Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

En mayo de 2008 se creó en el Perú el Ministerio del Ambiente, para supervisar, desarrollar, dirigir y ejecutar la política ambiental nacional, en el ámbito de la conservación y uso sostenible de los recursos naturales, la diversidad biológica, las áreas naturales protegidas y el desarrollo sostenible de la Amazonía. Para esto, el ministerio debe promover la participación ciudadana y contribuir a la competitividad del país, mediante un desempeño ambiental eficiente.

Ciertamente, la mejor forma de honrar esa misión, consiste en:

• Proteger nuestros bosques, flora y fauna, evitando el uso indebido e impactos negativos.
• Proteger los recursos hídricos, el uso adecuado y más eficiente, cuidando y controlando su calidad.
• Cuidar y proteger la limpieza del aire, regulando y controlando la emisión de gases de efecto invernadero, minimizando el uso de combustibles contaminantes, induciendo al uso de equipos de mínima emisión e impidiendo prácticas de ”la quema” en el campo.
• Control, manejo y disposición de residuos sólidos en todo el territorio nacional, particularmente en las ciudades.
• Planear y promover el desarrollo de ciudades saludables.
• Evitar la contaminación de los mares, para un aprovechamiento óptimo.
• Algunos dirán que se debe incorporar “los principios de desarrollo sostenible”.

Todo lo dicho, en realidad se resume en lo que se enseña a los niños en los colegios: Reducir, Reusar y Reciclar. Las famosas RRR.

Como siempre, a la burocracia le encanta llenarse de reglamentos, exigiendo a las empresas (no más de 30% de los actores, que son formales); permisos, estudios y evaluaciones previas al desarrollo de cualquier proyecto. Hacer inspecciones e iniciar procesos sancionadores por “quítame allá esta paja”. Por supuesto, es cierto que los estudios ambientales se deben hacer, que los planes de remediación se deben preparar y que el manejo cotidiano debe ser el fiel reflejo de lo comprometido y autorizado. Pero pareciera que hay fijación con algunas actividades y actores (los formales), mientras se aprecia una actitud laxa e indiferente con otras, que contaminan y destruyen como nadie.

Cuando vemos la extracción ilegal de minerales en los ríos de nuestra selva, actividad que se hace sin permisos, estudios, ni control y destruyendo no sólo los bosques y la fauna, sino, incluso áreas naturales protegidas, nadie hace nada, más allá de destruir algunos equipos.

Cuando los alcaldes de 1,870 distritos no recogen la basura y no establecen un manejo y disposición adecuada de residuos sólidos, ni hacen un tratamiento adecuado de las aguas servidas, ahí nadie dice nada.

Cuando tenemos un parque automotor destartalado, que usa el combustible más tóxico y circula campante y humeante por las ciudades, nadie dice nada.

Obviamente, cuando se producen invasiones, como la ocurrida recientemente en La Chira, de donde felizmente fueron retirados, pero donde dejaron toneladas de plásticos azules y maderas, entre otros residuos sólidos que han colmado desde la bahía de Chorrillos hasta el Callao, impactando nuestro mar, pesca y turismo, nadie dice ni hace nada.

Más aún, impresiona que, en todo el Perú, con la única excepción de la planta de tratamiento de agua residual (PTAR) de La Enlozada en Arequipa, no tengamos plantas de tratamiento de agua residual, que permitan que las aguas residuales tratadas, sirvan para riego y uso agrícola. Las PTAR de La Chira y Taboada, no cumplen su función y son las fuentes principales de contaminación del mar. Ni qué decir de la forma como las EPS (empresas prestadoras de servicio de saneamiento) de todo el país manejan las aguas residuales y contaminan. Y digo manejan, por la mínima cobertura de tratamiento de las aguas residuales a lo largo y ancho del país.

Obviamente, son los ríos y quebradas las receptoras de todo ese volumen de aguas negras, llenas de “coliformes fecales”, cosa de la que nadie se ocupa.

La tala ilegal y deforestación, es otra actividad destructiva de la Amazonía, que se reporta eventualmente en artículos periodísticos, con fotografías aéreas que muestran el imparable avance de la destrucción de nuestra Amazonía, pero, que de ahí no pasa y por supuesto, nadie se ocupa de frenar y controlar.

¿Quién sanciona “la quema” de plantaciones y los grandes incendios producidos en los campos?

No pues, más “fashion” era organizar y “florear” en el COP 20, donde el Perú se comprometió a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en 40%, junto con países que sí habían hecho su tarea ambiental en términos de; tratamiento de aguas residuales y residuos sólidos, y que ya habían eliminado por décadas el uso de plomo en combustibles y reducido el contenido de azufre en los mismos. Pero se prefirió que, en el COP 21 en Paris, se pueda internacionalizar la imagen personal del ministro, sabiendo que el Perú “aportaba” sólo el 0.4% de GEI del mundo y postergando nuestro problema ambiental, que estaba centrado en las otras dimensiones del cuidado ambiental enumeradas. Pero evitan comprometerse a metas, tales como; tratamiento de aguas residuales, disposición de residuos sólidos y control de la deforestación, porque son metas muy visibles, mientras que las emisiones de GEI, son invisibles y “pasan piola”.

