Jaime de Althaus
Para Lampadia

Hace pocos días se dio un paso importante en los trabajos de simplificación administrativa en el Estado peruano: se publicó el Decreto Supremo Nº 045-2019-PCM que aprueba el TUPA estandarizado de la Licencia de Funcionamiento, de aplicación obligatoria en todas las municipalidades del país. En realidad, el DL 1271 ya había simplificado requisitos para esta licencia, pero las municipalidades solían incumplir la norma haciendo cada una su propio TUPA (Texto Único de Procedimientos Administrativos) en el que exigían más requisitos de los establecidos o no respetaban los plazos. Lo que este decreto hace es estandarizar los procedimientos, requisitos, actividades y plazos, de modo que ya es muy difícil apartarse de ellos. Es un TUPA único modelo de aplicación obligatoria. Incluso para muchas municipalidades pequeñas es una ayuda porque no tienen que contratar una consultoría para que les haga el Tupa: lo toman directamente de esta norma.

La discrecionalidad para fijar el derecho de tramitación también desaparece, porque la metodología “micosto”, aplicativo vigente desde el 2010, se aplica ahora a actividades y plazos perfectamente acotados.

Fernando Cillóniz, sin embargo, declaró a Semana Económica: “La unificación de los TUPA es un paso importante, pero desconfío de la integridad de los funcionarios públicos pues [la obtención] de muchas licencias está dominada por mafias en muchos distritos del país. Digitalizar estos procesos sería mucho más conveniente”.

Sara Arobes, Secretaria de Gestión Pública, responde que los funcionarios que incumplan esta norma pueden ser sancionados y multados por la Contraloría, por la Oficina de Control Interno de la municipalidad. Indecopi, de otro lado, tiene que supervisar su cumplimiento e intervenir a pedido de parte o de oficio por causal de barrera burocrática. Sería bueno difundir los derechos de los administrados y los plazos, por ejemplo, para que los usuarios los conozcan y sepan qué mecanismos activar si no se cumplen. Una campaña radial sería útil.

Algo que lamentablemente no se ha podido arreglar hasta ahora es el hecho de que el Congreso derogara hace dos años la disposición contenida en el Decreto Legislativo arriba mencionado que eliminaba la obligatoriedad de las inspecciones técnicas cada dos años, que era –y es- causa y ocasión de mucha corrupción. Debería verse la forma de reponer esa disposición, pasando a un sistema de fiscalización del cumplimiento de la norma. A falta de eso, cuando menos se ha logrado que en los negocios de bajo riesgo, la inspección técnica en seguridad pueda hacerse a posteriori, luego de otorgada la licencia. Pero de todas maneras dicha inspección debe renovarse cada dos años. Lo que podría hacerse por decreto supremo es que la renovación en este último caso sea automática, pero al parecer no hay decisión política para dar ese paso.

Lo que todavía se va a demorar en salir por lo menos hasta el segundo semestre de este año, es el TUPA estandarizado de la Licencia de Construcción, que contiene más de 100 procedimientos. Una vez que esto entre en vigencia, se habrá estandarizado alrededor del 70% de los trámites en las municipalidades.

Los Análisis de Calidad Regulatoria (ACR)

Los Análisis de Calidad Regulatoria (ACR) sirven para determinar si un trámite es realmente necesario o no. Hasta el momento han sido revisados un total de 1,041 trámites correspondientes a 10 sectores, y el resultado ha sido que un 38% de los trámites ha sido eliminado o declarado improcedente. Es decir, solo han quedado validados 647 procedimientos, equivalentes a un 62% del total. Sin duda una reducción importante.

Fuente: http://sgp.pcm.gob.pe/analisis-de-calidad-regulatoria/
(Elaboración propia)

Los sectores que ya pasaron el ACR son la PCM, Comercio Exterior y Turismo, Ambiente, Cultura, Relaciones Exteriores, Mujer, Agricultura, Trabajo, Producción, Justicia y Vivienda. El resto de sectores debe estar terminado a más tardar en junio de este año. 

Podemos ver algunos sectores con algún detalle.

Por ejemplo, en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo hay 92 trámites o procedimientos administrativos. De ellos han sido eliminados un 41% de trámites en total (los declarados improcedentes se mantienen como una función interna de la entidad, pero dejan de exigirse al administrado, de modo que para efectos prácticos resultan eliminados también). Eso significa que muchas autorizaciones que había que obtener o informaciones que había que dar, ya no son necesarias. Y del 59% que resultaron validados, la tercera parte (21%) fueron simplificados.

