Jaime Spak
Para Lampadia

Vimos con estupor cuando una periodista en Washington le preguntó al presidente Castillo, si los inversionistas extranjeros tendrán todas las garantías del caso para invertir en el Perú y le contestó: “que no se preocupen que los inversionistas tendrán todas las garantías que le dará la policía si vienen al Perú”.

Después de escuchar esa respuesta y de los cantinfladas que expresó en sus discursos en la Celac y en la OEA, ahora sí podemos colegir, por qué no da ninguna entrevista a los periodistas.

No deseo ser impertinente ni faltarle el respeto a la primera autoridad del país, pero me gustaría saber si alguna vez le hicieron una prueba de IQ y sus resultados.

Probablemente el resultado no debe de ser muy satisfactorio para Castillo.

Adicionalmente a este incidente, mientras Castillo está en los principales foros de interrelación con mandatarios de América y de todo el mundo, su primer ministro le envía un exocet al canciller en donde prácticamente lo invita a renunciar al cargo.

En medio de esta crisis interna del gobierno, me doy cuenta que no existe un liderazgo de la oposición, no hay un solo personaje político con el cual uno se sienta representado.

Pensaba, que sucedería en estas circunstancias, si Alan García estuviera vivo, estoy seguro que seria un muy serio opositor a este desbarajuste que llamamos gobierno de PL.

En vista que con ninguno de los líderes de los partidos tanto de derecha como de centro, nos sentimos representados, ha llegado el momento que el liderazgo lo asuman todas las fuerzas democráticas unidas y que olvidándose de caudillismos y de figuretismos, puedan hacer una causa común para de una vez por todas enfrentarse a este mamotreto de gobierno.

¿Podrán los líderes de Acción Popular, Renovación Popular, Avanza País, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Partido Morado, Apra, Podemos, Somos Perú, ¿ponerse de acuerdo y hacer una estrategia en conjunto en defensa de la democracia?

Necesitamos urgentemente salir de esta enorme crisis institucional a la que nos está llevando este gobierno en apenas 60 días de vigencia.

Espero que no sigan con la cantaleta tradicional, hacer una oposición constructiva   juntos, pero bajo mi liderazgo, es decir detrás mío, no al costado como debe de ser.

Así nunca se van a poner de acuerdo.

Hay que vencer el síndrome del caudillismo, el país está en cuidados intensivos.

Ya debemos de sacarnos la venda de los ojos y entender que este gobierno está haciendo todo lo posible por destruir al Perú y todo lo avanzado en las últimas décadas.

Nunca se ha visto, que en tan poco tiempo estemos pensando en una vacancia, en que renuncie voluntariamente y hasta los mas extremistas en que intervengan las fuerzas armadas.

Lo que debemos de entender es que en casi 20 años de gobiernos democráticos con muchos casos de corrupción y de decisiones erradas, el país pudo avanzar, crecer y bajar el nivel de pobreza en más de 30 puntos.

Esto demuestra la riqueza del país, crecer a pesar de ………

Existen peruanos muy capaces que no desean ingresar a la política, pues sienten con justa razón, que esta los puede devorar, pues tienen que lidiar con gente lumpen que son capaces de cualquier situación con tal de llegar a lograr sus objetivos.

Pero ha llegado el momento de hacerlo.

La política no debe de ser el arte de ocultar las verdaderas intenciones, sino por el contrario debe de servir para que la gran mayoría de peruanos probos, cumplan con su cuota de civismo ayudando a sus semejantes, poniendo a disposición de las grandes mayorías sus conocimientos, para poder transmitir estos y lograr que el país siga creciendo.

No hay fórmulas mágicas para lograr el crecimiento del país, la única receta es: ser honesto, no mezclar intereses personales con nacionales y dedicarse a trabajar para lograr una educación adecuada, una salud popular, un país seguro y una infraestructura que vaya de acuerdo con los tiempos modernos.

Por otro lado, apoyar a la gran minería y a las empresas privadas que puedan desarrollar proyectos sostenibles. Se ha demostrado que los buenos proyectos, han generado un bienestar muy importante en las poblaciones que viven de la minería.

Apoyar al agro para seguir creciendo y convertirnos en el país agroexportador que somos hace algunos años, con presencia en el mundo de espárragos, mangos, arándanos, paltas, etc.

No podemos seguir esperando que este gobierno cambie, Castillo ha demostrado no solamente falta de liderazgo, sino que una carencia total de iniciativa e inteligencia para tratar los asuntos mas apremiantes que tenemos que afrontar en estos años que vienen.