Hay pues mucho fariseo hablando de contaminación ambiental, pero sin atender el elefante que tenemos sobre la mesa; los residuos sólidos, las aguas residuales por incumplimiento municipal de su manejo, así como la permisividad para la extracción ilegal de minerales, tala ilegal y uso de las riveras de los ríos como botaderos.

¡Después nos quejamos! Lampadia

Rafael Belaunde Aubry
Para Lampadia

A lo largo de su historia el Perú ha padecido múltiples amputaciones territoriales. Luego de consolidada la independencia, ya sin el Alto Perú, la sufrida como consecuencia de la guerra del Pacífico fue las más traumática. Una vez consolidados e internacionalmente reconocidos los límites actuales, es difícil imaginar amputaciones territoriales adicionales. 

Sin embargo, en un mundo dominado por las grandes potencias y por organizaciones internacionales que responden a intereses foráneos, infligir pérdidas de soberanía no requiere cercenar territorios sino arrebatarles a su titular prerrogativas sobre los mismos.  El eventual tratado de Escazú es un ejemplo de ello. Si no fuera por el maquillaje de su retórica tramposa, ese instrumento de colonización evidenciaría con diáfana transparencia su propósito grotesco.  El objetivo de este artículo es desnudar ese latrocinio en cierne.

Existe un claro antecedente del expolio que se pretende con el tratado de Escazú. Apareció refundido como accesoriamente en un documento de la USAID denominado “Estrategia de la Cooperación de los Estados Unidos para el Desarrollo del Perú, 2012 – 2016”.  En él se sostiene que: “La cuenca Amazónica del Perú, el cuarto bosque tropical más grande del mundo y uno de los que aloja la mayor biodiversidad, constituye un bien público mundial.”  Que yo sepa, ningún funcionario del Estado Peruano ha protestado hasta la fecha.

Remontémonos a un asunto análogo que demuestra cuán pernicioso resulta actuar desaprensivamente frente a la interferencia extranjera, aparentemente inocua, pero en el fondo muy mal intencionada: En 1954, ante la presencia de flotas balleneras en las costas occidentales de Suramérica, el Perú firmó un acuerdo pesquero con Chile en el que se acordó utilizar un paralelo geográfico para diferenciar las áreas marítimas que cada país patrullaría. Décadas después, la corte internacional de La Haya se apoyó en ese convenio para argumentar que el límite marítimo entre ambos países era dicho paralelo. Así, el Perú perdió parte de los derechos marítimos que la recuperación de Tacna implicó en 1929.

La pretensión oculta del acuerdo de Escazú es someter al dominio internacional la Amazonía. Eso explica que Estados Unidos y Canadá, que dicho sea de paso no tolerarían tutela alguna, no formen parte del acuerdo. Eso explica también la proclividad con la que algunas repúblicas caribeñas que, obviamente, no poseen territorios Amazónicos, se hayan constituido en vulgares alabarderos del proyecto. 

Al leer los objetivos del eventual tratado parecería que Estados como el peruano desconocieran una serie de derechos.

• ¿Atenta el, acaso, Perú contra el derecho de sus ciudadanos a acceder a la información ambiental y a la participación pública en los procesos de toma de decisiones?  
• ¿Impide el Estado el acceso a la justicia en asuntos ambientales?
• ¿Desprotege el Estado peruano el derecho de cada persona, o el de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano?
• ¿Es contrario el Perú al desarrollo sostenible?

No, cuatro veces no.

La verdadera finalidad, entonces, no está en la engañosa retórica de los supuestos objetivos del tratado, sino oculto en la sección resolutiva del mismo. A saber:

Primero: Encargar a la tristemente célebre CEPAL, aquella nefasta institución que impulsó las políticas de sustitución de importaciones que tanto entorpecieron nuestro progreso en el pasado, la articulación de la sujeción de los países miembros a la tutela de las organizaciones internacionales. El sólo hecho de su selección desnuda el trasfondo económico del tema: la CEPAL es la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe. Nada tiene que hacer dicha institución con el derecho medioambiental.

Segundo: Obligar a los países que ratifiquen el acuerdo a someterse a los tribunales internacionales, los mismos que se constituirían en última instancia ambiental, por encima de la jurisdicción nacional. El Estado peruano dejaría de tener autonomía, incluso, respecto al futuro de Tía María, Cañariaco, La Granja, Cerro Blanco, el puerto San Martín, o la cuota de captura anual de pesca. Asimismo, una instancia judicial extranjera sería la que finalmente decidiría la pertinencia ambiental de cualquier futuro aprovechamiento energético en la amazonia, de cualquier trasvase trasandino o de cualquier esfuerzo colonizador en la selva alta, etc.

Tercero: Alternativamente, el acuerdo otorgaría poder a los países miembros (Barbuda, Granada, Nicaragua, Haití, Uruguay, etc.) para someter a arbitraje cualquier controversia ambiental que consideren no haber sido adecuadamente resuelta por la justicia peruana.

