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¿El fin del antifujimorismo?

¿El fin del antifujimorismo?

 

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Hay quienes ven la configuración de la segunda vuelta como el peor escenario posible, como una elección fatal entre las dos opciones más peligrosas o negativas, y en la que debemos resignarnos a escoger el mal menor. Pero también puede ser vista como la gran oportunidad para poner fin a la división más destructiva que ha tenido la política peruana en los últimos diez años: fujimorismo versus antifujimorismo. Más precisamente, para amainar el antifujimorismo, la identidad política no solo más grande sino más radical del Perú, que experimentó una transmutación de su esencia: se convirtió en aquello que rechazaba. Pasó a negar en la práctica el derecho del fujimorismo –que representa a un sector en la sociedad- a participar en la vida política y procuró su eliminación, cosa que estuvo a punto de conseguir. No era un adversario, sino un enemigo.

Eso habría tenido fundamento si Alberto Fujimori postulaba. Pero no lo tenía con Keiko. Ella había rechazado la presencia de Montesinos cuando aún era primera dama, había formado un partido político –cosa que su padre jamás hizo- en plena era de descomposición de los partidos –es decir, había fortalecido por esa vía la democracia-, había sido congresista y su agrupación había estado en el Congreso en varias ocasiones respetando claramente las reglas del juego democrático.

Por eso, las “obligaciones” que le ha exigido Mario Vargas Llosa en realidad ya están cumplidas. No implican una suerte de “hoja de ruta” que implique un cambio de orientación de la candidata hacia la democracia liberal o el respeto a la división de poderes. Keiko Fujimori no es su padre en los temas institucionales.

Es cierto que el comportamiento de su bancada en el congreso disuelto no fue constructivo y tuvo episodios obstruccionistas y beligerantes que fueron incluso alentados y capitalizados por Vizcarra y que son su mayor pasivo en esta segunda vuelta, pero eso debe ser considerado un error político y de falta de compromiso con el país que se paga luego en las urnas, no una conducta que revele un designio anti democrático. ¿Podríamos calificar al APRA de ser un partido contrario a la democracia por la oposición obstruccionista que junto con la UNO realizó contra el primer gobierno de Belaunde, que fue mucho más intensa y fuerte que la de Fuerza Popular contra PPK? Esa oposición se tumbó 11 ministros e impidió que el gobierno ejecutara las reformas sociales como la agraria. La de Fuerza Popular finalmente se focalizó en el sector educación, pero aprobó en lo esencial todo el programa económico del gobierno. El Congreso actual, más bien, lo está destruyendo todo.

Lo que pasó fue que al perder a último minuto el Ejecutivo luego de estar a 8 puntos de ventaja dos semanas antes de la segunda vuelta, y ganar largamente el Congreso, cayó en una triple trampa de la que no tuvo la visión y frialdad para poder escaparse. Primero, la sensación de que le habían robado la elección, que desató la propensión a la venganza. Segundo, tener poder político y no Ejecutivo lleva a la impotencia, a la incapacidad de ejecución y a la crítica desbordada e irresponsable. Tercero, tener el control irascible del poder más impopular del sistema político, es fatal.

De ello se aprovechó claramente Martín Vizcarra para pasar al ataque al Congreso casi desde el principio, desde el 28 de julio del 2018, cuando pidió la no reelección de los congresistas, pese a que perfectamente hubiese podido concertar con el Congreso un programa de gobierno porque Keiko Fujimori ya había saciado su sed venganza con la salida de PPK y su bancada había perdido 20 legisladores. Estaba en una predisposición positiva y tenía menos fuerza. Pero Vizcarra eligió la ruta confrontacional del populismo político, y no paró hasta disolver el Congreso, cumpliendo así la consigna de eliminar al enemigo con el apoyo enardecido de la inteligentzia antifujimorista, que aún no reconoce el engaño en el que cayó ni el exceso que cometió.

Soy de la convicción de que el país se hubiese ahorrado estos últimos diez años de relativo estancamiento económico y estos últimos cinco de anarquía y absurda confrontación política, si Keiko Fujimori hubiese llegado al poder el 2011 o el 2016, como hubiese ocurrido si en ambas ocasiones no hubiese sido impedida a último minuto precisamente por la muy eficaz organización antifujimorista y también por errores propios.  

No deja de ser paradójico que pueda llegar ahora a la presidencia en su momento más débil, apenas salvada del exterminio político. Si llega, lo que tampoco será fácil, tendrá confirmar el aprendizaje de estos últimos cinco años en un esfuerzo de concertación política que tendrá que ser titánico para alcanzar la gobernabilidad en un Congreso tan fragmentado. Pero será imposible si el antifujimorismo no baja sus niveles de animadversión y se convierte en una fuerza crítica pero constructiva, lo mismo que le reclamó al fujimorismo estos últimos cinco años. Una leal oposición. Lampadia




Quien avisa no es traidor

Quien avisa no es traidor

Fausto Salinas Lovón
Desde Cusco
Para Lampadia

Otra vez en setiembre, el sino de la política peruana nos muestra que la corrupción, el engaño y la traición son una constante.

En esta misma época, en setiembre de 2000, hace apenas 20 años, se conoció como actuaba “detrás de cámaras” el régimen de Alberto Fujimori para ocultar actos de corrupción, mantener el poder y controlar la justicia. Una traición puso a la luz lo que muchos creíamos que sucedía en los entretelones de un gobierno que había logrado valiosos avances económicos para el país, pero que estaba como tantos otros gobiernos peruanos, minado por la corrupción y el engaño.

Veinte años después, nuevamente en setiembre, una traición devela la forma como Martín Vizcarra “acomodaba la realidad”, “preparaba declaraciones” y “faltaba a la verdad” en busca de lo mismo de siempre: ocultar actos de corrupción, mantener el poder y controlar el curso de la justicia. Un gobierno que presumía de moralidad, mostraba que era precisamente de eso qué adolecía.

Está demás decir que a lo largo de estas dos décadas otros audios, videos, declaraciones de testigos, delaciones premiadas y confesiones, han mostrado lo mismo: corrupción y engaño detrás de la escena de la política oficial. Muchas otras traiciones han mostrado el “detrás de cámaras” del toledismo, aprismo, humalismo y de este mismo gobierno, para no hablar de gobernadores regionales, alcaldes, magistrados y fiscales.

  • ¿La traición de Karem Roca Luque a Martín Vizcarra permitirá que muchos peruanos vean que la corrupción y el engaño no pertenecen a uno u otro bando de la política peruana sino a toda ella?
  • ¿Las contrataciones de favor como la del patético señor Richard Swing, harán que muchos peruanos entiendan de una vez por todas que ver al “estado como botín” no es un atributo de algunos políticos sino de muchos de aquellos que quieren llegar al poder?

En “La corrupción que esconde el ruido anticorrupción I y II” (LAMPADIA 13.09.19 y 20.09.19) vimos que el problema de la corrupción era “más amplio, más antiguo y más serio” de lo que el relato maniqueo del presidente Vizcarra quería mostrar para enfrentar a sus opositores.  Dimos evidencias de que el “play list oficial de la música anticorrupción esconde una corrupción mucho mayor y de mayor nivel y que la verdadera lucha anti corrupción “no puede ser una bandera política de supervivencia” como lo fue hasta ayer, sino “una cruzada nacional, amplia, permanente y sin estridencias”.

Muchos peruanos no quisieron entenderlo. Estamos a tiempo de hacerlo.

El último caso de traición conocido ayer probablemente aparte a Martin Vizcarra del cargo, encumbre como presidente temporal al presidente del Congreso y nos ponga el 2021 en manos de algún falso moralizador cuyas radicales promesas sintonicen con el anhelo hipócrita de muchos ciudadanos que quieren combatir la corrupción en la política, sin combatirla previamente en casa.

La corrupción y el engaño seguirán siendo una constante de la política peruana mientras usemos el pronombre equivocado para entenderla: ellos en lugar de nosotros. Cuando entendamos que el problema está en “nosotros los peruanos” y no en “ellos los políticos”, habremos dado el primer paso necesario para comenzar en serio la solución de este problema. Reconocer que la corrupción está en el ADN nacional puede ser muy duro e injusto con muchos, pero es imperativo para enfrentar en serio este problema y no caer en el juego cínico de los políticos, a los cuales sólo la traición de sus allegados desnuda.

Entre tanto, se seguirá aplicando por necesidad aquello de que “quien avisa no es traidor”. Lampadia




De cómo el Perú dejó de ser un Estado Fallido

Leadership Institute Perú

Conversación sobre política, economía y cómo defender las ideas de la libertad desde aprendizajes del pasado.

Moderador: Bernardo Picasso

Entrevista a Juan Carlos Hurtado Miller: Ex ministro de Economía y presidente del Consejo de Ministros en 1990.

29 de agosto de 2020

Juan Carlos Hurtado Miller lideró el año 1990, el ajuste económico que le permitió al Perú transitar desde la condición de un Estado Fallido, cuando los ingresos del Estado eran de solo 3.8% del PBI, a una nueva realidad, la de un país viable, capaz de reducir la pobreza de 60 a 20% y de mejorar los ingresos de los peruanos multiplicando por diez el PBI per cápita.

A los pocos días de iniciado el gobierno de Alberto Fujimori, se decretó un ajuste integral de precios de consumo y de precios industriales ante una hiperinflación descontrolada que dejó el primer gobierno de Alan García. El ‘shock’ de precios permitió bajar la inflación de aproximadamente 7,000% al año a 10% en 1997 y a 2.5% el 2010.

Este tremendo ajuste requirió de gran liderazgo, con muestras de coraje, firmeza y visión de desarrollo. En el aspecto social se necesitó desarrollar, de emergencia, un programa de apoyo social:

En julio de 1990, y a efectos de aminorar el tremendo impacto que las medidas económicas que daríamos el 8 de agosto del mismo año tendrían en la población de menores recursos, creamos el Programa de Emergencia Social (PES). Esta organización estaba dirigida por 11 miembros, pero solo uno de ellos, que la presidía, era representante del Gobierno, siendo todo el resto miembros de instituciones de ayuda social privada, tales como CARITAS, OFASA, CARE, el Vaso de Leche, así como por otras más. A pesar de la escasez de dinero del momento, el Gobierno aportó 5 millones de dólares semanales durante los casi cuatro meses que duró este programa. La repartición del dinero, entonces, no la decidía el Estado, sino los miembros, y con ese dinero se compraban alimentos para preparar canastas alimenticias, que luego repartían las parroquias y los municipios. Los municipios, en consecuencia, no compraban los alimentos, solo se encargaban de la distribución.

Ver en Lampadia: El “PES” y la cadena de pagos.

Entonces, a diferencia del gobierno de Vizcarra con la pandemia, no se le corrió al apoyo de la sociedad civil, especialmente al de la iglesia.

Creemos que todos los peruanos deben escuchar esta presentación de Hurtado Miller para poder comprobar dos cosas, la importancia de un buen liderazgo y la capacidad del Perú para afrontar las crisis más severas. Lampadia




La Disolución del Congreso, Crisis Política y el Futuro del Modelo Económico

La Disolución del Congreso, Crisis Política y el Futuro del Modelo Económico

Camilo Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

La reciente disolución del Congreso por parte de Martín Vizcarra ha sido el suceso más dramático de la política peruana desde la caída del régimen de Alberto Fujimori y ha generado una profunda incertidumbre respecto al futuro del país. Más allá de la legalidad de la disolución todo parece indicar que Martín Vizcarra está consolidado en el poder, puesto que controla los instrumentos básicos del Estado, la Fuerza Armada, el presupuesto público, buena parte del aparato de justicia le es funcional y un segmento muy significativo de la prensa le apoya. Por ello, es casi seguro que se den elecciones congresales complementarias en enero del 2020 y nacionales en abril del 2021. Bajo estas condiciones es relevante analizar en qué medida se encuentra afectado el principal determinante del destino del Perú en el largo plazo: la sostenibilidad política y social del modelo de democracia representativa de economía de mercado. Este modelo político y económico ha sido el principal factor detrás de la sustancial mejora de la calidad de vida de los peruanos en las últimas tres décadas.

En los últimos años, en especial desde la segunda vuelta de las elecciones del 2016 se ha dado una durísima lucha política, al interior de los sectores que respaldan el actual modelo de desarrollo. Por un lado, está un sector socialmente liberal, con repulsión al fujimorismo y al Apra, que considera que la izquierda no es una amenaza significativa, que no da mucha prioridad al crecimiento económico y que prioriza una agenda de valores socialmente liberales. Este sector es muy fuerte entre líderes la prensa y redes sociales y en la práctica opera como un aliado al gobierno y la izquierda, en contra las fuerzas políticas mayoritarias en el disuelto congreso, este sector considera que el gran reto del país consiste en la lucha contra la corrupción la cual tiene al Apra y al Fujimorismo como sus representantes políticos y que el apoyo a los fiscales que llevan el caso Lava Jato peruano es decisivo. Por otro lado, se encuentra un sector más conservador en lo social, con mayor preocupación por el accionar de la izquierda y que tiene una postura hacia el gobierno de Martín Vizcarra que varía entre la desconfianza y la hostilidad. Este sector da una mayor prioridad al crecimiento económico y tiene una profunda aversión a las ideas y proyectos de la izquierda. Este sector pro-mercado es débil en términos mediáticos, y no logra superar su aislamiento en los medios. Además, con la decadencia política del APRA y de Fuerza Popular no posee actualmente referentes políticos fuertes a nivel nacional. La lucha de PPK y Vizcarra contra el Congreso en buena medida refleja este enfrentamiento que en buena medida se ha resuelto con la victoria del Ejecutivo.

Consideramos que la crisis política que ha desembocado en la disolución del congreso ha debilitado la sostenibilidad política del modelo económico, no tratamos de sostener que un retroceso en la gestión económica es inminente, pero sí que la probabilidad de un retroceso significativo en cuanto a libertades económicas se ha elevado significativamente. Vamos a mencionar los diversos mecanismos como mediante los cuales creemos que esto se ha dado.

El Giro de la Prensa

Durante los últimos años el principal foco de la prensa ha consistido en debilitar a Fuerza Popular en particular y al conservadurismo en general. Para la mayor parte de los medios el fujimorismo era y sigue siendo el mayor obstáculo, especialmente desde el congreso, para la lucha contra la corrupción por lo que debilitar al fujimorismo era un imperativo moral. La emisión de la “Ley Mulder”, que prohibía la publicidad pública a través de medios privados, llevó a que los intereses comerciales de los dueños de los medios y los ideológicos de los trabajadores (Periodistas y reporteros) de los mismos se alinearan en la necesidad del ejecutivo de reducir al máximo el poder parlamentario de Fuerza Popular y sus aliados. Figuras mediáticas que tenían posturas afines o inclusive neutrales ante Fuerza Popular han sido reemplazadas en los medios por figuras más hostiles al fujimorismo y al parlamento como representación de su fuerza política. Este proceso ha debilitado el grado de defensa del modelo de mercado en los medios, puesto que buena parte de los defensores más vocales del libre mercado no tenían el grado de hostilidad hacia el parlamento esperado por los dueños de los medios o acorde con el sentir de la audiencia.

