Algunos  estudiosos de los temas del Estado llegan a afirmar que la descentralización ha sido un fracaso. Evidentemente, este importante proceso adolece de muchas deficiencias, pero debemos entenderlo como irreversible y, por lo tanto, apuntar a su perfeccionamiento.

Si vemos  la descentralización desde una perspectiva económica es muy claro que hemos sido exitosos, pues nuestra economía se ha descentralizado de manera muy importante. Esto se aprecia en la evolución de las inversiones, la generación de empleo y el aumento de los ingresos. En los tres aspectos, los mayores avances se dieron en las regiones, dado el regreso de la inversión privada al campo, la minería, energía, pesca y turismo, entre otros, un proceso de carácter estructural.

Desde una perspectiva política, la descentralización del Estado, se han trasladado a las regiones la mayoría de las funciones estatales así como gran parte de sus presupuestos de operación e inversión. Sin embargo, tenemos dos grandes debilidades: la falta de una estructura nacional y la debilidad de los procesos de gestión de los gobiernos sub nacionales, donde lamentablemente se han generado niveles muy altos de corrupción.

Otro problema, muy importante, es que no hemos logrado que las autoridades sub nacionales asuman la representación explícita del Estado en las funciones que les corresponden, ni que la población las vea como el Estado, ya que aún, ante cualquier crisis reclama la presencia del Estado (Central), ignorando a los gobiernos sub nacionales.

Líneas abajo, presentamos el análisis y propuestas de reformas desarrollado por Jaime de Althaus. Ver otras propuestas de reformas institucionales en nuestra biblioteca virtual: Estado del Siglo XXI.   

Fuente: revistaideele

Las reformas de la descentralización

En la campaña electoral casi no se tocó el tema de la necesaria reforma de la descentralización, ni tampoco aparece como tal en los planes de gobierno propuestos, acaso por temor a que fuera políticamente contraproducente o, lo que sería aun más preocupante, por falta de conocimiento o conciencia del problema.

El hecho es que la descentralización en el Perú fue muy mal diseñada y ejecutada. Nació sin planificación, como un impulso político. Los primeros presidentes regionales fueron elegidos y estuvieron cinco meses en funciones antes de que se supiera qué funciones tenían porque no se había aprobado la Ley Orgánica de Regiones. En la mencionada ley Orgánica y en la Ley de Bases de la Descentralización se les transfirió a los gobiernos regionales prácticamente todas las funciones del Estado salvo las intransferibles como Economía, Defensa y Seguridad, pero al mismo tiempo se constituyeron sobre departamentos y no sobre regiones propiamente dichas, de modo que la mayor parte de ellos carecían y siguen careciendo de una masa crítica profesional suficiente para hacerse cargo de todas las funciones transferidas.

Para remate, el proceso de certificación y acreditación de capacidades para asumir las funciones fue prácticamente suprimido a partir del 2006 cuando Alan García decidió transferir todas las funciones de golpe y porrazo, acaso para desentenderse de las responsabilidades respectivas. Eso significa que las regiones y gobiernos locales se hicieron de muchas funciones sin tener ni las capacidades ni los recursos. Por lo tanto, la calidad de los servicios públicos decayó sensiblemente.

No solo eso. En muchos casos no quedó claro qué competencias correspondían a qué nivel de gobierno. Al gobierno central se le acordó la función rectora, normativa y supervisora, sin mayores precisiones, pero fuera de eso las competencias al interior de una función no quedaron claramente delimitadas a lo largo del proceso de producción de un bien o servicio, y entonces se superponen y no se sabe bien qué nivel de gobierno es responsable de qué.

Pero el aspecto más preocupante es que el gobierno central perdió capacidad de dirección, supervisión y control de las políticas sectoriales. El país se feudalizó. El gobierno central, salvo excepciones, por lo general ni siquiera  asume las limitadas funciones rectoras y supervisoras que tiene asignadas en la ley, en parte por falta de conciencia o capacidad, en parte por carencia de data y de instrumentos de medición de brechas y resultados, y por ausencia de mecanismos de intervención y sanción cuando el gobierno sub nacional no puede o no quiere ejecutar una política sectorial (ver “Análisis de la función rectora y sancionadora del Poder Ejecutivo”, Contraloría General de la República, Estudio Rol rector y sancionador Poder Ejecutivo.

Por último, se les transfirió a los gobiernos regionales y locales la mayor parte de la inversión pública. De esa manera los gobiernos sub nacionales pasaron de ejecutar menos del 5%  de la inversión pública en 1990, cuando solo existían gobiernos locales,  a ejecutar entre el 60 y 70% en la última década. Dentro de eso, los gobiernos locales desarrollan alrededor del 40% de la obra pública y los regionales entre el 20 y el 30%. Una verdadera descentralización del Estado, con el problema de que dichos gobiernos carecían de una administración moderna y profesional y más bien se organizaban en función de relaciones  patrimonialistas. El resultado fue bajos niveles de ejecución, atomización, muchas obras por administración directa o por contrata a parientes y amigos y, por lo tanto, mucha corrupción. En el siguiente cuadro podemos ver como el 41% de la inversión pública en las municipalidades distritales (MD) se ejecuta por administración directa, modalidad ideal para el enriquecimiento ilícito.

Según el informe de la Contraloría arriba citado, entre los años 2009 y 2014, el porcentaje de ejecución de la inversión a cargo de los Gobiernos descentralizados fue de solo 66%, un porcentaje inaceptable considerando las brechas existentes. Pero el tema se agrava considerando que el 43% de proyectos formulados por dichos gobiernos no se destinó a cubrir las brechas en los sectores básicos de Transporte, Educación, Salud, Agua y Saneamiento, sino a otros sectores no prioritarios. Y pese a que el 30% de la ejecución  de los gobiernos regionales se centró en el sector transportes,  resulta que al 2014 el 90% de la Red Vial Departamental no estaba pavimentada.

Uno se pregunta en qué se va el dinero. Según el informe, la mayor parte de los proyectos que reciben la declaratoria de Viabilidad por parte del SNIP,  no cumplen con los estándares de calidad solicitados por el propio SNIP. Y una vez ejecutados y entregados los proyectos, tampoco existe un sistema que permita monitorear cómo se lleva a cabo la operación y mantenimiento de los proyectos, ni es posible cuantificar cuánto se gasta en ello.

Pero la respuesta principal es la corrupción. Sobre todo a raíz de canon minero, una parte significativa de gobiernos regionales y locales tuvieron muchos recursos durante los años del boom minero. Eso, sumado a la cantidad de funciones transferidas que otorgaban capacidades discrecionales a los funcionarios, muchas veces sin la institución de la segunda instancia, convirtió a muchos gobiernos sub nacionales en botines presupuestales presa de aventureros políticos que no pertenecían a partido político alguno. Es decir, este proceso de desmembración administrativa se dio en el marco de un proceso de fragmentación política extrema en el que el sistema de partidos había estallado en mil pedazos. 

Dichas autoridades no solo carecían del control de un partido político nacional, sino que tampoco tenían el control fiscalizador de ciudadanos contribuyentes, pues, de un lado, los gobiernos regionales se financian exclusivamente de transferencias del gobierno central y no de recaudación propia, y, de otro, los gobiernos locales, si bien cobran impuesto predial y arbitrios, son relativamente pocos los vecinos que pagan. Sólo el 30% de los ingresos de las municipalidades en el Perú proceden de ingresos propios. Lo que esto significa es que no hay una masa crítica de ciudadanos contribuyentes que exija resultados.

Lo que tenemos, en suma, son gobiernos sub nacionales patrimonialistas con autonomía política pero sin responsabilidad económica y sin obligaciones de desempeño demandadas ni por el gobierno central ni por partidos políticos inexistentes ni por una muy pequeña base de ciudadanos contribuyentes. Gestiones patrimonialistas con diversos grados de corrupción que tienden a desarrollar relaciones clientelistas con la población.