La figura 1 es el mapa elaborado por Antonio de Herrera en 1601 en el que aparece el meridiano que, en virtud del tratado de Tordesillas de 1494, dividía los territorios de España y Portugal en el nuevo Mundo.

El gráfico de la figura 2 muestra, de derecha a izquierda, cómo se ha ido reduciendo la soberanía peruana desde el siglo XVI hasta el presente. El extremo izquierdo de esta figura muestra cuál sería el resultado ineludible del acuerdo de Escazú en materia de soberanía ambiental en nuestra Amazonía, aunque como se ha adelantado, la injerencia extranjera abarcaría, en realidad, la totalidad de nuestro territorio.

Debe recordarse que muchos hombres de uniforme dieron la vida defendiendo nuestra Amazonía en conflictos como el de Falsa Paquisha, y el Cenepa, para mencionar sólo los más recientes.

Lo grave de este pretendido desmedro de soberanía, de esta desperuanización de nuestra selva radica en que no nos habría sido impuesta por la fuerza como sucedió en las circunstancias anteriores, sino que sería el resultado de la pusilanimidad del endeble gobierno de turno. Es realmente desalentador e indignante constatar el grado de degradación al que se han rebajado algunos funcionarios para perpetrar semejante afrenta al Perú.

¿Enajenaría Chile su discrecionalidad soberana en materia ambiental respecto a Tierra del Fuego? ¿Harían lo propio los Estados Unidos respecto a los Everglades de la Florida o el Canadá respecto a su tundra? ¿Por qué deberíamos ser menos que ellos? ¿Qué complejos aquejan a las actuales autoridades peruanas?

Desde que en marzo de 1922, luego de un siglo de conflictos y escaramuzas, y presionado por los Estado Unidos, el Perú firmó el tratado Salomón-Lozano mediante el cual entregamos vastos territorios a Colombia, no enfrentábamos un revés como el que ahora se cierne sobre nuestra patria. Qué triste terminar perdiendo derechos que tanto sacrificio y tantas vidas costó defender por culpa de la ineptitud de las autoridades peruanas.

Nuestro país, consciente de la gran diversidad ecológica que su Amazonía encierra, de la variedad climática de sus Andes y de la riqueza ictiológica de sus aguas litorales, que compensa la aridez de sus desiertos costeros, tiene la obligación de proteger su territorio y ser cuidadoso respecto a su aprovechamiento. Pero, por eso mismo, también tiene el deber de no enajenar su soberanía. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
4 de octubre de 2019
Para Lampadia

Recorrer el Perú es apasionante. Pasar del frío chalaco al bochorno pucallpino – después de un vuelo de unos cuantos minutos – es extraordinario. Igual de extraordinario es el contraste entre la aridez del desierto costero y la exuberancia de la selva amazónica. ¡Una maravilla!

El problema – ¡cuándo no! – está en el Estado. Mejor dicho… en los servicios que el Estado debería brindarnos a todos los peruanos. A pesar de estar rodeada de agua, mucha gente de Pucallpa – y alrededores – no tiene agua potable. Y tampoco, desagüe. Y menos, sistemas de tratamiento de aguas servidas.

Algo parecido pasa con la basura. La Municipalidad de Coronel Portillo – léase Pucallpa – hace bien su labor de recojo. Pero Pucallpa no tiene una planta de tratamiento de residuos sólidos. ¡Pobre Río Ucayali! ¡Pobre Yarinacocha! ¡Pobre flora y fauna ucayalina! ¡Pobres poblaciones ribereñas… aguas abajo de Pucallpa! Vivir en medio de la inmundicia es terrible.

La situación de la salud es también deplorable. Los ucayalinos dicen que el mejor hospital de la región es LATAM. O sea, el avión que los saque de Ucayali lo más rápido posible. Como se ve, los charapas tienen humor de sobra. Efectivamente, son encantadores.

Pero el problema es muy grave. El Gobierno está construyendo un hospital enorme en Pucallpa. La pregunta es ¿cómo van a operar semejante mastodonte? Si no pueden con el hospitalito que tienen actualmente ¿se justificaba un nuevo hospital tan enorme? Pero eso no es todo. El Gobierno Regional está construyendo un enorme edificio para el confort de su frondosa burocracia. ¡Oh dios soborno, cuánto daño nos haces a los peruanos!

Educar a niños en provincias tan distantes como Atalaya y Purús es misión imposible. Los maestros tardan días enteros para llegar a sus escuelitas. ¿Porqué no desarrollar sistemas de educación virtual… vía Internet? Eso se preguntan los ucayalinos. Lo cierto es que están en el fondo del ranking educativo a nivel nacional.

La Carretera Central – hace tiempo – colapsó. Los tiempos, las interrupciones, los accidentes, y los costos de transporte hacen poco competitivas a las empresas locales.