Para visibilizar este proceso, de retroceso en el soporte mediático al libre mercado, generamos un indicador de postura de los medios frente al libre mercado en base a la Encuesta del Poder que publica anualmente Semana Económica. En esta encuesta se genera un ranking del poder de figuras mediáticas en las categorías radio, televisión y prensa escrita. El indicador fue construido clasificando a los diversos personajes listados en este ranking en una tabla de valores donde +2 implicaba un apoyo sistemático a las posturas de libre mercado, +1 un apoyo eventual al modelo, 0 la neutralidad -1 un rechazo eventual y -2 un rechazo sistemático. A su vez para generar el indicador se ha ponderado a los influyentes más elevados en el ranking con un mayor valor. Entonces, de ser la totalidad de los influyentes renqueados defensores activos del libre mercado este indicador mostrará un valor de +2 y de ser hostiles al libre mercado el indicador llegaría a -2. El índice se establece con el promedio ponderado al ranking del poder de cada vocero.

Como se puede observar a partir del año 2016, año de las victorias políticas de PPK y de FP, el grado de apoyo de los Influyentes en los diversos medios de comunicación ha venido reduciéndose de manera paulatina. Si bien se da todavía una ligera superioridad de la postura pro libre mercado entre los influyentes mediáticos, esta ha ido menguando con los años. En los medios radiales esta reducción ha sido más dramática que en la prensa escrita y en la televisión. Un análisis detallado de la encuesta del poder encuentra que más que el ascenso de personalidades anticapitalistas en los medios lo que se ha dado ha sido el desplazamiento de los defensores más activos del libre mercado por personalidades más moderadas en su apoyo o neutras respecto al sistema económico.

Los Opositores de Derecha del Presidente

El enfrentamiento entre los poderes del Estado terminó con la disolución del Congreso, esta acción del Ejecutivo, ha sido considerada por múltiples fuerzas políticas y analistas jurídicos como un Golpe de Estado y un delito. La aversión contra la Martín Vizcarra por parte de estas fuerzas políticas es hoy sumamente elevada. Mientras mayor sea el poder político de estas fuerzas “anti-golpistas” más amenazado se encontrará Vizcarra, tanto en términos políticos como judiciales. En buena medida el bloque político “anti-golpista” aglomera a fuerzas políticas a la derecha del centro político nacional. Para este sector Martín Vizcarra es un gobernante de facto que ha incurrido en un acto criminal que merece condena penal.

Ante semejante contexto Vizcarra enfrentará poderosos incentivos a utilizar recursos públicos con el fin de impedir el fortalecimiento político de sus enemigos declarados. Se podría considerar que estas fuerzas “anti-golpistas” no representan plenamente a los sectores pro modelo económico y que es necesario que surjan nuevos actores políticos pro mercado distintos a los que ha estado cumpliendo este papel. Ello puede ser cierto, pese a ello el proceso de renovación de los representantes políticos de un espacio político demora varios años y difícilmente se daría para enero de 2020 ni para abril del año 2021. Por lo que esta postura anti derechista de la Presidencia tendrá como consecuencia una correlación de fuerzas más hostil para las fuerzas pro-mercado durante las próximas dos elecciones.

Muchos dirán que los posicionamientos entre fuerzas políticas de izquierda y derecha son irrelevantes en términos de políticas públicas, en la medida que no ejerza el poder una fuerza antisistema. En esa medida, la destrucción de las fuerzas políticas de derecha se podría considerar como irrelevante en términos de libertad económica. En esta concepción el poder ejercido por el centro y la centro izquierda implica la continuidad plena del modelo económico.

Sin embargo, hay evidencia de que la posición ideológica, aun dentro del campo pro sistema, si es relevante para las políticas públicas del país, y que, si importa el centro de gravedad de la representación política del país, pues puede representar un deterioro de los índices de libertad económica y del ambiente de negocios del país.

La gráfica superior es la trayectoria del Índice de Libertad Económica, calculado por el Heritage Institute, para el Perú[1]. Este índice se calcula mediante la agregación de diversos indicadores internacionales en múltiples aspectos y trata en la medida de lo posible de apoyarse en elementos cuantitativos. Se puede observar un claro patrón entre los vaivenes de la libertad económica y la política nacional. Los gobiernos más asociados con la derecha como los de Fujimori (Hasta el año 2000) y Alan García ( 2006-2011) estuvieron asociados a incrementos en la libertad económica mientras que aquellos con una mayor participación de la izquierda como los de Toledo (2001-2006) y Humala (2011-2016) mostraron un deterioro de dicha libertad. Aún si ninguno de estos gobernantes buscó cambiar radicalmente el modelo económico se dieron fluctuaciones en función a la conformación ideológica de las fuerzas en el poder.  Una presidencia poderosa como la actual, enfrentada a las actuales fuerzas políticas de derecha, mejora significativamente la correlación de fuerzas para la erosión de su marco legal y el debilitamiento de los pilares institucionales del modelo.

Como se puede observar se pueden dar cambios graduales en el modelo sin necesidad de que triunfe una posición política programáticamente radical que cambie el modelo de manera abrupta. Para tener una idea, el gobierno de Toledo estuvo asociado a una caída en 9.1 puntos en el Índice de Libertad Económica, muy similar a la caída de 9.7 puntos en los primeros 5 años del gobierno de Hugo Chávez. Los 20.1 puntos de caída en la Libertad Económica de Venezuela entre 1998 y 2018, cuyo costo social es hoy visible, fue producto de un proceso que ha tomado más de 20 años. Para dañar a un modelo, la erosión no necesita ser abrupta, es más, se hace socialmente más aceptable si es un largo proceso gradual.

Tener un Presidente enemigo de la derecha, aún cuando personalmente sea ideológicamente moderado, facilita una deriva sistemática en las políticas públicas, incrementando el intervencionismo estatal, consumiendo el ahorro nacional y endeudando a las nuevas generaciones. No por casualidad bajo los gobiernos apoyados por los sectores proclamados como “republicanos” en la visión de Alberto Vergara, se han dado importantes retrocesos en la libertad económica.

Empoderamiento de la Presidencia y cambios en la Constitución

El enfrentamiento entre el poder Ejecutivo y el Legislativo ha llevado a cambios constitucionales y a precedentes judiciales que han decantado en un alto grado de empoderamiento del Presidente de la República, que expone el país al cambio del Capítulo Económico de la constitución.

Actualmente ha triunfado, en términos de legitimidad social y precedentes, una visión extensiva del uso de la Cuestión de Confianza por parte del ejecutivo que puede ser utilizada para modificar la Constitución, convocar a referendos, intervenir en el proceso de nombramiento del Tribunal Constitucional, modificar la constitución, reformar la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial. Muy posiblemente en un breve plazo el Tribunal Constitucional dará fallos que consoliden legalmente estos precedentes fácticos.

Esto ha socavado la división de poderes en el país, en especial considerando que el parlamento peruano tiene usualmente bajísimos niveles de aprobación. Recordemos que 6 de los 7 magistrados del actual tribunal constitucional han sido nombrados por un congreso que en esos momentos tenía apenas 10% de aprobación. Con los precedentes generados, un presidente podrá intervenir en el nombramiento de la Defensoría del Pueblo, Banco Central y Tribunal Constitucional amenazando con la disolución en caso el proceso no apruebe sus propuestas en los tiempos y en la modalidad propuesta por el Ejecutivo. Esta amenaza es especialmente efectiva considerando que ya no existe reelección congresal con lo que la represalia sobre los congresistas que no se plieguen al ejecutivo será aún mayor que antes.

Los ejemplos de los países como Bolivia o Venezuela nos señalan que para poder aplicar un giro severo en el modelo económico es necesario un alineamiento de diversas instituciones del Estado en un sentido “anti-neoliberal” no basta con la captura de un poder del Estado se requiere de una profunda cooptación institucional. Lo que ha ocurrido en Perú es el surgimiento de un poder intervencionista del Ejecutivo sobre los otros poderes del estado, con la anuencia de fuerzas que se consideran favorables al libre mercado y a la institucionalidad democrática.

Más allá del programa que Vizcarra desee aplicar, un potencial presidente hostil al modelo de democracia de mercado tiene ahora muchísimos menos contrapesos en caso quisiera aplicar un cambio radical. Sin estos precedentes un proyecto radical hubiera necesitado obtener la presidencia, una mayoría congresal, capturar la Fiscalía de la Nación, etc., para poder implementar su programa de transformaciones. Ahora, la figura de la Moción de Confianza se ha transformado en un mecanismo que concentra un poder extraordinario en el Presidente.

Ahora basta con que se gane la Presidencia de la República, la capacidad de las otras instituciones para implementar contrapesos se halla severamente reducida. El trabajo de demolición de instituciones que un gobernante radical hubiera tenido que realizar en un fuerte enfrentamiento con gran parte de la sociedad civil y medios de comunicación ha sido llevado a cabo por un Presidente moderado con el apoyo de gran parte de dichos actores sociales (sociedad civil y medios). En esta ocasión, en buena medida, ha sido una facción del sector pro modelo económico, la que ha estado generando condiciones para una más fácil consolidación en el poder de un potencial presidente antisistema.

Conclusión

La crisis política reciente y su culminación en la disolución del parlamento ha tenido un desenlace que ha sido celebrado por la mayoría de la población, líderes de opinión y medios de comunicación. Gran parte de estos líderes y medios se consideran a sí mismos, de manera sincera, defensores del modelo democrático de libre mercado. Sin embargo, este proceso ha debilitado los pilares de la sostenibilidad política del modelo a un nivel que pareciera no está visible para ellos.

En el corto plazo, se ha debilitado la coalición mediática en favor del libre mercado e impone al Ejecutivo la necesidad de impedir que triunfe una opción política de derecha. Esto implica que hacia los procesos electorales 2020 y 2021 una correlación de fuerzas más favorable hacia un corrimiento a la izquierda en el centro político del país. Las probabilidades de un deterioro, aunque no dramático, en el modelo económico se han elevado notablemente.

En el largo plazo se ha dado un empoderamiento presidencial, la reducción en los contrapesos entre poderes y se han elevado las posibilidades de modificar el marco constitucional del país. En especial se ha elevado el rol del Presidente como actor constituyente, siendo este un elemento común en todos los procesos de cambio radical regresivo en América Latina.

En el mejor de los casos, aún si Martín Vizcarra es un creyente en actual modelo de desarrollo, las condiciones para un deterioro en las libertades económicas están más avanzadas de lo que se vislumbraba en junio del 2016 cuando él ingresó como vice-presidente. Lampadia




Cuatro cuestiones pendientes

Cuatro cuestiones pendientes

César Azabache Caracciolo
Para Lampadia

La agenda institucional ha quedado atrapada en cuatro asuntos sobrepuestos: La anulación del indulto, la detención de Keiko Fujimori, la solución del caso Chávarry y ahora la aprobación de la ley de desactivación parcial de las condenas impuestas a adultos mayores. Los cuatro asuntos reclaman soluciones urgentes.

  1. El indulto se anuló el 4 de octubre, con un Alberto Fujimori que evidentemente tuvimos que tolerar que terminara internado en una clínica. Tenía todo el sentido del mundo que la mayoría del Congreso retomara la idea desechada por ellos mismos al principio del periodo basada en una ley que permita a los ancianos cumplir bajo ciertas condiciones el saldo de sus condenas en detención domiciliaria. Pero la manera constructiva de resolver el momento suponía entregar estas decisiones a un Juez y dejar a salvo los derechos de las víctimas, a través de un procedimiento que incluya a quienes aún en el presente viven impregnados por el dolor que causaron los crímenes del pasado. La meta apropiada en términos institucionales suponía poner las cosas donde estaban antes de diciembre de 2017, cuando el proceso iniciado en tiempos de Humala sufrió́ la enorme interferencia que le impuso un PPK que evidentemente solo pensaba en salvar su propia vacancia, a toda velocidad y a cualquier costo. Al no dirigirse a las víctimas, Alberto Fujimori comenzó́ a insinuar que mantiene intacto el desprecio que hasta ahora le impide percibir que su propio proceso, acaso el último del que será́ protagonista, sólo se volverá́ sostenible si comienza por lanzar puentes de reconocimiento mutuo hacia quienes resultaron afectados por los hechos por los que él en persona ha sido condenado.
  2. El 10 de octubre, a pedido del Fiscal Pérez Gómez el Juez Concepción Carhuancho ha ordenado la detención por 10 días de Keiko Fujimori y de otras 19 personas a las que relaciona con una maquinaria que encuentra montada para lavar el millón de dólares que Odebrecht sostiene haber entregado en efectivo a dos dirigentes del partido con ocasión de las elecciones de 2011. La decisión no tiene nuevas evidencias, salvo algunos registros formales de comunicaciones telefónicas vacíos de contenido. No anuncia la proximidad de una acusación en forma ni el descubrimiento de una interferencia con las investigaciones o de un plan de fuga en marcha. No explica porqué necesita que los intervenidos pasen 10 días bajo detención justamente ahora. Entonces la medida nos deja en una incertidumbre imposible de despejar. Y esta incertidumbre arriesga la legitimidad de la medida y de las autoridades que la han promovido. Las decisiones judiciales que no se explican por sí mismas no son decisiones apropiadas. Pero además las fiscalías anticorrupción ya se expusieron más de lo necesario en el caso Humala. No encuentro sentido a que se arriesguen igualmente ahora, menos si están preparando alguna evidencia concluyente que aparentemente aún no tienen lista. En todo caso, espero que la fiscalía tenga algo concluyente que mostrarnos. Si no, el respaldo moral de su caso contra Keiko Fujimori se verá fuertemente afectado en apenas algo más de una semana. Y es más que incómodo institucionalmente pretender que la Fiscalía merezca el beneficio de la duda cuando se pide que toleremos el costo sobre la libertad de personas (inocentes o culpables esa es otra discusión). La Fiscalía entonces ha asumido un reto enorme y está poniendo en esto demasiado en juego. Esperemos que no sea cierto que procedió́ únicamente para forzar a la Suprema a no declarar en retardo el caso más antiguo de los que tiene entre manos, el de los cocteles, que fue desestimado a su favor al día siguiente de la detención, el 11.
  3. El caso Chávarry quedo entre tanto invisibilizado en medio de la coyuntura. El debate que encierra se refiere en efecto a asuntos de moral pública y no a crímenes que puedan reclamarse probados. Tiene entonces diferencias que es preciso reconocer si se le compara con los debates que acaban de terminar sobre el señor Hinostroza. El caso del Fiscal de la Nación tiene que ver con el rotundo fracaso del proceso de elección del Fiscal de la Nación, que ha demostrado no poder garantizar la solidez institucional de una de las magistraturas mas importantes del país. Tiene que ver además con la ausencia de procedimientos claros de rendición de cuentas, exigencia de responsabilidad política y destitución de quien en los hechos tiene que gestionar institucionalmente un recurso publico tan escaso como la persecución penal. Sin duda este es uno de los asuntos peor regulados por la Constitución de 1993 y merece cambios que comprometen reformas constitucionales. En medio del referéndum en proceso, tomar decisiones definitivas sobre un asunto que tiene esta envergadura puede ser un verdadero sin sentido. El caso Chávarry entonces, merece un clima más calmado para terminar de evaluarse. Un nuevo informe de las Fiscalías Supremas y Superiores sobre el estado de las políticas del sector y sobre el significado de los acuerdos recientemente difundidos que pedían la remoción del Fiscal de la Nación podría ayudar a aplazar este debate y trasladarlo a un momento en que pueda ser abordado condiciones más equilibradas que las que ahora tenemos. El caso Chávarry compromete una cuestión sobre el modo de reorganizar a la autoridad a la que se ha encargado la administración de un recurso tan escaso como la percusión del delito. Debe entonces ser debatido con calma. No en este momento.
  4. En medio de esta sobrexposición de temas complejos el Congreso no tuvo ayer mejor idea que poner las cosas en mayor tensión aprobando una ley que se proclama dirigida a resolver la cuestión Fujimori, pero no la resuelve, sino que la expone todavía más a situaciones regresivas. Violando la Constitución, el Congreso pretende entregar al INPE sin la medicación de un Juez el procedimiento para establecer la forma de cumplimiento del saldo de condena de adultos mayores a 65 años (hace 40 años que la expectativa de vida promedio en el Perú equivale a 75 años, no 65). Debería bastar esto para que el Ejecutivo observe la ley y no la promulgue. Sin duda el INPE debería protestar por este intento de involucrarle en decisiones que no están dentro de sus competencias. Pero además la ley aprobada no tiene clausulas especiales para los casos que comprometen graves violaciones a los derechos humanos. Y no contiene ninguna condición que le conceda la palabra a las víctimas afectadas por los crímenes que provocaron la condena cuyo destino final se pretende modificar casi de plano. Entonces la ley no sólo debe ser observada por el Ejecutivo (cosa que por cierto encierra el riesgo de una torpe insistencia del Congreso) sino que además puede ser dejada sin efecto por el Tribunal Constitucional, que debería proceder con urgencia porque sin duda se pretende forzar su aplicación rápidamente. Y queda claro que una sentencia que reproduzca el sentido del fallo que hace solo unos días anuló el indulto de Alberto Fujimori (indulto precario, como ha quedado en evidencia) no le va a hacer bien a nadie, tampoco al supuesto beneficiado por la medida. Me atrevo entonces a sospechar que tienen razón quienes sostienen que esta ley no ha sido pensada para resolver los problemas de Alberto Fujimori, sino para aprovechar de manera perversa la oportunidad que el caso genera y filtrar una variante de la ley de amnistía de 1995, que en el 2010 intentó regresar al sistema legal como una reforma que autorizaba desestimar casos sobre derechos humanos por retardo en el juzgamiento.