La pandemia ha ayudado a que surjan estos extremistas, que lo único que buscan es una nueva constitución, tal como se hizo en Venezuela, Bolivia, y que lograron permanecer en el poder para llevar a estos países a una situación de “dictadura democrática”.

Por ello si no logramos un liderazgo consensuado en estos momentos corremos el enorme peligro de echar por la borda todo lo obtenido en los últimos años.

Llegó el momento de la acción. Lampadia

Jaime Spak
Para Lampadia

El domingo 22 en una interesante columna en El Comercio, Jaime Bedoya escribió “cuando un sombrero se usa principalmente bajo techo, como suele ser el caso de nuestro primer mandatario, se omite por completo su función de protección climática. Dentro del Palacio de Gobierno no llueve ni truena ni arrecia el sol”.

En realidad, yo añadiría: quítate el sombrero y ponte a trabajar.

Un muy alto porcentaje de la población está de muy mal talante, y cuando digo población, me refiero al “pueblo”, palabra que utilizó Castillo en su campaña de la segunda vuelta.

El pueblo, el pequeño comerciante ambulante, la humilde ama de casa, el obrero, el pequeño agricultor, ya perdieron la paciencia de tener que soportar a esta pequeña banda de los cuatro chicha (Castillo, Cerrón, Bellido y Bermejo), que creen que pueden jugar con nuestro futuro.

Muchos de nosotros, hemos tenido mucha paciencia con los diferentes gobiernos que manejaron el Perú, en especial los que pintamos canas, hemos sido testigos de excepción del desastre de Velasco con sus siete años de “revolución” que fueron felizmente enmendados [parcialmente] por los cinco años de Morales Bermúdez, que nos devolvió la confianza y generó una vuelta al crecimiento y solidez económica.

Luego de ello se volvió a sufrir con el débil gobierno de Belaunde, el desastre del primer gobierno hiperinflacionario y de corrupción de Alan García, y que luego de la sorpresiva elección de Fujimori, aplaudimos sus primeros cinco años de gobierno, donde lucho de manera frontal contra el terrorismo, volvimos a ser un país elegible para el mundo financiero mundial, y logro firmar la paz con Ecuador. Luego criticamos el intento de perpetuarse en el poder, la corrupción de Montesinos y el copamiento de los medios de comunicación.

No seguiré con los otros gobiernos, pues no alcanzaría esta columna para seguir con las críticas.

Somos una nación trabajadora, con la gran mayoría de gente decente, pero que hemos y somos gobernados por el pequeño porcentaje de incapaces que han impedido que seamos el país que todos soñamos.

Por ello le digo a Castillo quítate el sombrero y ponte a trabajar.

No tenemos tiempo que perder, en seguir hablando sobre este gabinete Bellido, donde 12 de los 19 ministros tienen serios cuestionamientos de carácter legal, ético y moral y algunos de los siete restantes no tienen los pergaminos para dirigir ministerios.

Como alguien dijo, “la audición la deben de haber hecho en Lurigancho”.

En lugar de luchar contra la crisis económica, sanitaria, pierden valioso tiempo con tuits de Cerrón y compañía.

Qué vergüenza haber llegado a esta situación, la idea de cambiar la constitución, como que de ello dependiera el futuro de nuestro país, o de ver pasmados, como impresentables del Movadef se pasean como por su casa en el palacio de Gobierno y los diferentes ministerios.

Este gobierno elegido por una minoría y que en la segunda vuelta fue favorecido por el mensaje “Fujimori nunca más”, ha demostrado en los primeros 30 días una incapacidad suprema para gobernar.

Nos han faltado el respeto a los peruanos, al presentarse a administrar el país sin una agenda de trabajo, sin un plan de desarrollo, nada de nada.

Un gobierno requiere de un mínimo de 500 personas de nivel para ocupar los más importantes puestos públicos, desde ministros, viceministros, directores de organismos, etc.

Si vemos el gabinete Bellido, vemos que no tienen ni siquiera 19 personas que puedan ayudar en la gobernabilidad, como harán para conseguir el resto de profesionales.

Por ello vemos cada día, casos de gente incompetente asumir puestos que luego de pasar por el filtro de la prensa, son removidos o deben de renunciar, pues en verdad son gente impresentable.

Hace 30 días que los peruanos no hablamos mas que del futuro negro que nos depara un gobernante incapaz y que al no tener ni el más mínimo asomo de liderazgo es avasallado por Cerrón y compañía.

Por ello en nombre de los mas de 30 millones de peruanos, le digo al señor Castillo, quítate el sombrero y ponte a trabajar.