Por lo tanto, la forma de resolver estos problemas es con un conjunto de reformas:

1. Reforma política orientada a reconstruir el sistema de partidos (ver Lampadia Empecemos a debatir la Reforma Política)
2. Análisis técnico de la mejor distribución y delimitación de funciones y competencias entre los tres niveles de gobierno según la parte del proceso que mejor puede hacer cada nivel (matrices).
3. Crear para todos los casos el recurso de una segunda instancia con desincentivos monetarios que eviten su abuso, estableciendo que cuando se ratifiquen las decisiones de la primera instancia, el reclamante deba asumir un costo adecuado.
4. Nuevo proceso de acreditación de las capacidades de las regiones y municipalidades para hacerse cargo de las funciones y competencias redelimitadas. Identificar los déficit de capacitación y capacidades profesionales para desarrollar planes de capacitación y contratación o traslado de funcionarios desde el nivel central.
5. Introducir la reforma del servicio civil en todos los gobiernos regionales y en las principales municipalidades. Es decir, profesionalizar las administraciones. Esta medida sí es mencionada en el plan de Fuerza Popular.
6. Profundizar el programa de incentivos del Ministerio de Economía para que los gobiernos locales incrementen su recaudación.
7. En el futuro, cuando las medidas planteadas hayan tenido efecto generando una gestión de calidad y los controles y reportes necesarios para evitar los niveles actuales de corrupción, deberá contemplarse el descentralizar el impuesto a la renta a los gobiernos regionales, que logren su acreditación para tal efecto.
8. Establecer mecanismos para fortalecer la capacidad rectora de los ministerios:
   1. Comisiones sectoriales intergubernamentales. PPK propone crear un Consejo de Coordinación Intergubernamental, adscrito al Ministerio de Apoyo a las Regiones (MAR) encargado de fijar una agenda de reforma del Estado a escala regional y local
   2. Convenios de gestión
   3. Presupuestos por resultados
   4. Construir sistemas de información para medir brechas y resultados. Base de datos única y compartida.
   5. Fuerza Popular plantea condicionar las transferencias a los gobiernos sub nacionales a la reducción de brechas.
   6. Reformar el SNIP y la inversión pública. PPK propone  la creación del Ministerio de Apoyo a las Regiones (MAR) y la descentralización de Proinversión para dar apoyo técnico y económico a las regiones y municipalidades. Proinversión tendrá un banco de pre-proyectos, realizará los estudios, priorizará los proyectos dentro de un presupuesto quinquenal y los monitoreará y tendrá oficinas en los Gobiernos Regionales.  Fuerza Popular propone un Sistema Integrado de Planeación de Políticas Públicas y Unidades de Gestión de Servicios y Procesos (UGSP) que identificarán las reformas para mejorar la calidad de la prestación de educación, salud, agua y saneamiento, así como de los procesos de inversión pública y acordarán las metas esperadas y los indicadores para dar seguimiento al avance de los planes. Prestarán asistencia técnica a las entidades del Estado para simplificar sus procesos y trámites, eliminar trabas y obstáculos burocráticos.
9. Fortalecer la capacidad sancionadora del gobierno central en el caso de incumplimiento de políticas y normas sectoriales, incluyendo la pérdida de ciertas capacidades, como el eventual control sobre la recaudación del impuesto a la renta.   
10. Establecer formas de intervención temporal en el caso de que un gobierno sub nacional desatienda un servicio básico o incumpla una política.
11. Trasladar las Oficinas de Control Interno de los gobiernos sub nacionales a la Contraloría, en lo que se refiere a su dependencia administrativa. Esto lo propone Fuerza Popular.
12. Establecer mecanismos e incentivos para avanzar hacia la integración de regiones en regiones propiamente dichas. Al respecto, PPK propone incentivar la conformación de “mancomunidades” y Fuerza Popular la firma de “contratos plan” pluriregionales.
13. Reforma del canon. PPK propone beneficiar a las comunidades aledañas a los proyectos sin afectar la distribución del canon a las regiones.

Como vemos, los planes de gobierno de Peruanos por el Kambio y Fuerza Popular recogen algunos pocos de estos puntos y ponen énfasis sobre todo en nuevas estructuras de apoyo y mejora de la gestión de los servicios y la inversión regional y local. Pero eso, con ser interesante, es insuficiente. Aquí se necesita un conjunto coherente de reformas, una estructura que permita el balance entre un gobierno unitario, descentralizado, y una oficina central capaz de monitorearlas.

Una falla que afecta la calidad de la gobernanza del país es la fragmentación que muchas veces se produce entre el gobierno y la sociedad civil. Por ejemplo, los vínculos entre el Estado y los empresarios en el sentido amplio, son más o menos cercanos en función de la visión ideológica del gobernante, o lo que es peor, en función de relaciones personales. Estas relaciones podrían institucionalizarse a nivel regional, mediante el fortalecimiento del Consejo de Coordinación Regional, que debe ponerse en práctica obligatoriamente y debe incrementar la participación de los representantes de los gremios empresariales, universidades y otras instituciones representativas de la sociedad civil de cada región. Lampadia

Los problemas, necesidades y oportunidades del Perú son múltiples y difíciles de enfrentar, sobre todo por las limitaciones de la clase política: orientada al corto plazo, a las peleas de barrio y a visiones parroquiales no convergentes.

En la campaña electoral que va tomando cuerpo, seremos inundados de propuestas de todo color. Muchas de ellas estarán diseñadas para el aplauso fácil de las tribunas y tendrán altos contenidos de populismo que no tienen posibilidad de llevarse a cabo. Para el ciudadano común, como en anteriores ocasiones, será muy difícil separar la paja del trigo, evaluar (aunque someramente) los posibles impactos y encontrar los elementos de consistencia y coherencia.

Por esta razón, cumpliendo con nuestro objetivo de empoderar a nuestros ciudadanos mediante análisis e información e inspirados por nuestra Misión, mientras avanza la campaña electoral iremos armando un “Súper Combo Electoral” en el que acopiaremos las mejores propuestas específicas de los diferentes candidatos, cuidando un cierto nivel de coherencia entre ellas.

La idea es promover un debate sobre lo que pueden ser las mejores ideas de gobierno y que, en conjunto, puedan ser tomadas por el ganador, con una cierta indicación de viabilidad y conveniencia.

Todavía es pronto para recolectar propuestas de todos los candidatos, algunos todavía no han hecho públicos sus planteamientos, como es el caso del líder en las encuestas, Keiko Fujimori. El CADE que se inicia hoy nos adelantará varias propuestas de los cinco candidatos, cosa que recogeremos para la próxima semana. Un buen referente para el análisis de las propuestas que nos harán durante la contienda electoral, es también La Visión del Perú al Tercio de Siglo, presentada en CADE 2014, que lamentablemente IPAE no ha sabido difundir.

Mientras tanto queremos adelantar unas pocas propuestas de dos candidatos que ya hicieron públicos algunos planteamientos, Alan García y Pedro Pablo Kuczynski.

Alan García

Canon Comunal

Propone que a las comunidades del área de influencia de los proyectos mineros se les entregue como ‘Canon Comunal’ una parte de los impuestos y regalías que pagan las empresas. 

Propiedad del subsuelo

Plantea que los propietarios del suelo sean también propietarios del subsuelo, tal como sucede en algunos otros países. Este cambio, según García, debería hacerse mediante un referéndum. La propuesta no es nueva y para hacerla viable hay muchos requisitos previos y se requerirían varios años de preparación. Por ejemplo: los programas de titulación están truncos; en las comunidades de la sierra coexisten dos tipos de propiedad, comunal e individual, pero ninguna está debidamente registrada; no hay un registro formal de la propiedad de cada comunidad y menos catastros que delimiten las tierras de cada una; las directivas de las comunidades no están inscritas en los Registros Públicos, como sucede con cualquier empresa e institución. Por lo tanto, sus actos sociales de venta, renta o cualquier otra transacción relacionada a sus derechos, tampoco son registrados. Ver más información en Lampadia: La propiedad del subsuelo y la explotación de los RRNN.

En consecuencia, esta propuesta puede ser filosóficamente deseable, pero no podrá implantarse en el siguiente período de gobierno ni, quién sabe, en los próximos dos o tres. Compartimos la idea, pero la propuesta parece apurada.

Pedro Pablo Kuczynski

Proinversión en cada Plaza de Armas de las Regiones

La propuesta de PPK es dar mucha fuerza y presencia a Proinversión para que se acerque a las poblaciones de las regiones, donde deben darse la mayor parte de los proyectos de inversión en infraestructuras sociales y económicas.

Impuesto plano a la renta

Se propone un impuesto plano de 17.5% sobre una mayor base de aplicación, que incentive el empleo y la inversión. El impuesto se calcularía deduciendo de los ingresos todos los costos laborales y el íntegro de la inversión del año correspondiente. Este es un sistema tributario que ha sido muy exitoso en varios países y es coherente con los grandes objetivos nacionales: promoción del empleo, inversión y recaudación tributaria.