Cuatro asuntos sobrepuestos. Los cuatro de diferente tesitura. Pero los cuatro reclamando decisiones institucionalmente maduradas en condiciones de un equilibrio reflexivo que sólo el debate, jamás el apresuramiento, nos podrían conceder. Lampadia

Nota. El autor ejerce la defensa de Milagros Maravi, incluida en el procedimiento únicamente en atención de ser pareja de Augusto Bedoya y aportante a la campaña del partido al que entre los años 2010 y 2011 respaldó como parte del equipo de plan de gobierno. Ejerce además la defensa de su hermano, incluido en el caso por razones semejantes. No tiene relación con ninguna otra persona relacionada con esta historia.




Lo de Fujimori es un exceso

Lo de Fujimori es un exceso

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El país tiene que ser justo con Fujimori.

Fujimori es culpable de haber pretendido perpetuarse en el poder, de haber montado para ese fin una estrategia de control político de los poderes del Estado y de las instituciones democráticas, que incluía la compra de la línea editorial de canales de televisión y periódicos chicha. Es culpable de haber creado, de esa manera, una cobertura para actos de corrupción vinculados a las compras militares, a los gastos del Servicio de Inteligencia y a la extorsión a empresarios.

También es culpable de haber encubierto y protegido al grupo Colina. Incluso, como ha argumentado Cesar Azabache, podría ser culpable de delito de omisión: “las evidencias no justifican pensar que Fujimori haya ordenado ejecutar a las víctimas de Barrios Altos, pero después de Barrios Altos ocurrió La Cantuta. Después de Barrios Altos Fujimori tenía el deber de desactivar al grupo Colina y deshacerse de Montesinos. Fujimori omitió cumplir con ese deber y eso es suficiente para que sea condenado por un delito por omisión en lo que se refiere a La Cantuta”.

De acuerdo. Pero, como sugiere el propio Azabache, en el juicio que se le siguió no se demostró con prueba directa alguna, ni siquiera con el testimonio de alguna persona, que él hubiera ordenado las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta –que es la razón por la que fue condenado a 25 años de prisión- y ni siquiera que las hubiese conocido con anterioridad y autorizado. Fue condenado no con pruebas, sino con un silogismo: si Fujimori era el jefe de Estado y tenía el dominio de la organización, entonces debió haber ordenado los asesinatos.

Es increíble que a alguien se le pueda privar de su libertad por 25 años solo en virtud de un silogismo.

Me lo explicó también Cesar Azabache: “una cosa tan grave como haber ordenado la realización de crímenes requiere más que una simple deducción. La Sala de San Martín pasó por alto la cuestión de las evidencias y saltó directamente a anunciar qué teoría emplearía, la de la autoría mediata. Pero la regla de prueba en casos penales supone que se eliminen todas las dudas y el caso deja una duda: Montesinos podría haber ordenado las matanzas sin una orden previa y Fujimori limitarse a encubrirlo. Sin una evidencia clara sobre la existencia de la orden previa el recurso a cualquier teoría legal queda injustificado. Equivale a reemplazar el debate sobre las evidencias por el debate sobre las teorías. Es como construir un edificio sin primer piso”.

De hecho, el párrafo 648 de la sentencia condenatoria refiere: “Las evidencias (…) acreditan fehacientemente que Vladimiro Montesinos Torres transmitió la orden final de ejecución de los asesinatos de Barrios Altos. Ahora bien, si se tiene en consideración las relaciones y modo de proceder respecto de su superior, éste necesariamente dio cuenta de los hechos al presidente de la República. No es posible una operación de tal magnitud sin la intervención del jefe del Estado. Sobre esta última consideración [la intervención de Fujimori] existe incluso una versión de oídas…”.

Gonzalo Zegarra comentó en su momento este párrafo diciendo: “mientras que se alude a prueba irrefutable de la participación de Montesinos, sobre Fujimori no hay prueba, sino mera especulación o razonamiento. Se afirma, dogmática pero no científicamente, que “no es posible” que no interviniera. Los jueces no lo pueden (o quieren) imaginar o creer. Es un acto de fe, no una constatación. …En este caso, la otra alternativa razonable es que Montesinos haya actuado sin consultar previamente a Fujimori (no está en discusión, por ser obvio, que Fujimori encubrió estos asesinatos posteriormente)”.[1]

En realidad, como se ha sabido, hay indicios claros de que esa sentencia estuvo prefabricada antes de escuchar la defensa. Es lo que se desprende de los correos que el juez Supremo Cesar San Martín, integrante del tribunal que sentenció a Fujimori, intercambió con el abogado Gonzalo del Río, a la sazón en una universidad en España. San Martín le consulta sobre una teoría que le permitiera sentenciar sin pruebas. Así, tal como lo lee. En efecto, el 11 de marzo de 2008 —catorce meses antes de la emisión de la sentencia—, San Martín le escribe: “Mis dudas son respecto del título de imputación y las posiciones dogmáticas respecto de la autoría mediata y la coautoría. Como entender ambas teorías, sobre todo en la que considero más acertada, de la autoría mediata —me releva de mayores rigores de prueba— de cara a lo que significan los medios de prueba que anexa la fiscalía y si en verdad estamos en una línea correcta de juzgamiento…”.[2] Del Río le recomienda la teoría de Roxin, “que centra el dominio… sobre el aparato de poder dentro del cual está integrado y cohesionado el ejecutor”. Y como el Presidente era el jefe de ese aparato de poder, resulta responsable.

Así fue condenado Fujimori a 25 años. Debió serlo, por encubrimiento y omisión, quizá a 12 años de cárcel. Que fue los que efectivamente cumplió.

Porque, de otro lado, si Fujimori derrotó al terrorismo no fue con el grupo Colina ni con grupos de exterminio –lo que sí había ocurrido de manera masiva en los 80, y sin ningún resultado- sino con una estrategia basada en todo lo contrario: en una alianza con los campesinos en el campo y en inteligencia policial en las ciudades. Armó y dio apoyo social y económico a las comunidades para que ellas expulsaran y derrotaran a Sendero Luminoso. El país pasó de las matanzas indiscriminadas y reactivas de los 80 a un trabajo conjunto con las rondas campesinas. Fue esa estrategia -no la del grupo Colina-, la que derrotó a Sendero. Y esa estrategia la condujo personalmente Alberto Fujimori.

Por supuesto que estos méritos no borran los delitos que haya podido cometer encubriendo al grupo Colina. No estamos diciendo eso. Lo que decimos es que el juicio de la historia debe incluir todos los hechos, los negativos y los positivos. Y lo que decimos también es que el indulto, quizá mal confeccionado, era en el fondo un acto de justicia. Porque con los 12 años encarcelado ya había pagado sus culpas.

Y definitivamente carece completamente ya no solo de justicia sino de toda humanidad devolver al ex presidente a la cárcel luego de haberlo indultado, y más aun considerando las enfermedades que lo aquejan. Una resolución como esa solo puede ser producto del envenenamiento político del alma país. Lampadia

 

[1] Ver: Gonzalo Zegarra: “Fujimori y la prueba insuficiente” (Semana Económica, 12/4/2009)  

[2] Ver Voto singular de Jose Luis Sardón en el caso de habeas corpus interpuesto por el expresidente de la República Alberto Fujimori violación al debido proceso, 3 de mayo de 2016




Es absurdo discutir si hubo o no excesos de las fuerzas del orden

Revalorar la estrategia que derrotó a Sendero

“Yo aprendí hace mucho, mucho tiempo, cuando cubría el genocidio y la limpieza étnica en Bosnia, a nunca equiparar las víctimas con los agresores, a nunca crear una falsa equivalencia moral o fáctica, porque entonces, si lo haces, particularmente en situaciones como esa, eres parte y cómplice de los crímenes y consecuencias más indescriptibles, así es que creo en ser veraz, no neutral.”

Christiane Amanpour

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Es absurdo negar que hubo abusos y crímenes por parte de las fuerzas del orden durante la guerra contra el terrorismo, pero también es cierto que hay un relato acerca de lo que ocurrió en ese periodo que distorsiona y eventualmente falsea los hechos, al punto de dar la impresión de otorgarle una suerte de victoria moral al senderismo. No hemos salido de la estructura de los 80, en la que una izquierda marxista ambivalente frente al senderismo centró su activismo en denunciar abusos y crímenes de las fuerzas del orden, mientras éstas acusaban a aquella de pro senderista. Seguimos anclados en los 80 en lugar de ver las cosas desde la estrategia inteligente y ganadora que se aplicó a partir de los 90, a fin de capitalizarla para el país y entendernos mejor.

Comencemos analizando cómo se manifestó ese relato distorsionador en la versión de los hechos que dio la guía del Lugar de la Memoria (LUM), Gabriela Eguren, al congresista Donayre disfrazado de sordomudo. El video aparentemente fue editado de modo que tenemos que tomar en consideración que puede haber frases extraídas de su contexto. De todos modos, lo que aparece, aun descontextualizado, coincide con una manera de mirar las cosas que es bastante común.

Equivalencia ontológica

Lo primero fue la presentación de lo ocurrido como un conflicto entre dos partes, Sendero Luminoso (y el MRTA) y las Fuerzas del Orden (o el Estado Peruano). La estructura de base de esta visión de esos años de horror parte de poner a ambas partes implícitamente al mismo nivel, en pie de igualdad, como si tuvieran la misma legitimidad o el mismo nivel ontológico. Por supuesto, no lo tienen. Sendero Luminoso atacó a la sociedad y al Estado de manera criminal, guiado por la locura ideológica de la lucha armada para tomar el poder e instaurar el paraíso comunista. El Estado peruano se defendió mal durante mucho tiempo –y cometió crímenes, sí- pero al final aplicó una estrategia inteligente que permitió la victoria.

Esta falaz equivalencia se manifestó de manera flagrante cuando la guía igualó implícitamente a Fujimori con Abimael Guzmán. Dijo: “Se ha indultado a Fujimori bajo el supuesto motivo de que está enfermo. Con esa premisa el abogado de Abimael Guzmán podría pedir que lo liberen porque también está enfermo y viejo”. Y culminó diciendo “En el último juicio se le veía muy mal”, dejando ver incluso una cierta empatía con la condición del cabecilla terrorista. Cierto es que habría que escuchar todo el contexto de su explicación.

Ausencia de estrategia y Uchuraccay

La guía menciona, sí, en parte como explicación de los abusos, que “no hubo estrategia militar hasta el 89”. Y es verdad: en ausencia de una estrategia inteligente, la violencia asesina sin rostro del senderismo desató una espiral de respuestas ciegas que en ocasiones llegó al extremo del arrasamiento de poblaciones sospechosas. Por razones que vamos a explicar –que incluyen la oposición de la izquierda, como veremos- el Estado tardó mucho en aplicar una estrategia eficaz. Esta fue concebido por los militares, efectivamente, el 89, y antes por la sociedad civil –en mesas redondas organizadas por el diario Expreso y en otros foros-, pero lo que se soslaya y por lo general –no solo en este caso- nunca se menciona, es que quien aplicó dicha estrategia fue Alberto Fujimori. Y lo hizo bien. Condujo personalmente la alianza con las comunidades para darles armas y apoyo social. Y se le dio recursos a la Dincote para ubicar a la cúpula y a Abimael Guzmán. El país no ha valorado ni capitalizado, como veremos, esta estrategia. La manera como Fujimori pretendió perpetuarse en el poder lo ha impedido.