Fuente: http://sgp.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2018/12/Informe-001-2018-CMCR-ST.pdf
(elaboración propia)

El sector Agricultura tiene una gran cantidad de trámites (341): 27% de ellos fueron eliminados. Del 73% que fue validado, algo menos de la mitad (31%) fue simplificado.

Fuente: http://sgp.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2017/08/Informe-DS-130-2018-PCM-segundo-grupo-ACR-VF.pdf
(elaboración propia)

En el siguiente grafico podemos ver el sector agricultura desagregado en sus distintos organismos. En el caso del ministerio como tal, la reducción de trámites alcanzó casi a la mitad. Y en el caso del Senasa, una entidad clave para las exportaciones agrícolas no tradicionales, que tenía 124 trámites, la reducción llega al 30%. Además, de los 88 trámites validados en esa entidad, 63 deben ser simplificados. La Autoridad Nacional del Agua (ANA), por su parte, que es importante también para la minería, resultó con 35 procedimientos validados (de los cuales 2 deben ser simplificados) y 12 improcedentes.

Fuente: Idem

En el sector Ambiente, incluyendo sus organismos públicos, hay solo 20 trámites, de los cuales el 45% resultó eliminado. En el caso del Senace, que ve los estudios de impacto ambiental detallados para la minería y otros sectores, de 9 procedimientos solo se eliminó 1 pero dos fueron simplificados. Y los 3 trámites que había que hacer ante la OEFA fueron declarados improcedentes.

Fuente: http://sgp.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2018/12/Informe-001-2018-CMCR-ST.pdf
(elaboración propia)

En el caso del Ministerio de la Producción, de los 150 trámites que tenía, un 30% ha sido eliminado. Además, hay 10 trámites que han sido fusionados.  

Se ha eliminado, por ejemplo, la inscripción o renovación en el registro de laboratorios acreditados para realizar análisis; la adecuación de licencia de operación de plantas de procesamiento industrial de macroalgas; la modificación de concesión para el desarrollo de la acuicultura de Mediana y Gran empresa; el permiso/certificado cites de importación o reexportación de especies hidrobiológicas, productos o subproductos provenientes de la acuicultura; la adecuación de permiso de pesca de menor escala para la extracción del recurso anchoveta; la renovación de inscripción de asociaciones de las MYPE y comités de MYPE en el registro nacional de asociaciones de la micro y pequeña empresa – RENAMYPE, la solicitud de actualización del estudio ambiental aprobado para proyectos de inversión del sector pesquero y acuícola, etc.

Además, según el informe de la Secretaría de Gestión Pública, el PRODUCE actualmente se encuentra en proceso de mejora de su marco regulatorio, lo que incidirá en 48 procedimientos o trámites que tendrán que adecuarse y pasar también por el ACR.[1]

El sector Trabajo es el que ha experimentado la mayor reducción  de trámites. En el siguiente gráfico podemos ver que sólo ha sobrevivido sin modificación un 15% de los 112 trámites del sector, y 78% ha sido eliminado o declarado improcedente:

Fuente: http://sgp.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2017/08/INFORME-003-2019-PCM-version-final.pdf
(Elaboración propia)

Quizá no sea casualidad que Trabajo sea de lejos el sector más burocratizado. Yendo al detalle, vemos que ninguno de los 6 trámites de Sunafil ha sido validado, y tampoco ninguno de los 15 trámites de Essalud. El grueso de trámites corresponde al ministerio como tal, donde el 72% ha sido eliminado.

Faltan

Hay tres sectores importantes para la actividad productiva y el bienestar de la población cuyos ACR aún no salen, que son Transportes y Comunicaciones, Energía y Minas y Salud. En el segundo caso, Sara Arobes nos dijo que la Secretaría de Gestión Pública (SGP) hizo dos presentaciones hace algo más de un año en la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), pero que no habían recibido una propuesta de reducción de trámites por parte de dicho gremio. Consultado al respecto Pablo de la Flor, gerente general de la SNMPE, nos informó lo siguiente: “Tenemos 3 mesas ejecutivas una para cada sector en el MEF, en las que venimos discutiendo la simplificación con algunos avances. Allí participan todos los actores públicos.  Tienen todas nuestras propuestas. Muchas discusiones y algunos resultados, pero nada dramático ni significativo aún”. No obstante, ante la consulta nuestra señaló que presentarían sus propuestas a la SGP.