El Puerto de Pucallpa está inoperativo por el cambio del curso del río Ucayali. Se requiere un sistema de dragado que mantenga al río en su curso original. Sin embargo. el Expediente Técnico del diseño del servicio de dragado ha sido observado. O sea… “pasarán más de mil años, muchos más…”

Por último, está el tema de la inseguridad. La tala ilegal, el narcotráfico, la minería ilegal – entre otras plagas de la humanidad – han atraído a muchos malandrines a la región. Y eso – a su vez – ha propiciado una gran corrupción a todo nivel. El tema de conversación más recurrente en los cafés y plazas de Pucallpa es la carcelería de sus ex gobernadores regionales y alcaldes.

A lo que quiero llegar es que el Perú está en deuda con la Amazonía. Un plan nacional de desarrollo integral para la región. ¡Eso es lo que piden nuestros hermanos charapas! Un plan que incluya objetivos y metas concretas; financiamiento público y privado; nuevas leyes e instituciones, porque las actuales han fracasado. Un plan integral bien hecho. Pero que se traduzca en hechos… y no palabras.

¡Eso – y mucho más – es lo que merece nuestra Amazonía! Lampadia

Jaime de Althaus

Para Lampadia

Decíamos en la entrega anterior que con la ayuda incluso de la propia Defensoría del Pueblo, los decretos legislativos promulgados el 2008 para adaptar la legislación nacional al TLC con Estados Unidos se convirtieron en un mito, en lo que hemos llamado el “mito expoliador”, que tuvo, a la postre, un efecto letal.

Fuente: plazatomada.co

Pues lo que movilizó a decenas de miles de nativos durante meses, hasta culminar en un enfrentamiento que produjo la muerte de 34 personas, fue el mito de que esos decretos se habían dado para despojar a las comunidades de sus tierras y bosques. Eso era, efectivamente, lo que declaraban los indígenas cuando, con las caras pintadas en son de guerra, eran entrevistados por las cámaras de televisión. Ese mito expoliador fue eficientemente infundido por los dirigentes de AIDESEP (Asociación Interétnica de Desarrollo de la selva Peruana), por congresistas del Partido Nacionalista, por intelectuales y antropólogos vinculados a temas amazónicos y hasta Obispos[1] y sacerdotes [2], en algunos casos de buena fe, sin duda, pero en otros probablemente con el interés de procurar el escalamiento que culminara en la renuncia del presidente de la República y la convocatoria a una asamblea constituyente, el proyecto insurreccional que la izquierda peruana intentó impulsar esos años.   

Congresistas nacionalistas

El Informe que produjo la Comisión Especial de Investigación y Análisis de los sucesos de Bagua del Congreso contiene algunos ejemplos de esto. Refiere que el 5 de marzo del 2009 los congresistas del partido Nacionalista Janeth Cajahuanca, Marisol Espinoza, José Maslucán y Rafael Vásquez acudieron al poblado de Huampami, Cenepa, provincia de Condorcanqui, donde Cajahuanca dijo lo siguiente:

“el decreto 1089 le da facultad a COFOPRI para poder quitar sus tierras incluso a aquellos campesinos que tienen título de propiedad, incluso si lo tienen registrado en registros públicos. Si un campesino tiene 10 hectáreas y sólo tiene platita para producir tres hectáreas, el Estado mediante esta ley le da potestad para quitarle siete hectáreas, porque no tiene plata para producir. ¿Dónde se ha visto eso hermano? ¿Eso lo vamos a permitir?” Más adelante añade lo siguiente: “Y cuál es el interés del Presidente de la República? Su bolsillo, su bolsillo señores esa es la verdad…”. “El día de hoy tenemos una ley de agua. Resulta que no contentos con vender nuestras tierras y nuestros recursos forestales, ahora quieren privatizar nuestras aguas. Más adelante para consumir el agua hay que pagar a una empresa privada” (Manacés et al, 2009).

Está demás argumentar que en decreto legislativo 1089 no hay nada que tenga que ver con lo que señaló Cajahuanca, y menos aun en la ley de aguas, aprobada por el Congreso, se privatiza el agua.

Los Obispos de la Amazonía

El 5 de mayo de 2009, un mes antes del trágico enfrentamiento de Bagua, los Obispos de la Amazonía publicaron un pronunciamiento que en buena cuenta ponía a los decretos legislativos como parte de un modelo de desarrollo cruel que permite que las empresas transnacionales despojen a los pueblos indígenas de sus bosques y destruyan la Amazonía. Ante el conflicto suscitado, el comunicado pedía, en efecto, que “…no predominen los intereses de grupos que arrasan irracionalmente las fuentes de la vida…”, pues, en ese sentido:

 “constatamos cómo, en nombre de un sesgado concepto de desarrollo, el Estado permite la deforestación de grandes extensiones de bosques primarios a favor de empresas nacionales y transnacionales para la inversión en plantaciones aceiteras, caña de azúcar y otros”.

(…..)

 “Acontecimientos como el que estamos viviendo actualmente en la Amazonía nos expresan la pretensión de disponer, de manera inhumana y cruel, de las posesiones de las poblaciones ribereñas y amazónicas por no tener, en su propio País, el amparo legal necesario para defender sus justos reclamos…”

(…..)