Pero hay que señalar que esta estrategia pudo haberse aplicado desde 1982, ocho años antes, pero lamentablemente el embrión de alianza de las fuerzas del orden con la población, que estaba en gestación, abortó luego del trágico malentendido de Uchuraccay. Los intentos de organización comunal para defenderse de Sendero, respaldados verbalmente por las fuerzas del orden, que derivaron en la muerte de 8 periodistas,  fueron satanizados como grupos “paramilitares” por la izquierda. ¿Qué ocurrió?  En enero del 2003 las autoridades habían informado acerca de la muerte de varios senderistas en la comunidad Iquichana de Huaychao, y que los autores serían los campesinos. Se formó entonces un grupo de periodistas para ver si eso era cierto y qué había pasado. Para muchos, vinculados a la izquierda de entonces, era inconcebible que comuneros ajusticiaran a revolucionarios.

Lo que ocurrió fue terrible: los periodistas que emprendieron la expedición para verificar los hechos fueron asesinados por los campesinos de una comunidad vecina, también Iquichana, Uchuraccay. Las comunidades iquichanas, que habían sufrido asesinatos y exacciones por parte de los senderistas, habían tomado la decisión, en dos asambleas realizadas previamente, de enfrentar y dar muerte a los terroristas que aparecieran por sus lares. Confundieron a los periodistas con terroristas, y ocurrió la espantosa matanza. Un trágico malentendido.

Por supuesto, la izquierda en ese momento no creyó la versión de que los comuneros fueran los responsables. Acusaron directamente a los militares o a un grupo paramilitar de haberlo sido. Esa sindicación ha perdurado, en esos sectores, hasta nuestros días, transformada en la versión que dio la guía del LUM: “En Uchuraccay los comuneros terminan asesinando a los periodistas por órdenes de los militares”. No fue así. Los comuneros tomaron ellos mismos la decisión en una asamblea, ante exacciones y asesinatos –repetimos- cometidos por los senderistas. La Comisión de la Verdad narra los hechos así:

“…a inicios de diciembre (de 1982) el PCP Sendero Luminoso asesinó a Alejandro Huamán, presidente de la comunidad (de Uchuraccay), así como al comunero Venancio Auccatoma. En el caso de Alejandro Huamán, … acusándolo de ser un «soplón» y «yana uma» (cabeza negra). Su nuera, Dionicia Chávez Soto, fue herida de bala en ambos muslos al intentar defenderlo, mientras algunos de los miembros del PCP SL allanaron la casa de ichu y luego la quemaron. Alejandro fue conducido a la plaza del pueblo, siendo sometido a un juicio popular y encerrado en el local comunal. En horas de la tarde, a pesar de los ruegos de su esposa, hermanos e hijos, Alejandro fue asesinado baleado en la frente… Lo mismo hicieron por esos mismos días con el presidente y teniente gobernador de la vecina comunidad de Huaychao, Eusebio Ccente y Pedro Rimachi, asesinados en plena plaza del pueblo.

(Entonces) las comunidades se organizaron para enfrentar violentamente a los miembros del PCP SL, reuniéndose en el local comunal de Uchuraccay: […] realizaron una asamblea comunal reuniéndose en esta casa comunal cada domingo, acordando por unanimidad de votos realizar los actos de legítima defensa de sus vidas y de sus integridades físicas contra los terroristas, causándoles muerte… asimismo acordaron pedir ayuda a las comunidades de Huaychau, Cunlla, Ccocha Ccocha, Ccochan, Paria… De esta forma, Uchuraccay fue asumiendo el liderazgo de lo que fue la primera rebelión multicomunal contra el PCP Sendero Luminoso…, buscando el apoyo de las fuerzas del orden, para lo cual enviaron emisarios a las ciudades de Huanta y Ayacucho solicitando garantías y protección…

El 21 de enero, …se produjo la matanza de siete miembros del PCP SL en las comunidades de Huaychao y Macabamba… Por esos mismos días, cinco miembros del PCP SL fueron asesinados en Uchuraccay.

…..

(Luego de eso), “El general Noel informó del envío de una patrulla terrestre y de un comando helitransportado para prestar protección a las comunidades, la cual llevaba consigo alimentos, así como reconocimiento del presidente Belaunde por las acciones emprendidas contra los miembros del PCP SL. Es así como ese día llega en helicóptero a Uchuraccay un comando de 15 efectivos de los Sinchis, quienes se quedaron a pernoctar en la comunidad. El mensaje que dejaron a los campesinos fue claro: continuar con ese tipo de respuestas, matando a todo extraño que llegara a la comunidad a pie…”[1]

De modo que el asunto es claro: los comuneros sufrieron ataques y muertes por parte de los senderistas, se reunieron en asamblea donde tomaron la decisión de organizarse para dar muerte a los senderistas que se acercaran, y luego de ello, cuando ya habían actuado y matado a 13 senderistas cuando menos, recibieron la visita de los Sinchis que los alentaron a continuar con sus acciones. No actuaron, entonces, por órdenes de los Sinchis, como dijo la guía.

Debe resaltarse que hubo aquí un esbozo de colaboración –aunque muy elemental y con resultados trágicos- entre las fuerzas del orden y las poblaciones campesinas, para enfrentar a Sendero. Era el embrión de una estrategia inteligente y eficaz. Sin duda, esa colaboración primaria hubiese podido evolucionar hacia una alianza más elaborada al estilo de la que finalmente se dio a comienzo de los 90, pero los esfuerzos en esa línea abortaron cuando la fuerza armada fue satanizada por formar grupos paramilitares o acusada directamente de haber ella asesinado a los periodistas. Fue la campaña de la izquierda, en buena cuenta, la que segó esa posibilidad y postergó 8 años la ejecución de la estrategia que derrotó a Sendero.

Ambigüedad de la izquierda

Aquí hay que recordar que la tesis de la lucha armada para tomar el poder e instaurar la dictadura del proletariado con el partido marxista-leninista-maoísta como vanguardia de la revolución, era compartida por toda la izquierda marxista de entonces, solo que discrepaba de la oportunidad. “Este no es el momento”, argumentaba, porque no estaban dadas las condiciones objetivas y subjetivas. Esa izquierda entonces fue ambigua, ambivalente, frente a Sendero, y tendió a jugar un partido contrario a la actuación de las fuerzas armadas. Como en este caso.

La guía del LUM formuló otras afirmaciones ya francamente falsas, que probablemente reflejan la persistencia en el tiempo de esas posiciones primigenias. Hablando del emerretista Tito, que habría sido ejecutado fuera de acción luego del operativo Chavín de Huántar en la embajada de Japón, agregó que “los otros 13 se asume que han sido ejecutados extrajudicialmente por la trayectoria de la bala, pero no hay un testigo que pueda dar fe de todo esto…”. Esa tesis es inaudita, absolutamente falsa.

Es cierto que las versiones de la guía no reflejan la exposición del LUM, que intenta recoger la historia en su complejidad. Pero reflejan una polarización en este tema que se mantiene y eventualmente se agrava con el paso del tiempo. La sobrevivencia de los prejuicios de izquierda y los juicios a los militares que no terminan nunca e incluso se reabren 36 años después –como el caso El Frontón-, lleva a algunos los sectores vinculados a las fuerzas armadas a rechazar cualquier versión de la otra parte.

El valor de la estrategia ganadora

Y esto es causa y consecuencia, a la vez, de que la polémica se centre en si hubo o no abusos y crímenes por parte de las fuerzas del orden –algo que no tiene sentido negar, y que es inevitable por la espiral de violencia ciega que se desata cuando no hay una estrategia adecuada-, en lugar de centrarse, precisamente, en la manera como fuimos capaces de derrotar a Sendero Luminoso, con una estrategia inteligente que permitió lograr un resultado que parecía imposible y que muy pocos países con movimientos subversivos tan crueles han logrado, y de la cual no hemos sido capaces hasta ahora de extraer las lecciones y enseñanzas que entraña.

Si discutiéramos a partir y en torno a eso, cambiaría el tono general y podríamos encontrar aproximaciones y entendimientos. Fue una estrategia, repetimos, inteligente, basada en una alianza con los campesinos y en inteligencia policial en las ciudades. El Perú no ha podido capitalizarla para su orgullo nacional ni para sus políticas públicas porque quien la aplicó –pese a que no la inventó- fue Fujimori. La manera lamentable como terminó su gobierno se llevó consigo buena parte de lo positivo que hizo.

El resultado ha sido, por ejemplo, que, en algunos textos escolares, lejos de resaltar la excelencia de la estrategia aplicada en un país tan precario, haya más párrafos dedicados a describir las violaciones de derechos humanos cometidos por las fuerzas armadas que los dedicados a describir la locura genocida de Sendero Luminoso originada en una ideología que creía en el asesinato como método para alcanzar el poder y establecer la dictadura del proletariado.

Sendero fue derrotado cuando el Estado y los militares entendieron que los comuneros no eran enemigos sino esencialmente amigos del Estado y que en lugar de sospechar de las comunidades había que aliarse con ellas dándoles armas y ayuda cívica. A partir de ese momento fueron los propios ronderos quienes señalaron y derrotaron a los terroristas. Fue un paso muy importante porque en la relación de las fuerzas del orden con los campesinos quechua hablantes se reproducía en alguna medida el tipo de relación criollo-indio de origen colonial, acaso el problema principal de nuestra sociedad.

Para derrotar a Sendero, entonces, fue necesario, en buena cuenta, superar la distancia étnica y saldar y soldar la fractura colonial. Esa alianza horizontal y victoriosa entre el Estado criollo y los comuneros andinos redimió, en cierto sentido, la historia, y redimió los horrores de la década anterior. Y convirtió en ciudadanos -del Estado Peruano, salvado por ellos- a los campesinos, por lo menos en ese momento, aunque lamentablemente el país no pudo consolidar esa conquista en un reconocimiento permanente, pues se optó por cultivar la imagen de los campesinos sólo como víctimas en lugar de encumbrarlos como ciudadanos-vencedores y salvadores del país. 

La misma noción de alianza denota horizontalidad. El protagonismo campesino, incluso en el diseño de estrategias, lo convirtió en ese momento en ciudadano pleno actuando en un marco que iba más allá de la defensa de su localidad. Las rondas sentían encarnar la democracia, el Estado, la defensa del país como tal.

Podríamos afirmar, inversamente, que al final Sendero Luminoso fue derrotado porque replicó en su relación con las “mesnadas” andinas una estructura de dominación feudal. Es decir, una relación patrón-siervo, en su grado extremo. Los dirigentes de Sendero no eran indígenas. Eran blancos (algunos, como Abimael Guzmán, costeños) o mistis cuyos padres, en algunos casos, habían perdido sus haciendas o fundos con la reforma agraria. Ellos, más bien, replicaron con la base campesina, de una manera perversa y asesina, el mismo tipo feudal de relación heredado de sus padres y abuelos, e instrumentaron al campesinado como carne de cañón. El Perú, en cambio, sólo pudo derrotar a Sendero precisamente cuando superó la tara colonial y consideró a los comuneros como iguales. En ese momento los campesinos, aliados horizontales de la fuerza armada y del Estado peruano, se sintieron, en efecto, ciudadanos ya no sólo de su comunidad, sino del país, y vencieron a los terroristas. Habían jugado un papel nacional, como lo habían hecho en la campaña de la Breña junto a Cáceres, contra los chilenos, la única campaña en la guerra del Pacífico en la que nuestro país obtuvo victorias y puso en jaque a los chilenos.[2]

Sin duda, el enfoque de reparación a las víctimas es necesario. Pero la mejor reparación es, a nuestro juicio, el reconocimiento por el papel que jugaron las comunidades en la derrota de Sendero y en la salvación del Estado peruano, no solo con conmemoraciones al respecto, sino difundiendo en todas las familias campesinas las tecnologías de Sierra Productiva a fin de que la ciudadanía que conquistaron en la guerra contra Sendero se transforme en una ciudadanía económica efectiva.

Estudiar y debatir la estrategia que derrotó a Sendero Luminoso ayudaría a revalorar el papel de los actores principales en este trágico episodio de nuestra historia, lo que contribuiría a dejar de lado discusiones absurdas, reducir la polarización y encontrar terrenos comunes de entendimiento. Lampadia

 

[1] Informe de la Comisión de la Verdad, pp. 129-132

[2] Ver “La Promesa de la Democracia”, Jaime de Althaus, Planeta, 2011




La Corte IDH y el indulto en perspectiva

La Corte IDH y el indulto en perspectiva

Hoy día debe definirse la intervención de la Corte IDH en el caso del indulto del ex presidente Alberto Fujimori. Para terminar de ilustrar a nuestros electores, sobre un tema que tiene varias derivaciones e impactos, recogemos el magnífico análisis del embajador Eduardo Ponce, publicado esta mañana en el diario El Comercio:

La justicia interamericana frente al indulto a Fujimori

“La erosión de la legitimidad de la justicia supranacional interamericana no puede seguir siendo soslayada por los miembros de la OEA”.

Eduardo Ponce Vivanco
Embajador, ex viceministro de Relaciones Exteriores (1994 – 1995) y negociador de la Declaración de Paz de Itamaraty.
El Comercio
2 de marzo de 2018

El debate sobre la próxima decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre el indulto al ex presidente Alberto Fujimori ha caído en una discusión plagada de un sinfín de tecnicismos legales que oscurecen la verdadera naturaleza equitativa y humana de lo que es un perdón presidencial otorgado en este caso, además, a un ex jefe de Estado. Nadie se pregunta sobre la justicia de una decisión íntimamente ligada a lo que hizo –bien y mal– el beneficiario de la indulgencia. La controversia se limita a requisitos e interpretaciones procesales, o salta bruscamente a cuestionamientos abstractos y generales, asumiendo que indultar implicaría reconocer una suerte de derecho a la impunidad.

Evadir el meollo de un problema en un país adicto a los formalismos legales (a pesar del incumplimiento generalizado de la ley) es una inclinación peligrosa en vísperas del pronunciamiento de una corte que anda muy desprestigiada por estos días. Aunque todos reconocemos que es obligatorio cumplir los compromisos que proceden de una convención internacional libremente suscrita, no se puede ignorar que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (construido de buena fe) ha sido copado y desvirtuado por las mayorías políticas que lo secuestraron con la impronta de Hugo Chávez y Lula da Silva (padrino de Lava Jato y embajador itinerante de Odebrecht), bajo la tutela de Fidel Castro. Los colegiados que conforman hoy la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos son fruto de esta cooptación.

Eduardo Ferrer, presidente de la Corte IDH, sostiene que esta tiene derechos –nunca otorgados– para ejercer un control supranacional incluso por encima de la Constitución de cada país signatario y de las decisiones soberanas de los poderes públicos. Se pretende así sustituir la jurisdicción constitucional de los estados parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Estas graves transgresiones están convirtiendo a este sistema en una tiranía antidemocrática que los miembros de la OEA no deberían seguir permitiendo. Ello para que no se reproduzcan situaciones como las que provocaron la enérgica y eficaz reacción del presidente ecuatoriano, Lenin Moreno, para proteger la voluntad expresada en una reciente consulta popular en su país. O el impacto en los resultados electorales del mes pasado en Costa Rica de una opinión consultiva de la Corte IDH sobre el matrimonio homosexual: en un país que rechaza ampliamente esta institución, la decisión terminó catapultando la candidatura de un pastor evangélico.