Ayúdennos a armar el Súper Combo Electoral como una contribución al empoderamiento de nuestros ciudadanos y al futuro gobierno. Lampadia

Comentario de Lampadia

Más abajo reproducimos un artículo del economista Mankiw de Harvard, que explica que en una de las pocas cosas en que todos los economistas estadounidenses están de acuerdo es en las ventajas del comercio internacional, pero, lamentablemente, los políticos y muchos ciudadanos todavía son víctimas de prejuicios que nublan su razón.

Mankiw sustenta con mucha claridad los elementos que hacen de la apertura comercial una muy buena política económica y explica el detalle de los problemas políticos que aún enfrenta.

Este tema es especialmente relevante para el Perú, pues, para empezar, acá ni siquiera los economistas están de acuerdo con la apertura comercial. Hay algunos que lo consideran aberrante, como, por ejemplo economistas representativos de la PUCP (Jimenez, Fairly, Francke e Iguiñez). Durante el debate del TLC con EEUU, gran parte del establishment peruano estaba en contra del acuerdo, sin embargo, el 75% de la población lo aprobó.

El tema de la apertura de la economía es un tema pendiente en el debate político. Recordemos que hace muy pocos años, en sus respectivas campañas, García y Humala amenazaron con revisarlo. Afortunadamente, una vez sobre el caballo, no se atrevieron a cambiar de política.

Actualmente, está pendiente la aprobación del tratado Transpacífico y sus opositores en el Perú, ya nos han amenazado con todos los males posibles.

Como podemos ver en el siguiente artículo, “en todas partes se cuecen habas”, pero en el Perú, como repetía Alonso Polar, “solo se cuecen habas”.

Economistas coinciden en algo: La Sabiduría del Libre Comercio

Por N. Gregory Mankiw,  Profesor de Economía en Harvard,  The New York Times, 24 de abril 2015

Traducido, glosado y comentado por Lampadia

Si se le tomase un examen de Economía 101 al Congreso [EEUU], ¿pasaría? Estamos a punto de averiguarlo.

El tema en cuestión es si el Congreso le brindará al presidente Obama la autoridad de “vía rápida” para negociar un acuerdo comercial con nuestros socios comerciales en el Pacífico. La aprobación final del Congreso está lejos de ser certera.

Entre economistas, el tema es obvio. 

Escribimos, “El comercio internacional es fundamentalmente bueno para la economía de Estados Unidos, beneficioso para las familias estadounidenses a través del tiempo, y acorde con las prioridades nacionales. Por eso apoyamos la renovación de Trade Promotion Authority (TPA) para hacer posible que Estados Unidos llegue a acuerdos internacionales con nuestros socios económicos en Asia a través del Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica (TPP) y en Europa a través de la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (ATCI). “

Los economistas son famosos por estar en desacuerdo entre ellos. Pero ellos tienen un acuerdo casi unánime en algunos temas, como en el comercio internacional.

El argumento económico para el libre comercio se remonta a Adam Smith, el autor de “La Riqueza de las Naciones”. Smith reconoció que el caso del comercio con otras naciones no era diferente al caso del comercio con otros individuos dentro de una sociedad. Smith estaba respondiendo a una doctrina entonces prevaleciente llamada mercantilismo, que favorecian las exportaciones, pero desconfiaban de las importaciones.

Smith cambió esta perspectiva. Una nación se beneficia de las importaciones, argumentó, porque amplía sus oportunidades para el consumo.

En la actualidad el fetichismo sobre el oro casi no existe, pero hay una nueva forma de mercantilismo que impregna el debate moderno sobre el comercio. A menudo los políticos y expertos retroceden ante las importaciones debido a que “destruyen” puestos de trabajo nacionales, mientras que aplauden las exportaciones, ya que crean puestos de trabajo.

Los economistas responden que el pleno empleo es posible con cualquier patrón de comercio. El problema principal no es el número de puestos de trabajo, sino qué puestos de trabajo. Los estadounidenses deberían trabajar en aquellas industrias en las que tenemos una ventaja en comparación, y debemos importar los productos que se pueden producir de forma más barata allí.

Si los economistas están tan seguros acerca de los beneficios del libre comercio, ¿por qué es que el público y sus representantes electos son escépticos? Una posible respuesta está en el   libro (2007) de Bryan Caplan, llamado “El mito del votante racional: por qué las democracias elijen malas políticas.”

Caplan argumenta que los votantes son peores que simplemente ignorantes con respecto a los principios de las buenas políticas. La ignorancia sería aleatoria en una población grande podría promediarse. En vez de ser simplemente ignorantes, los votantes se aferran a creencias erróneas.

Los políticos, cuyo objetivo principal es ser elegido, moldean esas creencias erróneas en una mala política. Caplan escribe: “¿Qué pasa si políticos plenamente racionales compiten por el apoyo de votantes irracionales – específicamente, votantes con creencias irracionales sobre los efectos de las diversas políticas? Es una receta para la mentira”.

En el caso del comercio internacional, él identifica tres prejuicios muy relevantes.

El primero es un prejuicio anti-extranjero. La gente tiende a ver su propio país en competencia con otras naciones y subestima los beneficios de tratar con extranjeros. Sin embargo, la economía enseña que el comercio internacional no es como la guerra, ambos lados pueden ganar.

El segundo es un prejuicio anti-mercado. La gente tiende a subestimar los beneficios de los mecanismos del mercado como una guía para la asignación de recursos. Sin embargo, la historia ha enseñado repetidamente que la alternativa – una economía planificada – actúa de manera deficiente.

El tercero es un prejuicio contra el “make-work” (un puesto de trabajo que no tiene un beneficio financiero inmediato para la economía). La gente tiende a subestimar el beneficio de la conservación de la mano de obra y por lo tanto se preocupa de la destrucción de empleos que generan las importaciones en las industrias que compiten con importaciones. Sin embargo, el progreso económico de largo plazo encontrará maneras de reducir el factor trabajo y logrará la redistribución de los trabajadores a nuevas industrias en crecimiento.

Una vez, el economista de Princeton Alan Blinder propuso la ley de Murphy de la política económica: “Los economistas tienen la menor influencia en la política en lo que saben más y están más de acuerdo; y tienen la mayor influencia en la política donde saben menos y están en desacuerdo vehementemente”.

El debate sobre el comercio internacional es un ejemplo de ello. 

Ahora que la economía dejó de crecer, debilitando la disminución de la pobreza y la desigualdad, la izquierda tradicional acusa al “modelo económico” de nuestras debilidades institucionales. Este, que hasta el 2013 mostró resultados espectaculares en términos de desarrollo económico y social (ver en Lampadia: Las Cifras de la Prosperidad).

Varios académicos, periodistas y analistas caen en lo mismo. Por ejemplo, Eduardo Dargent (La República, 4 de abril, “Carranza y las instituciones”), afirma que el ex Ministro Carranza: “Rechaza que sea el modelo económico el que esté mostrando sus limitaciones. (…) El problema es el gobierno. ¿Por qué? Porque este gobierno ‘cambió el modelo de crecimiento que tenía el Perú’”.

Indica,además, que: “Carranza nos ilustra sobre el estancamiento: (i) ausencia del Estado para preservar los derechos de propiedad y efectividad de los contratos, (ii) desconfianza de la población en la efectividad del Estado para defenderlos de potenciales daños medioambientales y garantizar la dotación de agua y (iii) falta de capacidad del Estado para usar bien los impuestos, mejorando las condiciones de vida de la población por buenos servicios y no por gasto asistencial es fundamental para reducir la desigualdad de manera permanente”.

Y concluye: “¿Heredadas de quién? (…) La verdad [dice Dargent] yo veo mucha mas continuidad que cambio y si, más bien, creo que los arquitectos del modelo harían bien en evaluar en que medida no ha servido para atacar esta debilidad institucional diagnosticada”.

Estas acusaciones nos permiten evaluar el “porque” del divorcio entre economía e instituciones.

Veamos:

1. A 1990 llegamos en “artículo mortis”, destruidas la economía y las instituciones.

2. La verdadera Gran Transformación del Perú se inició en 1993, cuando adoptamos una Constitución más moderna que nos permitió llevar al país al mundo global, abrir las puertas de la inversión privada y liberar la capacidad de los peruanos para construir su propio futuro. Este proceso se produjo sin un plan específico y sin el liderazgo de nuestros gobiernos ni de nuestra clase dirigente. Fue una suerte de “accidente”.