“Ante este delicado panorama invocamos al Señor Presidente Constitucional y al Congreso de la República la derogatoria de dichos dispositivos legales” (Mons. José Luis Astigarraga y otros, 2009)

     Por lo tanto, el comunicado de los Obispos de la Amazonía concluía en  la necesidad de:

     “buscar un modelo de desarrollo alternativo, integral y solidario, basado en una ética que incluya la responsabilidad por una auténtica ecología humana y natural, que se fundamente en el Evangelio de la justicia, la solidaridad y en el destino universal de los bienes…” (Loc.Cit).

Fundaciones europeas y norteamericanas

El pensamiento de los Obispos de la Amazonía en relación a la inversión extractiva reflejaba esa ideología antiglobalizadora que se había ido difundiendo los últimos años en el área andina y en la Amazonía en particular, en este último caso alentada por fundaciones europeas y norteamericanas[3] que profesan un radicalismo indigenista, ambientalista y eventualmente anti capitalista que considera la inversión extractiva y la propiedad privada como destructoras de la Amazonía y que postula la defensa de los ‘derechos colectivos indígenas’ no sólo como un fin en sí mismo sino como un medio para preservar los bosques. [4]

Por supuesto, nadie puede estar en contra de defender los derechos indígenas y la preservación de los bosques. Pero, como sabemos, la causa principal de la deforestación amazónica y el despojo de los pueblos indígenas no ha sido la acción de las empresas sino, de lejos, la colonización protagonizada por los campesinos andinos –es decir, la pobreza- y las actividades informales o ilegales como el narcotráfico (los cocales y las pozas), la minería aurífera informal y la tala ilegal. Más bien la única manera de contener esos fenómenos sería precisamente por medio de una alianza con la empresa minera, hidrocarburífera o forestal formal y capitalizada, que, si bien en el pasado afectó seriamente el ambiente, en las últimas dos décadas suele trabajar con técnicas limpias y sostenibles y puede ordenar el espacio. Pero para los Obispos y muchas ONGs eran esas empresas la principal causa de los males amazónicos.

El hecho es que la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, era claramente tributaria de aquella ideología. Muchas ONGs conseguían y consiguen fondos de las fundaciones arriba mencionadas desarrollando campañas de defensa de los referidos “derechos colectivos” de los pueblos indígenas y de preservación de la Amazonía (para la humanidad) de las actividades extractivas de las empresas capitalistas, y para esto último buscan como agentes a las comunidades nativas mismas.[5] Se planteó incluso

una estrategia orientada a que las comunidades nativas avancen hacia la declaración de sus tierras como territorios, y ya no sólo de cada comunidad por separado, sino de los grupos étnicos (son alrededor de 1.400 comunidades y solo 42 grupos étnico-lingüísticos) e incluso de conjuntos de grupos étnicos. Es decir, a la determinación de ‘territorios étnicos’ que podrían incluso extenderse a uno y otro lado de las fronteras con Ecuador (la nación jíbara-ashuares, quichuas y otros) y con Bolivia (la nación aimara), y en los cuales las regulaciones del Estado nacional sobre explotación de hidrocarburos y otros recursos no se aplicarían, pues se trataría de territorios autónomos. Con la consecuente afectación a la soberanía nacional.[6] En esa línea, por ejemplo, los Achuar y otros pueblos indígenas de la selva norte acordaron esos años no aceptar la entrada de empresas petroleras, mineras o madereras.

Pizango, AIDESEP y el Movimiento Cumbre de los Pueblos

Es obvio, pues, que la actitud maximalista de los dirigentes y nativos en el conflicto de Bagua –derogatoria total de los decretos o nada- estuvo determinada por esta ideología radicalmente indigenista y anticapitalista, de un lado, pero también por la adhesión de los líderes de AIDESEP al llamado Movimiento Cumbre de los Pueblos que por entonces se desarrollaba y cuyo objetivo era derrocar al presidente García y convocar a una asamblea Constituyente. El 15 de mayo del 2009, poco menos de tres semanas antes de los sucesos de Bagua, Alberto Pizango, presidente de AIDESEP,  divulgó un pronunciamiento de su Comité Nacional de Lucha, llamando a los pueblos a prepararse para declararse “en insurgencia contra el gobierno del Sr. Alan García”. Al día siguiente, sin embargo, a instancias de la Defensora del Pueblo y luego de una larga reunión con ella, acordó dejar sin efecto el llamado a la insurgencia (Lombardi, 2010). Sin embargo, 15 días después Pizango participa en la IV Cumbre de los Pueblos en Puno que acuerda impulsar un juicio internacional contra Alan García “por el auto golpe legislativo de los 102 decretos pro TLC para privatizar los territorios indígenas…, y un inmediato Levantamiento Nacional de los Pueblos del Perú en junio del 2009 por la derogatoria de los decretos anti indígenas generados por el TLC con Estados Unidos”. [7]

A esa Cumbre el presidente boliviano Evo Morales remite una carta en la que ataca al capitalismo neoliberal que pretende destruir la tierra, y llama abiertamente a una “revolución”:

“Durante miles y miles de años hemos convivido con la naturaleza en constante equilibrio con ella y dentro de ella. Hoy en día, sentimos los efectos devastadores del sistema capitalista transnacional neoliberal que destruye aceleradamente nuestro planeta.