Y si no lo haces ten la decencia de renunciar.

No tenemos tiempo que perder, o cambia de una vez con un giro dramático y congrega a gente competente que lo ayuden a gobernar estos cinco años, o mejor se queda con el sombrero, renuncia y regresa a su natal Catabamba, donde sus alumnos de primaria lo deben de estar extrañando. Lampadia

Fausto Salinas Lovón
Desde Cusco
Para Lampadia

El temor al pase de Verónica Mendoza (VM) a la segunda vuelta en las elecciones del 11 de abril está llevando a muchos, antes que por amor, por espanto, a cambiar sus preferencias por candidatos viables de derecha, que sumen los votos necesarios para dejarla fuera del balotaje[i]

Sin embargo, no es a ese eventual fracaso (que esperamos se produzca) al cual nos referimos. Queremos ir más atrás.

En el 2006, el chavismo más achorado y de polo rojo, alentado por el propio Chávez y no por su caricaturesco sucesor, derramó millones de petrodólares para la campaña de Humala a fin de que gane las elecciones y ambos puedan rendirle juntos honores a “su general” Velasco, el inepto dictador que ambos admiraban y que Chávez había conocido cuando fue cadete militar de paso por el Perú. Un viejo zorro de la política como Alan García pudo ponerse entre él y Lourdes Flores y asestarle el primer fracaso al chavismo en el Perú.

En el 2011, el segundo fracaso del chavismo se dio cuando Mario Vargas Llosa y Alejandro Toledo, para citar sólo las dos caras visibles de este viraje, garantizaron los modales democráticos de Humala para que este le gane a Keiko Fujimori, a cambio de que se olvide de su propuesta chavista de “Gran Transformación” y la sustituya por la “Hoja de Ruta”, donde los cambios de constitución, la reelección indefinida, las estatizaciones, las nacionalizaciones y el control de los poderes políticos quedaban de lado. Otra cosa es que esta Hoja de Ruta sirviera como ticket de entrada al gobierno de la argolla de izquierda caviar que se mantiene hasta hoy; sin embargo, valgan verdades, los caviares no son chavistas, hasta lo condenan.

En el 2016, la tercera derrota de la nueva representante de la franquicia chavista, VM, vino directamente de las urnas. Más del 70% del electorado votó contra las propuestas de la candidata chavista y esta no pasó a la segunda vuelta. Esto lamentable y paradójicamente no significó un triunfo de la derecha y sus ideas, ya que la misma argolla de la izquierda caviar supo mover los hilos, enconar a PPK y KF y mantener el control de buena parte del aparato estatal. El chavismo quedó derrotado, aun cuando algunos de sus cuadros como Zamora o Ugarte manejan hasta la fecha la salud, con las lamentables consecuencias que vemos.

En el 2020, la franquicia chavista, pese a haber contribuido con letras, verbo, gritos y piedras a la caída del Congreso de mayoría fujimorista, no pasó la valla en las elecciones complementarias y no llegó al Congreso de transición. Va el cuatro fracaso.

Este domingo, podemos estar ante el quinto fracaso, que seguramente sería el último de la franquiciante Mendoza, aunque seguramente no sea el último intento del chavismo de abrir sucursal en nuestro país. Habrá Castillos, Cerrones, Santos, Cáceres Llicas, Antauros o cualquier otro que quiera vestir esa camiseta y porfiar por la destrucción del Perú en las siguientes elecciones. Sin embargo, qué pasaría si VM pasa segunda vuelta. ¿Este sería el primer triunfo del chavismo en el Perú? Muchos creerán que sí. Yo pienso que no. Aquí las razones.

• Si pasa la segunda vuelta es porque se quitó el polo chavista, se vistió de verde, fue a la peluquería, se pintó los labios, tragó el sapo que no quiso deglutir en 6 años y tuvo que reconocer que Venezuela es una dictadura y Maduro un dictador corrupto.
• Si VM pasa lo habrá hecho porque se destiño.
• Si pasa será porque les dijo a sus electores que no les expropiará nada.
• Si pasa, no será con más del 15% de los votos válidos, bastante menos de lo que tuvo el 2016 cuando era abiertamente chavista.
• Si pasa será porque buscó el voto de centro, porque le robo los electores a Guzmán y a Vizcarra.

Obviamente, hay quienes no creemos en la sinceridad de esta distancia frente al chavismo y vemos esto más bien como un disfraz.

¿Su proverbial lealtad hacia Nadine, Ollanta, Arana o Yehude nos llevaría a pensar que su lealtad hacia el elector le impediría tamaña felonía?