La erosión de la legitimidad de la justicia supranacional interamericana no puede seguir siendo soslayada por los miembros de la OEA. Como sostuvo Francisco Tudela recientemente en una entrevista en Canal N, los cancilleres deben reunirse y resolver un asunto tan delicado para la región (el Grupo de Lima sobre Venezuela podría tener una oportuna iniciativa en ese sentido).

Es en medio de este contexto legal que estamos olvidando discutir si el gobierno de Fujimori venció al terrorismo y la hiperinflación que asolaron el Perú entre las décadas de 1980 y 1990. Pocos recuerdan que durante ese gobierno se redujeron las violaciones a los derechos humanos o se creó la Defensoría del Pueblo. Y ni los propios fujimoristas, cuando toca debatir sobre este indulto, mencionan los trascendentales éxitos logrados en las fronteras norte y sur a partir de los compromisos pactados en el armisticio que terminó la guerra del Cenepa: la Declaración de Paz de Itamaraty del 17 de febrero de 1995. Sin los Acuerdos de Brasilia que sellaron la paz con Ecuador en 1998, no habríamos podido demandar a Chile ante la Corte Internacional de Justicia para que definiera la delimitación de nuestros espacios marítimos.

La demanda a Chile en La Haya solo procedía en base a la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) acordada en el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas (Pacto de Bogotá), que el Perú ratificó bajo una reserva explícita que nos protegía de una demanda ecuatoriana. La reserva tuvo que ser retirada (27/2/2006) para poder invocar la jurisdicción obligatoria de la CIJ. La consolidación de nuestras fronteras con Ecuador y Chile nos liberó de gastos militares exorbitantes para la nación.

Finalmente, el indulto humanitario otorgado a un ex presidente envejecido y enfermo exige una ponderación equitativa de lo negativo y lo positivo, así como de lo compleja que resultó la decisión presidencial de indultarlo, como ha reconocido expresamente el secretario general de la OEA. Lampadia




El indulto, la Corte IDH y su falta de juridicidad

El indulto, la Corte IDH y su falta de juridicidad

El tema del indulto es muy importante para el Perú, se refiere a la suerte de un ex Presidente de la República en base a la decisión de otro Presidente de la República, encierra importantes elementos jurídicos, y ha generado una brecha entre grandes proporciones de los peruanos.

Pero, más allá del indulto mismo, está en juego la naturaleza y el comportamiento de la Corte IDH. Corte que interviene en asuntos muy caros al interés nacional.

Como explica el respetado jurista, Domingo García Belaunde, ‘amicus curiae’ (amigo y colaborador independiente) de la Corte, al igual que en una serie de casos anteriores, en el caso del indulto, los miembros actuales de la Corte muestran comportamientos disfuncionales y partisanos, que han generado la rebeldía ante sus fallos, por parte de muchos países.

Los miembros de la Corte se han deslegitimado, y en nuestra opinión, hasta que no sean reemplazados por magistrados probos e independientes, el Perú debe anunciar su rebeldía a todos sus fallos, empezando por el referido al caso del indulto.

Líneas abajo compartimos el informe de don Domingo García Belaunde:

Informe sobre el indulto a Fujimori que Domingo García Belaunde presentó a la Corte IDH en calidad de «amicus curiae»

LEGIS.PE
FEBRERO 9, 2018

El viernes 26 de enero de 2018, el constitucionalista Domingo García Belaunde, mediante una carta dirigida al presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Eduardo Ferrer Mac-Gregor, hizo llegar a la Corte, en calidad de amicus curiae, un informe sobre el indulto a Fujimori, que a continuación compartimos.

Amicus Curiae presentado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Tema: Indulto humanitario al expresidente Alberto Fujimori

Elaborado por Domingo García Belaunde, Secretario General Ejecutivo del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, Presidente de la Academia Peruana de Derecho(2012-2014), Presidente Honorario de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional y Profesor Principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Lima, 15 de enero de 2018

En relación con el indulto humanitario otorgado al expresidente Alberto Fujimori y que ha sido denunciado por distintos medios y agrupaciones políticas en días pasados, me permito hacer las siguientes consideraciones:

a) Mediante comunicado de fecha 28 de diciembre de 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aparentemente por unanimidad, se ha pronunciado en contra del indulto humanitario otorgado al expresidente Fujimori, en lenguaje desusado y vehemente ajeno a la serenidad que debería usar un ente de tal relevancia. Esto nos suscita diversas preocupaciones:

i- El indulto fue anunciado esquemáticamente en un comunicado de la presidencia de la República el día 24 de diciembre de 2017 en la tarde y esa misma noche se publicó el dispositivo legal pertinente en una edición extraordinaria del diario oficial El Peruano. No obstante, en un aproximado de tres días la Comisión en pleno lo cual lo dudamos aprueba un largo comunicado en el cual se basa, sustancialmente, en aspectos médicos y de trámite interno que no sabemos de dónde los sacó. Aún más, califica a los delitos por los cuales se sancionó al expresidente Fujimori como de lesa humanidad, lo cual es falso. Tales calificativos no aparecen ni en el expediente de extradición enviado por la Corte Suprema de justicia de Chile ni menos en la sentencia final emitida por la Sala Penal de la Corte Suprema peruana. El delito de lesa humanidad aparece en la normativa peruana solo a partir de 2003. No sabemos de dónde la Comisión saco esa información.

ii. Todo parece indicar que la información que manejó la Comisión Interamericana fue proporcionada por conocidas ONGs de Lima, que precisamente se dedican a estos menesteres. Estos grupos son los que se conocen en los medios como “caviares”, expresión tomada del francés y que se usó en los medios políticos de los años ochenta del siglo pasado (gauche caviar) para referirse a las personas que viven del establishment, pero practican el deporte de criticarlo.

b) La Comisión Interamericana tiene un funcionamiento muy interesante y que se remonta a varios años atrás. Ha servido mucho para que los países puedan librarse de las dictaduras y en tal sentido han sido útiles al Perú en los años finales de la dictadura de Fujimori. Pero en los últimos tiempos se ha vuelto fundamentalista y usa un lenguaje soez que no se compadece con la prestancia que debería tener. Ha tenido pronunciamientos apresurados y por eso varios países no les han hecho caso, pues se montan sobre situaciones en los cuales están mal informados y en donde responden a consignas partidarias cuyo origen no está muy claro. Por solo mencionar uno, hay que recordar que hace pocos años la Comisión Interamericana, alarmada por los “ambientalistas” y los “defensores” de derechos humanos, emitieron un comunicado en términos altisonantes pidiendo al gobierno peruano que paralizase las obras para llevar a cabo el proyecta minero “Conga” en la sierra norte del Perú. Lo curioso del caso es que a ese momento el referido proyecto ni siquiera se había iniciado y todavía sigue sin iniciarse. Lo cual, lamentablemente contribuye a que la Comisión Interamericana no sea confiable.

c) La Comisión Interamericana se ha tomado en serio muchas cosas, de manera preocupante. Por ejemplo, de acuerdo a la Convención América solo la Corte Interamericana puede adoptar medidas provisionales. Sin embargo, ella se ha arrogado es decir, tomar algo que no le corresponde la capacidad de dictar ese tipo de medidas. Esto indudablemente afecta su seriedad, ya bastante mellada.

d) La Convención Americana señala claramente que las medidas provisionales las adopta la Corte (art. 63.2). En el caso de la acusación constitucional contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, el entonces presidente de la Corte, señor Roberto F. Caldas, dictó la medida provisional para que el trámite de acusación constitucional que se seguía en el congreso peruano se paralice. Es decir, el señor Caldas, conocido únicamente por sus actividades en pro de las ONGs en su país de origen, dio por sí y ante sí tal medida provisional en tanto la Corte Interamericana no se reuniese en su sesión de 2 de febrero de 2013. Cabe advertir que el Reglamento de la Corte en el cual se apoya el señor Caldas (art. 27) entiende que él solo en cuanto Presidente puede adoptar tales medidas cuando la Corte no está en sesiones. Lo grave del tema es que el reglamento de la Corte y su Presidente han violado lo dispuesto en el art. 63.2 de la Convención Americana que señala que dichas medidas solo pueden adoptarse en caso de extrema y urgente necesidad y que adicionalmente es competencia de la Corte como cuerpo colegiado, no de su Presidente, que además de incurrir en este desliz, se ha olvidado que la acusación constitucional estaba en trámite y faltaban varias etapas antes de que llegase al Pleno del Congreso para su votación. Y aun más, que aun en ese momento era muy difícil saber si tal acusación prosperase o no. Estos supuestos no se cumplieron y fueron invocados falsamente. Esta atribución que se ha arrogado la Corte a través de su reglamento, es inconvencional, pues la Convención Americana es clara al decir que eso es competencia de la Corte. Aun más, el largo documento que justifica la medida provisional jamás lo pudo redactar el señor Caldas, cuya lengua materna es el portugués y porque además tiene información que solo figura en el expediente que circula en el Congreso peruano, por lo que es fácil concluir que tal documento se lo prepararon en Lima y él se limitó a trascribirlo y firmarlo y probablemente sin entenderlo.

e) En la jurisprudencia de la Corte se notan avances interpretativos realmente audaces. Algunos interesantes y otros no tanto. Cuando los Estados aceptaron la competencia de la Corte, fue en el entendido que confiaban en jueces que eran gente seria, no comprometida políticamente y además estudiosa de la problemática. Esto no se ha comprobado. Los miembros de la Corte y de la Comisión tienden a ser con el tiempo, activistas desenfadados en materia de derechos humanos, antes que jueces serenos y austeros, como era en otras épocas (como por ejemplo cuando fue juez el maestro Héctor Fix-Zamudio, que además fue presidente de la Corte.). El reciente pronunciamiento de la Corte instando a los países a que legalicen el matrimonio entre personas del mismo sexo es una reciente muestra de ello. Una cosa es permitir la relación entre personas del mismo sexo, con facilidades, sin discriminaciones y con derechos patrimoniales, y muy otra es equipararlo al matrimonio que históricamente ha sido siempre unión de hombre y mujer. Así lo señalan los instrumentos internacionales (Pacto de Naciones Unidas de Derechos Civiles y Políticos de 1966, art. 23; Pacto de San José, art. 17). Esto muestra que la Corte, al igual que la Comisión, han violado irresponsablemente lo que dicen los instrumentos internacionales que dicen defender. Esto de por sí es algo grave y hay que señalarlo muy claramente.

f) Adicionalmente existe un discutible concepto de “reparaciones” que llega a la exageración. En la práctica se tiende a “reparar” a los terroristas y tienden un manto de olvido sobre las víctimas de los terroristas. De muestra baste lo siguiente; en el conocido caso El Frontón, murieron todos los terroristas que habían hecho un motín contra las autoridades de ese centro penitenciario, lo que estuvo a cargo de la Marina de Guerra, pues El Frontón es una isla que está a pocas millas de la ciudad de Lima. Pues bien, la Corte Interamericana se apresuró a condenar al Estado peruano y señalar cuáles eran las reparaciones que se tenían que dar a las víctimas, o sea, a los terroristas muertos. Sin embargo, dentro de ese grupo de terroristas estaba un grupo que había perpetrado emboscadas terroristas contra el Presidente del Jurado Nacional de Elecciones (1985) y otros altos funcionarios del Estado. La Corte interamericana se olvidó de ellos, pero lo más improbable es que ni les interesaba. Es decir, se preocupan de los terroristas lo cual está bien pero no les interesa el futuro de los deudos de las víctimas del terror.

g) Mi impresión personal es que el sistema interamericano -sobre todo la Comisión- es importante cuando un país está gobernado por una dictadura -caso de Venezuela, que la Corte irresponsablemente ha defendido en más de una oportunidad (ej. caso Brewer-Carías) pero no sirve para el caso de países que viven en democracia, pues se supone que cuentan con los dispositivos legales internos para poner remedio a los excesos o delitos que se cometen.

h) Hay que recordar que al decir que el caso del indulto al ex presidente Fujimori se va a analizar en cumplimiento de la ejecución de los casos Barrios Altos y La Cantuta, se cae en un sofisma que repiten sin cesar las ONGs que operan en Lima. Y esto por cuanto estas sentencias señalan los hechos, condenan los delitos cometidos y siguen las infaltables reparaciones. Pero el indulto es consecuencia de un acto presidencial discrecional, que se da luego que se dio un proceso y sentencia condenatoria contra al expresidente Fujimori, que es algo totalmente distinto. En realidad, el indulto se ve como consecuencia del seguimiento de dichos casos que no tienen nada que ver con el tema del indulto, salvo que se le estire hasta el infinito y hagamos decir a dichas sentencias lo que no dicen, lo cual no nos extrañaría.

i) En lo referente al indulto, cabe agregar que no existe antecedentes en la jurisprudencia de la Corte. Lo más cercano a ello son sus pronunciamientos sobre las amnistías, que es algo totalmente distinto y razonable, más aún cuando eran “autoamnistías”. Pero el indulto no borra el delito, no olvida los hechos ni tampoco se anulan sentencias, como es el caso del expresidente Fujimori. Simplemente, considerando que se ha cumplido casi el 50% de la condena y mediando factores humanitarios -lo cual es aceptado universalmente se procede a liberar a una persona. Lo que han hecho algunos es analizar el procedimiento administrativo para impugnar el indulto, lo que muestra que faltan argumentos, ya que, si hubo algo, insuficiente o faltante, esto es en todo caso responsabilidad del Estado. Lo mismo cabe decir cuando se cuestiona el informe o informes médicos, pues los que así lo hacen como lo repite la Comisión interamericana- no han visto ni analizado médicamente los informes que, por cierto, no han leído. Desconocíamos que entre los comisionados existían médicos que en su caso opinaban sin ver al paciente. Son las paradojas del fundamentalismo “humanista”.

j) Las críticas arriba señaladas están dirigidas contra la Comisión y la Corte en cuantos órganos colegiados. No significa una crítica a sus miembros en especial, pues conozco a algunos de ellos que son altamente calificados. Pero lamentablemente son minoría en medio de otros que no merecen mayor consideración, por lo menos mientras algunos sigan haciéndoles el juego a los políticos radicales.

k) Es evidente que el presente escrito no pretende en ningún momento impugnar la validez o mejor dicho la importancia del ente interamericano de derechos humanos, tanto de la Comisión como de la Corte. Pero si bien mantiene su firme lealtad a ellos, espera que, en un futuro, quizá con nuevos miembros, retome la senda de garantía, seriedad y sindéresis que tuvo en sus primeros años y que corresponde a los fines con los cuales se puso en marcha el sistema interamericano en la década de los sesenta del siglo pasado.