(…..)

Este es el momento para que los indígenas, campesinos, los obreros, los jóvenes, los trabajadores, los hombres y las mujeres asumamos nuestro destino como pueblos; que desde el campo, desde las comunidades, desde las fábricas, desde los barrios, construyamos con nuestras propias manos el mundo que queremos para nuestros hijos. Este es el momento para que todos sepan que nuestra lucha no termina, que de la resistencia pasamos a la rebelión y de la rebelión a la revolución. Este es el momento de la segunda y definitiva independencia (Morales, 2009).

El fracaso de los canales democráticos

Por eso, no sorprende tampoco que los intentos del presidente del Congreso, Javier Velasquez Quesquén, por encontrar una salida modificando los decretos legislativos, fracasaran. En efecto, el 22 de abril del 2009 Velásquez Quesquén se reunió con los dirigentes de AIDESEP encabezados por Alberto Pizango para intentar no la derogatoria sino la modificación de los decretos en todo lo que fuese solicitado. Es decir, la solución lógica, sensata, el justo medio. Si la consulta a los pueblos indígenas no se había hecho en su momento –porque no estaba normada, además-, pues ella se estaba realizando en ese acto. Según el congresista José Vargas, quien asistió a la reunión, los dirigentes acordaron que harían llegar en los próximos días, a la comisión técnica que se formaría, sus propuestas de modificación. Por su parte, Velásquez Quesquén dio su palabra de que dichas propuestas serían recogidas en su integridad y apoyadas incondicionalmente por la célula parlamentaria aprista. La reunión había sido auspiciosa. La comisión técnica se formó y empezó a trabajar, pero los insumos de AIDESEP nunca llegaron. Pese a ello, la comisión redactó un borrador de informe con propuestas de modificaciones. El 27 de abril convocó a los representantes de AIDESEP para discutirlas, pero los dirigentes que asistieron a la reunión se negaron a considerar cualquier modificación a los decretos legislativos y advirtieron que solo aceptarían su derogatoria. Alberto Pizango, que inicialmente había aceptado la propuesta de modificar los decretos, terminó desconociéndola. Se había regresado a fojas cero, nuevamente.

El Ejecutivo, por su parte, hizo también todo lo posible. Creó mediante Decreto Supremo una  Comisión Multisectorial para resolver el impasse. Esta  se instaló el 20 de mayo sin que acudieran los representantes de AIDESEP. Los llamados formulados por el Presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, y su ofrecimiento de allanarse a cualquier modificación solicitada por los nativos, no fueron acogidos. Las pocas reuniones que hubo, no llegaron a nada.

Nota: Este artículo toma elementos del capítulo 11 del libro “La Promesa de la Democracia” (2011) de Jaime de Althaus

“En el Perú se ha producido un largo proceso de domesticación de plantas y animales que ha durado al menos diez mil años y de ninguna manera se ha interrumpido, porque continúa en la actualidad. Nuestro país es uno de los centros mundiales de origen de la agricultura y la ganadería”, sostiene Antonio Brack en su libro Perú Legado Milenario.

El hombre llegó a los Andes hace unos 20,000 años, desde entonces inició un largo proceso de adaptación y de transformación de su entorno para desarrollarse. La domesticación de plantas y animales fue una de las tareas primordiales que le permitieron alcanzar el sustento, base para la construcción de una civilización compleja.

Como sostiene Ruth Shady, la descubridora de Caral, “Con esa estructura social, los grupos humanos tejieron redes y manufacturaron embarcaciones para el aprovechamiento de los recursos marinos, fluviales y lacustres y domesticaron variadas especies vegetales, como papa, achira, camote, racacha, oca, quinua, quihuicha, kañihua, olluco, frijol, pallar, zapallo, algodón, calabaza, maíz, entre otras, o animales, como llama, alpaca, cuy, etc. Posteriormente, bajo la organización de las autoridades políticas y la producción de conocimientos por los especialistas, la transformación del paisaje fue mayor, aplicaron a los suelos tecnologías apropiadas” para hacerlas productivas, desde complicadas técnicas de conservación de agua e irrigación, así como el aprovechamiento de terrazas (andenes).

Existen cerca de 4,400 plantas nativas utilizadas por el hombre para 49 fines distintos. “182 de las cuales están domesticadas y 1,700 que se cultivan, pero también se hallan en forma silvestre. Pero detrás de estas cifras se esconde un largo proceso de descubrimientos y acumulación de experiencias, muy difícil de imaginar y más difícil de reconstruir”, señala Brack.

