Luiz Inácio Lula da Silva, el ex presidente de Brasil, puede estar a punto de ir a la cárcel por hasta 10 años si un tribunal de apelaciones confirma este mes una condena por corrupción. Esto, sin embargo, no ha impedido que continúe con su carrera política y que aún cuente con un fuerte apoyo.

El juicio de Lula en segunda instancia está programado para el 24 de enero, donde tres jueces federales deberán decidir si convalidan la sentencia del juez Sergio Moro, quien condenó al líder del Partido de los Trabajadores a 9 años y medio de prisión. Sin embargo, Lula todavía no va a la cárcel ya que el juez Moro afirmó que “Considerando que la prisión cautelar de un expresidente de la República no deja de envolver ciertos traumas, la prudencia recomienda que se aguarde antes de extraer las consecuencias propias de la condenación”. (Cuidado que no se tuvo en el Perú con el ex presidente Humala y su señora, ni con empresarios que no tenían procesos abiertos y se les dio prisión preventiva. Una práctica abusiva que debe suspenderse).

Como afirma Sebastiao Mendonça Ferreira en Un juicio para la historia, “La sentencia de Moro sobre Lula es considerada un ejemplo académico de calidad y la tradición en el TRF-4 es confirmar o ampliar las sentencias dictadas por Moro. Sin embargo, este fallo afecta grandes intereses políticos y los partidarios de Lula están organizando manifestaciones en todo el país para presionar a los jueces del TRF-4”.

De acuerdo a las leyes de Brasil, hay una segunda instancia y hasta que ésta no lo condene, Lula puede postular. Sin embargo, si la sentencia se ratifica en esta segunda instancia, Da Silva no podrá volver a postular a la presidencia en el 2018.

En Brasil hay aparentemente dos tipos de inclinación: hay gente que dice que sería muy bueno que se le condene de una vez para que no postule y hay otros que dicen que sería muy malo que la condena sea antes de las elecciones porque, como piensan que no va ganar, consideran que lo ideal sería que el Partido de los Trabajadores (PT) tenga una derrota política en su haber. Si la condena sale después de la elección y él saliera elegido, se suspende su aplicación hasta que termine su mandato, en cuyo caso el haría todo lo posible por alargarlo de alguna u otra manera hasta que ya no importe si va a la cárcel o a un hospital.

Lo cierto es que, desde este lunes, los magistrados han viajado a Brasilia en busca de “garantías” contra manifestaciones de los seguidores de Lula como también de sus opositores. Afirmaron que el juicio correría “peligro” ante los ánimos enervados de los fieles y de los adversarios. En simple, El Mercurio resume las tres alternativas posibles (glosadas):

“Lula es absuelto

Si el ex Mandatario es declarado inocente, puede postular a la Presidencia. Sin embargo, la fiscalía podría recurrir a los tribunales superiores.

Condena por unanimidad

Si al ex Presidente lo consideran culpable, irá a la cárcel. La defensa tiene entonces hasta el viernes 26 de enero para presentar el recurso de casación, que pone en duda el proceso judicial o sus omisiones, pero que no suspende los efectos de la sentencia. Lula no podría presentarse a las presidenciales.

Condena por dos votos contra uno

Si dos jueces están a favor de la condena a Lula y uno la rechaza, la defensa tiene dos días para presentar el recurso de casación y pedir que el voto que beneficia el imputado prevalezca por sobre los demás. Habría un nuevo juicio, compuesto por siete jueces federales, incluyendo a los tres magistrados.”

Recordemos que Lula viene del noreste brasileño, donde la política ha estado siempre dominada por caciques regionales que adoptaron una serie de acciones de corrupción para controlar y mantener el poder. De alguna manera se puede decir que Lula llevó las prácticas corruptas de sus socios políticos del noreste brasileño al gobierno central, donde entronizó la cooptación de críticos y opositores, y habría participado en el montaje de los circuitos de corrupción de Petrobras y los más grandes grupos empresariales brasileños del sector de la construcción.  Ver en Lampadia: La caída de un gigante crea incertidumbre en la región.

