Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

En febrero 2019 escribí el artículo “Yo no fui fue Teté”. En esa oportunidad me estaba refiriendo, entre otras cosas, a las obras que una multitud de autoridades municipales y “regionales” (en realidad departamentales), ejecutaban a partir de una ignorancia supina respecto a las zonas de riesgo y criterios de ingeniería o simplemente por una actitud delictiva.

En esa oportunidad proponía, al igual que ahora, sancionar penalmente a esas autoridades sub-nacionales y nacionales, por invertir (en realidad botar nuestros impuestos) nuestros recursos fiscales en zonas críticas de riesgo, quebradas o zonas que ofrezcan riesgos de la naturaleza que, al activarse, puedan destruir vidas y obra física ejecutada por el Estado. Igual sanción debiera recaer sobre las autoridades que otorguen permiso municipal de construcción a particulares en tales quebradas, o bien en áreas de riesgo eléctrico (debajo de líneas de alta tensión donde la ley lo prohíbe explícitamente, pero que tales alcaldes “prefieren ignorar”).

Pero lo que no estaba en mi libro es que el “Presidente ingeniero”, siendo gobernador regional de Moquegua, iba a ejecutar la construcción del Hospital Regional de Moquegua en una quebrada, que al activarse destruiría su “obra emblemática”. Es importante resaltar que el Colegio de Ingenieros de Moquegua le hizo la advertencia oportunamente, pero tanto él como su Gerente Regional (recientemente ministro de diversas carteras), ignoraron dicha advertencia y “tiraron para adelante” ejecutando el proyecto. Supongo que no puedo responsabilizar a los personajes mencionados por los cinco años que tardaron en construir el hospital (ya sabemos que un hospital capaz de atender a diez veces el número de pacientes que el de Moquegua fue construido en China, por solo 30% más de presupuesto y en diez días de plazo). El hospital fue inaugurado por el Presidente-ingeniero el 22 de noviembre de 2019, por supuesto sin equipamiento completo, con filtraciones demostradas (por las lluvias del año anterior) y sin personal asignado para su operación, pero eso sí “con bombos y platillos”. Lamentablemente, lo que estaba anunciado ocurrió en febrero 2020, se activó la quebrada Centenario produciendo estragos en los accesos del hospital y ciertas instalaciones…

No quiero ser demasiado suspicaz, pero cuando uno junta lo mencionado en párrafos anteriores, con el hecho que “soltaron” centenas de cheques en el último día de gestión en el gobierno regional, para el pago del adelanto de un alto porcentaje del presupuesto de la obra, el mismo que aún no contaba con el expediente técnico correspondiente aprobado, me suena a corrupción pura y dura.

Como “lloviendo sobre mojado”, debo reiterar que el Presidente-ingeniero pretende acelerar la regionalización, transfiriendo más recursos para que sean ejecutados por los alcaldes y gobernadores, con la mayor celeridad posible. Hemos repetido hasta el hartazgo que los proyectos de infraestructura deben tener un claro propósito, un diseño e ingeniería de calidad que resuelva el problema de manera permanente, con una vida útil de al menos 50 años y para su ejecución debemos contratar con una compañía responsable, cuya ejecutoria sea demostrada, así como una empresa supervisora también de calidad. Tanto las empresas de ingeniería, construcción y supervisión, deben ser empresas con calidad profesional y técnica, que tengan un prestigio que cuidar y que garanticen la duración de las obras que ejecuten.

La prueba ácida de lo dicho anteriormente, debería quedar certificada con una póliza de seguros internacional que nos garantice que cualquier acto de la naturaleza o acto de Dios, que fortuitamente exceda los límites razonables y previsibles por la mejor ingeniería, serán resarcidos para salvaguardar el interés nacional.

Pero no, aquí hacemos hospitales como el mencionado, puentes y carreteras diseñados, construidos y supervisados por sabe Dios quien. Contratados por alcaldes, gobernadores regionales e incluso funcionarios del gobierno central, como el de Ilabaya en Tacna, inaugurado en diciembre de 2019 por el Presidente-ingeniero quien “hinchaba pecho” por el pronto cumplimiento de su compromiso, pero que colapsó en febrero 2020. Otro ejemplo es el puente ejecutado en Huaylillas, Pataz, construido durante este gobierno y colapsado en diciembre 2019, solo por mencionar unos pocos.

