, es un defecto de la élite empresarial en general, que ya está pasando factura. Pues la idea de que las empresas son malas está arraigada en la cultura de izquierda que se infunde desde varias fuentes, comenzando por maestros que nunca han sido capacitados en economía social de mercado ni en el capítulo económico de la Constitución. Tenemos una izquierda anti capitalista –marxista- que nunca se aggiornó. Siendo electoralmente minoritaria, logra sin embargo potenciar abusos extra legales para para lograr triunfos resonantes, con golpes anticapitalistas demoledores. Como este contra la agroindustria. Lo que a Chávez le costó años, acá se logró en cinco días contra una industria de punta, pero pueden venir otras después. La minería está primera en la fila.

¿Cómo pudo ocurrir algo así?

• La condición facilitadora inmediata ha sido la anarquía, la descomposición política general. La destrucción política mutua, múltiple y generalizada de los últimos 5 años, agravada en los dos últimos meses. 9 ministros de Interior en dos años, dejando las tareas de inteligencia y seguimiento sin continuidad.
• Luego, el grave error del gobierno de Sagasti de castigar a la policía y pasar al retiro 18 generales, provocando una huelga de brazos caídos que permitió que no más de mil o dos mil personas bloquearan la carretera en Ica durante 5 días, hasta provocar desabastecimiento y desesperación.  
• Y, en el Congreso, bancadas indisciplinadas que no responden ya a sus partidos ni a programas sino a intereses individuales electoreros o económicos del momento.  Políticos de tercer nivel que llegaron allí como consecuencia de un largo proceso de descomposición partidaria pero también, más cercanamente, como producto de una disolución populista del Congreso sin que el disolvente buscara tener mayoría en el nuevo Parlamento.
• La fuerza política mayoritaria que de alguna manera defendía el modelo en el Congreso disuelto, sucumbió como producto de sus propios errores y de la justicia plebiscitaria coordinada con el populismo político de Palacio. No quedó nada.

Políticos de partidos de centro o centro derecha sin convicción ni ideología a la búsqueda de demandas para distribuir beneficios y ganarse así unos votos, son la invitación perfecta al crecimiento de la protesta social, con luz verde por la ausencia de fuerzas del orden y alentada desde siempre por activistas (y candidatos) de izquierda que sí actúan con propósito y que en el Congreso llevan de las narices a sus pares.

Así, se forma un círculo vicioso entre una institucionalidad y una política precarias y hambrientas de respaldo y una protesta social que encuentra inmediata satisfacción y que sabe que sus actos de fuerza son infalibles. A mayor precariedad política, mayores protestas y viceversa.

Este círculo vicioso tiene que romperse, porque puede terminar arrasando con lo que queda de músculo económico en el país. El presidente Sagasti debe asumir una posición clara y firme frente al intento de liquidar la agricultura moderna, exportadora y empleadora, y debe reconstruir la relación del gobierno con la policía nacional, que necesita apoyo político para actuar. La Sunafil debe identificar, publicar y castigar a las empresas que contratan informalmente y cometen abusos. Hay que contener el desmoronamiento. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 19 de julio de 2019
Para Lampadia

Tildar de traidor al presidente Vizcarra por el permiso de construcción del proyecto minero Tía María, y – peor aún – darle un plazo de 72 horas para que lo anule, denota que el Gobernador Regional de Arequipa es un anarquista. El tipo no reconoce que existe un orden jerárquico en la estructura del Estado donde él no es – precisamente – la máxima autoridad. Perú… país unitario. “¿Qué es eso?” parece decir Cáceres Llica.

Desactivar el Sistema Digital de Gestión Hospitalaria de los hospitales de Ica – con lo cual se lograron eliminar colas y mejorar la atención a los pacientes – y que el Ministerio de Salud no haga nada al respecto, denota que el Gobierno Central no ejerce ninguna rectoría sobre los hospitales regionales. En otras palabras, el sistema de salud pública a nivel nacional está a merced de los Gobiernos Regionales. Eso se llama anarquía. No hay Estado. No hay rectoría. Cada región hace lo que quiere en materia de salud pública.

Reponer a funcionarios públicos destituidos por faltas graves – incluso con fallos ratificados por el Tribunal de la Autoridad Nacional del Servicio Civil – y que ninguna autoridad haga nada al respecto, denota que nadie ejerce ninguna rectoría sobre el orden y la disciplina laboral en los Gobiernos Regionales. La anarquía también está presente en el ámbito laboral estatal.

Saber y no hacer nada frente a fracaso municipal respecto a los servicios de agua potable y tratamiento de aguas servidas a nivel nacional, denota que las funciones y responsabilidades del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Salud, y del Ministerio del Ambiente – entre otros – están por las puras. Y lo mismo se puede decir respecto a los servicios fallidos – a nivel nacional – en materia de recojo de basura y tratamiento de residuos sólidos, y tráfico y circulación de vehículos motorizados.

¡Claro que la relación entre Gobiernos Locales y Gobierno Central es anárquica! Cada alcalde hace y deshace a su antojo.