Lula, que gobernó el país durante ocho años y lo llevó hacia el proteccionismo y el asistencialismo, cooptando a sus opositores y promoviendo altísimos niveles de corrupción gubernamental, fue detenido brevemente el 4 de marzo, como parte de la operación de Lava Jato. Fue interrogado por acusaciones de haber recibido “beneficios ilícitos” del esquema de sobornos de Petrobras. Los fiscales presentaron cargos de lavado de dinero en contra suya. Ver en Lampadia: La caída de un gigante crea incertidumbre en la región.

La mayoría de los inversores creen que la victoria de Lula en las elecciones presidenciales sería perjudicial para la economía brasileña porque el ex presidente ha sido un crítico enérgico de las reformas fiscales adoptadas por la administración actual.

De hecho, Lula dijo que convocaría un referéndum para deshacer esas reformas si es elegido. A los votantes pareció gustarles la idea. La última encuesta de Datafolha, de diciembre, mostró que el 36% del electorado apoyaría al ex presidente en la primera ronda de elecciones. El candidato de extrema derecha Jair Bolsonaro tuvo el segundo mayor apoyo, del 18%. En una segunda ronda potencial, Lula ganaría en todos los escenarios posibles, dijo Datafolha.

Los votantes apoyan al ex presidente porque, durante sus años como jefe del Ejecutivo, Lula estableció el Programa de Subsidio Familiar (Bolsa Família, en portugués), un programa de transferencia monetaria condicional que beneficia a familias de bajos ingresos.

Sin embargo, fue también durante la presidencia de Lula que estalló un importante escándalo de corrupción, conocido como “Mensalão”. Los fiscales dijeron que la administración del ex presidente sobornó a los legisladores para que aprueben proyectos de ley propuestos por el gobierno. José Dirceu, jefe de gabinete de Lula, fue sentenciado a la cárcel, así como algunos legisladores.

Después del final de su mandato, Lula fue acusado de encabezar un esquema de corrupción aún mayor, donde las constructoras brasileñas -incluida la más grande del país, Odebrecht- se organizaron en cárteles y pagaron sobornos a altos ejecutivos de Petrobras y otros funcionarios del gobierno. Lula terminó controlando una gran maquinaria que debemos llamar ‘Corrupción de Estado e Imperialismo’. Esto fue la hipocresía política llevada a su máxima expresión, un movimiento de izquierda que capturó grandes empresas para corromper y reinar. Adiós las ideas del socialismo, adiós los pobres de la región, adiós los valores de la democracia. Era un inmenso juego político para apoderarse del subcontinente. Ver en Lampadia: La peor Red de corrupción latinoamericana

Lamentablemente los políticos están perdiendo legitimidad. Esperamos que esta sea la oportunidad para limpiar las casas de todos los países implicados en el mayor escándalo de la historia de Latinoamérica, empezando por supuesto, por el malévolo diseño corruptor de la izquierda de Brasil y sus soberbias empresas constructoras, con las que organizó una ominosa acción imperialista en el Perú y otros países de la región. Lampadia

El mayor caso de corrupción en la historia latinoamericana y que abarca prácticamente a toda la región,  nació desde el gobierno de la izquierda brasileña, del Partido de los Trabajadores de Lula da Silva y Dilma Rousseff. Esta calamidad hizo carne en las virginales caretas de las izquierdas de la región, llegando con escándalo y a veces con sorpresa, a Argentina, Uruguay y Chile. El mismo habría afectado también al Perú, empezando por el gobierno municipal de izquierda de Susana Villarán y del mismo modo a  los gobiernos nacionales de Toledo, García y Humala.

El caso más publicitado y de múltiples reverberaciones es el de Odebrecht, empresa cuyo CEO ha sido condenado a 19 años por la justicia brasileña y, que en el Perú está vendiendo todos sus negocios.

Últimamente, ha empezado a difundirse con mayor intensidad, las denuncias contra OAS,  otra empresa constructora brasileña, que está siendo investigada en Argentina, Uruguay, Chile y Perú, por eventuales ilícitos vinculados al financiamiento irregular de campañas políticas, lavado de dinero y fraude en licitaciones. La firma se encuentra en el centro de una telaraña de ramificaciones del caso Lava Jato (Brasil).