Estimado lector, un capítulo aparte merecería la ya famosa “Reconstrucción con Cambios” del norte, pero no tocaré el tema porque después de tres años de ocurrido el fenómeno del niño (marzo 2017) y la miserable ejecución a estas alturas del partido (marzo 2020), se ha regado ríos de tinta sobre el asunto y no les entran balas, pues resulta que ahora están descubriendo que los PMO (Project Management Office), debieran hacerse cargo de esta reconstrucción, cosa que se le sugirió a la PCM en marzo 2017. Mejor no insistir… Lampadia

Todos los ciudadanos tenemos muy presente la incidencia de la corrupción en múltiples gobiernos regionales y municipales, así se refleja en los medios de comunicación y en los debates pre electorales. Pero se nos está escapando la arbitrariedad y la prepotencia con la que muchas de estas autoridades se conducen día a día, sin importarles en lo más mínimo las opiniones de los ciudadanos a los que deben servir.

Desde que los cargos regionales y locales se empoderaron con la deficiente descentralización y desde que sus presupuestos se multiplicaron por la recuperación de la economía de principios de siglo; estos se han tornado en un botín que cada día atrae más elementos perniciosos.

Para colmo de males, como hemos explicado con anterioridad en Lampadia, los gobiernos regionales y locales no están sujetos a instituciones básicas de las democracias funcionales. Por ejemplo:

• Las decisiones de los gobernadores y alcaldes no están sujetas a la ‘doble instancia’. Sus decisiones solo pueden ser contrastadas judicialmente.
• Los mecanismos de ‘rendición de cuentas’ son muy débiles y alejados de la ciudadanía.
• No hay ‘balance de poderes’ en los municipios, pues el poder se concentra artificiosamente, sin reflejar las opciones electorales. 

Dado que las decisiones de estas autoridades cubren prácticamente todas las relaciones de los ciudadanos con el Estado, éstas deberían guardar todos los respetos necesarios para cautelar las necesidades ciudadanas.

Lamentablemente, sucede lo contrario. Las normas, ordenanzas y las respuestas a los trámites de los ciudadanos se resuelven frecuentemente con arbitrariedad y prepotencia. Se imponen caprichos. Se hacen y rehacen obras. Se desperdicia recursos valiosos en obras sin sentido.

Ni el Ejecutivo, ni el Congreso han querido corregir la normativa correspondiente, con efecto para el inminente proceso electoral. En estas circunstancias, solo queda invocar a los lectores que hagan un esfuerzo especial para estar alertas sobre los síntomas de corrupción de los candidatos, así cómo sobre los síntomas de caracteres abusivos y prepotentes.

La reciente prohibición de que los gobernadores y alcaldes puedan postular a la reelección, solo empeora las cosas. En primera instancia impide que los ciudadanos puedan preservar y premiar una buena gestión (que las hay); y, en segundo lugar, dados los privilegios indicados líneas arriba, alienta que los malos elementos se hagan del poder para provecho personal y de grupo, gozando de grandes espacios de impunidad.

Algo que agrava más esta indeseable estructura del espacio de las autoridades políticas en las regiones y municipios, es la devaluación de los partidos políticos, que solo tienen representaciones menores y, por lo tanto, en la gran mayoría de gobiernos regionales y municipales (dirigidos por independientes) no pueden ejercer un freno a las malas gestiones en aras de cuidar el prestigio partidario.

Es evidente pues que todo esto deviene de una desastrosa normativa y de la crisis de los partidos políticos. Razón suficiente para que la reforma política, que se pretende llevar a referéndums, deba ser enfrentada con muchísima ponderación, análisis, debates y cuidados.

Es evidente que la reforma judicial no puede esperar, y que hoy tenemos la mejor oportunidad de avanzar de manera importante en el diseño de la estructura del conjunto del Sistema Judicial; pero la reforma política debe recién aplicarse para las elecciones generales del 2021 y, por lo tanto, debe hacerse con mucha seriedad, a no ser, claro, que alguien pretenda acelerar indebidamente, el calendario electoral.