La labor y el conocimiento del hombre del Ande, convirtieron a nuestra civilización y al Perú en uno de las más grandes despensas mundiales. Como indica Brack: “A nivel mundial la domesticación se ha desarrollado en varios centros importantes, conocidos hoy como los centros de Vavilov, en honor al botánico ruso, I. N. Vavilov (1886-1942), quien se dedicó a su estudio y que también visitó al Perú”.

Según el científico ruso en China se domesticaron 136 especies; en India y zonas aledañas 117, Mediterráneo (España a Siria) 84; Cercano Oriente (Asia Menor, Irán) 83;  México y Centro América 49; Asia Central (Paquistán y Afganistán) 42; Etiopía 38. Finalmente en Sudamérica 150.

La domesticación de la papa, es quizá el aporte más significativo que ha efectuado el Perú y la civilización andina a la alimentación mundial. Domesticada hace unos 7,000 años en las inmediaciones del lago Titicaca, la papa fue la fuente de alimentación del hombre andino y posteriormente de Europa y del mundo entero. 

La papa se fue el remedio para las hambrunas que asolaron el viejo continente luego de Guerra de los Treinta Años (siglo XVII). Poco a poco se fue convirtiendo en el alimento de las masas. La revolución industrial no se entendería sin este cultivo que se transformó en base del menúde la clase obrera. Este tubérculo bendito crece en casi toda condición y su fuente de carbohidratos permite que las poblaciones de bajos recursos pueden tener algo que llevarse a la boca.

Otro aporte genial fue el de los auquénidos (llamas y alpacas) cuya lana es una de la fibras más codiciadas del mundo. 

Por si fuera poco el generoso suelo peruano acogió con facilidad los productos de otras tradiciones culturales lo que ha permitido que en nuestro país se siembre casi de todo. Este aporte no solo ha enriquecido y es fuente de una de las actividades culturales más emblemáticas de nuestro país: la gastronomía, sino que permite el desarrollo de una industria agroexportadora pujante.

La riqueza de nuestra gastronomía y parte de nuestro enorme reserva de recursos naturales es una herencia valiosísima y  un potencial que hemos tardado en poneren valor, pero que lentamente se empieza a realizar. Un ejemplo de ello es el reciente éxito de la quinua, que debe terminar siendo el pasaporte para la difusión de los demás granos andinos (ver en Lampadia: La Quinua lleva a la sierra a los mercados globales y al desarrollo). Lampadia

Segunda parte

En la primera parte de este artículo explicamos que la tercera revolución industrial  tendrá efectos disruptivos en la vida de la humanidad, especialmente en el empleo, favoreciendo a los más preparados y ampliando la brecha con los países de menos ingresos. Señalamos que el paradigma de desarrollo basado en la industrialización y exportación de bienes físicos, estaría llegando a su fin. “La pérdida de industria a bajos niveles de ingresos, pone un tope a la contribución que esta puede hacer a los estándares domésticos de vida. Según Arvind Subramanian, asesor económico principal del nuevo gobierno hindú: “Este no es un problema pequeño, no hay una estrategia alternativa obvia, para convertir a los países pobres en ricos”. Ver en Lampadia (L): Apuntes para la creación de empleo al 2034 (I).

Enfatizamos que el principal objetivo de la economía es que se generen suficientes empleos adecuados o de calidad para toda la población en edad de trabajar. La nueva realidad tecnológica lo hará difícil con los cánones tradicionales. En esta segunda parte,  trataremos de evaluar las implicancias de esta tendencia en el Perú, así como las posibles acciones que deberemos emprender para superar este reto con éxito. 

• Implicancias de la “Tercera Revolución Industrial” para el empleo en el Perú

Como muchos países del mundo, en el Perú se asume que la estrategia de desarrollo pasa por la industrialización (manufactura), dándole las espaldas a nuestros recursos naturales (RN). Esto ha llegado a tal punto que muchos académicos, economistas, políticos y periodistas, así como varias ONGs de países desarrollados, han venido sembrando un sentimiento negativos sobre la explotación de dichos recursos.

El caso más notorio es el de la minería, que se ha pretendido equipararla con la exportación de piedras, o con la explotación del guano y del caucho. Lo mismo ha sucedido con el petróleo y las hidroeléctricas. Bajo esta falaz prédica, base del programa original del actual gobierno y durante el premierato de Salomón Lerner, el gobierno oficializó el lenguaje anti-minero y, fundamentalmente, paró la mayoría de proyectos en marcha. Ver más información en Lampadia (L): Del gobierno al radicalismo subversivo – Siomi sin careta en Caretas y Perder Cajamarca es el fracaso de nuestra clase dirigente.

Hoy nuestra economía está frenada, dejando de crear empleo y de reducir la pobreza. Hace un año, el gobierno anunció un “Plan Nacional de Industrialización”. Luego, con el cambio del Ministro de la Producción, este se reenfocó con el “Plan Nacional de Diversificación Productiva” (PNDP), que enfatizó, su primer eje, el de la diversificación, manifestando que se había terminado el ciclo de exportación de bienes primarios, que teníamos que encontrar nuevos motores de crecimiento e insertarnos en las cadenas de valor agregado internacionales, como la estrategia básica para lograr un desarrollo de largo plazo.