El caso de Salud está resultando complejo sobre todo por la cantidad de trámites en la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID), y la aparente resistencia a desmontarlos. Los gremios vinculados a medicamentos, equipos médicos y cosméticos se quejan de corrupción y de que se exige a productos que son de bajo riesgo los mismos trámites y requisitos que los que se pide para medicamentos de alto riesgo. El resultado es que obtener registros sanitarios es muy complicado o costoso y la población no tiene acceso suficiente a productos de calidad y a un costo razonable. Este sector, entonces, es crítico. Debería simplemente autorizarse automáticamente todo producto que cuente la licencia de la FDA norteamericana o del organismo equivalente de la Unión Europea.

Hay incluso una demanda ante el Indecopi para declarar barrera burocrática el TUPA de la DIGEMID. Esa demanda ha sido ganada pero la resolución aún no se publica.

Sara Arobes que nos informó que un problema en Salud es el cambio de ministros con excesiva frecuencia, lo que lleva a comenzar casi de cero cada vez. En todo caso, ese sector tiene un avance del 60%. Para el tema de la Digemid, la DGP está trabajando con la Cámara de Comercio de Lima.

Segunda revisión de los 100 más costosos

De todas maneras, se espera culminar con todos los ACR del Ejecutivo para junio de este año. Con todo ese trabajo se hará un Catálogo de Procedimientos, para entrar luego a una segunda revisión ajustando más los trámites. Para comenzar, se seleccionarán los 100 procedimientos más costosos para someterlos a un nuevo ACR, con información que brinden las empresas, a fin de reducir requisitos y tiempos en cada uno de ellos, es decir, reducir la carga administrativa que representan. Y se digitalizarán. Esto empezará en julio.

Gobiernos Regionales

Ahora bien, todo lo que hemos reseñado incluye solo a las entidades del gobierno central, del Poder Ejecutivo. Para los gobiernos regionales se elaborará 200 tupas estandarizados. Ese trabajo será licitado para que una empresa lo haga, y será financiado con cargo al proyecto BID. Se espera comenzar el tercer trimestre priorizando sectores productivos en los que los gobiernos regionales tienen incidencia, como pesca artesanal, turismo, minería artesanal, y forestal.

Análisis de Impacto Regulatorio (RIA)

El Análisis de Impacto Regulatorio (RIA), como sabemos, se centra no en los trámites que se imponen al usuario, sino en las normas mismas que regulan las actividades productivas o de servicios. Sirve para determinar si una norma se justifica o no, si crea más perjuicios que beneficios. Se espera comenzar con esta tarea hacia fines de año. Lo primero es producir un reglamento con la metodología y luego capacitar a los funcionarios en su aplicación, porque luego de ello toda norma que salga del Ejecutivo tiene que venir con su RIA. Pero se comenzará con los sectores que incidan más en la competitividad. La elaboración del manual ya ha sido licitada.

Luego de ello, el próximo año se empezará a revisar el stock de normas en 8 sectores, también los más vinculados a la actividad productiva. Esto también se hará con el apoyo del Proyecto BID. No será fácil. Según Arobes, a México le tomo 18 años generalizar este proceso en su Estado.

Equipo precario

Vale la pena comentar que todo el trabajo de revisión de los ACR en la SGP está siendo ejecutado por un equipo de apenas 11 personas, que tiene otras tareas además de los ACR. Ese equipo, muy meritorio y esforzado, requiere ser fortalecido y estabilizado, pues, además, sufre de una alta rotación. Los 11 están allí con contratos CAS y con límites salariales. Aprenden y se van a otros organismos. Resulta sorprendente que estando SERVIR en la PCM, ésta y sus Secretarías no hayan avanzado suficientemente en el tránsito hacia la aplicación del régimen de la ley de Servicio Civil, para tener un cuerpo de funcionarios estable y meritocráticamente seleccionado y evaluado. El ejemplo debería comenzar por casa.

ANEXO

Jaime de Althaus
Para Lampadia

En el análisis que publicáramos ayer (La simplificación administrativa avanza) sobre los avances en simplificación administrativa y eliminación de normas costosas y contraproducentes, algo fundamental para permitir la reactivación de la inversión privada y la formalización económica, concluimos que si bien había avances notorios en el llamado Análisis de Calidad Regulatoria (ACR), que terminará eliminando algo menos del 30% de los trámites en el gobierno central antes de junio del 2019, percibíamos que no había la misma voluntad política en la aplicación del Análisis de Impacto Regulatorio (RIA) que se implementará a partir del próximo año en 8 sectores, sin que nos quedara claro si se aplicaría ex ante, es decir, a la normas nuevas, o solo al stock de normas.

