Alejandra Benavides
Para Lampadia

Hoy, ser empresario formal en el Perú es ser un idiota. Mientras la informalidad campea alegremente en nuestro país, moviéndose por debajo del radar del Estado y evadiendo el pago de impuestos y cargas laborales, hay un pequeño porcentaje de empresarios formales que deben pagar impuestos, por lo menos una renta mínima vital (RMV) y beneficios sociales a sus empleados. Además, se exponen al acoso de entidades supervisoras y la SUNAT. Básicamente, cargando en sus hombros la responsabilidad de llenar las arcas del Estado.

En el último ranking Doing Business, quedó demostrado que somos un país que pone trabas a la formalización. El Perú es el país Nº133 de 190 países en dificultad para abrir un negocio – toma casi 30 días en registrar un nuevo negocio y más de 8 procedimientos. Demora 140 días en conseguir una licencia de construcción y 19 procedimientos, así como casi 70 días en poder contar con electricidad y 6 procedimientos adicionales.

Además de la tortura de formalizar un negocio y la carga administrativa que esto genera, los empresarios deben cumplir con el pago de impuestos y obligaciones laborales. En el régimen general, las empresas deben pagar 29.5% de impuesto a la renta, que se paga de manera adelantada con pagos a cuenta mensuales, correspondientes a 1% en promedio de las ventas mensuales (cálculo de un coeficiente de renta/ventas del año anterior) – independientemente de si al cierre de año tenga pérdidas o no, además de 18% de IGV. Los costos laborales (sobre las remuneraciones) para el empleador en este régimen llega a 45%, mientras que para una MYPE llega a 27%.

Bajo el régimen especial agrario, las empresas formales pagan 15% de impuesto a la renta. La remuneración mínima diaria (RD) es s/.39.19 (corresponde a la RMV en términos diarios), un incremento de 8% sobre la RD del 2019. El costo que asume el empleador bajo este régimen corresponde a 35% sobre la RD – incluye asignación familiar, dominical (si trabajan de lunes a sábado corresponde el pago de un día adicional), ESSALUD y vacaciones. Dicho costo se va a ir incrementando paulatinamente con el incremento correspondiente a ESSALUD, que ya pasó de 4% a 6% en 2020, conforme a la modificación de la extensión de este régimen por 11 años adicionales hasta el 2031, y deberá situarse en 9% a partir de 2029.

A la fecha, casi el 80% del Perú vive en la informalidad. Sin embargo, un régimen más ad hoc como el agrario ha permitido mayor desarrollo en el país y en especial, en las regiones donde opera. Mientras que el promedio de informalidad en el país es 80%, en las regiones con mayor actividad agroexportadora la informalidad se ubica alrededor del 60% (Ica 50%) y la remuneración promedio en ese sector es 50% más que una RMV. Asimismo, en dichas regiones la pobreza se ha reducido en 60% entre 2004 y 2017, siendo Ica la región con menor pobreza en todo el Perú con alrededor de 3%. Además, es un sector altamente supervisado, no sólo por SUNAFIL sino también por las certificadoras, que a través de sus certificaciones (SMETA, GlobalG.A.P, entre otras) permiten que los productos de estas empresas sean aceptados en los mercados internacionales.

Con estos indicadores objetivos, en vez de cambiar lo que sabemos que funciona ¿No sería más inteligente cuestionar el régimen general y MYPE? Deberíamos impulsar la creación de más empresas y dejar de exprimir a los pocos formales, para dinamizar la economía y el mercado laboral – resultando en mayor demanda de empleos y por lo tanto presionando los sueldos al alza. De paso, se ampliaría la base tributaria, eventualmente dando más dinero al fisco – eso que les encanta a nuestras correctísimas autoridades.