Sea de verdad o de mentira el cambio, lo cierto es que de cara al elector, VM habría avanzado renunciando a la camiseta del chavismo, lo cual ya es de por sí un quinto fracaso. Con mayor razón si no pasara ningún candidato de derecha a segunda vuelta, ya que en ese caso VM tendrá que derechizarse más de lo que PPK se caviarizó el 2016 para conseguir el triunfo.

Esto no quiere decir que debamos bajar la guardia y dejar de impedir, con nuestros votos y con nuestras ideas, que la señora Mendoza y sus ideas queden fuera del balotaje. Sólo quiere decir que los fracasos a veces pueden tener otra apariencia. Lampadia

Fausto Salinas Lovón
Desde Cusco
Para Lampadia

En la primera vuelta de las últimas elecciones generales, el 67% de los votantes apostó por la derecha, por el modelo constitucional y el mercado. Quería despegue económico, no cambio de modelo.  Si agregamos el 11% de votos centristas, tenemos que el 78% no estaba a favor de los cambios constitucionales y de modelo económico propuestos por la izquierda, que el país ya experimentó con los desastres de Velasco en los 70´s y con Alan García en los 80´S.  Sólo el 22% quería eso y lo busca hasta ahora.

PPK y Keiko Fujimori desperdiciaron ese nítido mandato de las urnas y, lejos de unirse como algunos lo sugerimos en abril de 2016, se enfrentaron hasta destruirse, en la mayor estupidez política que se haya visto en la historia política reciente del Perú, azuzados por la izquierda y la mafia caviar que gobierna el país enquistada en ministerios, vice ministerios, secretarias generales, direcciones generales y consultorías. Al final, PPK y Keiko Fujimori terminaron presos y el felón Vizcarra concentró el poder, desbordándolo en una fanfarria intervencionista que en el último año ha destruido el PBI y no ha podido contener la pandemia.

PPK y Keiko Fujimori no se han destruido solos. Sus cortes los han acompañado en este despropósito. La “gran prensa” ha auspiciado, muy bien pauteada, este desangre. La historia los juzgará.

Hoy, PPK y Keiko Fujimori son dos cuadros de tristeza arrimados a alguna de las paredes de la escena política peruana. El primero es un cadáver político y la segunda es la candidata que perdería en segunda vuelta hasta con la candidata de Maduro. La mayoría de peruanos preferirían ver al Perú convertido en Venezuela antes que votar por ella.

Los errores políticos se pagan.

¿Podrían hacer algo para enmendar su grave error y la deuda con el mandato popular que hoy busca alternativas?

PPK está sólo, su corte lo ha abandonado, carece de partido y de futuro. Podría reconocer la estupidez, tal vez eso le otorgue un mejor sitio en la historia que el rincón que se ha ganado.

Keiko Fujimori podría renunciar. Declinar su postulación presidencial para dar paso a una candidatura viable como la de Hernando de Soto y conservar o inclusive acrecentar su caudal parlamentario, para aportarlo a una alianza de gobierno de derecha o centro derecha que nos saque del hoyo. De Soto necesitará ciertamente una base política en el Congreso que no puede conseguirla con su movimiento y que no debería tomarla prestada de la izquierda. Mantenerse en la liza electoral sería un error más que termine de pintar de oscuro el color de su epitafio político. Una renuncia en cambio, a su edad, puede inclusive darle la oportunidad de liderar una bancada que construye, que aprende de sus errores y que se lava la cara.

Las mezquindades y egoísmos de los dos líderes de la derecha pintaron el quinquenio que termina. Nuevamente esas mezquindades y egoísmos de los líderes de turno nos pueden poner en una paradoja peor, ya advertida en ¿Es tiempo del Otro Sendero? Lampadia 05.03.21.

No se puede cometer el error otra vez. No hay derecho a dejar que el 22% de los peruanos, ahora representados por Lescano y Mendoza, le impongan a la mayoría de los peruanos, su visión y sus despropósitos.

Ha llegado la hora de Keiko. No la hora que ella espera. Ha llegado la hora de mostrar el valor de una renuncia oportuna. Veremos si está a la altura del desafío. Lampadia

CONTROVERSIAS
Fernando Rospigliosi
Para Lampadia

En 2004 el Partido Aprista, por iniciativa de Alan García (AGP) promovió y logró mi censura en el Congreso (en la campaña del 2001 yo lo había criticado vehementemente). El 2005 AGP preparaba su programa para las elecciones del siguiente año y me invitó a presentar el tema de seguridad ciudadana en un evento de su partido.

