En los últimos días se han generado algunas reacciones con respecto a la Ministra de Justicia Marisol Pérez-Tello y su postura ideológica, originados por la reciente visita de la ministra a Máxima Acuña en Cajamarca, uno de los símbolos anti-mineros más usados para forjar el relato de David contra Goliat.

“Ya no me queda ninguna duda de que la ministra Pérez Tello es una encubierta caviar completa tras verla retratada ayer en LR junto a Máxima Chaupe, la “guardiana de la laguna”, la heroína de papel que protagoniza la farsa que ha montado la izquierda en Yanacocha”. Aldo Mariátegui

Por otro lado, Jaime de Althaus en entrevista con  Alfredo Thorne señaló que la visita a Chaupe no es coherente con un gobierno que trata de promover la inversión minera. Pero, en sentido contrario, Miguel Santillana defendió a la ministra, calificando de “obtusos” a quienes critican la visita y afirma que “Marisol no es Caviar”.

Determinar si la ministra es o no “caviar” es algo muy difícil dado que esta categorización no tiene una definición muy clara. Sin embargo, ello no cambia el hecho que la visita de la ministra a un instrumento de propaganda como la Chaupe genera una incertidumbre justificada respecto al marco ideológico detrás de sus acciones.

Una revisión de las declaraciones y acciones de Marisol Pérez Tello hacia la minería nos señala que tiene una postura compleja hacia el sector. Por un lado, los orígenes partidarios de Marisol Pérez-Tello en el PPC y sus declaraciones nos señalan una afinidad hacia un modelo de desarrollo impulsado por la inversión privada. En múltiples ocasiones ha afirmado la importancia del sector minero y la necesidad de una relación armoniosa del mismo con las poblaciones en su entorno. Por ello, no se puede caracterizar a la ministra como una militante pos-extractivista, como sí se puede hacer con otras figuras políticas como Marco Arana o José de Echave.

Sin embargo, existen suficientes evidencias para considerar que la ministra comparte algunos componentes de su ideología con los anti-mineros, en especial su visión respecto a la naturaleza de la población campesina peruana y su relación con el Estado.

Una entrevista de Marisol Pérez-Tello sobre “Pueblos Indígenas e Interculturalidad” es muy reveladora respecto a su postura ideológica:

• Considera como pueblos indígenas a la totalidad de las comunidades campesinas, compartiendo una posición con las ramas más radicales del indigenismo además de ser una postura que, de ser aceptada por el Estado, llevaría a un escalamiento de la conflictividad minera. Hay que recordar que las comunidades campesinas incluyen a alrededor de 2.5 millones de personas y ocupan el 39% de la superficie agrícola nacional.(Ver:http://www.larevistaagraria.info/sites/default/files/revista/ragra29/LRA29-0607.pdf). Esto debido a que las comunidades aceptadas como “pueblos nativos” podrían reclamar la renegociación de sus acuerdos ante el Estado y las Empresas Mineras puesto que los mismos se dieron sin haber hecho la consulta previa.
• Comparte una visión romántica respecto a la búsqueda de los indígenas de “alternativas al de desarrollo” por lo que podrían considerar la llamada “seguridad alimentaria” como un fin más deseable que el progreso material. Aquí se muestra la visión romántica de los comuneros, que tienen una “cosmovisión” en la que el progreso pasa a segundo plano, puesto que tienen una “manera distinta de entender del mundo”. Considera que los comuneros tienen una “relación especial con la tierra”, distinta a la del resto de la población.
• Considera que la colectividad a la que denomina “pueblos indígenas” tiene derecho a la autodeterminación de su modelo de desarrollo. Esto puede (a primera vista) sonar bien. Sin embargo, esta autodeterminación (tal como se entiende desde el enfoque intercultural), pasa por la exclusión casi total de las comunidades campesinas del Estado peruano y les brinda poder de veto sobre las políticas nacionales para el aprovechamiento de los recursos naturales. En esta visión, ella equipara las comunidades campesinas con los pueblos indígenas, son sujetos con derecho de Consulta Previa, y aún más importante, a la autodeterminación.
• Considera que en el Perú existe una división entre occidentales/mestizos versus indígenas, siendo los últimos capaces naturalmente de vivir en armonía con el medio ambiente. Llega a afirmar que: “Un niño awajun se puede asustar si ve una escalera eléctrica pero seguramente sabe todas las propiedades curativas de la hoja de un árbol”.
•  En un acto de profundo desconocimiento de la realidad, la ministra afirmó que las negociaciones en Cajamarca durante el conflicto Conga fracasaron debido a que no se permitió a los “Apus” negociar con su población los términos ofrecidos en el marco de su “democracia participativa indígena”. Aquí muestra un deseo de acomodar la realidad a los estereotipos dignos de un practicante sueco de Grufides. ¿De dónde sacó esa afirmación?  Ninguna de las organizaciones movilizadas en Cajamarca contra Conga tenían “Apus” y Cajamarca es una de las regiones menos indígenas del Perú con un 0.4% de quechua-hablantes (una tasa bastante  menor que la de Lima). 
• Considera que los actos en Bagua fueron resultado de “una gran unión de los pueblos indígenas que les ha dado mucha fuerza y yo los felicito”. Consideró que los sucesos de Bagua fueron una reacción a “leyes que violentaban sus derechos”. Estas palabras serían indistinguibles de las que diría Alberto Pizango. Hay que señalar que, posteriormente, Pérez Tello felicitó la exoneración de todos los acusados por la masacre de policías durante el Baguazo, asesinatos que quedaron en total impunidad.