Felizmente, el Ministro Piero Ghezzi, ha ido flexibilizando su mensaje. En CADE 2014, no  habló de cadenas internacionales de valor de productos industriales, explicó cómo se podía potenciar el sector maderero (primario inicialmente) y el proyecto de Olmos, facilitando mejoras portuarias y otras. Pero la prédica original, que llovió sobre mojado, sigue fijada en el imaginario nacional.

Por otro lado, nuestro nivel educativo es clamoroso, y por lo tanto, nuestros ciudadanos podrían quedar en el último escalón de la división del empleo.

Del análisis de la primera parte de este artículo, que muestra que la estrategia de industrialización manufacturera ya no podrá ser el camino para que un país pobre se desarrolle, tenemos que concluir que, hoy por hoy, los peruanos estamos apuntando al pasado, pensando que este es el camino del futuro. Si persistimos en buscar nuevos motores de desarrollo alejados de nuestros sectores primarios, o seguimos parando el desarrollo de los proyectos mineros, petroleros y energéticos, entre otros: ¡Nunca podremos ser un país desarrollado!

• ¿Cómo podemos generar empleo adecuado en la tercera revolución industrial?

Cualquier propuesta sobre las estrategias para crear empleo para los próximos 20 años  tiene que engarzarse en una visión amplia del futuro y una perspectiva correcta de nuestra realidad, (ver en (L): El Perú no es igual a ningún otro país).

Por ejemplo: ¿En cuántos países la élite de su juventud universitaria dice, en un 93%, que quieren ser empresarios en no más de cinco años? ¿En qué país se apagaron las luces por tres décadas (60, 70 y 80s), se impidió la inversión privada en recursos naturales y se interrumpió el desarrollo económico y social? ¿Dónde se empobreció un país al grado de que sus maestros tengan ingresos reales (2014) equivalentes a un tercio de lo que tuvieron en los años 60? ¿Dónde se destruyeron las instituciones públicas y se devaluaron sus partidos políticos? ¿En qué país hubo que luchar en paralelo contra el  terrorismo y contra una de las más largas y altas hiperinflaciones de la historia mundial?

Estos acontecimientos determinaron atrasos y brechas anormales. De no haber tenido que vivir semejantes situaciones, seguramente, seríamos hoy, un país mucho más desarrollado, rico e institucionalizado, como Chile o más.

El reto de ponernos al día y, de prepararnos para un futuro tan exigente como el que se nos viene, debe incluir un conjunto de agendas que deben ser enfrentadas simultáneamente. En CADE 2014, IPAE revisó su propuesta de visión de futuro, ejercicio en el que se identificaron tres agendas: de gobierno, social y productiva. Ver el siguiente esquema:

Sobre la base de un buen liderazgo y sentimiento de ciudadanía y pertenencia, debemos trabajar en los tres frentes indicados en los triángulos externos. Todos están interconectados y dependen mutuamente.

Es obvio que necesitamos buena gobernanza y un excelente servicio civil, una muy mejor educación y salud, instituciones muy superiores e, infraestructuras que nos hagan competitivos y que pongan el mundo moderno al alcance de nuestros pobres. Pero nada de esto se podrá lograr sin crecimiento económico, sin inversión privada, sin multiplicar los ingresos de nuestra gente y sin darles la oportunidad de tener trabajos dignos y los niveles de vida de los mejores países emergentes del globo.

En cuanto a la mejora educativa, si queremos ser parte del nuevo mundo, no podemos eludir la necesidad de hacer una verdadera revolución o “Big Bang”. Ver en (L): Tenemos que emprender una revolución educativa.

Si tenemos que descartar la opción de desarrollarnos a través de la manufactura, debería estar muy claro que el Perú, “sub-explotado”, “con inmensos potenciales productivos dormidos”, puede lograr un aumento sustancial de su producción y su riqueza, multiplicando varias veces nuestros sectores: agroindustrial, minero, acuícola, energético, forestal, turístico y los que se basen en nuestra biodiversidad.

En minería, por cada empleo directo se crean nueve indirectos e inducidos (IPE), en la explotación racional de bosques y reforestación, podríamos crear empleos bien remunerados para todos los habitantes de la selva y buena parte de los de la vertiente oriental de los andes (Antonio Brack Egg). El creciente mundo emergente necesitará cada vez más alimentos, como los que podemos exportar.

Infinitas oportunidades que, dada la nueva realidad industrial del mundo, nos tienen que llevar a revalorar nuestros sectores naturales como la mejor base posible para un crecimiento duradero, que financie la agenda social y de gobierno y, que genere buen empleo y buenos ingresos para todos los peruanos.

Cada día será más difícil remontar nuestras brechas de desarrollo. ¡Es hora de adoptar la visión correcta, despolitizada y con un enfoque estratégico dirigido al desarrollo integral, sostenible y duradero, que hemos debido lograr hace rato! Lampadia