El caso estalló en 2013 cuando la Policía Federal de Curitiba descubrió una red de lavado de dinero en locales de lavado de autos, investigación que fue creciendo hasta descubrir que existía un completo cuadro de pago de sobornos y blanqueo de capitales a políticos y ejecutivos de Petrobras. Este se ha convertido en el caso de corrupción más grande del país (en el que se habrían desviado unos 10,000 millones de reales -US$ 3,850 millones- en sobrefacturación de obras y contratos de la gigante Petrobras) y a arrasado con el alicaído prestigio en los partidos políticos brasileños, en especial al Partido de los Trabajadores de Lula da Silava y Dilma Rousseff, pero también el de las más importantes empresas del país. (Ver en Lampadia: El Estatismo alienta la corrupción e ineficiencia y Brasil pierde por goleada en corrupción y economía).

Este escándalo llevó al proceso de destitución de Dilma Rousseff de la presidencia de Brasil, con el eco del gran descontento y decepción con su peor crisis económica desde 1930. Como hemos comentado anteriormente, los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT), del endiosado Lula, han echado por la borda la mejor oportunidad histórica de Brasil para consolidarse como un país desarrollado. Hoy, está profundamente enfrentado y dividido, y podría terminar con el gobierno de izquierda que se veía dominando por mucho tiempo. Ver en Lampadia: El fin de Dilma Rousseff y ojalá de la corrupción política en Brasil

Desde su reelección, la presidenta Dilma Rousseff no ha tenido muchos motivos para sonreír. Todo lo contrario. Y no nos referimos solo al pésimo rumbo de la economía brasileña (con una inflación por encima de lo previsto y en recesión por segundo año seguido), ni porque la caída del precio del petróleo amenaza con golpear aún más al país. Sus preocupaciones se centran en el llamado caso del “Lava Jato” (algo así como lavado de auto, o lavado a chorro) o “Petrolao”. Ver en Lampadia: El escándalo en Petrobras pone contra las cuerdas a Rousseff. 

Por su lado, el ex presidente Lula da Silva, viene del noreste brasileño, donde la política ha estado siempre dominada por caciques regionales que adoptaron una serie de acciones de corrupción para controlar y mantener el poder. De alguna manera se puede decir que Lula llevó las prácticas corruptas de sus socios políticos del noreste brasileño al gobierno central, donde entronizó la cooptación de críticos y opositores, y habría participado en el montaje de los circuitos de corrupción de Petrobras y los más grandes grupos empresariales brasileños del sector de la construcción. Ver en Lampadia: La caída de un gigante crea incertidumbre en la región.

Pero el Petrolao no solo ha contaminado a la política y a la economía brasilera, sino que ha revelado ramificaciones en Argentina, Uruguay, Chile y Perú. En nuestro país, empresas brasileras como Odebrecht y OAS habrían otorgado dádivas a figuras políticas (incluso presidenciales y funcionarios de los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y el gobierno municipal de Susana Villarán) para obtener concesiones de obras en el país.

En el caso de nuestro país, hace poco se hizo público un informe de la Comisión Lava Jato que indicaría que la ex alcaldesa Susana Villarán habría recibido aproximadamente unos US$ 1’200,000 por parte de empresa brasilera OAS para apoyar en el financiamiento de la campaña contra su revocatoria. Al menos cuatro ciudadanos brasileños confesaron haber participado como ‘mulas’ llevando dinero por orden de Alberto Youssef llevando no menos de 100 mil dólares en cada viaje desde finales del 2012 (uno de los “doleiros” habría movilizado aproximadamente US$ 900 mil).

“La comisión investigadora, en base a las declaraciones dadas por estas personas que se han acogido a la delación premiada, estima que en esta quincena se habría podido trasladar desde Brasil un aproximado de US$ 1’200,000 para ser entregados, posiblemente, para la campaña de la revocatoria municipal de Lima”, indica el informe.