Lampadia

Anexo:

¿Quién es y qué hace el «amicus curiae» (amigo del Tribunal o de la Corte)?

POR
LEGIS.PE
ENERO 4, 2018

 

En un acercamiento conceptual primario y básico, se trata de un tercero o persona ajena a un proceso en el que se debaten cuestiones con impacto o trascendencia públicos, que al contar con reconocidas trayectoria e idoneidad en el asunto en examen presenta al tribunal interviniente consideraciones jurídicas u otro tipo de referencias sobre la materia del litigio, a través de un documento o informe. Puede por ejemplo suministrar consideraciones relativas a principios y elementos de derecho interno y/o internacional de relevancia, bien información estadística, económica, histórica o de otra índole útil para la resolución del caso.

Se ha discutido sobre el origen del instituto, y si bien algunos autores lo ubican en el derecho romano (por ejemplo, Cueto Rúa), otros lo sitúan directamente en el Reino Unido (v. gr. Salinas Ruiz). Lo cierto es que fue en el derecho inglés donde se delinearon embrionariamente los perfiles de la figura tal como es hoy conocida, siendo posteriormente receptada y desarrollada en el escenario jurídico de EE.UU. de Norteamérica y en otros países de habla (o influencia) inglesa donde impera el common law; por ejemplo, su consagración en las Reglas (Rules) de la Suprema Corte de Justicia Canadá, su similar de India, la High Court de Nueva Zelanda y, jurisprudencialmente, en Australia (precedente ‘Lange vs. ABC’, S 108/116 [Umbricht]).

[Características]

Los rasgos salientes del amicus curiae, y siempre dejando a buen resguardo las particularidades que puede exhibir cada contexto jurídico específico, muestran que están facultadas para comparecer en tal calidad las personas físicas (de existencia real) o jurídicas (morales o de existencia ideal), siempre que acrediten una significativa competencia en la temática en examen en el proceso; no revisten carácter de parte ni mediatizan, desplazan o reemplazan a éstas; su intervención no debe confundirse con la de un perito o de un consultor técnico; su actividad consiste en expresar una opinión fundada sobre la cuestión debatida, debiendo explicitar el interés que ostentan en la decisión que recaerá para poner fin al asunto, y su comparendo no vincula al tribunal actuante ni genera costas u honorarios.

[El amicus curiae en el mundo]

El instituto es extensamente conocido en distintas instancias internacionales. Así, y con mayor o menor nivel de utilización, están presentes en la praxis de la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH); el Tribunal Europeo de Derechos Humanos; los órganos de supervisión del sistema africano de protección de derechos humanos; el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia; los paneles y el Cuerpo de Apelación de la Organización Mundial del Comercio (OMC), y hasta el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

También se ha empleado, con magnitudes diversas de intensidad y frecuencia, por la Suprema Corte de Justicia norteamericana (donde ha sido importante y fructífera) y en otros órganos máximos de justicia constitucional de Estados latinoamericanos, por caso, la Corte Suprema de Justicia de la Argentina, el Supremo Tribunal Federal de Brasil, la Corte Constitucional de Colombia, el Tribunal Constitucional del Perú e incluso la Suprema Corte de Justicia de México.

[Utilidad]

Cuenta, al menos potencialmente, con aptitud para brindar mayor transparencia a las decisiones jurisdiccionales de interés público, y puede encaramarse en un útil vehículo para fortalecer, transparentar y democratizar el debate judicial y, por extensión, asegurar el principio del “debido proceso”, que entre otros elementos involucra la emisión de sentencias jurídicamente sustentables, misión eminente en cabeza de la magistratura constitucional, que sustenta buena parte de su legitimidad en la razonabilidad de sus pronunciamientos.

En ese sentido, puede coadyuvar al mejoramiento de la actividad jurisdiccional en asuntos complejos o dilemáticos de interés social al poner en escena argumentos públicamente ponderados, fortaleciendo el Estado de derecho contemporáneo, que es Estado constitucional. Permite, asimismo, la participación ciudadana en ciertas manifestaciones de la administración de justicia precisamente en causas que ofrezcan aquellas características. Es claro que mientras mayor sea el concurso de ideas en el debate constitucional, más fuerte será la legitimidad de la respuesta sentencial que se proporcione. Paralelamente, exhibe una clara matriz democrática, al abrir nuevas vías de participación, sobre todo a favor de los grupos con menores posibilidades de injerencia real en el proceso democrático (Nino).

[¿Debe ser imparcial?]

Una arista compleja de la cuestión radica en definir si, para ser recibidos en el proceso, los memoriales de los amici deben ser totalmente asépticos o si es posible que patrocinen alguno de los intereses en juego en el caso particular. Pareciera que la exigencia de pureza e imparcialidad absolutas podría conspirar contra la efectividad de la figura, conduciéndola a la inocuidad o a la falta de real incidencia fáctica. En el fondo, lo más relevante es que dichas presentaciones pudieran añadir sustancia al debate público y enriquecer la situación y las condiciones en que el órgano de justicia interviniente se encuentre para pronunciar su sentencia.

Bien entendida (y aplicada), la institución puede cumplir un significativo rol como fuente de aportación argumental a los tribunales internos y a las instancias internacionales en materia de derechos humanos, lo que representa una muestra más del crecimiento de los espacios de convergencia interactiva del derecho constitucional, el procesal constitucional y el internacional de los derechos humanos.

La exigencia de agotamiento de los recursos internos permite al Estado remediar localmente y por sus propios medios toda violación de derechos humanos que pudiera conducir al debate de la cuestión en el marco transnacional y generar una eventual responsabilidad internacional de aquél. En consecuencia, al estar reglamentariamente habilitada la presentación de amici por ejemplo ante la Corte IDH, es adecuado acordar en el plano interno a los grupos o instituciones interesados (v. gr. ONG) la posibilidad de emitir opiniones fundadas sobre el tema en cuestión, en equivalencia de condiciones respecto de las que contarían en el plano internacional, adelantando ante los órganos judiciarios domésticos fundamentos que luego serían considerados por aquel tribunal internacional (Abregú y Courtis).

[El amicus en la Corte IDH]

La Corte IDH se ha ocupado de subrayar que los amici tienen un importante valor para el fortalecimiento del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, contribuyen al debate y amplían los elementos de juicio con que cuenta para resolver los asuntos de su conocimiento, que poseen una trascendencia o un interés generales (“Caso Castañeda Gutman vs. Estados Unidos Mexicanos”, sentencia sobre excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, 6 de agosto de 2008, serie C, número 184, párr. 14).

En suma, en la medida en que exista voluntad judicial y política para aplicar la figura, ésta resulta un instrumento plausible y digno de ser explorado para tonificar el debate judicial —ampliando los márgenes de deliberación en cuestiones de relevancia social por medio de argumentos públicamente analizados—, favorecer la defensa y la realización de los derechos humanos (en los ámbitos interno e internacional) y contribuir a la elaboración de sentencias razonables y generadoras de un grado sustentable de consenso en la comunidad.

Fuente: Diccionario de Derecho Procesal Constitucional y Convencional (coordinadoires Eduardo Ferrer Mac-Gregor, Fabiola Martínez Ramírez y Giovanni A. Figueroa Mejía).




Modifiquemos la “vacancia por incapacidad moral permanente”

Modifiquemos la “vacancia por incapacidad moral permanente”

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La experiencia que tuvo el país a partir de la activación de la institución constitucional de la vacancia presidencial por “incapacidad moral permanente”, fue desestabilizadora y tendrá consecuencias en el mediano plazo. El problema estuvo en una institución –la mencionada vacancia por incapacidad moral- que incentivó comportamientos extremos en los actores relevantes.  

Primero, amenazó al país con la parálisis total de la economía justo en el momento en que la inversión privada empezaba a recuperarse, sobre todo si, de haberse aprobado la vacancia, se cumplía la advertencia del Presidente de que, como Sansón y los filisteos, junto con él se iban sus vicepresidentes, condenando al país a un interregno de incertidumbre hasta julio del 2018.

Segundo, de todos modos, aun con la vacancia superada, lo que dejará estela será la irresponsable denuncia internacional del Presidente de que se estaba gestando un golpe contra la democracia. Evidentemente eso dio la vuelta al mundo sembrando la idea de que el nuestro es un país institucionalmente inestable y precario, lo que posiblemente desalentó importantes inversiones que estaban por hacerse. Para salvarse, el Presidente comprometió en alguna medida el futuro económico de todos los peruanos.

Tercero, el indulto a Alberto Fujimori, una decisión desde mi punto de vista correcta y justa como he argumentado en una columna en El Comercio, fue dado in extremis, en un momento tal que fue imposible no pensar que formó parte de un trueque de impunidades, de modo que en lugar de haber sido un factor de reconciliación se convirtió en uno de mayor polarización.

Cabe la esperanza, sin embargo, de que el propio indulto –si es que ayuda a atemperar los ánimos en Fuerza Popular, lo que está por verse- permita establecer una correlación más favorable a entendimientos en torno a grandes proyectos y a reformas fundamentales. 

Indeterminación, atipicidad

El hecho es que la institución de vacancia por incapacidad moral precipitó posiciones extremas en todos los actores. Como sabemos, nuestro ordenamiento constitucional blinda al Presidente de manera tal que solo puede ser acusado por algún delito o infracción constitucional luego de terminar su mandato. Contradictoriamente, sin embargo, al lado de ese fuerte blindaje la propia Constitución abre la enorme y peligrosa ventana de la vacancia por incapacidad moral, que se puede ejecutar en cualquier momento. Y de manera sumaria, además, porque el concepto de “incapacidad moral”, como ha señalado el Dr. Aníbal Quiroga, es un concepto jurídico indeterminado, no tipificado, vago, de modo que admite una amplia gama interpretativa y por lo tanto se presta a la arbitrariedad del mayor número.   

Entonces, dada la existencia de la institución de la vacancia por incapacidad moral, era imposible descubrir mentiras importantes del Presidente y no plantear la vacancia. Era inevitable. La fuerza de gravedad de la vacancia es políticamente irresistible. 

Y como no hay tipificación, no hay manera de medir objetivamente el grado de gravedad que debe tener una falta moral para justificar una vacancia. Y tampoco hay debido proceso, uno de cuyos requisitos es precisamente la tipificación. ¿Cómo medir, por ejemplo, la gravedad de una mentira? ¿Una mentira basta para destituir a un Presidente? ¿Cuál tendría que ser su gravedad? ¿Cuál es el debido proceso para evaluar la gravedad de una mentira? (De allí la discusión sin salida acerca de si había o no debido proceso en el debate del jueves pasado). Entonces el instituto se presta al exceso.

A ese exceso el gobierno respondió con otro exceso: la acusación a Fuerza Popular de estar ejecutando un asalto al orden constitucional, un golpe contra la democracia, y, peor aún, la denuncia internacional de este supuesto atentado. Fue una estrategia política para desplazar el foco de la acusación hacia los acusadores.

El Dr. Abraham García Chavarry[1] ha recordado que dicha institución, que no está presente en otras constituciones del continente americano, se remonta a la Carta Magna de 1839, cuyo artículo 81 señala que: “El Presidente de la República vaca de hecho por muerte, o por cualquier pacto que haya celebrado contra la unidad e independencia nacional, y de derecho, por admisión de su renuncia, perpetua imposibilidad física o moral y término de su periodo constitucional”. Pero recuerda también que en el siglo XIX “moral” se usaba como sinónimo de “mental”. De allí que la fórmula fuera, como lo es aún ahora, “incapacidad moral o física”. Pues bien, la incapacidad mental o física, así como la muerte, simplemente se certifican, no requieren debido proceso ni contraposición de argumentos y pruebas.   

Pero la incapacidad moral, entendida como “inmoralidad”, no es ni delito, ni infracción constitucional. Es, además, como decíamos, un concepto indeterminado. Por lo tanto, no tipificado. Se presta, entonces, repetimos, al abuso de la mayoría (de dos tercios de los congresistas).  

Solución política a confrontación de poderes

Por eso, en la práctica, como ha señalado Aníbal Quiroga, la vacancia por incapacidad moral ocurre cuando el gobierno no tiene mayoría, y se ha usado eventualmente para resolver una crisis política. Como recuerda el propio García Chavarry, en 1914, el presidente Guillermo E. Billinghurst fue vacado por incapacidad moral, pero lo que había ocurrido es que “tras un intento de disolver el Congreso y convocar a consulta popular, la muy mala relación entre el Ejecutivo y el Legislativo determinó la destitución del presidente” (p. 390). Se usó la figura de la incapacidad moral, pero se trató de un juicio político para resolver una situación de enfrentamiento de poderes.

Y, en el caso del presidente Kuczynski, las razones por las que votó una proporción importante de los congresistas fueron también de índole política, no moral: sea para asegurar la estabilidad política o la gobernabilidad o para evitar un supuesto ataque a la democracia, por ejemplo. Del otro lado, quienes votaron a favor de la vacancia no podrían haberlo hecho si no hubiesen existido las mentiras del Presidente. Pero, ¿eran estas suficientemente graves como para justificar la vacancia? No hay respuesta a esa pregunta. Lo único cierto es que, dada la existencia de la institución de la vacancia por incapacidad moral, era imposible, como hemos dicho, descubrir mentiras importantes del Presidente y no plantear la vacancia. Era inevitable.

El problema, entonces, está en la Constitución, en la existencia de esa figura, tal como está redactada en este momento. La observación de que en los últimos 100 años solo se ha usado dos veces, como prueba de que es una institución sabia de la que no se habría abusado, es una falacia, porque lo que ha ocurrido es que las situaciones de enfrentamiento de poderes ocasionadas por gobiernos carentes de mayoría parlamentaria se resolvieron, por lo general, mediante golpes militares. Fueron los casos de los gobiernos de José Luis Bustamante, el primero de Fernando Belaunde y el primero de Alberto Fujimori.

Se podrá decir, como explica Aníbal Quiroga, que los golpes militares eran la forma primitiva de resolver las situaciones de gobierno dividido y que la vacancia presidencial por incapacidad moral es la forma de resolver esas crisis dentro del canal constitucional. Sí. Pero se presta a la arbitrariedad.

Conclusión

El tema del gobierno divido o del enfrentamiento entre poderes debe prevenirse o resolverse de otra forma. Primero, eligiendo al Congreso luego de la segunda vuelta, con es en Francia, y reconstruyendo un sistema de pocos partidos políticos. Y si, pese a ello, se da, podríamos facilitar la disolución del Congreso sin expresión de causa y si el nuevo Parlamento sigue dominado por la oposición, ir a la figura, también francesa, de la cohabitación, es decir, que el Presidente designa como Primer Ministro al jefe de la oposición parlamentaria.