3. Ninguno de los gobiernos, desde el segundo de Fujimori, Paniagua, Toledo y García (2), lideraron conscientemente la revolución económica y social que transformó el país y nunca emprendieron las reformas institucionales que debieron ser parte del proceso.

4. No hay modelo de crecimiento económico sostenible que deje en segundo plano, o ignore el avance institucional.

5. Nuestro modelo requiere: Estado de Derecho (protección de los derechos de propiedad e imperio de la Ley), un mejor Sistema Político (con Partidos Políticos representativos), un buen Sistema Judicial y una Policía efectiva y correcta, así como un Estado Meritocrático.

6. Esto no se hizo, pero no por carencias del modelo económico, sino por la falta de visión e incompetencia de la clase política. El sector privado tuvo las condiciones para recuperar la economía, pero los sucesivos gobiernos jamás emprendieron la reforma institucional.

7. El segundo gobierno de Fujimori no entendió el nuevo marco institucional de la Constitución del 93. El 96 paró las reformas. Cayó en un neo-populismo electorero y una corrupción desenfrenada, además de generar una innecesaria recesión (1998) que desdibujó buena parte de los logros de su gobierno.

8. El gobierno de Paniagua (víctima de circunstancias políticas extremas) no fue capaz de dibujar un nuevo marco institucional. Nos atascamos en el pantano de la revancha y el resentimiento. Además, abrió la posibilidad de retornar a la nefasta Constitución del 79. Ver en Lampadia: La Constitución del 79 consolidó el empobrecimiento general de los peruanos – Quieren bajarle la llanta a la prosperidad.

9. Toledo heredó el final de la recesión del 98. La del “corte de la cadena de pagos”, que desató el Ministro Baca Campodónico.

Posteriormente Toledo, gracias a sus buenos ministros, se montó en la ola del aumento del precio de los commodities que iniciaron el ciclo de abundancia que vivimos hasta hace poco. Por otro lado,  inició una regionalización apurada que desarticuló la estructura del Estado y siguió coqueteando con la Constitución del 79.

Felizmente, con algunos de sus ministros y un buen grupo de empresarios modernos, cerramos el TLC con los EEUU, que consolidó el proceso de inserción de nuestra economía al mundo global.

10. El Presidente García llegó al gobierno acusando a Lourdes Flores de ser la “candidata de los ricos” y amenazando con revisar el TLC con EEUU. Felizmente, las circunstancias de la economía global: altos precios de los commodities, abundante financiamiento internacional, crecimiento espectacular de la inversión privada (mayormente en provincias) y la polarización política con Hugo Chávez, permitieron que García apoyara la economía de mercado.

Así profundizamos la integración comercial y se fomentó la inversión privada. Pero, García nunca hizo el balance entre el pasado de estancamiento (del que fue parte importante), y la nueva realidad. No se hicieron, ni se explicaron, las relaciones causa-efecto que trajeron al Perú desde la oscuridad y el desaliento a la explosión de bienestar y confianza del nuevo siglo.

Tampoco se hicieron las reformas políticas e institucionales pendientes, en parte por miedo a la agresiva oposición del humalismo.

Así llegamos al 2011, al gobierno de la “inclusión”, justo después de una década de inclusión jamás soñada. Es cierto que el Presidente Humala tuvo que abandonar su programa radical de gobierno para ser elegido en la segunda vuelta. Para ello juró lealtad a la “Hoja de Ruta”. Pero casi todo su equipo era parte del proyecto radical (felizmente duró poco). Pero,  durante el premierato de Salomón Lerner G. se oficializó el lenguaje anti-minero, perdimos el proyecto de Conga y se paralizó la inversión minera, la locomotora que había jalado el tren de nuestra economía. Además, el Presidente hizo evidente su desconfianza en el sector privado que percoló en toda la administración pública.

El siguiente gráfico demuestra cómo el 2011 se inició la parálisis de nuestra economía:

El resto vino solo, le echamos la culpa a la caída de precios de las exportaciones, cuando pudimos compensar con volumen lo que perdíamos con precios. Después quisimos inventar nuevos motores de crecimiento y nunca más dimos pié con bola.

Este proceso se puede profundizar en los siguientes análisis de Lampadia:

– Otra vez La Parada (esta vez en la inversión)

– “¡Es el Estado, …estimado!”

– El país resbala después de muchos años

– El 2014 terminó nuestro ciclo virtuoso de desarrollo – ahora necesitamos
acumen y una agenda de desarrollo efectiva

– Des (Grecia) y reflexiones para el Perú

– La economía peruana en perspectiva

– Visión de Futuro antes que un Acuerdo Nacional

Todo lo expresado demuestra que hasta antes del gobierno de Humala tuvimos un modelo muy exitoso en lo económico y lo social y, que nunca se quiso abordar las reformas institucionales. Mal se puede ahora, culpar al modelo económico por nuestras carencias. Sería muy torpe, ahora,   dejar de hacer lo sí hicimos bien. Lampadia

Para ex ministro de Economía del gobierno aprista Luis Carranza, las acciones de este régimen no buscaron generar crecimiento

Entrevista a Luis Carranza. Ex ministro de Economía y Finanzas

Por Mariella Balbi

(El Comercio, 04 de Abril de 2015)

¿El nuevo primer ministro podrá remontar nuestra alicaída economía?

No. La caída de nuestra economía viene de antes. El crecimiento se desacelera desde el 2013. La confianza de los inversionistas y el crecimiento de la inversión privada cayeron en el gobierno de Ollanta Humala. Entre el 2006-2011, la inversión privada creció con un promedio anual mayor a 15%, y la inversión pública creció cerca de 16%. Lamentablemente, en el 2014 la inversión privada cayó 1,5% y la pública en 3,6%. Una contracción fuerte. Esto se explica por varios factores: el discurso contradictorio del presidente Humala, las trabas a la inversión, el exceso de multas, la sobrerregulación, la ineficiencia del Ejecutivo para aprobar proyectos de infraestructura y darles viabilidad.

El presidente dijo que la censura a Ana Jara generó incertidumbre entre los inversionistas.

Eso viene de tiempo atrás. Está confundiendo la causa con el efecto. Hemos tenido vacío de poder desde que empezó este gobierno.

¿La gestión del primer ministro Pedro Cateriano podrá mejorar las cosas

Tendría que evitar un mayor deterioro político y la pérdida de confianza. El primer ministro debe tender puentes, reducir el nivel de confrontación. En un año electoral las inversiones se retrasan, pero no lo acentuemos. El presidente debe ver en la censura a Jara no un chantaje, un acoso, sino una oportunidad para cambiar su manera de hacer política y poder llegar a buen puerto el 2016.

¿Ana Jara tenía la confianza de los inversionistas?

No. No era relevante porque no tenía ningún poder real. Este gobierno ha puesto de lado a los primeros ministros. Sea quien fuere, se requiere que la persona tenga poder real.

¿Es decir?

No estar pintado en la pared.

¿Cateriano está pintado en la pared?

No basta tener poder real para generar inversiones. Cateriano tiene la confianza del presidente. Necesita tender puentes con las fuerzas políticas para evitar que se deteriore aun más el clima de desconfianza y confrontación. Está en las manos del gobierno. Si no lo hace, tendremos mayor deterioro político que terminará afectando más las expectativas de la gente. Y esto ocurrirá, con Ana Jara o con Cateriano.

¿Cateriano es confrontacional?

Él ha dicho que cambiará ese estilo. Esperemos que sea así. Si la polarización continúa, no generará confianza y tranquilidad en los agentes económicos.

¿Este gobierno nunca logró generar confianza?

Nunca. Siempre tuvo un discurso de confrontación. El rol de dirigir un país requiere aglutinar fuerzas, conducirlas, que todos empujen en la misma dirección. Desgraciadamente, ha ocurrido lo inverso. Estamos pagando las consecuencias de esa forma de hacer política.

¿Desde el inicio, el gobierno tenía un objetivo electoral, sin importarle el país?

Todo indica que desde el inicio el objetivo fundamental era político-electoral. Las acciones tomadas no buscaron generar un mayor crecimiento. Lo descubierto en la DINI, el uso de los programas sociales, querer comprar una refinería privada, la confrontación, tratar de destruir a los adversarios políticos apuntan a ello.

¿Usted es aprista?

¿A qué viene esa pregunta?