En cuanto a las próximas elecciones regionales y locales, por ahora solo queda santiguarse como dice Fernando Cillóniz, el actual gobernador de Ica: “En el nombre del agua… la salud… la educación… y la justicia…”. Lampadia

El Gobernador de Ica, Fernando Cillóniz, denuncia dos aristas que inciden en la corrupción en la Región Ica. Por un lado múltiples formas de corrupción alojadas en todos los rincones, y por otro, la cobarde permisividad y convivencia con este flagelo. Cillóniz también destaca la presencia de funcionarios probos que el Estado debería saber alentar y proteger.

¿Cómo será en otras regiones, de las cuales solo hemos escuchado, como dice Cillóniz, las de muchos ceros a la derecha? Lo que ahora está sobre la mesa es, de alguna manera, el que los servicios públicos se den imbuidos de corrupción, permeada en las estructuras moleculares del quehacer público, casi invisiblemente, sin llamar la atención.

Lo que describe Fernando Cillóniz nos llama a reflexionar sobre la necesidad de gestar una campaña de limpieza profunda y sin cortapisas leguleyas en todas las regiones del país.

Las siguientes elecciones de gobernadores y alcaldes, están muy cerca, ¿no tendríamos que ir buscando candidatos del perfil de un Cillóniz para multiplicar estas levantadas de alfombras? ¿Otras ideas?

Fernando Cillóniz B.
Gobernador Regional de Ica
Ica, 26 de mayo de 2017
Para Correo de Ica y Lampadia

La gestión pública viene resultando – para mí – una experiencia muy intensa y aleccionadora. Yo sabía que había mucha corrupción en el Estado, pero no conocía su modo de operación al detalle. Y no me refiero a las coimas de altísimo nivel – tipo Toledo, Humala, y los varios etcéteras que están apareciendo día tras día – que ya sabemos… se expresan en dólares, y tienen seis o siete ceros a la derecha. Me refiero más bien a la corrupción que me toca confrontar… a la del Gobierno Regional de Ica.

Vamos de frente al grano. Cuando asumimos el cargo en el 2015, todas – repito – todas las gerencias y direcciones regionales estaban dominadas por gente medrosa que coimeaba – sin escrúpulos – en favor de sus propios intereses. Sin embargo – curiosamente – en todas las mismas dependencias había – también – gente honesta y trabajadora. Como que el mal convivía con el bien. Y todo suave… la vida seguía su curso como si nada.

Pues bien; la actual administración NO está de acuerdo con esa forma de gobernar. Así como repudiamos la corrupción, repudiamos también la permisividad. La vida NO puede seguir su curso normal, si la corrupción sigue enquistada en el Gobierno Regional. Por eso estamos confrontados con las mafias de Salud y Transportes, entre otras. La corrupción – lo hemos dicho mil veces – es un cáncer que afecta principalmente a la ciudadanía. Por ello seguiremos extirpando el cáncer de la corrupción… ¡caiga quien caiga y le duela a quien le duela!

Ahora bien, el problema se agrava porque detrás de estas mafias hay una mucha complicidad periodística. Periodistas como Pillaca, Casavilca, Centeno, Falcón, y otros que todo lo falsean para que las mafias aparezcan como santurronas, y nosotros como abusivos. Dignos seguidores del proverbio… “el enemigo de mi enemigo, es mi amigo”. Por ello su amistad con las mafias. Publican panfletos anónimos, redactados por cobardes que no se atreven a dar la cara, con el único fin de embarrar las honras de nuestros gerentes y directores.

A todo ello se suma la politiquería de ciertos Congresistas – Elías, Segura y Oliva, por ejemplo – y Consejeros Regionales – Grados y Barco, para ser preciso – quienes también – proverbialmente – son amigos de nuestros enemigos. Constantemente arremeten contra quienes estamos poniendo orden en la institución. A ese respecto, nuestro proceder es muy simple y predecible… sancionar – de acuerdo a ley – a quienes cometan faltas graves… abandono injustificado del trabajo, falsificación de documentos, cobros indebidos o – en cristiano – coimas, agresión a compañeros de trabajo, robos de equipos, etc.

Pues bien, resulta que esas faltas graves – que vienen desde toda la vida – jamás fueron sancionadas por las gestiones anteriores. ¿Corrupción desde el “número uno”? Probablemente. ¿Permisividad? No sé, pero si así fuera… mal, muy mal. Porque tan grave como la corrupción, es no hacer nada para combatirla.