Era una reunión con unas 15 personas y empecé mi exposición diciendo que estaba allí gracias al presidente García, tanto porque me había invitado a la reunión como porque había promovido mi censura en el Congreso, de lo contrario seguiría siendo ministro del Interior y no habría podido concurrir.

Alan, que era rapidísimo, me interrumpió y dijo algo así: “claro que tienes que agradecérmelo, porque si hubieras seguido en el gobierno de Toledo te habrías ensuciado con todos los escándalos que han seguido apareciendo”. Todos nos reímos y la reunión siguió en un ambiente relajado.

Al año siguiente apoyé su candidatura y voté por él en la segunda vuelta, contra Ollanta Humala. Un dirigente aprista me invitó a algún evento del final de campaña, pero preferí mantener la distancia. Rafael Rey y Ántero Flores Aráoz, que habían sido feroces críticos de su primer Gobierno y que después habían participado en las acusaciones que se le hicieron, si asistieron. Más adelante integraron su Gobierno, ambos como ministros de Defensa. AGP no era un hombre de odios y rencores personales eternos, valoraba la reconciliación. Rafael y Ántero comparten esa característica.

En mi participación en los medios ya sea en artículos o entrevistas durante su segundo Gobierno -que fue bueno, muy superior al primero-, fui crítico, como corresponde. En octubre de 2008 denuncié los “Petroaudios” que luego provocaron una crisis política. Como represalia, el Apra en el Congreso desempolvó una absurda acusación constitucional que me había hecho un sujeto que responde al nombre de Jorge Mufarech por haber suscrito dos convenios con Proética para luchar contra la corrupción en el Ministerio del Interior, pero no lograron aprobarla, aunque estuvieron cerca.

Después de su Gobierno conversé con AGP unas pocas veces. Era inteligente, culto y, sobre todo, con sentido del humor.

La última vez que lo vi fue en el verano de 2019. Estaba en uno de sus peores momentos. La campaña de demolición contra él, encabezada por Martín Vizcarra y la coalición que lo respaldaba, había sido exitosa. El 85% o 90% de la población lo abominaba, según las encuestas. Su intento de asilarse en la embajada de Uruguay había fracasado. Estaba aislado.

Cuando me llegó, no dudé en aceptar la invitación al Instituto de Gobierno que dirigía, a un panel sobre situación política con Ántero Flores Aráoz y Ernesto Álvarez. Antes de la reunión conversamos y nos reímos un rato, como siempre. No exteriorizaba la preocupación que debería tener por el acoso judicial y mediático de que era objeto.

Luego del evento y las fotos de rigor -una de ellas, recortada para mostrarme solo a mí con AGP, fue usada luego por un activista político que funge de periodista independiente para atacarme-, hablamos brevemente y quedamos en conversar después. Nunca más lo vi.

Estaba en el extranjero cuando me enteré de su suicidio. La noticia me sorprendió y apenó. Luego de leer “Metamemorias” entendí que no se iba a dejar manosear y humillar por los fiscales politizados al servicio de Vizcarra.

Una de las lecciones que dejó es que los rencores, antipatías, resentimientos e inquinas personales no deben nublar los sentimientos ni convertirse en criterios para definir el comportamiento político. Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

En las últimas décadas hemos podido observar la forma como se ha debilitado el aparato estatal, el que, con honrosas excepciones, ha bajado su calidad profesional y de servicio, mística de sus funcionarios, su experticia y claramente esto se traduce en un impacto negativo en la marcha del país y la lamentable tasa de crecimiento económico del mismo.

Una de las decisiones menos inteligentes en el Perú fue la “regionalización” de Toledo, quien no tuvo mejor idea que decretar la creación de 25 “regiones” (en realidad crearles burocracia a los departamentos) sin un plan, sin definir competencias y sin articular sus funciones y relaciones de dependencia, hacia arriba con el gobierno central y hacia abajo con los gobiernos locales. Mención especial merece la afiebrada tendencia a crear distritos con autoridades elegidas y des-coordinadas respecto a los municipios provinciales.

Igualmente, recordaremos algunos ciudadanos “mayorcitos”, la forma demagógica como el Sr. Alan García, en su segundo gobierno, dispuso la drástica reducción de las remuneraciones de los funcionarios de alto nivel del sector público. Ese fue un hito lamentable, pues un importante contingente de profesionales de alta calidad, comprometidos con el país, con vocación e interés por establecer políticas públicas y con proyección para llegar a ocupar posiciones expectantes en el más alto nivel como funcionarios de Estado, se vieron precisados a retirarse del servicio público.