Referencias:

https://agraria.pe/noticias/se-redujo-la-informalidad-del-sector-agricola-en-la-ultima-d-20631

https://gestion.pe/economia/sectores-acuicola-y-forestal-pagaran-menos-impuesto-a-la-renta-con-nueva-ley-de-promocion-agraria-noticia/?ref=gesr

https://elcomercio.pe/economia/peru/agricultura-se-redujo-la-informalidad-del-sector-en-la-ultima-decada-regimen-agrario-ministerio-de-trabajo-ministerio-de-agricultura-laboral-noticia/?ref=ecr

https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/p/peru/PER.pdf

https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/peru-cuenta-con-un-nuevo-regimen-laboral-agrario-desde-el-1-de-enero-de-2020

https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2018/junio/ri-junio-2018-recuadro-1.pdf

Alejandra Benavides
Para Lampadia

Escribo este artículo un domingo. En el que me despierto con la trágica noticia de que ha habido dos muertes en las “protestas de la indignación”, para luego enterarme de que ya no tenemos presidente. Hay un vacío en el liderazgo de mi país, que pretende ser tomado a la fuerza por aquellos que sienten que sus gritos son más fuertes que mi silencio. Aquellos que se sienten empoderados por la constante validación (o agitación) de gran parte de la prensa, que, sin ningún reparo, tomó como consigna que Merino De Lama tenía que irse. Todo esto, deja lecciones que darán forma a la manera en que políticos y ciudadanos vivan en esta frágil democracia.

Presiento que, a pesar de todo el caos de esta vorágine vivida, lo único que los peruanos hemos aprendido es que la calle vale más que las urnas.

• Que los intereses de unos, valen más que los votos de otros.
• Que “el pueblo” no significa “los ciudadanos”, sino significa “los ciudadanos que salen a protestar” y que las elecciones democráticas son simbólicas.
• Que tienen derecho a expresarse, mas no de responsabilizarse por sus actos y menos de elaborar propuestas concretas.
• Que la frustración puede salir como vómito que otros deben limpiar, y que no existen consecuencias a nuestros actos.
• Que nuestra indignación puede ser selectiva, y que la participación política ocasional pero fulminante.
• Que las instituciones son como adornos o “ideas” que sólo se reconocen cuando se alinean a los intereses propios.

Los futuros congresistas han aprendido que para poder mantenerse en el poder y terminar su mandato, deben mantener felices a las masas reaccionarias. Que la política no es conversar, negociar y acordar, sino generar alianzas fútiles basadas en intereses personales y populares. Que las decisiones se pueden cambiar en cualquier momento, y que la defensa de una posición no es sinónimo de coherencia sino de intransigencia. Que el valor más grande recae en generar oportunidades para imponer sus propias agendas.

Finalmente hemos aprendido que esta no es una nación, sino un grupo de gente que habita un territorio llamado Perú. Lampadia

Alejandra Benavides
Para Lampadia

Al cierre de la presentación de listas de pre-candidatos presidenciales, tenemos 33 listas, de 24 partidos inscritos en la ONPE. Que el menú sea amplio, no significa que los platos sean buenos, sino que hay una gran cantidad de personas que se perciben “presidenciables” y los requisitos para poder postular son mínimos. Desde hace tiempo me pregunto, ¿por qué personas sin preparación, sin ideas ni convicciones y sin experiencia, podrían creer que están a la altura de tan grande responsabilidad? Y, siempre termino respondiéndome a mí misma, que la premisa de la pregunta es errada y que lo más probable es que menos del 10% de aquellos pre-candidatos hagan una reflexión sobre su propia idoneidad, tanto intelectual como moral, para ocupar el más alto cargo del país.

Un ejemplo perfecto de esto es el ex – presidente Ollanta Humala (OH). Un militar cuestionado (Locumba, Andahuaylazo, “Capitán Carlos”), que hizo un gobierno malo y corrupto, pero que no se avergüenza de expresar sus ambiciones de llegar nuevamente al sillón presidencial y hoy es único pre-candidato en la lista del Partido Nacionalista. En su gobierno, crecimos a un magro promedio de 3% anual, mientras que en el quinquenio anterior crecíamos a 7%. Su política de “incluir para crecer”-carente de lógica, hizo que se infle el gasto corriente, superávit y endeudamiento, mientras que la inversión privada creció sólo 2% en promedio durante su gobierno – antes esta cifra crecía 19% anual en promedio. Siempre me pregunto ¿de dónde creen los izquierdistas que sale la plata? La pobreza sólo se redujo en 20% durante su mandato – producto de las políticas del gobierno anterior, donde la pobreza se redujo casi a la mitad. OH se dedicó a programas sociales plagados de burocracia y corrupción, y en paralelo a espantar la inversión privada con amenazas y cambios en regímenes tributarios (ej. minería) y renegociación de contratos (lotes 56 y 57 de Camisea), llegando hasta menos de 50 puntos en el índice de confianza del consumidor.