Recordemos que OAS, al igual que otras constructoras brasileñas, ha jugado un rol clave en la realización de proyectos de inversión pública en el Perú, particularmente en infraestructuras, sucesivamente, durante los gobiernos de Alejandro Toledo (2001-06), Alan García (2006-11) y Ollanta Humala (2011-16). Por su lado, Susana Villarán habría favorecido a la empresa OAS con la construcción del proyecto Línea Amarilla (en ese momento denominado Vía Parque Rímac) y del Proyecto Río Verde. El protagonismo de OAS en las obras de infraestructuras en Perú es sorprendente dadas sus deudas en Infocorp (según América Televisión).

Ante las contundentes pruebas de corrupción en contra de OAS y las demás empresas implicadas,  esperamos que continúen las investigaciones de presuntas coimas a los funcionarios de los gobiernos indicados y a Susana Villarán, mencionada específicamente en las últimas denuncias; quien, tras el fracaso de su gestión, perdió al íntegro de sus regidores en el proceso de revocatoria, que solo la dejó a cargo para gobernar con sus opositores.

Por su lado, otros países en Sudamérica no se libran de problemas de corrupción relacionados a OAS. En Argentina, se han iniciado investigaciones por acusaciones de sobornos a casi 100 empresas, entre ellas varias de origen brasileño, por sospecha de “algún tipo de réplica en las maniobras de cartelización que hubo en Brasil”. Entre las casi 100 empresas involucradas están también las brasileñas Andrade Gutierrez, OAS y Camargo Correa. La Fiscalía ya pidió a la Tesorería General de la Nación los pagos realizados a las empresas involucradas durante el período 2006/12 y luego analizará las licitaciones.

En Uruguay, el Congreso abrirá una comisión investigadora por irregularidades en la construcción de una planta gasificadora. La constructora OAS desarrolló varias obras en el país pero sus problemas la llevaron en abril del año pasado a pedir protección patrimonial y a incumplir su contrato con el consorcio gasífero GNLS, que actualmente está paralizada. El diputado nacionalista, Pablo Abdala, ha denunciado que, tras la rescisión del contrato de OAS por parte de GNLS, la firma brasileña incumplió pagos, a su vez, con 380 empresas uruguayas por más de US$23 millones. OAS quedó debiendo dinero a constructoras, empresas de telefonía celular, imprentas y agencias de viajes. “Se fueron sin pagar las comunicaciones celulares”, dijo el diputado.

El escándalo de corrupción vinculado a Petrobras también envuelve a otras grandes constructoras además de OAS, como Camargo Correa y Odebrecht. Esta última habría pagado en 2009 y 2010 sobornos al ex secretario de Transporte de Argentina, Ricardo Jaime, por adjudicarse obras ferroviarias en las cercanías de Buenos Aires. 

En Chile también se ha destapado un escándalo de corrupción. El diario La Tercera, afirmó el 11 de julio que el ex director de Asuntos Internacionales de la constructora OAS, Augusto César Ferreira e Uzeda, reconoció que el jet privado que utilizó el político izquierdista y al candidato antisistema a la presidencia Marco Enríquez-Ominami (durante la campaña electoral de 2013) pertenecía a la empresa brasileña OAS. La gravedad de este acto es que la ley electoral chilena prohíbe expresamente donaciones extranjeras a campañas políticas. Además, según El País de España, “el Ministerio Público indaga el pago de alrededor de medio millón de dólares de SQM a una sociedad vinculada a la campaña del exdiputado.”

Como señaló la columnista de Veja, el mayor semanario brasileño, Joice Hasselman, el Petrolao es más que un caso de corrupción ordinaria; es un intento de corromper la democracia. El esquema es el peor y más peligroso tipo de corrupción que existe, porque va más allá de llenar los bolsillos de los corruptos. Por un lado los corruptos (funcionarios) y los corruptores (empresarios) trabajan en conjunto para beneficiarse, pero el dinero de la corrupción va a los partidos, financia sus campañas y la compra las voluntades ciudadanas. “Eso es un ataque directo a la democracia”, señala. Y es cierto. La democracia de Brasil y de varios países de Sudamérica está a prueba.

Lamentablemente los políticos están perdiendo legitimidad. Esperamos que esta sea la oportunidad para limpiar las casas de todos los países implicados en el mayor escándalo de la historia de Latinoamérica, empezando por supuesto, por el malévolo diseño corruptor de la izquierda de Brasil y sus soberbias empresas constructoras. 