A que fue ministro de Economía del gobierno de Alan García…

No soy aprista, fui viceministro en el gobierno de Alejandro Toledo y ministro de García y, les agradezco la oportunidad. Mis comentarios han estado en función de lo que convenía al país: mejora de la inversión pública, presupuestos por resultados, advertir sobre la pérdida de competitividad de nuestra economía. Pero se vio como una crítica política y no como una recomendación técnica.

¿Por qué el inversionista no tiene confianza en el gobierno?

Por el discurso confrontacional, inconsistente. Porque no se abrevian los permisos y las aprobaciones demoran. Los costos de invertir han subido significativamente en el Perú. El Estado no es eficiente en hacer respetar contratos y derechos de propiedad.

¿El ex ministro Luis Castilla fue complaciente con los objetivos electorales del presidente?

Solo puedo decirle que descuidó la inversión pública, la infraestructura, la competitividad. Dejó que florecieran, como hierba mala, todas las regulaciones y que sectores, como Ambiente y Trabajo, entorpecieran la inversión. No se preocupó por la eficiencia del gasto público ni del social. Cayeron la competitividad y la productividad. En el gobierno anterior, la productividad explicó casi la mitad del crecimiento del Perú. Del 2011 al 2014, ha contribuido con 0,6% al crecimiento.

¿El ministro de Economía, Alonso Segura, tiene cierta autonomía o estamos en piloto automático?

Se equivocó en pretender hacer reformas a un año de dejar el gobierno. Las reformas se realizan en los dos primeros años de gobierno. La ‘ley pulpín’ no tuvo liderazgo ni apoyo político en el Congreso. Ya habíamos visto lo ocurrido con el sistema previsional para independientes. Él debería enfocarse en ejecutar rápido y bien proyectos de inversión como la línea 1 y el gasoducto sur.

¿Están retrasados?

Sí. Se concesionaron tarde, además. Hay que sostener el gasto y evitar que el crecimiento siga cayendo. Eso requiere mucho trabajo de ejecución, monitorear los proyectos. Ser aliado de las autoridades regionales y los alcaldes. Les ponen trabas y no pueden ejecutar. En el 2015 estamos viendo el desplome de la inversión pública.

El presidente parece satisfecho de los caminos y otras obras que inaugura.

Está bien eso, pero debió ser el triple de carreteras, tener un gasto público del 8% del PBI y no del 5%. Está bien que saque rédito político con las inauguraciones: otorga legitimidad al sistema democrático mostrando que da bienestar a la población. Pero su discurso ahí es confrontacional: busca deslegitimar el sistema y tiene una mira político-electoral.

Este gobierno se ufana de duplicar la inversión pública del gobierno aprista…

En soles han gastado más. Pero no en porcentaje del PBI, correspondiente a una economía cada vez más grande. El gobierno anterior recibió un PBI de US$80 millones. Este recibió un PBI de US$180 millones. El nivel de inversión pública, respecto al PBI fue en el 2010 de 5,9%. En estos cuatro años no hemos superado esto. Debería estar en 8% de inversión pública respecto al PBI.

¿Por qué descuidó esto el Ministerio de Economía?

Para eso existen los consejos de ministros. Se discuten las prioridades nacionales y las políticas sectoriales que tienen impacto en la economía. Tampoco hubo eficiencia del gasto público, ni resultados concretos para el bienestar de la población. Los programas sociales se han utilizado con fines político-electorales.

¿Populismo?

Sí. Es un gasto populista. El programa Juntos crece sin cumplir las condiciones de salud y educación. Además se está ampliando para zonas periurbanas donde hay oferta de empleo. Entonces, para qué trabajar si recibo un subsidio. Beca 18 tiene un presupuesto de US$300 millones, pero no está focalizado. No tiene articulación. Tampoco se vela por la calidad de la enseñanza.

¿Qué se pretende entonces?

El objetivo no es la empleabilidad de la gente ni la productividad del país sino crear un bolsón electoral. Igual que en Brasil, donde 50 millones de personas dependen del dinero público. Dilma Rousseff dijo a los beneficiarios que los otros postulantes les quitarían esta asistencia. Lo mismo dice el presidente Humala.

¿Los programas sociales se diseñaron con un fin electoral?

Tal como se están desenvolviendo las cosas todo apunta a ello. Es comprobable. Este año tenemos un presupuesto de S/.5.000 millones para programas. El resultado debería ser el bienestar de la población. Pero la pobreza pasó del 50% el 2006, a 27,8% el 2011. Una reducción exitosa. Lamentablemente al 2013 la pobreza está en 23,9%. Deberíamos estar por debajo del 20%. La disminución de la pobreza en este gobierno no es significativa. No hay un objetivo de gestión pública, sino político-electoral. Al gobierno no parece interesarle la salud de los niños. Prefiere crear bolsones de población que dependen de transferencias y subsidios.

¿Clientes políticos?

Así es.

¿Ha habido inclusión social?

No. Es solo una frase. Este gobierno pudo ser el mejor gobierno del Perú republicano. Perdió una oportunidad extraordinaria para crecer y reducir la pobreza. Con un crecimiento del 2% no hay inclusión social. El crecimiento es lo que incluye. No hemos visto mejora en las condiciones reales de la población. En educación perdimos tres años, los indicadores de salud no han mejorado sustancialmente.

¿El empleo ha caído?

La tasa de crecimiento del empleo viene reduciéndose y en algunos sectores se ha perdido empleo. El empleo no crece a la velocidad debida, crece más el informal. Contradictorio, ¿no? Al inicio se criticó la minería y ahora se le prenden velitas para que impulse el crecimiento.

“Los programas sociales repartieron plata con el pretexto de la inclusión”

¿Este será un quinquenio perdido?

Desperdiciado.

Para el gobierno, el crecimiento del 2,3% era inevitable por la crisis externa.

No es verdad. La situación externa explica como máximo el 30% de bajo crecimiento. El resto, 70%, es responsabilidad exclusiva de causas internas. No seré repetitivo. El gobierno pensó que el crecimiento estaba garantizado al 6%. Y los programas sociales se dedicaron a repartir plata con el pretexto de la inclusión, pero con un motivo político electoral detrás. Si las condiciones externas son buenas se puede crecer al 8%; si no, hay que llegar al máximo de nuestro potencial. Pudimos crecer al 5% como mínimo.

¿Lo firma?

Por supuesto.

¿En el 2015 creceremos el 5,5% o el 4,8%, como dijo el ministro Segura?

No. Será cercano al 3%, si se logran estabilizar las expectativas de los agentes económicos. Pero si continúan el clima de confrontación política, la desconfianza con el sector privado, las demoras en aprobaciones, el crecimiento será del 2%. Si el 2015 queremos crecer por encima del 4%, la inversión privada debe crecer cerca del 5%. Con este escenario político y económico, con deterioro de expectativas no es razonable suponer esto. Según el gobierno, la inversión pública crecerá más de 10%. ¿Qué están haciendo para garantizarlo?

¿Y en el 2016?

Venimos de una inercia mala, hay un proceso electoral y retraso en la inversión privada. Demorará remontar expectativas. No será un crecimiento alto, dependerá de quién gane.

La Confiep considera que la censura de Jara no contribuye a la estabilidad económica.

Esto es un reflejo del deterioro de las condiciones políticas del país que afectan la inversión. Por eso Confiep pide consensos.

¿El proyecto Tía María está en riesgo?

Evidentemente está en riesgo. Al igual que Conga, demuestra la enorme debilidad del Estado. Las mesas de diálogo no deben dejar el liderazgo a dirigentes mineros y resolver las demandas de la población en un plazo determinado. Este gobierno se dejó ganar la iniciativa Conga. Hubo incapacidad política. A partir de esto el gobierno se ha puesto de costado.

¿La DINI le ha hecho seguimientos?

No tengo la menor idea. No me interesa. El reglaje masivo que hemos visto es dañino para la democracia.

El haber llevado a cabo una regionalización apresurada, irresponsable y politiquera viene representando un enorme costo social, político-institucional y económico al país.  Como hemos señalado “el gran culpable de estas decisiones disfuncionales es el ex presidente Toledo y todo el Congreso que acompañó su gestión. Pero no puede dejar de reconocerse que el proceso fue agravado, por las mismas razones, durante el segundo gobierno de Alan García”. De alguna manera el actual gobierno se hace cómplice de este fenómeno básicamente por omisión (ver en Lampadia (L): La fragmentación política favorece ineficacia y corrupción). 