Sara Arobes, Sub Secretaria de la Secretaría de Gestión Pública, nos aclara que “sí existe tal voluntad política; la prueba es que en el pasado setiembre se aprobó el DL 1448 que establece el RIA y también el gobierno aprobó el préstamo con el BID en el que se dispone los recursos para implementar el RIA”.

Nos precisa, además, que se ejecutará ambos tipos de RIA, el ex ante y el ex post. Es decir, tanto para las normas nuevas como para el stock de normas. Y que esto se va a detallar en el reglamento que se apruebe en marzo del 2019.

Faltaría que se aplique en los gobiernos sub-nacionales y en el Congreso

Nos alegra. El RIA es fundamental para aligerar la carga regulatoria que asfixia a las empresas peruanas de todo tamaño. La limitación es que se aplicará solo en las entidades del gobierno central, pero no en los gobiernos regionales y locales. Y tampoco en el Congreso. El RIA es algo que debería aplicarse a toda norma, emita donde se emita.

En el caso del Congreso, es hora de crear justamente una Oficina de Análisis de Impacto Regulatorio y Económico. Si tal cosa existiera, el país se habría ahorra muchas leyes que terminan frenando el desarrollo nacional e imponiendo costos absurdos a las distintas actividades. Mencionemos, por ejemplo, la ley que se ha aprobado para regular los taxis por aplicativo, un servicio que funciona bien y es más eficiente, seguro e incluso más barato que el de los taxis comunes. El resultado de esa ley va a ser, sin duda, el encarecimiento de ese servicio. Y todo por compulsión regulatoria o para para buscar el voto clientelista de los taxis sin aplicativo. Estamos seguro que un RIA habría descartado dicha ley. Lampadia

Pero aún no hay Análisis de Impacto Regulatorio

Jaime de Althaus
Para Lampadia

En la Subsecretaría de Simplificación y Análisis Regulatorio de la Secretaría de Gestión Pública de la PCM, 10 personas trabajan febrilmente revisando, observando y devolviendo los Análisis de Calidad Regulatoria (ACR) enviados por los sectores respecto de las normas que contienen procedimientos o trámites que el público debe llevar a cabo, para ver si cumplen con los estándares de calidad que corresponden o si deben ser eliminados o simplificados. Se trata del ACR que debe hacerse a todas las normas existentes y aquellas por crearse que contengan procedimientos o trámites.

Pero el Análisis de Impacto Regulatorio (RIA), que sirve para eliminar regulaciones costosas o contraproducentes, todavía no empieza, como veremos, y, tal como se está planteando, tendría un alcance limitado, lo que es lamentable.

Análisis de Calidad Regulatoria

El trabajo de los ACR comenzó en agosto del 2017. ¿Está dentro del cronograma aprobado? Pues, increíblemente, sí. El último de los seis grupos de sectores (Defensa, Interior y Economía y Finanzas) debía entregar a la Sub Secretaría el ACR de sus normas para que sea revisado, y cumplió con el plazo. El proceso es complejo. Sara Arobes, jefa de esa Subsecretaría, nos explica que cada ministerio hace su propio ACR de todas sus normas con procedimientos y envía las fichas correspondientes a la Subsecretaría. Esta las revisa, les hace las observaciones necesarias y las devuelve para el levantamiento de las observaciones por parte del ministerio, y así tres veces. En ocasiones los ministerios no levantan las observaciones y entonces los responsables son citados para revisarlas en conjunto. Ya se han llevado a cabo más de 5 mil revisiones.

En la actualidad, todos los sectores, todos los ministerios y sus organismos públicos, ya iniciaron ese proceso, y tres de ellos ya lo culminaron. Son la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio del Ambiente y el ministerio de Comercio Exterior y Turismo, y todos los organismos adscritos a ellos. Se revisaron 319 procedimientos o trámites en total, de los cuales fueron eliminados un 25% y un 8% fue simplificado.  

El segundo paquete de tres sectores (Trabajo y Promoción del Empleo, Agricultura y Riego y Cultura) suma más de 500 procedimientos, de los cuales ya se prevé será eliminado un 30%.  Debe estar saliendo a fines de noviembre.