Lampadia

Recién reelecta, la presidenta Dilma Rousseff no ha tenido muchos motivos para sonreír. Todo lo contrario. Las malas noticias la cercan. Y no nos referimos solo al pésimo rumbo de la economía brasileña (con una inflación por encima de lo previsto y en recesión técnica de algunos meses), ni porque la caída del precio del petróleo amenaza con golpear aún más al país. Sus preocupaciones se centran en el llamado caso del “Lava Jato” (algo así como lavado de auto, o lavado a chorro) o “Petrolao”. El inmenso escándalo de corrupción destapado en Petrobras, considerado el mayor en la historia de Brasil, por la cantidad y calidad de los funcionarios públicos y privados comprometidos, así como los montos en cuestión.

Según las investigaciones preliminares, entre el 2006 y el 2014, se habrían desviado unos 10,000 millones de reales (US$ 3,850 millones) en sobrefacturación de obras y contratos. Los testimonios del ex director de Abastecimiento de Petrobras, Paulo Roberto Costa y las de Alberto Youssef (un empresario y mediador de la red), las empresas constructoras brasileñas habrían formado un cartel para rotarse contratos con la petrolera estatal, que pagaban un sobreprecio a cambio de la adjudicación de las obras para destinarlo a políticos e intermediarios.

En una declaración colgada en YouTube, se puede escuchar a Costa contar suelto de huesos como las compañías constructoras añadían un 3% al precio de las obras adjudicadas por Petrobras, que terminaba en manos de los a “agentes políticos”, miembros del Partido de Trabajadores (PT), del Partido del Movimiento Democrático y del Partido Progresista (aliados del PT).

Al parecer serían 70 políticos, entre estos, senadores, diputados, gobernadores y altos funcionarios los que estarían implicados. De acuerdo a la revista Veja (la más seria del país), Youssef señaló a las autoridades que tanto Dilma Rousseff como Lula Da Silva estaban al tanto de los hechos. Una situación complicada, pues Rousseff ha sido presidenta de Petrobras antes de llegar al gobierno. La recién reelegida presidenta de Brasil por un pequeñísimo margen, niega haber tenido conocimiento del esquema de corrupción y pide que se investigue a fondo, pero su imagen se halla fuertemente deteriorada. En cambio Lula aún no dice esta boca es mía. Es sensato suponer, que si este escándalo hubiera aparecido en toda su magnitud antes de las elecciones, el presidente sería, hoy día, Aécio Neves.

Lo cierto es que este caso estalló, como recuerda América Economía “cuando el diario O Estado de Sao Paulo indicó que, cuando Dilma Rousseff era integrante del directorio de la estatal, avaló la desastrosa adquisición de la refinería Pasadena, ubicada en Estados Unidos, autorizando a la empresa a cancelar US$360 millones por el 50% de la refinería, siendo que un año antes la compañía belga Astra Oil canceló US$42.5 millones por el mismo activo”.

Las investigaciones están aún en su etapa preliminar y prometen más sorpresas y remezones políticos y empresariales. Sí, este escándalo no solo afecta al Estado, también está golpeando a las más importantes empresas constructoras brasileñas. Ejecutivos, directores y las propias empresas están siendo incluidas en el proceso. Se han ordenado allanamientos, detenciones y se han embargado cuentas de  Odebrecht, Queiroz Galvao, Camargo Correa, Mendes Júnior, OAS, Iesa, UTC Participacoes y Engevix.

Hace unos días El Banco Central brasileño informó que ha embargado unos 47.8 millones de reales (US$19 millones) depositados en las cuentas bancarias personales de 16 ejecutivos detenidos la semana pasada. Mientras que distintos diarios informaban que las oficinas centrales de Odebrecht, Camargo Correa y OAS eran allanadas para decomisar documentación que sería valiosa para el caso.

Entre los afectados destacan Joao Ricardo Auler, presidente do Consejo de Administración de  Camargo Correa; Ildefonso Colares Filho, director de Queiroz Galvão; Sérgio Cunha Mendes, director de Mendes Júnior; y Agenor Franklin Magalhães, director de OAS.