Anteriormente, hemos señalado que comportamientos disfuncionales como corrupción, gastos absurdos (piscinas, estadios, monumentos), autoritarismo (ver en L: Stalinismo en Cajamarca) se deben a un mal proceso de regionalización que, no contempló establecer los debidos “checks and balances”, en especial los referidos a rendición de cuentas y a la discrecionalidad absoluta de la que gozan. Tampoco consideró la elemental designación de segundas instancias para evitar que los (pésimamente denominados) presidentes regionales actúen como reyezuelos.

A eso se sumó el surgimiento de mafias dispuestas a capturar los gobiernos locales a sangre y fuego. Por eso los elevados atentados contra candidatos en las última elecciones. Como señala el estudioso costarricense, Kevin Casas Zamora, “la descentralización política, cualesquiera sean sus virtudes, crea un problema complicado… para un mafioso es mucho más barato y menos visible comprar a un alcalde que comprar a una autoridad nacional”.

Para colmo de males, con esta debilidad institucional se les asignó inmenso recursos fiscales del canon, regalías y “aportes extraordinarios”, justo en un momento en que luego del apagón de treinta años la inversión privada llegó a las provincias (Ver en L: Descentralización y Regionalización – Cara y Sello del nuevo Perú).

Esta situación, como lo señalan diversos estudios es indeseable para la democracia y, puede ser una de las causas del autoritarismo subnacional. Como asegura el politólogo argentino de la universidad de Notre Dame, Carlos Gervasoni, las transferencias fiscales serían una especie de rentismo  (“las rentas entendidas como ingresos (generalmente elevados) percibidos a cambio de un pequeño esfuerzo productivo”). Estos montos convierten a los gobiernos subnacionales en rentistas y al producirse esta relación, por lo general, genera un autoritarismo latente.

Mediante un análisis estadístico para el período 1983-2003 en la argentina Gervasoni estableció una correlación negativa entre renta fiscal y democracia en las provincias de esta nación. De esta forma este politólogo concluye que, las excesivas transferencias que se realizan a determinadas provincias “contribuyen decisivamente al establecimiento de  regímenes subnacionales poco democráticos”. Si bien reconoce que el establecimiento de una democracia saludable se debe a diversas causas, queda claro que el bajo nivel democrático de muchos municipios y provincias y regiones latinoamericanas se debería a este fenómeno que denomina rentista.

Pero en el Perú, no solo ha generado esta situación que explicaría bien lo ocurrido en Áncash y Cajamarca, sino que ha impedido que se entienda que esos ingresos provienen de la inversión privada. De allí el inentendible grito de “canon sí, minería no”.

Si una autoridad regional cree que tiene derecho a seguir recibiendo ingentes fondos sin relación con ningún esfuerzo de su parte, termina asumiendo que no debe: dar cuentas, entender el verdadero origen de los fondos (canon y regalías de los impuestos de las inversiones privadas), usarlos a su libre albedrío para acrecentar su poder o imagen, no necesita de nada más, como promover más inversión privada y, finalmente, comportarse con respeto por lo ajeno y más bien, muchas veces, caen en la corrupción más descarada.

Felices con los recursos, que prácticamente “les caían del cielo”, poco les importó e importa a las autoridades locales esforzarse por atraer y contribuir a que la inversión privada se instale en sus jurisdicciones, por el contrario se han dedicado a obstaculizarla, ponerles gravámenes, trabas e incluso como en Cajamarca, financiar (con dinero público) la oposición a proyectos mineros. Es hora de repensar la regionalización. Lampadia 

Como hemos señalado anteriormente en Lampadia, la fragmentación del país impide la buena gestión pública y dificulta la relación del Estado con los ciudadanos y empresas. Hace ilusoria la coordinación de las distintas instancias de gobierno, el desarrollo de los proyectos más importantes, que no necesariamente están confinados en las demarcaciones políticas, la efectividad del gasto público con los atributos de las democracias modernas que requieren de pesos y contrapesos y de la doble instancia, para evitar la creación de feudos independentistas en un país unitario. La estructura del país con 24 departamentos, bajo el gobierno absolutista de los llamados presidentes regionales, 196 provincias y 1,846 distritos es prácticamente imposible administrar eficiente y eficazmente, pues traba el desarrollo del país.

La discrecionalidad y autonomías absolutas de las instancias de gobierno, más allá del gobierno central, junto con la abundancia de recursos provenientes de los cánones y regalías generadas por las inversiones privadas, así como la debilidad de sistemas de control; han generado gestiones inefectivas y muchas veces corruptas. Inefectivas, porque puede que gasten todo el presupuesto(eficiencia)pero adoleciendo de despropósitos en el uso de los recursos, baja calidad y/o corrupción abierta.

No vamos a enumerar los gastos absurdos como los hechos en monumentos ridículos, la cementación de las plazas o las mega-piscinas, o la falta de inversión en saneamiento o caminos porque la corrupción sobrepasa todo nivel de tolerancia.

Las cifras de corrupción subnacional son de escándalo: 22 de 25 presidentes regionales tienen serias acusaciones por actos de corrupción. Nada menos que168 procesos judiciales se acumulan en contra de estos funcionarios, los cuáles son acusados por peculado, colusión, negociación incompatible y malversación de fondos. Cinco de ellos recibieron órdenes de prisión preventiva: César Álvarez de Ancash, Gregorio Santos de Cajamarca y Kléver Meléndez de Pasco, encarcelados, Gerardo Viñas de Tumbes, prófugo desde hace tres meses e Iván Vásquez de Iquitos, investigado como reo libre.

El panorama es igual o peor en las municipalidades. De acuerdo a la Procuraduría Anticorrupción, el 92% de los de los actuales alcaldes están siendo investigados por peculado, malversación de fondos, negociación incompatible y/o colusión. Es decir, 1,699 autoridades de las 1,841 existentes.

“Son 454 alcaldes provinciales y 1,245 distritales que estarían inmersos en actos de corrupción. También hay 429 ex alcaldes provinciales y 1,326 ex alcaldes distritales que son investigados por los mismos delitos”, se señala en un informe de la Procuraduría.

Los departamentos con mayor cantidad de casos son: Ancash (46 alcaldes provinciales y 146 distritales), La Libertad (42 provinciales y 80 distritales), Cusco (41 provinciales y 96 distritales), Puno (37 provinciales y 51 distritales) y Junín (34 provinciales y 116 distritales).

La corrupción, según la PCM, produce un forado importante en las arcas públicas. Como reveló recientemente el Premier, Ana Jara, “el Estado pierde aproximadamente S/. 10 mil  millones al año, lo cual representa aproximadamente el 2% del producto bruto interno (PBI) (…). Con esta suma se pudo haber construido 72 hospitales o 360 modernos colegios o crear más de 200 mil puestos de trabajo”.

Además de la corrupción, también tenemos ahora la continua y creciente penetración del crimen organizado en las instituciones políticas y de gobierno. En estos tiempos en que las mafias (narcotraficantes, taladores y mineros ilegales, contrabandistas, extorsionadores, mafias de construcción civil y el sicariato, entre otros) consolidan “territorios libres” y capturan los gobiernos locales con suma facilidad para operar con impunidad.

Como señala el estudioso costarricense, Kevin Casas Zamora “La descentralización política, cualesquiera sean sus virtudes, crea un problema complicado… para un mafioso es mucho más barato y menos visible comprar a un alcalde que comprar a una autoridad nacional”.

Todos estos problemas son el riesgo que corrimos y que hoy pagamos hasta con sangre, al haber llevado a cabo una regionalizaciónapresurada, irresponsable y politiquera. El gran culpable de estas decisiones disfuncionales es el ex presidente Toledo y todo el Congreso que acompañó su gestión. Pero no puede dejar de reconocerse que el proceso fue agravado, por las mismas razones, durante el segundo gobierno de Alan García.

Peor aún, luego se fue facilitando la formación de movimientos regionales “independientes”, sin estructuras partidarias ni la debida organización, o que solo representan grupos de interésy mafias para que puedan postular y copar las presidencias regionales y municipios. (Ver en Lampadia (L): Un poco de humildad, es el momento para la reforma política).

No se trata de dar marcha atrás, ni es una mirada limeña, es hora de efectuar una reforma que impida la corrupción y la captura de los gobiernos locales por aventureros o mafiosos. Lo que debiera hacerse primero, como se ha planteado aquí, es reducir sustancialmente el número de regiones e incluso provincias y distritos. Esa es la manera más adecuada de efectuar controles más efectivos y que el gasto sea más adecuado.