Pero como “no hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista” – ahora – el cáncer de la corrupción en el Gobierno Regional está menguando. Diversos procesos disciplinarios están en curso, todos en estricto cumplimiento de las normas laborales, las cuales – dicho sea de paso – son justas y respetuosas de los derechos de los trabajadores. En ese sentido, ya tenemos una treintena de malos funcionarios sancionados, 13 destituidos, y algunos – hasta – en la cárcel.

Por otro lado, a los permisivos les pido encarecidamente… váyanse a trabajar a otro sitio. El Gobierno Regional no es lugar para pusilánimes. Nuestra actitud frente a la corrupción es – y seguirá siendo – CONFRONTACIONAL. Así, con mayúsculas. Gobernar no es estar bien con Dios y con el diablo. Para nosotros, gobernar es accionar y sancionar cuando corresponda; y – por supuesto – reconocer y premiar a los buenos servidores públicos… que ciertamente los hay. Gracias a ellos – precisamente – estamos mejorando nuestros servicios a la ciudadanía. 

Pero que quede claro. Estamos preparados. Mientras haya corrupción… habrá confrontación. Lampadia 

Hace un mes tratamos de sustentar que la estructura jurídica que regula las acciones de los gobernadores de las regiones y alcaldes, en sus distintos niveles, son una puerta abierta a la corrupción.

A dichas autoridades se les ha otorgado poderes absolutos, sin ‘checks and balances’, y muchos de ellos pueden ‘cosechar’ grandes beneficios indebidos, protegidos por niveles de impunidad que hacen que los costos de la corrupción sean muy bajos.

Increíblemente, nadie parece reaccionar a esta situación y plantear una urgente reforma de las normas de la regionalización que originaron este descontrol y un ambiente que invita a los peores elementos de la sociedad, a tomar los cargos públicos en la regiones. Esto, en un país de grandes debilidades institucionales y partidos políticos sin presencia nacional.  

Esperamos que la siguiente imagen de Perú21, ayude a generar reacciones adecuadas: “Hay 13 gobernadores implicados en corrupción, nueve ya han sido sentenciados, mientras que los cuatro restantes afrontan investigaciones”. (Nota de Álvaro Reyes, 10 de abril, 2017).

Prácticamente la mitad de gobernadores regionales están involucrados en actos de corrupción. Creemos que hay que decir basta. Reforma, ¡Ahora!

Hay sin embargo dos ejemplos de muy buenas gestiones, las de los Gobernadores de Piura e Ica, Reynaldo Hilbck y Fernando Cillóniz respectivamente. Ver por ejemplo, artículos de Cillóniz: Mi confesión sincera y PBI y Corrupción.

A continuación republicamos nuestro análisis sobre las fallas estructurales de nuestras normas:

Patente de corso para la corrupción (Editado)

Tiempos de escándalo, tiempos de irritación e indignación, los mejores momentos para identificar y corregir a las instituciones con coladeras, por las que se filtra la corrupción.

Lamentablemente, en el Perú, la gran mayoría de nuestras instituciones publicas, no responden a los siguientes principios:

Las democracias modernas se basan en el balance de poderes.
La buena justicia ofrece el derecho a la doble instancia.
La distribución del poder debe reflejar la representación popular.
La rendición de cuentas es indispensable para el autocontrol y el control.
En democracia nadie debe tener poder discrecional absoluto. 

Estamos hablando de los municipios y gubernaturas regionales, más de 1,800 instituciones, las más cercanas a la población, que adolecen de fallas estructurales.

“En arca abierta, el justo peca”, reza un antiguo proverbio. En alcaldías y gobiernos regionales están dadas las condiciones para que alcaldes y gobernadores abusen del poder y/o lo usen en provecho propio.

Veamos sino al extremo de corrupción que se llegó en una institución asentada en Suiza, que no rendía cuentas a nadie y tenía poderes discrecionales absolutos. 

En el Perú, los gobiernos locales y regionales, son arcas abiertas en las que los alcaldes y gobernadores gozan de un poder sin contrapesos, tienen capacidad discrecional absoluta, sus decisiones no están sujetas a una  segunda instancia y no rindes cuentas de su gestión. Pero aún, dizque que para darles capacidad de gobierno, se estableció que los alcaldes que ganen las elecciones, así lo hagan con minorías poco representativas, debían tener la mayoría de regidores.