Más allá de esta entrevista, hay otras señales del alineamiento ideológico de Marisol Pérez-Tello con varios componentes radicales del “enfoque intercultural”:

• Presentación junto con congresistas pos-extractivistas de izquierda de un proyecto de ley en favor de la Consulta Previa Legislativa, en la que será necesaria consultar a la totalidad de los pueblos indígenas del país en cada ocasión en que se de una ley que pudieran considerar les incumbe. Sería esperable que esto origine más conflictos sociales si es que estos indígenas- según Marisol Pérez Tello- consideran que no se les está consultando. Habría dos tipos de peruanos, con distintos derechos: aquellos que eligieron a sus representantes con su voto y aquellos que además de votar serían consultados.
• Presentación una solicitud en contra de una reforma del código penal que hubiera debilitando a la justicia intercultural. En esta solicitud, Marisol Pérez-Tello comparte su postura con Rocío Silva Santisteban, Grufides, Derechos Humanos sin Fronteras (Cusco), Derechos Humanos y Medio Ambiente – Puno, Radio Marañón y múltiples organizaciones y personalidades anti-mineras y radicales.

• Participación en eventos de promoción del indigenismo radical. El 2013 se dio el Segundo Encuentro Nacional del Pacto de Unidad en la que participó, en ese entonces como congresista.  Hay que señalar que el Pacto de Unidad es una organización indigenista radical. La congresista también fue expositora en la presentación del libro “La Verdad Sobre Bagua” en la que compartió mesa con representantes de varias de organizaciones que azuzaron el conflicto. Ya como ministra, en Cajamarca, el 17 Noviembre del 2016 se dio el “Primer Seminario de Justicia Intercultural” en el que la ministra se comprometió a apoyar el avance de la Justicia Intercultural.
• Durante su periodo como congresista, formó parte del “Grupo de Trabajo sobre la Implementación y Reglamento de la Ley de Derecho a la Consulta Previa” junto con Verónika Mendoza, Claudia Coari y Cassio Huaire. Este grupo contaba con la asistencia y apoyo técnico de OXFAM, ONAMIAP, CONACAMI, CNDH, CCP, IDL entre otras organizaciones hostiles a las actividades mineras en el Perú.

Marisol Pérez-Tello ha tenido un patrón de conducta propia de un activista en favor del indigenismo radical con un nivel de actividad que llega a superar al de Verónika Mendoza. Su colaboración en actividades con bajos retornos políticos nos habla de un compromiso ideológico personal. Esto implica, además, que estaría ejerciendo el ministerio con agenda propia y no con la agenda del gobierno de PPK.