Ciertamente, profesionales competentes, bien calificados, con experiencia e interés personal por desarrollar una carrera exitosa y deseos de superación personal y familiar, encontraron fácilmente las mencionadas oportunidades de desarrollo profesional en el sector privado; con mejores compensaciones y oportunidades de desarrollo en múltiples sectores de la actividad económica, ampliando el ámbito de sus competencias. Lo lamentable es que, una vez que optaron por la decisión trascendental de retirarse del sector público, con mejor perspectiva y observar luego la forma desastrosa como los distintos gobiernos han manejado la administración pública y vapuleado a sus funcionarios, resulta muy difícil cautivarlos para que se reincorporen al servicio público.

Si observamos a lo largo de la historia del Perú, los sucesivos grupos políticos que llegaron al gobierno no se han ocupado de trabajar en la formación de un equipo sólido de funcionarios de Estado. Obviamente en el aparato estatal del Perú, con las excepciones del Banco Central de Reserva y la Cancillería, las demás organizaciones no tienen escuelas de formación ni le han dado la preeminencia correspondiente a la capacitación de funcionarios de élite del Estado (adrede no incorporó a los institutos armados que cuentan con escuelas de formación en sus distintos niveles).

Los países desarrollados del mundo se han ocupado de constituir un equipo de FUNCIONARIOS DE ESTADO, captando, formando y reteniendo funcionarios de élite, debidamente educados y adoctrinados y que se convierten en elementos casi inamovibles del aparato estatal. Su permanencia no depende de las veleidades ni actitudes caprichosas de algún político advenedizo y menos serán “arrimados” para imponer “funcionarios de confianza”, cuando la administración pública se maneja como el botín de los partidos que resultan electos.

Para ordenar este desastre de la administración pública, debemos aplicar algunas de las recetas que funcionan en los países desarrollados, tales como:

• Reducir el número de “regiones” a no más de seis o siete.
• Dejar de crear distritos y provincias. El menor nivel de autoridad elegida debe ser el Alcalde y regidores provinciales, quienes deben tener mando y control sobre gerentes que debieran gestionar los distritos.
• Establecer una línea de autoridad y mando entre autoridades del gobierno central, gobiernos regionales y gobiernos provinciales, quienes deben ser el menor nivel de la cadena de autoridades elegidas.
• Este grupo de FUNCIONARIOS DE ESTADO, debe trabajar una clara visión de país, integrada y coordinada de acuerdo al “FODA” de las distintas regiones y provincias, así como establecer el Plan de Desarrollo Nacional, Regional y Provincial, debidamente estructurado y coordinado para sumar todos y en la medida de sus posibilidades, al objetivo nacional.
• La gerencia de los diferentes estamentos antes descrita, debe estar en manos de profesionales de alta calificación en Gestión Pública. Aquí sugiero que los Directores Generales y Directores de los ministerios, al igual que los Directores y Gerentes Regionales y Provinciales, sean profesionales con al menos una Maestría en Gestión Pública, para lo cual el Estado debe formar a los futuros funcionarios públicos de élite, trabajando en convenio con una universidad de alta calidad y reconocimiento.

Una experiencia como ésta, la inauguró Francia durante la gestión de Charles de Gaulle, quien fundó la ENA o Ecole Nacionales d’Administracion. En esta escuela se graduaron Jacques Chirac y Emmanuel Macron, sólo por mencionar a dos personajes de la vida pública francesa. En países como USA, UK o países europeos, para acceder a ser miembro del más alto nivel de la función pública, es exigible una muy alta calificación profesional universitaria, con maestrías y doctorados en muchos casos.  Los países asiáticos no sólo exigen lo mismo, sino que se ocupan de seleccionar desde el pre-grado a sus posibles funcionarios públicos y los envían a educarse a las mejores universidades del mundo (esto lo hace China, Singapur, Malasia, entre otros), para optimizar la calidad de sus funcionarios y mantener una plana directriz de primer nivel.

De otro lado, es indispensable introducir buenas prácticas de gestión que permitan optimizar el gasto público. La mejor práctica es la estandarización de las instalaciones y mobiliario en el sector público, así; los colegios, hospitales y postas médicas, deben contar con planos modelo estándar, acorde a la zona geográfica de instalación (Costa, sierra o selva) y acorde a la población que deban atender. El mobiliario debe ser idéntico y estándar, para contar con producción masiva, de costo competitivo fruto de producción masiva y normalizada. Únicamente así se podrá manejar licitaciones de volumen de implementación y sostenimiento a lo largo de los años. Es increíble, pero, en el Perú cada que queremos un colegio u hospital empezamos por hacer planos distintos para cada caso y por supuesto, los estándares constructivos se debilitan o pasan por alto.