Además de su fallido performance como presidente, nunca cumplió su (estúpida) promesa más importante de campaña, el famoso “Balón a 12 soles” – promesa que luego desmintió. Mientras carcomía la economía, se encargó de darle más de US$8,000 millones en obras – muchas de ellas inservibles, a las empresas brasileras corruptas Odebrecht y OAS. Aún se están haciendo investigaciones sobre el rol del exmandatario en estas cuestionadas obras y sus coimas, sin embargo, ya tiene una denuncia fiscal por lavado de activos por haber recibido fondos de campaña tanto de Odebrecht como del gobierno de Venezuela en el 2006 y 2011. Esta denuncia fue realizada por el fiscal Juarez Atoche en mayo de 2019, sin embargo, sigue en la etapa de “control de la acusación” en manos del juez Concepción Carhuancho hace más de 1 año – entre audiencias y dilataciones por temas de COVID-19. Luego de esto, iría a juicio oral, y de ser juzgado culpable, podría ir hasta 20 años a prisión.

Este es el caso más claro de pretensión de la presidencia para escudarse bajo la inmunidad que ésta otorga. Pero, entonces ¿Quién protege a los electores? La ley establece que nadie con sentencia privativa de la libertad puede postularse, lo que deja esa parte en manos de una lenta, inepta y oscura fiscalía y poder judicial. Sin embargo, la otra pieza clave son los leves requisitos para postular a la presidencia: ser peruano de nacimiento (ojo con Forsyth), ser mayor de 35 años, gozar de derecho de sufragio. Para tan importante cargo, esos requisitos no parecen ser suficientemente duros y debiéramos modificarlos para subir la valla y establecer criterios más acordes con el perfil necesario para un presidente de la república.  ¿Ahí no debió estar el enfoque de la reforma política?

Referencias:

https://andina.pe/agencia/noticia-ollanta-humala-y-nadine-heredia-de-delito-los-acusa-fiscalia-750834.aspx

https://gestion.pe/peru/politica/elecciones-2021-hay-33-precandidatos-a-la-presidencia-de-la-republica-nczg-noticia/?ref=gesr

https://gestion.pe/peru/politica/odebrecht-barata-visito-a-humala-hasta-en-4-ocasiones-en-palacio-de-gobierno-nndc-noticia/

elmundo.es/america/2011/09/29/noticias/1317259479.html

https://diariocorreo.pe/politica/reanudan-caso-humala-despues-de-seis-meses-noticia/

https://gestion.pe/peru/politica/ollanta-humala-y-nadine-heredia-control-de-acusacion-por-caso-odebrecht-culminaria-en-abril-nndc-noticia/?ref=gesr

https://www.bcrp.gob.pe/

https://www.web.onpe.gob.pe/modCompendio/html/constitucion_peruana/constitucion_titulo4_capitulo4.html

Alejandra Benavides
Para Lampadia

A pesar de su paupérrima gestión, el Presidente Martín Vizcarra (MV) en su discurso de 28 de julio de 2020, no fue tímido al enumerar un listado interminable de promesas y proyectos, haciendo énfasis en el esquema a utilizar para la ejecución de dichos proyectos: gobierno a gobierno. En su discurso dijo que eso permitiría que el Estado peruano “adquiera la experiencia de gestión de proyectos de los países de primer mundo”. Entre los proyectos bajo este esquema estarían la Reconstrucción (con Cambios) del Norte y las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima.

En su entrevista del 11 de octubre de 2020 con Rosana Cueva en Panorama – y posteriormente en Cuarto Poder, MV negó las acusaciones de corrupción contra él (entre miles de “o sea”), alegando que él fue un simple impulsor y facilitador del proyecto de irrigación Lomas de Ilo. Indicó que fue la UNOPS quien lideró el proyecto, tanto en la parte técnica como en la licitación, y que esta última fue hecha con total reserva y sin compartir información al Gobierno Regional de Moquegua. Dichas declaraciones ya sabemos son falsas, no sólo por una respuesta formal de UNOPS, sino también lo deja explícito el exrepresentante de UNOPS en el Perú en su entrevista a El Comercio en 2019 en contexto de los Juegos Panamericanos: “Es muy importante que la gente sepa también que todo se hace compartiendo la información correspondiente al gobierno local del país, porque siempre hubo un mito de que los procesos hechos por los organismos internacionales son hechos totalmente cerrados.”