Respecto al caso Chaupe, la ministra consideró que “es evidente el maltrato a la señora Chaupe” tomando posición en favor de los anti-mineros. Al ser preguntada el porqué de su visita, Pérez-Tello afirmó que lo hacía motivada por la necesidad de responder a una Medida Cautelar generada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, había otras 46 personas involucradas en dicha medida y la ministra decide visitar personalmente a aquella que le permite el máximo rebote mediático y se genere el mayor daño posible hacia el sector minero. Quien sirvió de acompañante durante su visita a Chaupe fue el radical Manuel Ramos, el más anti-minero de los miembros del Concejo Regional de Cajamarca.  Dentro de la concepción de Perez-Tello, Máxima, al ser comunera, es una indígena no reconocida a la que no se le ha permitido ejercer su derecho a la libre determinacion del modelo de desarrollo, independientemente de las condiciones judiciales que envuelven el caso, o si ella invadió efectivamente el predio o no.

Queda claro que este gobierno “proinversión” ha nombrado en el cargo estratégico del Ministerio de Justicia a alguien que se acerca al indigenismo radical. Más allá de si es conciente o no de las consecuencias de sus propuestas, la aplicación de lo que propone Marisol Pérez-Tello inviabilizaría a gran parte de la inversión minera en el Perú. Lampadia

Jaime de Althaus

Para Lampadia

Decíamos en la entrega anterior que con la ayuda incluso de la propia Defensoría del Pueblo, los decretos legislativos promulgados el 2008 para adaptar la legislación nacional al TLC con Estados Unidos se convirtieron en un mito, en lo que hemos llamado el “mito expoliador”, que tuvo, a la postre, un efecto letal.

Fuente: plazatomada.co

Pues lo que movilizó a decenas de miles de nativos durante meses, hasta culminar en un enfrentamiento que produjo la muerte de 34 personas, fue el mito de que esos decretos se habían dado para despojar a las comunidades de sus tierras y bosques. Eso era, efectivamente, lo que declaraban los indígenas cuando, con las caras pintadas en son de guerra, eran entrevistados por las cámaras de televisión. Ese mito expoliador fue eficientemente infundido por los dirigentes de AIDESEP (Asociación Interétnica de Desarrollo de la selva Peruana), por congresistas del Partido Nacionalista, por intelectuales y antropólogos vinculados a temas amazónicos y hasta Obispos[1] y sacerdotes [2], en algunos casos de buena fe, sin duda, pero en otros probablemente con el interés de procurar el escalamiento que culminara en la renuncia del presidente de la República y la convocatoria a una asamblea constituyente, el proyecto insurreccional que la izquierda peruana intentó impulsar esos años.   

Congresistas nacionalistas

El Informe que produjo la Comisión Especial de Investigación y Análisis de los sucesos de Bagua del Congreso contiene algunos ejemplos de esto. Refiere que el 5 de marzo del 2009 los congresistas del partido Nacionalista Janeth Cajahuanca, Marisol Espinoza, José Maslucán y Rafael Vásquez acudieron al poblado de Huampami, Cenepa, provincia de Condorcanqui, donde Cajahuanca dijo lo siguiente:

“el decreto 1089 le da facultad a COFOPRI para poder quitar sus tierras incluso a aquellos campesinos que tienen título de propiedad, incluso si lo tienen registrado en registros públicos. Si un campesino tiene 10 hectáreas y sólo tiene platita para producir tres hectáreas, el Estado mediante esta ley le da potestad para quitarle siete hectáreas, porque no tiene plata para producir. ¿Dónde se ha visto eso hermano? ¿Eso lo vamos a permitir?” Más adelante añade lo siguiente: “Y cuál es el interés del Presidente de la República? Su bolsillo, su bolsillo señores esa es la verdad…”. “El día de hoy tenemos una ley de agua. Resulta que no contentos con vender nuestras tierras y nuestros recursos forestales, ahora quieren privatizar nuestras aguas. Más adelante para consumir el agua hay que pagar a una empresa privada” (Manacés et al, 2009).

Está demás argumentar que en decreto legislativo 1089 no hay nada que tenga que ver con lo que señaló Cajahuanca, y menos aun en la ley de aguas, aprobada por el Congreso, se privatiza el agua.

Los Obispos de la Amazonía

El 5 de mayo de 2009, un mes antes del trágico enfrentamiento de Bagua, los Obispos de la Amazonía publicaron un pronunciamiento que en buena cuenta ponía a los decretos legislativos como parte de un modelo de desarrollo cruel que permite que las empresas transnacionales despojen a los pueblos indígenas de sus bosques y destruyan la Amazonía. Ante el conflicto suscitado, el comunicado pedía, en efecto, que “…no predominen los intereses de grupos que arrasan irracionalmente las fuentes de la vida…”, pues, en ese sentido:

 “constatamos cómo, en nombre de un sesgado concepto de desarrollo, el Estado permite la deforestación de grandes extensiones de bosques primarios a favor de empresas nacionales y transnacionales para la inversión en plantaciones aceiteras, caña de azúcar y otros”.