Según la prensa brasileña “algunos de los ejecutivos presos ya admitieron en interrogatorios ante la Policía Federal que pagaron sobornos a funcionarios que formaban parte de la red de corrupción enquistada en Petrobras”.

Sin duda, esta es una pésima noticia para la alicaída economía brasileña, como sostiene América Economía, Odebrecht, Camargo Corrêa, Mendes Júnior, OAS y Queiroz Galvão, todas citadas en las investigaciones de la Policía Federal brasileña, son nombres frecuentes en las licitaciones de infraestructura y concesiones que el gobierno esperaba lanzar para reactivar la economía. Con esta situación, es más que probable que las obras se retrasen y lo que es peor que muchas de ellas, como ordena la Ley, queden inhabilitadas para participar en nuevos procesos públicos por haber incurrido en actos de corrupción.

Quizá por ello Rousseff,  “se adelantó a los hechos este domingo, afirmando que no irá a “demonizar a las constructoras” ni tampoco les pondrá un “timbre”.

Como ha señalado la columnista de Veja, Joice Hasselman. El Petrolao es más que un caso de corrupción ordinaria; es un intento de corromper la democracia. El esquema es el peor y más peligroso tipo de corrupción que existe, porque va más allá de llenar los bolsillos de los corruptos. Por un lado los corruptos (funcionarios) y los corruptores (empresarios) trabajan en conjunto para beneficiarse, pero el dinero de la corrupción va a los partidos, financia sus campañas y la compra las voluntades ciudadanas. “Eso es un ataque directo a la democracia”, señala. Y es cierto. La democracia brasileña está a prueba. La sociedad está indignada, así que muchas cosas tendrán que cambiar en la forma de hacer política y de hacer negocios en Brasil en los próximos meses.

El PT, Lula y Dilma Rousseff, han perdido legitimidad. Ya antes de las elecciones, Sebastião Ferreira (ver en Lampadia (L): Encrucijada brasileña) nos explicó las argucias del partido de gobierno, maniobras que sin duda torcían la voluntad popular. Ya es hora de que Latinoamérica recupere una mejor calidad para sus democracias y nos dejemos de  proteger a los santones de la izquierda, por el solo hecho de presumir orientaciones pro-pobre, que disfrazan detrás de su ideología plagada de “ideas muertas”, como dice Moisés Naím. Lampadia

Comentario de Lampadia

Mientras México se libera del monopolio petrolero estatal, Brasil se aferra a la ´caja chica´ del gobierno del PT (el Partido de los Trabajadores, liderado por Lula) Petrobras. Esta empresano ha logrado desarrollar su proyecto de aguas profundas debajo de las duras capas de sal, y ha tenido que abandonar una serie de inversiones en el exterior (como en el caso del Perú), para concentrar sus disminuidas capacidades en Brasil.

Petrobras, como tantas compañías petroleras estatales (modelo y aspiración de nuestra izquierda tradicional), sigue cayendo en los insondables abismos de la corrupción. Una empresa que por algún tiempo prestigió al partido de gobierno brasileño, puede ahora terminar de hundirlo en el rechazo popular.

Petrobras de Brasil: alquitranado por la corrupción

Publicado por el Financial Times el 10 de Agosto, 2014. Traducido, compendiado y adaptado por Lampadia.

Una investigación a la empresa petrolera estatal ha empañado la reputación de los políticos.

Después de años de negociaciones, supuestamente secretas, las personas en el corazón de lo que seríael mayor caso de corrupción de Brasil,cometieron un error.

En mayo de 2013, Alberto Youssef,un convicto distribuidor de dinero en el mercado negro,le compró, a través de terceros,un auto de lujo a su amigo y presunto cómplice, Paulo Roberto Costa, un ex ejecutivo de la estatal petrolera brasileña.

La policía federal irrumpió en la casa del señor Costa, confiscando el vehículo y más de medio millón de dólares en efectivo. Los fiscales alegan que la corrupción asciende a más de mil millones de reales brasileños en contratos inflados.