La ilusión de que estos acuerdos con organismos internacionales y gobiernos están libres de corrupción, es muy peligrosa, pues más que evitar la corrupción, la potencian. Fungen de sello de “buen comportamiento” para el gobierno (central o local) que lo utilice. Sin embargo, en sendas ocasiones han servido de careta para esconder robos y corrupción. Casos enigmáticos como

• el caso Guvarte donde, bajo un acuerdo de ayuda crediticia entre los gobiernos peruano y español, el Estado peruano firmó un contrato con la empresa Guvarte para la construcción y equipamiento de penales -totalmente sobrevalorados, obras inconclusas y ministros que huyeron de sus responsabilidades.
• En tiempos más recientes, tenemos el famoso satélite Cateriano, adquirido bajo modalidad gobierno a gobierno con Francia, compra muy cuestionada a pesar del archivamiento de su respectiva investigación. 
• En el 2012, OAS, en conjunto con otras empresas, se adjudicó casi 200 millones de soles para la construcción del Hospital Lorena –que está recién al 60% de avance (más de 8 años después) y ahora el gobierno francés se encargará de terminarlo con una inversión de 230 millones de soles adicionales! En dicho caso OAS confesó haberse coludido con autoridades locales, así como con funcionarios de la UNOPS, con una coima de casi US$1 millón.

Muy sospechosamente, el gobierno de López Obrador en México está usando a UNOPS en varios nuevos proyectos de consultoría y asesoría en proceso de licitaciones. El más criticado: la compra de medicamentos por más de US$4,000 millones, donde UNOPS se hará del 1.25% del monto de dichas licitaciones.

El gobierno actual se jacta de prácticamente haber inventado estos esquemas en el Perú, cuando ya hemos visto múltiples ejemplos, no sólo en el ámbito local, sino en todo el mundo. Lo más preocupante es que estas modalidades de contratación y gestión triangulada, se han vuelto favoritos por gobiernos locales y regionales. Un documento elaborado por la Contraloría del Perú en 2015 analizó las contrataciones a través de estos mecanismos entre los períodos 2011-2014. El crecimiento anual promedio en dicho período en adjudicaciones por este tipo de contrataciones fue de 94%, pasando de US$85 millones en 2011 llegando a más de US$500 millones en el 2014, del que 40% corresponde a gobiernos regionales y otro 40% al gobierno nacional, siendo la OIM y UNOPS las organizaciones que concentran la mayoría de contratos.  En ese mismo reporte, la Contraloría establece que si bien los contratos con estas organizaciones sí están dentro del ámbito de supervisión de este órgano de control -al haber recursos que se trasladan desde el Estado a las organizaciones-, lo que estas organizaciones hacen luego no está dentro de su control. Asimismo, por más de que la ley sí establece que lo que sucede dentro de estos contratos debe ser registrado en SEACE, en la mayoría de casos no se hace o se hace de manera incompleta.

Fuera del consenso que pueda haber para suplir las deficiencias técnicas y de conocimientos de los gobiernos centrales y regionales, los acuerdos gobierno a gobierno y contrataciones de organismos internaciones parecen haber dejado “puntos ciegos” para que la corrupción campee. Muchos dirán que este tipo de situaciones se dan por unas pocas “manzanas podridas”, pero más parece haber un sistema perverso, tras el cual se esconden intermediarios y operadores corruptos. La crisis actual es el escenario perfecto para impulsar el cambio, ya sea desde el Congreso o la Contraloría, pues claramente el Ejecutivo no lo hará. Lampadia

Fuentes:

https://larepublica.pe/politica/1478824-oas-confiesa-haber-pagado-sobornos-operador-oficina-onu-hospital-requena-unops-lava-jato/

https://convoca.pe/agenda-propia/metro-de-lima-modalidad-de-gobierno-gobierno-evitara-casos-de-corrupcion-en-las-obras

https://ladobe.com.mx/2020/10/unops-y-la-licitacion-para-comprar-medicamentos-sin-corrupcion/

http://doc.contraloria.gob.pe/estudios-especiales/reportes/2015/Reporte_N07-2015-CG_EST.pdf

https://diariocorreo.pe/peru/cusco-gobierno-regional-se-habria-coludido-con-unops-para-favorecer-a-oas-601639/