En esencia, estos funcionarios públicos se constituyen en pequeños dictadores de sus comarcas, donde pueden hacer, literalmente, lo que les de la gana, incluso gobernar en contra de los intereses y opiniones de sus electores, y por supuesto, con todas las facilidades para instalar o caer en las garras de la corrupción. No hace falta dar ejemplos de abuso de autoridades, decisiones caprichosas, o de actos de corrupción; todos los ciudadanos conocemos mil ejemplos.

Corregir todo esto no es fácil. Implica una reforma profunda. Por ejemplo, para establecer la segunda instancia sobre las decisiones de los alcaldes distritales, seguramente habría que pensar en los alcaldes provinciales. En el caso de los alcaldes provinciales, ¿tendríamos que pensar en los gobernadores regionales? Y en el caso de estos, ¿quién podría hacerlo?

Para corregir el control de un municipio por parte de una minoría, dado el hecho de que el alcalde tenga la mayor votación, incluso si es minoritaria, ¿habría que tener un cuerpo de regidores mixto? ¿Una mayoría de regidores elegidos por voto popular, con cifra repartidora, complementados por regidores que representen a la sociedad civil, desde los gremios, la academia, autoridades o ciudadanos eméritos?

Mucho en que pensar. Mucho que debatir. Pero lo que no podemos hacer es mantener espacios de poder donde se ejerza la autoridad sin balances, límites, instancias superiores y capacidad discrecional absoluta. No podemos tener espacios de gobierno donde incluso los mejores ciudadanos terminen malográndose.

La democracia se construye desde abajo, y los municipios y gubernaturas son la base del desarrollo de la vida cívica del país. Debemos tener diseños institucionales de mucha mejor calidad. ¿Ponemos estos temas en las agendas de reformas? Lampadia

En el siguiente informe sobre la seguridad ciudadana (parte 1), se muestran los avances logrados a la fecha y se incide en la necesidad de que el monitoreo de las reformas ya establecidas genere mayor efectividad en su aplicación.

Muchos de los avances no han sido suficientemente difundidos entre los ciudadanos y la percepción de la sociedad sigue siendo, que hasta la fecha no se ha hecho prácticamente nada. Es muy importante hacer más esfuerzos por involucrar a los ciudadanos en estos procesos.

Este artículo es parte de nuestra biblioteca virtual: Estado del Siglo XXI, que recomendamos revisar como un espacio donde compilamos los distintos aspectos de las imperiosas reformas del Estado.

Reforma de la Seguridad Ciudadana (I)

Resumen Ejecutivo

Recién a partir del 2012 se pone en marcha una política seria de seguridad ciudadana con supervisión central e incentivos fiscales que buscan que funcionen los Comités Provinciales y Distritales de Seguridad Ciudadana, presididos por los alcaldes, elaborando y aplicando planes de seguridad ciudadana en cada circunscripción. Pero contrariamente a lo que se esperaría luego de eso, el INEI registra una caída en los niveles de vigilancia de los serenazgos y la Policía en los barrios a partir del 2013, lo que, a su vez, tampoco es congruente con la reducción de la tasa de victimización. Algo anda mal.

Creación del Sinasec

A partir del año 2003, el Estado peruano empezó a tratar de responder a los problemas de inseguridad ciudadana mediante la coordinación de la Policía Nacional y el sistema judicial con los ministerios, los gobiernos regionales y locales y las juntas vecinales. Es decir, mediante un enfoque más integral, participativo y preventivo.

En efecto, ese año, en febrero, se promulgó la Ley Nº 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINACEC), cuyo artículo 4º establece que son instancias integrantes de dicho Sistema el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), presidido por el Presidente del Consejo de Ministros[i]; los Comités Regionales de Seguridad Ciudadana, presididos por los presidentes (ahora gobernadores) regionales, los Comités Provinciales de Seguridad Ciudadana y los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana, presididos por los alcaldes respectivos. En todos ellos participan las autoridades policiales, judiciales y fiscales al nivel que corresponda, junto con representantes de otras instituciones y ministerios.

El CONASEC aprueba las políticas y el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y evalúa su aplicación. Tiene una secretaría técnica que es la Dirección Nacional de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior creada recién a partir del 2013. Los comités regionales, provinciales y distritales de seguridad ciudadana también elaboran planes y los supervisan y evalúan.