Los brasileños están consternados con las acusaciones de que los delincuentes habrían infiltrado Petrobras, la empresa más grande de su país, un icono nacional y líder global en la ultra exploración petrolera en aguas profundas.

“Este escándalo ha contribuido en gran medida a la caída de la popularidad del presidente”, dice el senador Álvaro Días. Más allá de la política partidista, sin embargo, la polémica ha puesto en relieve lo que los analistas dicen que es una falla peligrosa en las instituciones nacionales de Brasil: la facilidad con la que los políticos son capaces de utilizar empresas estatales como fuente de fondos para campañas ilícitas. [Recordemos lo que los peruanos pensamos de la ´caja chica´ de Petroperú]

El proyecto de Petrobras que se encuentra en el centro del escándalo que involucra a Costa y a Youssef es una refinería cerca de Abreu e Lima, en el noreste de Brasil.

En el 2006, cuando se inició la construcción del proyecto, el ex presidente Lula da Silva, antecesor y mentor de Rousseff, fue fotografiado con el fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez [su ahijado político], dándose la mano en la zona.

De un presupuesto original de US$ 2.5 mil millones, el costo de la refinería de 230,000 barriles por día se elevó a US$ 20 mil millones, o US$ 87,000 por barril de capacidad de refinación. Esto la convierte en una de las más caras jamás construidas, según los analistas. El costo promedio internacional está entre US$ 13,000 y 39,000, estima Credit Suisse.

A pesar de ser una compañía que cotiza en Bolsa, Petrobras sigue manejada por el gobierno brasileño y siempre se ha politizado. Pero los ejecutivos petroleros dicen que el señor Lula da Silva y sus aliados profundizaron las malas prácticas, asignando un mayor número de puestos de responsabilidad a políticos.”El PT vio. . . que Petrobras podría ser un gran instrumento para preservar el poder “, dice Adriano Pires, un reputado investigador.

El PT rechaza tales argumentos, diciendo que es sólo la oposiciónla que contamina irresponsablemente la reputación de Petrobras.

Alrededor del 2006 fue que Petrobras se embarcó en una serie de transacciones que son ahora objeto de investigaciones por corrupción. En el proceso, la policía descubrió operaciones fraudulentas cometidas entre 2009 y 2013, al parecer por Youssef y Costa, de Petrobras. Costa fue nombrado director de suministros de combustibles de Petrobras en el 2004 y se convirtió en el ejecutivo responsable de las refinerías en el 2008.

Estos dos, a su vez, pagaron 26 millones de Reales a una supuesta empresa fantasma (MO Consultoría), controlada por Youssef, y otras sumas no reveladas a otra de sus presuntasempresas fantasmas  (GFD).

Los fiscales alegan que la evidencia incautada a Costa indica que negoció con los contratistas de Petrobras para hacer donaciones políticas.Sus abogados dijeron que las acusaciones de los fiscales son “suposiciones” sin fundamento. “Los criterios adoptados por la fiscalía son discutibles y esto se aclarará según avance el caso.” Youseff también niega las acusaciones, expresaron sus abogados.

Políticos del PT dijeron que era muy pronto para sacar conclusiones sobre las donaciones políticas. Señalaron que el problema de Petrobras es su independencia comercial y capacidad para adjudicar contratos sin licitaciones públicas que se requerirían en un ministerio. El congresista Marco Maia afirmó que los legisladores podrían revisar los procesos de adquisición de Petrobras para que sean más responsables.

“Petrobras seguirá siendo una fuente negativa de noticias para ella [Rousseff] durante las elecciones, pero el factor clave de riesgo para ella es el debilitamiento de la economía”, dice el consultor João Augusto de Castro Neves.

Una ley más dura contra la corrupción podría ayudar,pero la vigilancia de su cumplimiento  será de vital importancia.

Un hombre que parecía entender el problema de la corrupción endémica era elpropio Costa. En un cuaderno incautado ensu casa por la policía, anotó una cita de MillôrFernandes, el escritor brasileño que capturó el cinismo que muchos sienten acerca de la política del país.

“La erradicación de la corrupción es el objetivo final de los que aún no han llegado al poder”, garabateó.