Alejandra Benavides
Para Lampadia

Como están las cosas, podríamos afirmar que el Estado peruano es inversionista fantasma de los medios de comunicación. Sin tener propiamente acciones, se ha convertido en financiador de las pérdidas de diarios, canales de TV y radios, quienes desde hace años arrastran resultados de operación mediocres o negativos, que compensan en parte con ventas de inmuebles, marcas, ingresos de subsidiarias o simplemente faltando a los compromisos con sus trabajadores y/o el fisco. En los últimos 10 años, los ingresos de estos medios han caído o con las justas se han mantenido. Sin embargo, el gasto del Estado en publicidad se ha duplicado (al cierre del gobierno de García, se había gastado en total s/. 400 millones, Humala – Heredia cerró en s/. 850 millones y en lo que va del gobierno PPK – Vizcarra son s/. 800 millones) *. Así pareciera que el Estado se ha convertido en el “socio salvador” de dichos medios, generándoles los suficientes ingresos para poder llegar a esa utilidad, eso que les permite pasar de rojo a azul.

Esta afirmación también se sustenta en que no hay un intercambio visible de bienes y servicios por dinero. Si lo analizamos de manera contable, ese dinero que da el Estado aparece en el Balance General de dichas empresas como Caja y Bancos o como Cuentas x Cobrar (¡punto para el Activo Corriente!). Sin embargo, no tenemos certeza de que haya una salida real de “Bienes y Servicios” ni un beneficio claro para los peruanos. Y, suponiendo que sí hubiese un intercambio de bienes y servicios, ¿quién sabe cuáles son?, ¿cómo están valorizados y de qué sirven? La disminución de las ventas de estos medios refleja la cada vez menor efectividad de la publicidad tradicional –por eso las empresas están alejándose de ella-. Sin embargo, el Estado está incrementando este gasto. Por lo tanto, más que un gasto (¡de s/.180 millones al año!), pareciera una inversión. Una inversión a cambio de una larga tregua y silencio cómplice de los medios.

En resumen, nuestros impuestos, por demasiado tiempo, han ido a poner paños fríos a los resultados (y supervivencia) de diversos medios de comunicación, mejorando desde hace varios años sus desgastados patrimonios. Por lo tanto, si es que en la práctica o, como diría el presidente Vizcarra, “fácticamente”, somos los peruanos inversionistas de estos medios, ¿no deberíamos tener pleno acceso a qué porcentaje de sus ingresos [y de sus utilidades] corresponde a negocios con el gobierno? Muchos medios publican sus Estados Financieros genéricos, que viven en la maraña de las NIIC y NIIF, pero realmente no tenemos conocimiento del poder que tienen los gobiernos sobre los medios de comunicación y la magnitud del conflicto de interés que existe en esa relación tóxica gobierno – prensa.

Estas inversiones en medios de comunicación nos cuestan caro, y el retorno, en su mayoría, es una prensa mediocre (sin ningún incentivo a modernizarse, ser más eficiente e invertir en capital humano) y eventualmente adicta al gobierno de turno, y con peligroso poder sobre los ciudadanos. Es momento de hacer valer nuestros derechos, y si vamos a ser inversionistas (por más que no queramos) y consumidores del contenido que publican los ahora poderosos medios, ¿no deberíamos exigirles transparencia? Se agradecen muestras de transparencia, como la vista en la columna de opinión del Director Periodístico del diario El Comercio del 20/09/2020**. Sin embargo, la transparencia de estos medios no debería ser una “dádiva” o “bondad” a criterio de cada medio, sino un derecho ciudadano.

Este tema tan importante requiere un análisis profundo y cambio rotundo, pero por el momento hago un llamado a los medios de comunicación – ya que del gobierno no espero nada- que reciben dinero del Estado y que piden y predican transparencia, a que sean ELLOS transparentes con los peruanos y nos permitan confiar en ellos nuevamente, sobretodo ad portas de las elecciones presidenciales del 2021. Lampadia

Links de referencias:
*Gasto en Publicidad Estatal: Diario Gestión y Diario La República, tomados de la Secretaría General de la PCM 
*Columna de Opinión Diario El Comercio Juan José Garrido Koechlin 20/09/2020