Toda esta estructura permaneció vacía y sin actividad hasta hace relativamente poco. Durante años el CONASEC se reunió en contadas ocasiones y los comités regionales o locales de seguridad ciudadana[ii], si se instalaban, no operaban. Cada año se elaboraba un Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, pero era declarativo. No se evaluaba ni se cumplía.

Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018, evaluación, sanciones e incentivos

Esta realidad cambió con las reformas que se dieron a partir del 2012. La nueva ley orgánica del ministerio del Interior creó la Dirección General de Seguridad Ciudadana a la que se le encargó la secretaría técnica del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana así como elaborar y evaluar el cumplimiento del Plan. Se aprobó entonces el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018, cuyos avances son evaluados semestralmente. La última evaluación, publicada en la web del Ministerio del Interior[iii], corresponde al primer semestre del 2015.

Pero, además, el reglamento de la ley de seguridad ciudadana le da dientes a la Dirección General de Seguridad Ciudadana para proponer sanciones a los gobernadores regionales y alcaldes por no instalar los comités de seguridad ciudadana o no convocarlos para sesionar. El castigo puede llegar a la suspensión en el cargo[iv]. No solo eso, los representantes del Ministerio Público ante los comités regionales, provinciales y distritales de seguridad ciudadana están obligados a denunciar los incumplimientos de lo establecido en la Ley de Seguridad Ciudadana y sus modificatorias, “ya sea por acción u omisión, por parte de los miembros que integran los citados comités. El Ministerio Público determinará en cada caso si existen indicios de la comisión de delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales”. Esto es lo que establece la Tercera Disposición Transitoria y Final de la Ley Nº 27933 incorporada por la Ley Nº 30055.

El asunto, pues, se ha vuelto obligatorio y sancionable. De hecho, la Dirección General de Seguridad Ciudadana ha denunciado a 464 alcaldes (de un total 1,851) por no haber formulado el Plan de Seguridad Provincial o Distrital. Si luego de una primera advertencia, los alcaldes omisos no cumplen, se les suspende 30 días en el ejercicio del cargo. A la segunda advertencia pueden ser vacados. Preventivamente, la Dirección General capacita a los alcaldes en lo relativo a sus responsabilidades en seguridad ciudadana.

El resultado ha sido el que podemos ver en los siguientes cuadros: el 100% de los Comités Regionales de Seguridad Ciudadana formularon sus planes de seguridad ciudadana, y el 93.3% y el  83.6% de los Comités Provinciales y Distritales hicieron lo propio.

Pero no solo hay castigos. También hay incentivos presupuestales. Junto al palo hay una zanahoria. Desde el año 2013 las 250 municipalidades más grandes (tipo A y B, según la clasificación del MEF) tienen el componente de seguridad ciudadana en el programa de incentivos para la mejora de la gestión y modernización municipal del Ministerio de Economía. Desde esa fecha reciben asignaciones presupuestales adicionales para seguridad aquellas municipalidades que ejecuten “al menos el 75 % de las actividades programadas en el Plan Local de Seguridad Ciudadana (PLSC)” del semestre en cuestión. El 2015 el 25% de los 1,100 millones de soles del Programa de Incentivos se podía destinar al componente de seguridad ciudadana.

Es la Dirección General de Seguridad Ciudadana la que verifica que los planes se cumplan. El año 2015, por ejemplo, sólo aprobaron 110 de las 250 municipalidades, nos informa el General Roberto Villar, director general de Seguridad Ciudadana. A las restantes, las que no cumplieron, se les retira el 25% del presupuesto de incentivos que recibían para seguridad, pero pueden recuperarlo si ejecutan las actividades contenidas en el plan respectivo. La municipalidad de San Isidro, por ejemplo, fue una de las desaprobadas.

Además del programa de incentivos, el Ministerio de Economía dispuso el año pasado de 300 millones del FONIPREL[v] para proyectos municipales de seguridad ciudadana, pero Villar nos informa que sólo se gastó 75 millones porque concursaron muy pocas municipalidades.

¿Pero hay menos vigilancia en los barrios?