Simultáneamente habría que modificar la institución de la “vacancia por incapacidad moral”. En primer lugar, introduciendo la figura de la incapacidad ‘mental’ permanente, para regresar a la acepción original de la expresión, que sí tenía sentido. Es decir, la presidencia vaca cuando se certifica que el presidente tiene una enfermedad mental tal como alzheimer, esquizofrenia, u otra.

En segundo lugar, acotando el concepto de incapacidad moral para acercarnos a lo que podría ser una tipificación. El Dr. García Chávarry propone que “la incapacidad moral podría ser plausiblemente aplicable a aquellas conductas graves que, sin ser delitos ni infracciones de un juicio político, deterioren a tal magnitud la dignidad presidencial que hagan que no pueda ser posible que el episódico titular del Gobierno se mantenga, tras esas conductas y en esas condiciones, en su mandato” (p. 401). García Chávarry menciona como ejemplos una situación de ebriedad habitual o de adicción a sustancias psicotrópicas, aunque también menciona la comisión pública de expresiones faltantes a la verdad, con lo cual regresamos a lo mismo. Es muy difícil evaluar la gravedad de una mentira e impedir que pueda convertirse en pretexto para cometer un abuso constitucional. Lampadia 

[1] “La incapacidad moral como causal de vacancia presidencial en el sistema constitucional peruano” Abraham García Chávarri, en Pensamiento Constitucional N° 18, 2013 / ISSN 1027-6769 También en http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/pensamientoconstitucional/article/viewFile/8962/9370




Detrás de división Keiko-Kenji hay un problema de identidad partidaria

Detrás de división Keiko-Kenji hay un problema de identidad partidaria

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El conflicto entre las dos facciones de Fuerza Popular se origina en estrategias distintas en relación a la libertad de Alberto Fujimori, pero también se ha manifestado en posiciones diferentes en temas de fondo. Keiko Fujimori privilegió la responsabilidad partidaria institucional señalada en su compromiso electoral de no usar el poder político para fines personales o familiares. Pero en el trayecto como bancada opositora defendió posiciones duras y conservadoras, tuvo excesos políticos e incluso momentos autoritarios, como el intento de destituir al Fiscal de la Nación. Kenji Fujimori, en cambio, defendió posiciones liberales en varios temas, reclamó libertad de conciencia, propuso una reforma política y demandó una relación más colaborativa con el Ejecutivo. Ella, que para ganar las elecciones quiso distanciarse del “albertismo” como sinónimo de autoritarismo, terminó recayendo en algunos comportamientos que denotaron reflejos autoritarios. Kenji (Alberto), en cambio, apareció como democrático y abierto. Al final, entonces, se produjo una inversión de posiciones: Kenji se colocó en un espacio liberal y Keiko en uno más conservador. Y en el terreno económico, la bancada de Fuerza Popular ha aprobado leyes francamente populistas. 

A mi juicio, esta labilidad entre posiciones liberales y conservadoras/populistas, y actitudes democráticas y relativamente autoritarias, puede ser, más controlada, moderada y elaborada, el cimiento de un sistema de alas partidarias dentro de Fuerza Popular, pero mientras tanto refleja un problema de identidad ideológica y programática que se deriva del hecho de que Fuerza Popular no ha realizado hasta ahora una introspección acerca de su identidad como partido.

El fujimorismo no ha procesado intelectualmente su propia experiencia histórica, la de los 90, para extraer de ella las lecciones institucionales correspondientes. Procesar no significa negar o rechazar o condenarlo todo necesariamente, como en algún momento pareció hacer Keiko Fujimori, para desconcierto de sus huestes. Si se rechaza todo sin análisis, se termina recayendo en lo mismo porque no se ha entendido nada. Tampoco significa justificar todo lo ocurrido. Significa analizar qué pasó, por qué ocurrió así, qué se puede rescatar y qué no y qué cambios habría que introducir en nuestra institucionalidad democrática no solo para que pueda responder a los retos ante los que la democracia de los 80 y de los 90 sucumbió, sino para enmendar las debilidades que permitieron socavarla.

Comencemos recordando que no fue Fujimori la causa de la destrucción del sistema de partidos y su descrédito, sino la consecuencia. Ganó como outsider absoluto en 1990 debido precisamente al hundimiento de los partidos. Es cierto que luego aprovechó el desprestigio terminal de las organizaciones políticas para minimizar el control horizontal y concentrar parte importante del poder en sus manos. Pero también es verdad que el país había caído en un abismo y había que rescatarlo de la hiperinflación, el terrorismo y la pobreza extrema, y que se necesitaba un gobierno fuerte que pudiera afrontar el enorme tamaño de esos problemas. Ante ello, sin duda las formas democráticas en ese momento podían ser percibidas como un estorbo. Para Fujimori claramente lo eran. 

¿Hasta qué punto lo eran? ¿La disolución del Congreso era necesaria? ¿Se hubiera podido cambiar la Constitución del 79 sin ese golpe? (diferenciando claramente esta etapa del autoritarismo de los últimos años del segundo gobierno, cuando las principales amenazas a la sobrevivencia nacional habían sido ya conjuradas). Es una discusión que el fujimorismo no ha hecho todavía y que debería llevarlo a desembocar en la propuesta de una democracia fuerte que “estorbe” lo menos posible. Que no estorbe del todo es imposible, porque el valor principal que la democracia cuida no es la eficacia en la gestión, sino el control o el límite del poder, a fin de proteger la libertad individual. Y las restricciones al poder, si bien garantizan que no haya abuso, pueden conspirar contra la eficacia, contra la obtención de resultados. Como señala el politólogo argentino Guillermo O’Donnell “El deseo simultáneo de una alta decisividad y un efectivo control es tan racional como contradictorio” (Guillermo O’Donnell, 2007: 116).

Samuel Huntington lo pone en términos casi cínicos: “…la democracia descansa sobre la premisa de que los gobiernos fracasan y de que por ello existen caminos institucionalizados para poder cambiarlos. La democracia no significa que se resolverán los problemas; significa que los gobernantes pueden ser cambiados…. Las democracias se consolidan cuando el pueblo aprende que la democracia es la solución al problema de la tiranía, pero necesariamente a todo lo demás” (Huntington, 1991: 236).

Hay democracias más fuertes y eficientes que otras

De todos modos, hay democracias mucho más fuertes y eficientes que otras. La reflexión central del fujimorismo debería partir de preguntarse si el hecho de que Fujimori haya optado por concentrar el poder para tener eficacia, no debería llevar a revisar qué cambios podrían introducirse en nuestra institucionalidad para conseguir una democracia más funcional, que produzca resultados, que reduzca la tentación autoritaria. Esa debería ser la propuesta central de reforma política y del Estado de Fuerza Popular, sobre todo si aspira a gobernar con éxito a partir del 2021: cómo tener una democracia fuerte y al mismo tiempo respetuosa del estado de derecho (en realidad, como veremos, una democracia fuerte es una en la que se aplica la ley).    

Pues, como decíamos, hay democracias más fuertes y eficientes que otras. Las parlamentarias europeas, por ejemplo, en las que la mayoría congresal pone el gobierno, de modo que el Ejecutivo tiene por definición mayoría en el Congreso y la confrontación de poderes queda descartada. En el Perú sufrimos ahora exactamente de lo contrario: un gobierno débil con una bancada diminuta frente a la mayoría opositora de un solo partido. Eso sencillamente no es práctico, no es eficiente. 

Lo lógico, entonces, sería que Fuerza Popular promueva cambios en las reglas de juego que hagan muy difícil que una situación así se vuelva a presentar y más bien faciliten la formación de una mayoría gubernamental que de gobernabilidad. Seguir, por ejemplo, el camino de Francia, que comenzó con la posibilidad de la cohabitación cuando una situación así se daba, pero avanzó luego a la elección del congreso después de la segunda vuelta presidencial, a fin de que el elector decida conscientemente darle mayoría o no al gobernante y que haya muchas más posibilidades de que la tenga. El problema es que Fuerza Popular seguramente no querrá promover ese cambio en este periodo porque pensará que el 2021 alcanzará nuevamente una mayoría congresal con la votación en primera vuelta, como es ahora, y más bien temerá que si los congresistas se eligen con o después de la segunda vuelta, gane el voto antifujimorista. Pero esto no es así porque el voto antifujimorista al Congreso se dividirá entre varios partidos, de manera que de todos modos Fuerza Popular, si mantiene su peso electoral actual, ganaría mayoría absoluta.

Por supuesto, reducir el número de partidos es también fundamental para lograr gobernabilidad y eficacia democrática. Pocos partidos sólidos. En esto hay que notar una interesante rectificación, quizá instintiva, de parte de Keiko Fujimori: ha organizado un partido fuerte con vocación de permanencia, que es la otra cara de los partidos descartables de Fujimori, que cambiaban de rótulo en cada elección. Fuerza Popular es, paradójicamente, el único esfuerzo serio de construcción partidaria desde el año 2000, en medio de la descomposición partidaria creciente de las últimas décadas. Sin embargo, donde se aprecia cierta continuidad con las raíces del fujimorismo es en el estilo vertical –autoritario dicen algunos- con que se maneja la bancada. El reto que tiene por delante es combinar esa fortaleza organizativa con más discusión y reflexión interna, como ésta que les estamos proponiendo para recuperar su identidad en clave democrática. Quizá aprender a manejar un sistema de alas dentro del partido, que supone capacidad de diálogo y entendimiento, aun dentro de la necesaria disciplina partidaria.

Pero necesitamos, para mejorar la gobernabilidad, que a Fuerza Popular se sumen dos o tres partidos institucionalizados más. Para eso se requiere no solo una valla más alta a las alianzas sino ir a distritos electorales más pequeños, uni o bi nominales, que tienen un efecto reductor en el número de organizaciones políticas.  Y, además, resuelven el problema de la conexión entre el pueblo y el Estado a través del Congreso en la medida en que se establece una relación directa entre representantes y representados (acaso una evolución de la relación directa de Fujimori con la gente). Esto ayuda a prevenir problemas, solucionándolos a tiempo. Es decir, hace también, por esta vía, más eficiente la democracia.

Pero en la relación entre Ejecutivo y legislativo, ayudaría mucho que la insistencia en los proyectos observados por el Ejecutivo no sea aprobada solo con la mitad del número legal de miembros más uno, sino, por ejemplo, con los 2/3 de los congresistas, para que el Presidente pueda precisamente gobernar y no ocurra lo que vemos ahora. Fuerza Popular debe ponerse en el lugar del Ejecutivo, que podría ocupar en pocos años más.

Orden y seguridad institucionalizados

Ahora bien, la popularidad de Fujimori se basó en medida importante en el restablecimiento de un valor fundamental: el orden, la seguridad. Pacificó el país. Pero la versión democrática de ese orden primario es el imperio de la ley, que en nuestro país casi no existe. Pasar a un orden institucionalmente consolidado. Hemos suprimido la amenaza terrorista, pero han emergido nuevas formas de criminalidad organizada, mafias de todo orden, corrupción, y se ha extendido la delincuencia callejera. Qué reformas hacer para implantar el orden de la ley en todos los ámbitos debería ser una discusión central al interior del fujimorismo, para entroncar con su pasado, pero en un lenguaje de construcción institucional.

El estado de derecho limita el poder del Estado y protege los derechos individuales, pero también minimiza o elimina el poder de los agentes criminales y mafiosos que amenazan el derecho a la vida, la propiedad y la libertad. Por eso, una democracia fuerte es una en la que rige el imperio de la ley. Y en la que, por lo tanto, el orden y la seguridad jurídica permiten el progreso.

Si el fujimorismo quiere retomar su identidad transformándola, tiene que proponer una concepción institucionalizada de orden, y por lo tanto no puede dejar de formular una propuesta de reforma profunda del sistema de justicia, de la Policía, de la seguridad ciudadana y de los sistemas de inteligencia. Santiago Fujimori intentó una reforma del Poder Judicial por medio de José Dellepiani, pero fue luego instrumentalizada y pervertida por Montesinos. Esa alianza con los campesinos, que fue clave en la derrota de Sendero, puede replicarse en alianzas de una policía comunitaria con la población, por ejemplo.

Pero implantar el orden supone también la reforma del propio proceso de descentralización que, tal como ha sido hecho, ha generado desorden porque minó la autoridad central y el carácter unitario del gobierno facilitando la proliferación de mafias de toda índole, algunas de ellas lanzadas al asalto de los botines presupuestales de los gobiernos subnacionales. Y ya no sólo para restablecer el orden, sino porque una democracia eficiente supone también un Estado, un Ejecutivo, capaz de aplicar no solo la ley sino políticas sectoriales y servicios eficientes en el territorio. Es necesario establecer mecanismos de control, monitoreo, intervención y sanción cuando un gobierno sub nacional desacata una política sectorial o es incapaz de prestar un servicio público de manera solvente. ¿Está pensando en eso Fuerza Popular?

No se trata de retornar al centralismo político de los 90, pero tampoco de permanecer indefinidamente en el otro extremo en el que hemos caído. Y es necesario profesionalizar dichos gobiernos, avanzar con la implantación del régimen de la ley del servicio civil y los presupuestos por resultados.

Alianza con sectores emergentes e integración a la formalidad

Un mecanismo clave en la gobernabilidad de Alberto Fujimori fue su conexión directa con los campesinos y las poblaciones urbano marginales por medio de una suerte de clientelismo tecnocrático políticamente muy rentable. Su relación con esos sectores era personal, pero la priorización de las obras de Foncodes, por ejemplo, o las de Provías rural, o la siembra de agua en “Sierra Verde”, se basaban en criterios exclusivamente técnicos. La lección que se podría extraer es que algún grado de contacto personal es importante en la tarea todavía pendiente de incorporar a los sectores postergados y emergentes. El gobierno central y el propio Presidente deberían reservarse, en aras de la gobernabilidad y de la gran integración económica y social, ciertos programas estratégicos de desarrollo de la productividad familiar y de entrega de tecnologías en las zonas rurales y sub urbanas, y siembra y cosecha de agua, dentro de políticas de formalización de la propiedad, la empresa y el trabajo, que potencien a esos sectores emergentes.

Pero la gran división que subsiste en nuestro país es la que separa a los formales de los informales. El vasto mundo de la micro y pequeña empresa emergente no podrá crecer más allá de cierto punto si no se formaliza, y esa formalización no será posible sin una reforma laboral integral que permita entregar derechos a las mayorías, en lugar de seguir defendiendo el mantenimiento de un statu quo laboral que es profundamente excluyente y que no corresponde al espíritu social del fujimorismo ni a los sectores emergentes que tradicionalmente ha representado.

El fujimorismo tiene que definir bien a quién representa, y para eso los años 90 también pueden ayudar. La base popular de Fujimori fueron los sectores populares emergentes, a quienes intentó incorporar por medio de ese clientelismo tecnocrático que he mencionado. Y también por medio del más grande programa de titulación y formalización de la propiedad que se haya ejecutado, con COFOPRI. Pero esa tarea quedó inconclusa, porque la formalización no se extendió a la empresa ni al trabajo. ¿Qué reformas introducir para lograrlo?