Todo el proceso, incluyendo a todos los sectores del gobierno central, culmina en junio del 2019. Eran alrededor de 4000 procedimientos los que serían revisados, pero al final esa cifra se ha reducido a 3,165 porque algunos sectores no han esperado su turno y ya han simplificado o eliminado trámites por su cuenta. Por ejemplo, Transportes y Comunicaciones y el Mincetur.

Al terminar, en junio del 2019, se tendrá el catálogo de trámites del ejecutivo. Salen del ACR y entran al TUPA. Con proyecto BID, que apoya en estas tareas, se identificará los 100 más costosos para someterlos a una nueva revisión a fin de reducir los tiempos. Arobes nos informa que hasta el cuarto grupo de sectores, donde ya ha habido una primera revisión, se habría reducido en 216 millones de soles las cargas administrativas para los usuarios.

Hay que decir que pasa obligatoriamente por el ACR no solo todo el stock de normas con trámites existente, sino además toda nueva norma que establezca un trámite o procedimiento. De lo contrario carece de validez. El decreto legislativo 1310 establece que todo procedimiento que no es ratificado, se elimina. Alrededor de 50 de estas normas nuevas han pasado el ACR.

Gobiernos regionales y locales

Ahora bien, todo esto se refiere al Gobierno Central o Nacional pero, ¿qué pasa con los gobiernos regionales y locales? Sara Arobes nos informa que para ellos se establecerá procedimientos estandarizados, obligatorios según la ley de procedimientos administrativos.

Los dos principales, para los gobiernos locales, son la licencia de funcionamiento y la de construcción. La Sub Secretaría está trabajando en el diseño de tupas estandarizados más simples y de aplicación obligatoria para ambas licencias. En el caso de la de funcionamiento, se ha venido demorando porque el diseño final depende de un insumo clave que es el reglamento de inspecciones técnicas en seguridad que el Ministerio de Vivienda está reformulando con la idea de graduar la evaluación de seguridad según el nivel de riesgo. Es decir, que si típicamente no hay riesgo, la licencia es automática. La gran mayoría de los negocios pequeños quedaría clasificada en riesgo bajo.

En cuanto a la licencia de construcción, Vivienda ya terminó su revisión y simplificación. Consta de 159 procedimientos, una cantidad que parece muy alta a primera vista pero que según Sara Arrobes es lo mínimo indispensable. Antes de fin de año deberá salir el decreto supremo aprobando ambos tupas estandarizados. Las ventajas de los tupas estandarizados son obvias: menos discrecionalidad, menos corrupción, menores costos y menor tiempo.

Se tiene previsto sacar 300 procedimientos estandarizados más para los gobiernos regionales y locales. Sobre todo, para los regionales, y en sectores tales como minería, turismo, trabajo y transportes. Lo que el 
Mincetur elimine o simplifique, por ejemplo, se aplicará en los gobiernos regionales.

Este trabajo comenzará a hacerse a inicios del próximo año y Sara Arobes calcula que estará implantado hacia fines del 2020. No debería de pasar de esa fecha pues de lo contrario ya será difícil de aplicar. No es claro si esto funcionará en los gobiernos sub-nacionales.  

RIA

Lo que aún no ha empezado a aplicarse, es el Análisis de Impacto Regulatorio (RIA), que se aplica ya no solo a las normas que establecen trámites sino a todas las normas en general, con la finalidad de establecer si la norma tiene sentido, si resuelve o no un problema, qué costo impone al ciudadano, etc.

El potencial de este instrumento es muy grande porque permitirá eliminar normas inútiles, onerosas o mercantilistas. Ayudaría a podar la sobre regulación.

Se tiene previsto, con financiamiento del BID, realizar Análisis de Impacto Regulatorio ex post en ocho sectores, que aún no han sido definidos, a partir del próximo año. Para ello tendría que contratarse a una empresa especialista. Lo que no está claro aún es si se aplicará el RIA a las nuevas normas que salgan en todos los sectores. Esto es algo fundamental, para que la maraña no comience a crecer. Se requiere decisión política y más determinación.

Resumen

En resumen, el trabajo de Análisis de Calidad Regulatoria (ACR) está avanzando de acuerdo a lo programado y se espera que a mediados del próximo año, cuando culmine, se habrá reducido cerca del 30% de los trámites que tienen que hacer los ciudadanos y empresas ante el gobierno central. Y todas las nuevas normas que crean trámites deben pasar su ACR. En lo que no hay determinación ni decisión política claras, es en implantar un sistema fuerte de Análisis de Impacto Regulatorio (RIA), para reducir el peso regulatorio sobre la actividad económica en el Perú. Esto es fundamental. Lampadia