(…..)

 “Acontecimientos como el que estamos viviendo actualmente en la Amazonía nos expresan la pretensión de disponer, de manera inhumana y cruel, de las posesiones de las poblaciones ribereñas y amazónicas por no tener, en su propio País, el amparo legal necesario para defender sus justos reclamos…”

(…..)

“Ante este delicado panorama invocamos al Señor Presidente Constitucional y al Congreso de la República la derogatoria de dichos dispositivos legales” (Mons. José Luis Astigarraga y otros, 2009)

     Por lo tanto, el comunicado de los Obispos de la Amazonía concluía en  la necesidad de:

     “buscar un modelo de desarrollo alternativo, integral y solidario, basado en una ética que incluya la responsabilidad por una auténtica ecología humana y natural, que se fundamente en el Evangelio de la justicia, la solidaridad y en el destino universal de los bienes…” (Loc.Cit).

Fundaciones europeas y norteamericanas

El pensamiento de los Obispos de la Amazonía en relación a la inversión extractiva reflejaba esa ideología antiglobalizadora que se había ido difundiendo los últimos años en el área andina y en la Amazonía en particular, en este último caso alentada por fundaciones europeas y norteamericanas[3] que profesan un radicalismo indigenista, ambientalista y eventualmente anti capitalista que considera la inversión extractiva y la propiedad privada como destructoras de la Amazonía y que postula la defensa de los ‘derechos colectivos indígenas’ no sólo como un fin en sí mismo sino como un medio para preservar los bosques. [4]

Por supuesto, nadie puede estar en contra de defender los derechos indígenas y la preservación de los bosques. Pero, como sabemos, la causa principal de la deforestación amazónica y el despojo de los pueblos indígenas no ha sido la acción de las empresas sino, de lejos, la colonización protagonizada por los campesinos andinos –es decir, la pobreza- y las actividades informales o ilegales como el narcotráfico (los cocales y las pozas), la minería aurífera informal y la tala ilegal. Más bien la única manera de contener esos fenómenos sería precisamente por medio de una alianza con la empresa minera, hidrocarburífera o forestal formal y capitalizada, que, si bien en el pasado afectó seriamente el ambiente, en las últimas dos décadas suele trabajar con técnicas limpias y sostenibles y puede ordenar el espacio. Pero para los Obispos y muchas ONGs eran esas empresas la principal causa de los males amazónicos.

El hecho es que la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, era claramente tributaria de aquella ideología. Muchas ONGs conseguían y consiguen fondos de las fundaciones arriba mencionadas desarrollando campañas de defensa de los referidos “derechos colectivos” de los pueblos indígenas y de preservación de la Amazonía (para la humanidad) de las actividades extractivas de las empresas capitalistas, y para esto último buscan como agentes a las comunidades nativas mismas.[5] Se planteó incluso

una estrategia orientada a que las comunidades nativas avancen hacia la declaración de sus tierras como territorios, y ya no sólo de cada comunidad por separado, sino de los grupos étnicos (son alrededor de 1.400 comunidades y solo 42 grupos étnico-lingüísticos) e incluso de conjuntos de grupos étnicos. Es decir, a la determinación de ‘territorios étnicos’ que podrían incluso extenderse a uno y otro lado de las fronteras con Ecuador (la nación jíbara-ashuares, quichuas y otros) y con Bolivia (la nación aimara), y en los cuales las regulaciones del Estado nacional sobre explotación de hidrocarburos y otros recursos no se aplicarían, pues se trataría de territorios autónomos. Con la consecuente afectación a la soberanía nacional.[6] En esa línea, por ejemplo, los Achuar y otros pueblos indígenas de la selva norte acordaron esos años no aceptar la entrada de empresas petroleras, mineras o madereras.