Puede que suene radical, pero así es. El Estado peruano ha devenido en una anarquía total. Se ha perdido el principio de autoridad. Se ha perdido el civismo. Los frecuentes bloqueos de carreteras son – también – manifestaciones de la anarquía imperante en nuestro país. Y las invasiones de terrenos, igual. Incluso, muchas veces – yo diría, en la mayoría de los casos – son las propias autoridades regionales y municipales quienes fomentan tales actos vandálicos. ¿Cómo se llama eso? Anarquía.

Es una pena. El país se está malogrando. En realidad, desde hace tiempo se viene malogrando. A la anarquía imperante no llegamos de sopetón. Llegamos de a pocos. Como que nuestras autoridades – corruptas – perdieron autoridad moral. Y sus rabos de paja limitaron su accionar frente al desorden y la permisividad se abrió paso.

En efecto. Pareciera que hoy todo está permitido. Insultar al presidente. Maltratar a la ciudadanía. Incumplir las normas. Mentir. Coimear. Robar. Chantajear. ¡Una lástima!

Aparte de recuperar los valores del Incanato – no robes, no mientas, no seas holgazán – debemos recuperar el valor del civismo. El cual conlleva el valor del principio de autoridad.

El trabajo hay que hacerlo en las escuelas. Es decir, en los niños y jóvenes de nuestro país. Ahí está el civismo en ciernes. Ahí está la cura para corregir la anarquía que nos agobia. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
Gobernador Regional de Ica
Ica, 21 de setiembre de 2018
Para Correo Ica y Lampadia

En términos generales, el Estado peruano es anárquico y caótico. Está atiborrado de burócratas que entraron “por la puerta falsa” … y que creen ser dueños – a perpetuidad – de sus puestos de trabajo. Funcionarios que – en su momento – ingresaron por recomendación de algún padrino clientelista. O que entraron con certificados de estudios y / o de trabajo falsos, sin ningún mérito para ejercer la noble tarea de servir a la ciudadanía… desde el Estado.

Por eso – salvo honrosas excepciones – los servicios públicos son tan deficientes. Por eso mismo, las obras públicas tardan tanto en ejecutarse. Por eso – aparte de tardías y costosas – las compras y contrataciones del Estado resultan tan mal hechas… por la burocracia corrupta e inoperante.

Los clanes familiares son una figura muy recurrente en el Estado. Muchas veces, cuando un funcionario público se jubila, su hijo – o hija – ocupa su lugar. Según ellos… es su derecho. Los concursos para puestos de trabajo – generalmente – los “ganan” familiares de los funcionarios de turno. Padres, hermanos, hijos, cuñados, etc. se han apoderado de muchas instituciones. Hasta parejas sentimentales están en la colada.

Sin embargo – en el caso del Gobierno Regional de Ica – la situación está cambiado… y para bien. Tras un duro batallar – poco a poco – hemos corregido el desmadre heredado. Muchos servidores públicos – mal acostumbrados – creían que podían cometer todo tipo de faltas, y no ser sancionados por ello. Pues… craso error. La estabilidad laboral no genera impunidad.

Las faltas funcionales están – claramente – tipificadas en la legislación laboral correspondiente. El problema es que en muchas instituciones públicas – dicha legislación – resulta letra muerta. Miedo, confabulación, corrupción… eso y mucho más hay detrás de la anarquía y caos institucional que predomina en el Estado peruano. Todo lo cual repercute – directa y negativamente – en el sufrido ciudadano de a pie. Por eso hay que sancionar a los malos funcionarios públicos… para que dejen de maltratar a la ciudadanía.

Dicho esto… debo reiterar – por enésima vez – que en el Estado hay muchos excelentes funcionarios públicos… también. Como que el mal convive con el bien. Gracias a ellos, hemos mejorado mucho la atención en todos nuestros hospitales. La educación, el deporte y la cultura han progresado notablemente – en Ica – gracias a nuestros buenos maestros. Nuestros valientes funcionarios de Transportes han descabezado a las mafias de los brevetes. Y lo mismo va para nuestros funcionarios de Trabajo, Agricultura, Producción, Energía y Minas, Vivienda, Turismo, y demás direcciones regionales.

En lo que va de nuestra gestión:

• hemos destituido y / o suspendido – sin goce de haberes – a más de 160 malos funcionarios. Todos ratificados por el Tribunal del Servicio Civil y / o consentidos por los propios trabajadores.
• Unos 150 más están en proceso de investigación por faltas funcionales.
• Eso sin contar a los más de 50 contratados – corruptos y / o indolentes – que fueron destituidos en el preciso momento que tomamos conocimiento de sus faltas.
• A lo cual, habría que sumar la guerra que enfrentamos contra congresistas, consejeros regionales, Colegio Médico de Ica, y periodistas… todos de la misma calaña.

Esos son los números gruesos de nuestra guerra – a muerte – contra la corrupción. Una guerra bravísima que – por los resultados obtenidos – ¡vaya que valió la pena enfrentar!

¡No a la anarquía y caos en el Estado! ¡Sí a la sanción a los funcionarios que maltraten a la ciudadanía! ¡Sí al orden y probidad para el bienestar de la población! Lampadia