Asimismo, dado que el país se define como unitario, los partidos políticos o movimientos que postulen en elecciones de gobiernos locales tendrían que ser de alcance nacional o vincularse a ellos. Si este gobierno no corrige, aunque sea lo más evidente, entrará a la galería de culpables del fracaso de la regionalización, esta vez por inacción.

Por otro lado, queremos recordar que es importante no confundir regionalización con descentralización. La regionalización es de carácter político y la descentralización, económica y social, que en el Perú ha producido grandes avances. (Ver en L: Descentralización y Regionalización – Cara y Sello del nuevo Perú).

Dada esta situación reiteramos nuestra invocación a los políticos para que con humildad atiendan el clamor nacional. “En la situación en que se encuentran, desprestigiados según todas las encuestas y con el peso que se acaban de poner a sus espaldas, ya no pueden seguir manteniendo las estructuras políticas y los sistemas electorales que favorecen sus intereses de grupo. Ahora deberían viabilizar las reformas reclamadas por la ciudadanía y puntualizadas por diferentes especialistas en múltiples ocasiones”. Lampadia

La abrupta salida de Miguel Castilla del despacho del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es la última gota en un proceso que nos conduce a tres escenarios a los podríamos enfrentarnos de aquí a fines del gobierno. No todos ellos son alentadores. Si bien la designación de Alonso Segura, (un Castilla-2) calma ciertos temores, no impide el eventual desarrollo de dos de ellos, nada deseables. El tercero, en cambio, como señalamos en nuestra Editorial de hace unos días, implica un giro de timón que permita reactivar la inversión en proyectos mineros importantes e infraestructuras. (Ver en Lampadia (L): Situación Límite). Lamentablemente, este deseable escenario solo se materializará si se superan obstáculos absurdos y kafkianos como las enormes trabas burocráticas y regulatorias. Un ejemplo de ellos, es el revelado por Jaime de Althaus en La Hora N: el gasoducto del sur debe realizar más de 4,100 trámites antes de ponerse en marcha. ¡Aunque usted no lo crea!

Los tres escenariosaludidos son: “La Gran Frustración”, “La Gran Farra” y “La Gran Reacción”. Veamos:

La Gran Frustración

Como ha recordado reciente el Financial Time “durante la última década la economía peruana ha crecido en promedio un asombroso 6.5% al año – cifra que incluye los efectos de la crisis financiera global. Con una industria minera que representa el 60% de los ingresos por exportaciones, el país aprovechó el auge de las materias primas [y mucho más como lo indicó Krugman (ver en L: Krugman rompe mitos)]. Los mercados y la moneda repuntaron, mientras que la pobreza cayó a tasas al estilo chino, impulsadas a la baja por un auge de la inversión que triplicó la producción peruana a US$ 216,000 millones en un año. Sin embargo, ahora el “milagro peruano” parece haber terminado. En el segundo trimestre de este año (2013), la tasa de crecimiento cayó a 1.7%. El déficit por cuenta corriente también se amplió a 5% del PBI, de forma preocupante”.

El milagro peruano no ha terminado. Lo que sucede es que este gobierno oficializó el discurso anti-minero cuando estuvo como premier Salomón (Siomi) Lerner. Este hecho desaceleró la inversión privada (Ver en L: Otra vez la parada (esta vez en la inversión)).

Así las cosas, con todos los indicadores económicos en caída(crecimiento, inversión privada y pública, importación de bienes de capital, y otros); más dos años electorales con sus típicas incertidumbres y demoras para la inversión; y las trabas absurdas a las que se han sometido a los procesos de inversión(como losrevelados por Althaus), nos hacen temer un 2016 con un mini crecimiento de 2 a 3% del PBI.

Por tanto, no encontramos otro término para este escenario que el de La Gran Frustración, porque contrasta con la soberbia de los ofrecimientos de este gobierno improvisado, confrontacional, así comoel espectacular ritmo de crecimiento que teníamos y que no se produjo solo, lo labramos a mano.

La Gran Farra

Ante el eventual desarrollo de ese desastroso escenario descrito líneas arriba, por la incapacidad del gobierno de entender las relaciones causa-efecto que lo generaron y para enmendar el rumbo, este segundo escenario plantea la posibilidad de que el gobierno sucumba a la tentación del populismo inventado por Perón.Asesorado por sus amigos venezolanos, cubanos, brasileños, argentinos y otros sedecida a recurrir dispendio fiscal usando nuestras reservas fiscales, de divisas y hasta los fondos privados, para gastar en programas sociales, grandes compras públicas y estimular la economía al estilo de Alan García en el 85. Eso generaría un estado de bienestar falaz con fines electoreros, que terminaría por sepultar la gran oportunidad del Perú para salir de la pobreza.

Esta nueva postura política tendría que venir acompañada de un discurso hiperpopulista, nacionalista al extremo, que genere enfrentamientos con el capitalismo, los ricos, etc. En fin, el discursoque los más viejos conocemos bien y que los más jóvenes pueden escuchar y ver como se lo utiliza en Venezuela y Argentina.

Para conducir este escenario, solo se tendría que recurrir a los antiguos amigos del inicio del gobierno, el equipo que representa el “Pensamiento FRENAIZ” y reavivar su proyecto original de eternizarse en el gobierno con o sin Nadine.

La Gran Reacción

El presidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, deciden liderar el despegue de la economía y reencaminar los proyectos mineros y los de infraestructuras que están paralizados y que le darían al país el impulso que se necesita.

Para ello, se debe hacer, como hemos señalado (ver en L: La situación no está para tafetanes), algo drástico y muy pronto, como asegurar la reactivación de la inversión en minería  y que empiecen a ejecutarse inmediatamente las grandes concesiones en infraestructuras. Un llamado que también han efectuado economistas destacados como Juan Mendoza.

En minería el primer proyecto debería ser el de Las Bambas (US$ 6,031 millones de inversión); Constancia, se encuentra en una zona conflictiva y complicada: Chumbivilcas, Cusco (inversión de US$ 1,790 millones); Tía María (US$ 1,000 millones).

A la par deberán ponerse en marcha varios proyectos de infraestructuras como el gaseoducto del sur, el túnel transandino, centrales hidroeléctricas, el aeropuerto de chincheros, la ampliación de majes y otros. Como ha señalado el ex ministro Carranza (Ver en L: El Sur a dos dígitos), solo el Sur del país está en capacidad de crecer 10% los próximos años.

Para esto, se necesitan solo dos cosas: decisión política y unos poderosos machetes que permitan abrir la trocha en las selvas regulatorias que están a punto de absorbernos cual hiedras carnívoras. ¡No queda mucho tiempo!

Ojalá que el presidente tenga la lucidez de seguir esta ruta. Esperamos que no desee pasar a la historia superando el fracaso de nuestros peores gobiernos y que no apueste por la gloria efímera del camino albista. ¡Confiamos en que Usted lo puede hacer mejor! Lampadia

En una reciente entrevista concedida a El País de España, el ex presidente chileno, Ricardo Lagos, señaló que el Mercosur y la Alianza del Pacífico (AdP) “podían(…) avanzar a distintas velocidades”. Además, indicó que Brasil podía darse el lujo de tener una economía cerrada, porque era un país-continente. Una buena disculpa de Lagos, que no usan la China, India, México, EEUU, y tantos otros países grandes (continente) para justificar tremendo error. Mientras el Mercosur es proteccionista, la Alianza se orienta al libre comercio. Estas diferencias no parecen preocuparle al ex presidente quien estaría defendiendo la postura chilena que ahora quiere jugar varios partidos a la vez.

Las declaraciones de Lagos recogen las del actual canciller chileno, Heraldo Muñoz. Como revelara Andrés Oppenheimer, Muñoz le confesó que: “Chile quiere invitar a Brasil a participar de alguna forma en la AdP. Cuando le pregunté si esa no es una receta para enfriar o acabar con la AdP, el canciller chileno rechazó esa sugerencia. (…) Cuando le señalé que invitar a Brasil también podría tener el efecto de enfriar los planes de la AdP, porque un tren avanza a la velocidad de su vagón más lento, Muñoz respondió que no hay necesidad de desacelerar a la Alianza, porque el bloque comercial del Pacífico puede avanzar perfectamente ‘a dos velocidades’”, cosa imposible y absurda, como indicamos en la siguiente nota de Lampadia: El futuro de la Alianza del Pacífico).