Ahora bien, la relativa institucionalización de los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana y los presupuestos para seguridad ciudadana entregados como parte del programa de incentivos municipales, deberían haber llevado a una mayor vigilancia y presencia en los barrios del serenazgo, de la policía misma o del patrullaje integrado (un policía en el vehículo del serenazgo). Pero resulta que, según el INEI, dicha vigilancia ha caído justamente desde el 2013, año en que empiezan a aplicarse dichas políticas. Veamos el siguiente gráfico:

El INEI especifica que se considera que existe vigilancia en la zona o barrio, si la persona entrevistada manifestó que existe al menos una de las tres formas de vigilancia (Policía Nacional del Perú, Serenazgo o Patrullaje integrado) en las calles de su zona o barrio.

Esta tendencia se mantiene en el 2015, según el boletín de seguridad ciudadana de febrero del 2016 del INEI, que mide hogares en lugar de población:

Una explicación podría ser que los planes de seguridad ciudadana que elaboran los CODISEC, etc, pues son puramente declarativos, no se aplican. Al mismo tiempo, sin embargo, las estadísticas sí registran una disminución de la victimización por delincuencia, lo que sería coherente con una política de vigilancia más estricta producto de la coordinación con los gobiernos locales.

Lo que no es congruente es la caída en los niveles de vigilancia según el INEI, y la caída al mismo tiempo en los niveles de victimización. Alguna de las dos estadísticas tendría que estar mal. El Jefe del INEI, Aníbal Sánchez, nos dice que una explicación podría ser que “hay un cambio de modalidad, los sistemas de vigilancia han variado en estos últimos años: los hogares que tenían vigilancia del Serenazgo en un lugar fijo, ahora lo tienen en forma motorizada; y ello aún no es percibido por algunos hogares como una medida de vigilancia segura en su zona o barrio”. Ello, sin embargo no explicaría la caída en el patrullaje dado por la policía, como se puede constatar en el siguiente cuadro:

Sánchez observa, además, que lo que sí se ha incrementado son “las medidas de seguridad adoptadas en su zona o barrio por los hogares para auto protegerse”. Así, los sistemas de control de acceso a personas ajenas al lugar (rejas con vigilante, tranqueras con vigilante entre otras), aumentaron 7 puntos porcentuales en el último año (2015). Los sistemas de vigilancia a través de video cámaras se incrementaron también en 4,4 puntos porcentuales; y la vigilancia particular en 1 punto porcentual.  

Como fuere, el asunto es importante porque no cabe duda del potencial de una buena coordinación entre la Policía y las municipalidades. Como hemos visto, según el propio INEI el patrullaje del serenazgo está mucho más presente en los barrios de las ciudades del país, que el de la PNP.

Por lo tanto, es importante sumar esfuerzos y avanzar hacia el llamado “patrullaje integrado”, algo que ahora no requiere de la compra del día de franco de los policías sino que la PNP pone los policías en los vehículos del serenazgo a título gratuito, por lo menos en alguna medida. Pero para que esto funcione bien el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, presidido por el alcalde y en el que participan el o los comisarios del distritos junto con otras autoridades, tienen que reunirse regularmente para que el alcalde pueda asumir el liderazgo que le corresponde y aportar los recursos necesarios para integrarlos con los que posee la PNP.

Entrevistas

Gereda Espinoza, Luis O. Director de Diseño y Evaluación de Políticas de Seguridad Ciudadana, Ministerio del Interior

Sánchez, Aníbal, Jefe del Instituto nacional de Estadística e Informátiva (INEI)

Gral ® Villar Amiel, Roberto, Director General de la Dirección General de Seguridad Ciudadana,l Ministerio del Interior

Bibliografía
Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad (CIPC): Informe experiencias exitosas en prevención de la criminalidad en América Latina. Una perspectiva territorial de las políticas públicas de seguridad ciudadana en América Latina, Diciembre 2015.

Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana: Evaluación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013 – 2018, periodo ene –jun 2015, Ministerio del Interior

Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana: Evaluación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013 – 2018, periodo jul – dic 2014, Ministerio del Interior

Decreto Supremo Nº 012-2003-IN,  Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana

INEI, “Estadísticas de Seguridad Ciudadana Abril – Septiembre 2015. Informe Técnico No 4 – Diciembre 2015

INEI, “Victimización en el Perú, 2010-2014”, Julio 2015

Ley Nº 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINACEC)

Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018

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