Otra práctica que debemos desterrar es que, unidades ejecutoras del Estado (hoy hay cerca de 4,000) ejecuten obra directa. Tener a pequeñas dependencias estatales ejecutando construcción o efectuando compras independientemente y fuera de estándar, es la mayor fuente de corrupción.

Mientras el gobierno no corrija estas prácticas de organización estatal, reclutamiento de personal directivo, sistemas de ejecución y contratación de proyectos y adquisiciones en el sector público, la corrupción se mantendrá tanto o más robusta que nunca y los enunciados del gobierno no pasarán de ser palabras vacías, lanzadas sin convicción. Si realmente el Presidente ingeniero cree en la lucha contra la corrupción, debe dedicar el año y meses que le quedan en el gobierno, a la ejecución de esta tarea.

¡Obras son amores y no buenas razones! Lampadia

Como escribimos en Lampadia: Se proponen nuevos disparates monetarios, en los últimos meses diversos portavoces del partido demócrata en EEUU han venido difundiendo – entre los círculos políticos y académicos del país americano – un enfoque de política monetaria denominado Modern Monetary Theory (Teoría Monetaria Moderna) – MMT, que, vale la pena enfatizar, de moderno no tiene nada.

Así, indicamos que la esencia de tal peligroso enfoque, basado en utilizar la emisión primaria de la banca central para financiar los déficits en los que pudiese incurrir el gobierno para el gasto social, había sido implementada por el régimen populista peruano de Alan García en la década de los 80, trayendo consecuencias económicas y sociales nefastas para nuestro país, entre ellas, una hiperinflación galopante.

No es por gusto que nuestra salida a tal hecatombe económica de aquellos años pasó necesariamente por asignarle total independencia a nuestro banco central – quitándole su rol de banco de los gobiernos de turno -, una medida que a la fecha nos ha permitido mantener la inflación más baja de América Latina en los últimos 18 años (ver Lampadia: Los sólidos fundamentos macroeconómicos).

Fuente: BCRP

En esta ocasión y en línea con profundizar nuestras críticas en torno a la MMT, compartimos un reciente artículo escrito (ver artículo líneas abajo) por el reconocido economista chileno, Sebastián Edwards – profesor de Economía Internacional en la Anderson Graduate School of Management de la UCLA – y publicado en la revista Project Syndicate, en el que se suma a los esfuerzos por desenmascarar esta “moderna” teoría a la luz de su puesta en práctica en varios regímenes en América Latina, con los consecuentes colapsos en sus economías. Como se podrá constatar, Venezuela y Argentina son los casos actuales más ilustrativo al respecto.

No volvamos a tropezar con la misma piedra. Y menos con políticas económicas trasnochadas a sabiendas de las consecuencias negativas que pueden golpear con mayor fuerza a quienes más se quiere beneficiar en un principio, los pobres. Lampadia

Desastres monetarios modernos

Sebastián Edwards
Project Syndicate
16 de mayo, 2019 
Traducido y glosado por Lampadia

La Teoría Monetaria Moderna (en adelante, MMT), un enfoque aparentemente nuevo de la política económica, se ha convertido en un tema candente, que cuenta con el apoyo de los principales progresistas de EEUU, como el candidato presidencial Bernie Sanders y la representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez. Pero los entusiastas de la MMT deben prestar atención a las lecciones aprendidas en América Latina, donde las políticas basadas en ideas similares terminan inevitablemente en una catástrofe económica.

Según los partidarios de la MMT, la Reserva Federal de EEUU debe imprimir grandes cantidades de dinero para financiar proyectos de infraestructura pública masivas, junto con un programa de “garantía de empleo”, dirigido a lograr el pleno empleo. Un aumento importante de la deuda del sector público, los partidarios de la MMT afirman, no representa un peligro para un país que puede pedir prestado en su propia moneda, como es el caso de EEUU.

Esta visión poco convencional ha sido criticada por keynesianos y monetaristas por igual. Muchos economistas académicos respetados, entre ellos Paul Krugman, Kenneth Rogoff y Larry Summers, dicen que la MMT tiene poco sentido.

En respuesta, los partidarios de la MMT argumentan que los críticos de la teoría no entienden completamente cómo funciona una economía monetaria moderna. Según los defensores de la MMT influyentes como Stephanie Kelton, los gobiernos en países con su propia moneda nacional, como los EEUU, no enfrentan restricciones presupuestarias difíciles porque simplemente pueden imprimir más dinero para financiar gastos más altos.