El problema es que hoy Brasil, no solo avanza más lento, sino que está retrocediendo. Recientemente, en el ranking de deuda soberana, BlackRock calificó negativamente al Brasil debido al aumento en su deuda de corto plazo, mientras que el Perú recibió una buena calificación, ver en Lampadia: BlackRock Sovereign Risk Index.

Estas no son las únicas malas señales que llegan de Brasil. La incertidumbre sobre su rumbo económico se acrecienta debido al proceso electoral por el que atraviesa (las elecciones presidenciales están previstas para el 5 de octubre próximo).

Y es cierto, en estos momentos, la inflación pareciera empezar a descontrolarse. Los expertos del mercado financiero pronostican que la inflación llegará a 6.41 %, muy próxima al límite máximo establecido por el Gobierno. La presidenta y candidata a la reelección, Dilma Rousseff, días atrás se vio obligada a aclarar “[La inflación] está en el techo de la meta. Vamos a quedarnos en ese techo”, destacó la presidenta.

Asimismo, Rousseff ha tenido que dar explicaciones por el mal desempeño de la economía y, sobre todo por la decepción de los ciudadanos por la corrupción, ineficacia y deficiencias de su gobierno. “El mismo pesimismo (que hubo) en el Mundial se está dando ahora con la economía, pero es aún más grave porque la economía está hecha de expectativas”, ha señalado a manera de excusa.

Los problemas de Brasil, sin embargo, se inician con el quiebre de las políticas que dejó el  gobierno de Henrique Cardoso, que puso la casa en orden. Lula da Silva llevó al país hacia el proteccionismo y el asistencialismo. Cooptó a sus opositores y convivió con altísimos niveles de corrupción gubernamental. Dilma Rousseff exacerbó las políticas de Lula, manteniendo bajo el precio del petróleo y el diésel y subvencionando la electricidad. También, otorgó beneficios fiscales a varias industrias para intentar apuntalar el crecimiento. Lo que ha provocado esta política es crear incertidumbre, llevando la tasa de inversión a 18.3% del PBI, su mínimo en cuatro años, mientras que la tasa de ahorro se ubicó en 12.7%, la más baja en los últimos 15 años (en el Perú es de 23.8%).

Además, Brasil ha sido el padrino del ALBA y de Chávez, apoyando activamente  la formación de bloques sudamericanos que alejan de la región a EEUU, como son los casos de Unasur, Celac, y otros. Asimismo,ha patrocinado el Foro de Sao Paulo, fundado por Lula con el Partido de los Trabajadores (PT), un foro anti-globalización, desarrollado en paralelo y en oposición al Foro de  Davos (del World Economic Forum). La idea ha sido terciar en el debate sobre políticas de desarrollo reuniendo a las izquierdas más radicales de la región, con mucha influencia de Venezuela y especialmente de Cuba. Este foro ha incluido siempre a lo más connotado de nuestra izquierda tradicional.

Cabe recordar que en una visita de Lula al Perú, durante el segundo gobierno de García, el entonces presidente brasileño retó al peruano, declarando que era mejor distribuir que crecer. Lula presentó cifras para alardear de su supuesto éxito. En Lampadia comparamos sus cifras con las peruanas y mostramos que la performance del Perú era muy superior. (Ver Lampadia: Luces y Sombras de la visita de Lula al Perú). Posteriormente, Brasil empezó a deteriorarse, y hoy tiene peores indicadores. No cabe duda que el Perú también ha tenido un “traspié” al ningunear la importancia de la minería, pero Brasil ha llevado su modelo a límites insostenibles.

A pesar de estos esfuerzos y de sus masivos y millonarios programas asistenciales, su tasa de crecimiento y sus índices sociales no resisten comparación con los peruanos. Esto se puede observar en la tabla siguiente, una versión actualizada de la publicada por Lampadia anteriormente. Para ello, al incluir los datos del 2013, hemos tenido que homogenizar las fuentes, puesto que hasta ahora, el gobierno de Brasil no ha publicado los indicadores referidos a la pobreza, sospechosa falta de transparencia en un año electoral. 

Para el 2014, hay aun mucha incertidumbre sobre el crecimiento del Perú. El consenso apunta hacia un 5%, mientras que para Brasil se estima un magro 1.5%. En el caso del Perú, casi el 30% de nuestro PBI  es por inversión que luego genera producción; el brasileño no llega a la quinta parte. Con respecto al ratio inversión-producto, Brasil se ha mantenido alrededor del 18%, mientras que el Perú ha tenido un crecimiento sustancialllegando a casi 28% del PBI en el 2013, un récord histórico.

Ambos países han logrado reducir considerablemente sus indicadores de pobreza, Brasil por sus programas asistenciales, y el Perú por su crecimiento, que además, redujo la desigualdad. (Ver Lampadia: Al menos 80% de la reducción de la pobreza es por el crecimiento).

La situación de Brasil es mala para todos, pero estas realidades siempre encierran importantes lecciones que esperamos sean aprovechadas por ellos, pero también por toda la región sudamericana. A estas alturas de la historia tenemos demostraciones muy claras sobre que  políticas son exitosas y sostenibles.Los países que progresan se integran al mundo, promueven la inversión privada, tienen Estados efectivos y, primordialmente, nivelan las oportunidades de desarrollo de todos sus ciudadanos. Lampadia

Un artículo de Martin Wolf desmenuza la importancia de las elites en el desarrollo, y como sus malas decisiones terminan con eras de prosperidad y bienestar. Nuestro país ha padecido la indolencia, ceguera e incapacidad de nuestras dirigencias.

El artículo de Martin Wolf, comentarista de lujo del Financial Times, aborda un aspecto clave del desarrollo: el comportamiento de las elites. Como bien indica el título del artículo aparecido en Portafolio de El Comercio y que reproducimos aquí, las élites fallidas amenazan nuestro futuro. Como analiza Wolf el fracaso de las elites, suele conducir al desastre de los países que gobiernan y por ende, “el orden político colapsa, como sucedió a las potencias derrotadas después del primera guerra Mundial”.

En el Perú, nuestras elites siempre han estado ausentes, carentes de visión y de liderazgo. Desde la fundación misma de la patria, nuestros caudillos (jamás líderes y mucho menos gobernantes), pudieron construir una idea de nación y concebir un proyecto de desarrollo. La carencia de este tipo de liderazgo nos conllevó al desastre durante la guerra del Pacífico.

Jorge Basadre, el historiador de la República, le dedicó especial atención al estudio de nuestras elites: Basadre publica sus reflexiones sobre las elites al final de La promesa de la vida peruana y en Meditaciones sobre el destino histórico del Perú, que es una recopilación de artículos aparecidos en la prensa. Luego aparecerían como el libro Ante el problema de las elites.

Basadre, muestra toda su decepción sobre nuestras elites: “la promesa de la vida peruana sentida con tanta abnegación por nuestros próceres ha sido estafada por podridos, congelados e incendiarios. Los podridos prostituyen conceptos, hechos e Instituciones al servicio exclusivo de sus medros, granjerías, instintos y apasionamientos. Los congelados se han encerrado dentro de ellos. No miran sino a sus iguales y a sus dependientes, considerando que nadie más existe. Los incendiarios quisieran prender explosivos y verter venenos para que surja una gigantesca fogata”.

Wolf sostiene que cuando las elites fracasan son reemplazadas. A diferencia de los estados despóticos en los que este proceso se efectúa de manera sangrienta, en las democracias, las elites políticas son cambiadas de forma “rápida y limpia”. Y a pesar de los controles y los equilibrios de poder, de la prensa libre y otras instituciones, las elites están expuestas a llevar al desastre a los países que conducen.

Una prueba de ello es la reciente crisis que vive Europa, las elites tanto políticas como financieras y económicas, indica Wolf, no entendieron los riesgos que contraía dejar al sistema financiero libre de regulaciones. Hoy han pagado con su desprestigio este error descomunal. 

Esto no ha sucedido en el Perú, en la que muchos de los responsables del desastre de los 70 y 80 siguen vigentes. Algunos de ellos, como Alan García, debieron hacer mea culpa y enterrar esas ideas para volver al poder, pero otros, lejos de renunciar a ellas, insisten en su error y tratan de replicar modelos que nos llevaron al crecimiento cero durante 45 años (ver La productividad del Perú en tres tiempos). Afortunadamente, el pueblo peruano, no ha vuelto a confiar en estas recetas y estos “lideres”. 

Publicado en El Comercio 19 de enero del 2014