Pizango, AIDESEP y el Movimiento Cumbre de los Pueblos

Es obvio, pues, que la actitud maximalista de los dirigentes y nativos en el conflicto de Bagua –derogatoria total de los decretos o nada- estuvo determinada por esta ideología radicalmente indigenista y anticapitalista, de un lado, pero también por la adhesión de los líderes de AIDESEP al llamado Movimiento Cumbre de los Pueblos que por entonces se desarrollaba y cuyo objetivo era derrocar al presidente García y convocar a una asamblea Constituyente. El 15 de mayo del 2009, poco menos de tres semanas antes de los sucesos de Bagua, Alberto Pizango, presidente de AIDESEP,  divulgó un pronunciamiento de su Comité Nacional de Lucha, llamando a los pueblos a prepararse para declararse “en insurgencia contra el gobierno del Sr. Alan García”. Al día siguiente, sin embargo, a instancias de la Defensora del Pueblo y luego de una larga reunión con ella, acordó dejar sin efecto el llamado a la insurgencia (Lombardi, 2010). Sin embargo, 15 días después Pizango participa en la IV Cumbre de los Pueblos en Puno que acuerda impulsar un juicio internacional contra Alan García “por el auto golpe legislativo de los 102 decretos pro TLC para privatizar los territorios indígenas…, y un inmediato Levantamiento Nacional de los Pueblos del Perú en junio del 2009 por la derogatoria de los decretos anti indígenas generados por el TLC con Estados Unidos”. [7]

A esa Cumbre el presidente boliviano Evo Morales remite una carta en la que ataca al capitalismo neoliberal que pretende destruir la tierra, y llama abiertamente a una “revolución”:

“Durante miles y miles de años hemos convivido con la naturaleza en constante equilibrio con ella y dentro de ella. Hoy en día, sentimos los efectos devastadores del sistema capitalista transnacional neoliberal que destruye aceleradamente nuestro planeta.

(…..)

Este es el momento para que los indígenas, campesinos, los obreros, los jóvenes, los trabajadores, los hombres y las mujeres asumamos nuestro destino como pueblos; que desde el campo, desde las comunidades, desde las fábricas, desde los barrios, construyamos con nuestras propias manos el mundo que queremos para nuestros hijos. Este es el momento para que todos sepan que nuestra lucha no termina, que de la resistencia pasamos a la rebelión y de la rebelión a la revolución. Este es el momento de la segunda y definitiva independencia (Morales, 2009).

El fracaso de los canales democráticos

Por eso, no sorprende tampoco que los intentos del presidente del Congreso, Javier Velasquez Quesquén, por encontrar una salida modificando los decretos legislativos, fracasaran. En efecto, el 22 de abril del 2009 Velásquez Quesquén se reunió con los dirigentes de AIDESEP encabezados por Alberto Pizango para intentar no la derogatoria sino la modificación de los decretos en todo lo que fuese solicitado. Es decir, la solución lógica, sensata, el justo medio. Si la consulta a los pueblos indígenas no se había hecho en su momento –porque no estaba normada, además-, pues ella se estaba realizando en ese acto. Según el congresista José Vargas, quien asistió a la reunión, los dirigentes acordaron que harían llegar en los próximos días, a la comisión técnica que se formaría, sus propuestas de modificación. Por su parte, Velásquez Quesquén dio su palabra de que dichas propuestas serían recogidas en su integridad y apoyadas incondicionalmente por la célula parlamentaria aprista. La reunión había sido auspiciosa. La comisión técnica se formó y empezó a trabajar, pero los insumos de AIDESEP nunca llegaron. Pese a ello, la comisión redactó un borrador de informe con propuestas de modificaciones. El 27 de abril convocó a los representantes de AIDESEP para discutirlas, pero los dirigentes que asistieron a la reunión se negaron a considerar cualquier modificación a los decretos legislativos y advirtieron que solo aceptarían su derogatoria. Alberto Pizango, que inicialmente había aceptado la propuesta de modificar los decretos, terminó desconociéndola. Se había regresado a fojas cero, nuevamente.

El Ejecutivo, por su parte, hizo también todo lo posible. Creó mediante Decreto Supremo una  Comisión Multisectorial para resolver el impasse. Esta  se instaló el 20 de mayo sin que acudieran los representantes de AIDESEP. Los llamados formulados por el Presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, y su ofrecimiento de allanarse a cualquier modificación solicitada por los nativos, no fueron acogidos. Las pocas reuniones que hubo, no llegaron a nada.

Nota: Este artículo toma elementos del capítulo 11 del libro “La Promesa de la Democracia” (2011) de Jaime de Althaus