Las reformas de los 90 versus populismo actual

Otra manera de verlo es la siguiente: Fujimori basó su popularidad no sólo en el orden y en su alianza con los campesinos e informales emergentes, sino en el abatimiento de la hiperinflación y el crecimiento acelerado y sostenido que logró gracias al cambio del modelo económico. Abrió la economía, eliminó controles, subsidios y licencias, y privatizó la mayor parte de las empresas que habían sido estatizadas por Velasco. La titulación de la propiedad que hemos mencionado fue fundamental en este nuevo modelo. Liberó, en suma, las fuerzas productivas, aunque la informalidad se mantuvo, como hemos dicho. Parte de la discusión del fujimorismo hoy debería ser cómo profundizar ese modelo para que la economía de mercado formal integre a todos. 

La reflexión de Fuerza Popular en este campo debería empezar por revisar y valorar las reformas económicas que se aplicaron en los 90 y que llevaron al período más largo de crecimiento y reducción de la pobreza de la historia del Perú. Y a partir de allí ver cuáles son las reformas de segunda y tercera generación que faltan. Pues lo que notamos en este terreno es un problema de identidad en el fujimorismo basado quizá en el olvido de la experiencia histórica, porque da la impresión de que Fuerza Popular, en lugar de avanzar hacia las mencionadas reformas de nueva generación, ha empezado a perforar las conquistas de los 90 con leyes populistas tales como la del pase de los CAS de Essalud a la 728 en lugar de a la ley de Servicio Civil, la de pensiones de militares y policías, la prohibición de la leche en polvo, la ley de cabeceras de cuenca, el proyecto de ley para incorporar a las consorciadas en el 003, y ahora el proyecto para establecer la negociación colectiva en el Estado, que puede echar por tierra el gran logro de los 90 que fue la recuperación del equilibrio fiscal para prevenir el retorno de la inflación.

Lo lógico sería que Fuerza Popular, en su revisión histórica, rechace, previo análisis, los aspectos autoritarios de la experiencia de los 90, y se afirme en los aspectos positivos que aquí hemos reseñado, uno de los cuales, si no el principal, fue el cambio de modelo económico que condujo al crecimiento acelerado y sostenido con estabilidad monetaria. Lo que carece totalmente de sentido es que el fujimorismo recaiga en actitudes autoritarias en lo político al mismo tiempo que aprueba leyes populistas en lo económico, afectando las bases del modelo que hace posible el crecimiento con estabilidad. Es el aprendizaje al revés de su propia historia. Lampadia




La CIDH está haciendo política

La CIDH está haciendo política

Entre el cruce de sables e intereses políticos que abundan en los medios nacionales, la entrevista de Jaime de Althaus a Francisco Tudela nos muestra con objetividad cómo debemos apreciar los intereses del Perú en relación a la CIDH y demuestra que detrás de sus pergaminos hay más política que derecho.

Francisco Tudela, Ex canciller de la República: “La CIDH está haciendo política como si fuera derecho”

Precisa que el delito de lesa humanidad no figura en la sentencia de extradición de Chile y por tanto no era legal juzgar a Alberto Fujimori por ello

Entrevista a Francisco Tudela
Por Jaime de Althaus
El Comercio
08 de enero de 2018

Francisco Tudela, ex ministro de Relaciones Exteriores y ex vicepresidente del gobierno de Alberto Fujimori, analiza en esta entrevista el indulto concedido por Pedro Pablo Kuczynski y las medidas que se podrían adoptar en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

— El gobierno está muy entrampado y depende, en alguna medida, de lo que haga Fuerza Popular, pero Fuerza Popular también está entrampada en su lío interno. ¿Esto tiene salida? 

Yo creo que la salida es dejar que los procesos judiciales prosigan su camino sin interrupción, pero evidentemente la fractura de Fuerza Popular es mala para el país y su recomposición es un imponderable; la situación del presidente estando investigado tanto por el Ministerio Público como por la Comisión Lava Jato es, también, un imponderable. Mientras tanto, creo yo que no hay que contribuir a este proceso de desintegración tan fuerte que está viviendo el país. Siendo la coyuntura económica internacional positiva para el Perú, el riesgo-país se ha incrementado sustancialmente porque hay una percepción muy grande de inestabilidad, el no poder predecir quién va a ser el sucesor del presidente Kuczynski. Yo debo decir con franqueza que nunca he visto una situación como esta.

— Bueno, el presidente puede ser investigado pero no acusado durante su mandato, pero nuevos temas que aparezcan podrían provocar nuevos pedidos de vacancia, no puede conseguir ministros. ¿Debería renunciar? 

Creo que es una opción que recae enteramente sobre él. Es él quien tiene que decidir, porque es él quien aprecia mejor que nadie cuál es su verdadera situación. La renuncia no es un escenario ideal, pero un escenario de renuncia respetando el orden establecido en la Constitución en el cual el primer vicepresidente asume la Presidencia de la República y todo sigue hasta el 2021 no es un escenario catastrófico. El escenario catastrófico hubiera sido aquel que el presidente impuso al país en su discurso a la nación antes de ir a defenderse al Congreso: que él renunciaba y forzaba a los dos vicepresidentes a renunciar, lanzándonos al garete, al mar abierto con enormes incertidumbres.

— Parte importante del problema político del presidente tiene que ver con el indulto, que ha enajenado a todos sus aliados. ¿Es válido el indulto dado a Alberto Fujimori?
Yo creo que sí. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no está haciendo una evaluación jurídica desde mi punto de vista. Está haciendo política como si fuera derecho. En el fondo lo que está diciendo es que el indulto implica impunidad, y en ese sentido creo yo que la comisión está equivocada. La comisión en su texto invoca la proporcionalidad entre el perdón de la pena y la gravedad de los delitos de lesa humanidad. Pero el delito de lesa humanidad no está en la sentencia de extradición chilena. De acuerdo al Código Bustamante, tratado que rige internacionalmente la extradición y del cual Chile y el Perú son firmantes, nadie puede ser juzgado por delitos que no estén contenidos o imputados en la sentencia de extradición y esa es la razón por la cual, arbitrariamente, los juzgadores del ex presidente Fujimori colocan lesa humanidad en la sentencia, pero tienen que hacerlo con efectos solo declarativos, sin efectos penales, porque no está en la sentencia de extradición y, por tanto, era ilegal juzgarlo por lesa humanidad. Más aun, el Ministerio Público peruano aprecia correctamente esta situación y cuando presenta cargos contra el ex presidente no coloca el cargo de lesa humanidad. En cuanto al Caso Pativilca, aún no iniciado, la Corte Suprema de Chile sí considera entre los delitos por los cuales se amplía la extradición el crimen de lesa humanidad, pero especular sobre ese posible proceso y su conclusión es prematuro en este momento. Así pues, el comunicado de la CIDH apela a una suposición que no se desprende de las sentencias existentes.

— ¿Es justa la condena a 25 años sin que haya habido prueba directa de que Fujimori ordenara o autorizara los crímenes?

La sentencia de extradición sí contiene el concepto de autoría mediata –de ahí fue sacado–, que implica que el presidente Fujimori, como era el jefe del Estado, se presupone que debía saber. O sea, no es una orden directa en la cual él dice que maten a sus enemigos. Y no ha sido probado que él autorizara o conociera. Esa autorización, esa orden, no ha sido demostrada en el proceso. Además, la propia calificación de lesa humanidad fue mal establecida.

— ¿Por qué?

En Nuremberg no había derecho existente para juzgar a los nazis, y entonces se los juzga de acuerdo al derecho natural. La primera sistematización de los crímenes contra la humanidad se da con el estatuto de Roma, que el Perú aprueba en el 2001 y luego lo ratifica. Yo era el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, yo hice el dictamen para la aprobación del estatuto de Roma. El artículo séptimo del estatuto de Roma dice: “A los efectos del presente estatuto se entenderá por crimen de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”, y luego, a efectos del párrafo primero, dice el estatuto de Roma: “Por ataque contra una población civil se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados en el párrafo primero contra una población civil de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer este ataque o para promover esa política”. Esto se refiere al genocidio, a la limpieza étnica, al ataque contra las minorías étnicas. Lo que está ocurriendo ahora en Myanmar con los rohingyas, la persecución de los judíos por parte de los nazis, por ejemplo. No se puede decir que la lucha contra el terrorismo haya sido un crimen de lesa humanidad, porque no fue un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, y no cumple el requisito del inciso 2 del artículo 7… Siempre cabrá la duda de si el presidente sabía o no de estos actos, pero lo que hacen unos subordinados en Barrios Altos y La Cantuta no formaba parte de la estrategia general antisubversiva…

— ¿A partir de los 90 te refieres?

Así es. Primero, porque se decidió armar a las comunidades campesinas, permitir la autodefensa, porque quien sí cometía un crimen de lesa humanidad era Sendero Luminoso, que en su sueño afiebrado ideológico suponía que el campesinado se iba a plegar a su asonada revolucionaria, y como las comunidades campesinas no querían a Sendero Luminoso, este se vengó exterminando a comunidades campesinas enteras. Lo mismo hicieron con los asháninkas en la vertiente oriental de los Andes. Allí sí estamos hablando de un ataque sistemático y generalizado contra una población civil.

— Pero en los 80 el Ejército también reaccionó contra esas matanzas arrasando comunidades.
Porque no tenía órdenes. Al Ejército se lo puso en el campo, pero los dos gobiernos, tanto el de Fernando Belaunde como el de Alan García, no diseñaron una estrategia y no asumieron la responsabilidad de la conducción de la lucha contra el terrorismo. Pero eso es un tema anterior a la presidencia del presidente Fujimori, y por lo tanto, no cae dentro del análisis que estamos haciendo. A partir de los 90 sí hubo una estrategia clarísima antisubversiva que llevó a la captura con vida y sin daños corporales de todas las cúpulas terroristas y con un significativo descenso en el número de bajas, porque más bien se armó y asistió a las comunidades. Y se dio una ley de arrepentimiento a la cual se acogieron cerca de tres mil miembros de las organizaciones terroristas que no habrían cometido delitos de sangre y que denunciaron a sus jefes. Entonces, hablar de una política generalizada y sistemática contra una población civil, que es el caso de lesa humanidad, no se aplica a la lucha del Estado Peruano contra una organización criminal. Cuando la CIDH saca este comunicado en el que habla categóricamente del delito de lesa humanidad por el cual Fujimori no ha sido condenado, está haciendo pasar política por derecho.

— ¿Hay una suerte de logia político-ideológica que maneja estos temas?

Bueno, da la impresión de que la comisión y la corte son organismos cuyos miembros cooptan a otras personas para que ingresen al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y hay ciertos requisitos de afinidad político-ideológica.

— ¿El Estado Peruano puede ganar el tema del indulto en la corte?

No lo sé, depende del alegato que haga el Estado Peruano.

— ¿Aceptaría ser el abogado del Perú en ese alegato? 

No lo sé. Es una propuesta etérea.

— ¿La Corte Interamericana puede revocar el indulto?

No creo que pueda revocar el indulto, y si lo revocara o lo cuestionara, pues el Perú tiene que considerar detenidamente si va a acatar esa sentencia.

— ¿Puede el Perú no acatarla?

Estamos, claro, obligados por el tratado a cumplir lo que se nos diga, pero si no lo cumpliésemos, como por ejemplo ocurre con la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el Caso Filipinas-China, en el cual China no cumple la sentencia en el proceso que Filipinas ha ganado contra ella, respecto al mar territorial, pues la corte no tiene ningún elemento coactivo contra China. La Corte Interamericana tampoco tiene elementos coactivos contra el Perú. Claro, es un incumplimiento del Perú, pero digamos que a consideraciones políticas extremas de la corte y de la CIDH caben consideraciones igualmente políticas por parte del Estado Peruano.

ANTECEDENTES Y OPCIONES

-Los posibles escenarios ante la corte y CIDH-

— ¿Le ha sido útil al Perú la pertenencia a la Corte Interamericana? ¿Tendría sentido retirarse en los temas vinculados a terrorismo?

La verdad es que hemos perdido todos los casos sin excepción, sin apelación, pero independientemente de eso hay que comprender las dimensiones de esto. La política de derechos humanos a nivel internacional fue diseñada por el presidente Carter, y luego por el presidente Reagan y se inicia con los acuerdos de Helsinki de 1975 y se convierte en el punto de partida de la disolución del Estado soviético con las acciones de Sájarov, Solzhenitsyn y los disidentes. Fue la respuesta de Estados Unidos a la guerra ideológica después de haber perdido la guerra de Vietnam, un invento genial de Zbigniew Brzezinski. En la Primavera Árabe tuvo consecuencias nefastas, pues derrocó a los gobiernos seculares nacionalistas árabes y a cambio estableció, por ejemplo en el caso de Libia, la anarquía absoluta. Cuando el Perú se retiró parcialmente de la jurisdicción de la corte en 1999, la condena de Estados Unidos fue total, lo que resultaba irónico, porque Estados Unidos no ha ratificado la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, claro, es el profesor Ciruela, que te obliga a hacer lo que él no hace. Al margen de eso, la reacción norteamericana sería la misma hoy, porque la política de derechos humanos sigue siendo la misma, es el eje de la política exterior norteamericana en el mundo.

— Pero es posible denunciarla para ciertos aspectos…

Podríamos denunciar la convención, es perfectamente legal, pero trae enormes problemas políticos. Se denuncia, pero los términos de la convención siguen rigiendo para el país que denuncia. Y tampoco uno puede salirse cuando hay un hecho en discusión, suponiendo que ese hecho en discusión se va a esfumar si uno se sale de la corte. O sea para aquellos que proponen salirse de la jurisdicción de la corte yo les sugeriría que esperen a que se resuelva el tema del indulto primero, porque la denuncia de la convención no puede ser una vía de escape a lo que está en proceso.

— ¿Revocar un indulto no sería intervenir en la soberanía política de un Estado para resolver sus problemas políticos internos?

Claro, porque mientras el Perú opere dentro de su orden constitucional y legal, tiene que gozar de la soberanía y la independencia absolutas. La soberanía y la independencia absolutas son cuestionadas por el Sistema Interamericano cuando se ataca la democracia, cuando se violan los derechos humanos: allí sí no hay soberanía ni independencia en función de los tratados de los cuales formamos parte en realidad desde 1948. No podemos sustraernos a lo que mandan estos tratados, escondiéndonos detrás de los conceptos de independencia y soberanía, pero si estamos obrando de buena fe, de acuerdo a la Constitución, las leyes y los reglamentos, la vigencia de esa soberanía y de esa independencia tiene obligatoriamente que ser respetada por la CIDH y por la Corte IDH. No pueden vulnerar la carta de la OEA interviniendo en los asuntos internos del Perú cuando esos asuntos han sido resueltos de acuerdo a ley. Lampadia