La evaluación de los méritos de la MMT es difícil, por dos razones. Para empezar, sus partidarios no han proporcionado una descripción detallada y unificada de cómo debe funcionar el modelo. Como Krugman escribió recientemente, los partidarios de la MMT “tienden a ser poco claros sobre cuáles son exactamente sus diferencias con los puntos de vista convencionales, y también tienen la fuerte costumbre de descartar cualquier intento de dar sentido a lo que están diciendo”. Además, los partidarios de la MMT no han ofrecido ninguna idea de cómo podría funcionar la política en la práctica, especialmente a mediano y largo plazo.

Sin embargo, el enfoque no es sin precedentes. La MMT, o alguna versión de esta, se ha probado en varios países latinoamericanos, incluidos Chile, Argentina, Brasil, Ecuador, Nicaragua, Perú y Venezuela. Todos tenían su propia moneda en ese momento. Además, sus gobiernos, los cuales eran en su mayoría populistas, se basaron en argumentos similares a los utilizados por los partidarios de la MMT de hoy para justificar enormes aumentos en el gasto público financiado por el banco central. Y todos estos experimentos llevaron a una inflación descontrolada, enormes devaluaciones de la moneda y precipitaciones decrecientes en los salarios reales.

Cuatro episodios en particular son instructivos:

• Chile bajo el régimen socialista del presidente Salvador Allende desde 1970 hasta 1973
• Perú durante la primera administración del presidente Alan García (1985-1990)
• Argentina bajo los presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner desde 2003 hasta 2015
• Venezuela desde 1999 bajo los presidentes Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

En los cuatro casos, surgió un patrón similar. Después de que las autoridades crearon dinero para financiar déficits fiscales gigantescos, inmediatamente se produjo un auge económico. Los salarios aumentaron (ayudados por aumentos sustanciales del salario mínimo) y el desempleo disminuyó. Pronto, sin embargo, aparecieron cuellos de botella y los precios se dispararon, en algunos casos a tasas hiperinflacionarias. La inflación alcanzó el 500% en Chile en 1973, aproximadamente el 7,000% en Perú en 1990, y se espera que este año llegue a casi 10,000,000 % en Venezuela. Mientras tanto, en Argentina, la inflación fue más moderada pero aún muy alta, con un promedio del 40% en 2015.

Las autoridades respondieron imponiendo controles de precios y salarios y políticas proteccionistas rígidas. Pero los controles no funcionaron, y la producción y el empleo eventualmente colapsaron. Peor aún, en tres de estos cuatro países, los salarios ajustados por inflación se redujeron drásticamente durante el experimento tipo MMT. En los períodos en cuestión, los salarios reales disminuyeron un 39% en Chile, un 41% en Perú y más de un 50% en Venezuela, perjudicando a los pobres y la clase media.

En cada caso, el banco central estaba controlado por políticos, con resultados predecibles. En Chile, la oferta de dinero creció un 360% solo en 1973, lo que ayudó a financiar un déficit presupuestario equivalente a un sorprendente 24% del PBI. En Perú, en 1989, el crecimiento del dinero fue de 7,000% y el déficit fiscal superó el 10% del PBI. En Argentina, en 2015, el déficit fue del 6% del PBI, con una tasa anual de creación de dinero que supera el 40%. Y Venezuela actualmente tiene un déficit del 32% del PBI, y se estima que la oferta monetaria crecerá a una tasa anual de más de 1,000%.

A medida que aumentaba la inflación en estos países, las personas reducían considerablemente sus tenencias de dinero nacional. Pero como los gobiernos exigían que los impuestos se pagaran en moneda local, no desapareció por completo. En cambio, la velocidad a la que el dinero cambió de manos, lo que los economistas llaman “velocidad de circulación”, aumentó dramáticamente. Nadie quería tener un papel moneda que perdiera el 20% o más de su valor cada mes.

Cuando la demanda de dinero se derrumba, los efectos del crecimiento del dinero sobre la inflación se amplifican y se crea un círculo vicioso. Una consecuencia seria es que la moneda se deprecia rápidamente en los mercados internacionales. Los partidarios de MMT ignoran convenientemente el simple hecho de que la demanda de dinero local disminuye drásticamente cuando su valor cae. Sin embargo, esta es quizás una de las debilidades más grandes de la teoría, y una que hace que sea extremadamente arriesgado que cualquier país la implemente.

La experiencia de América Latina debe servir como una clara advertencia para los entusiastas de la MMT de hoy. En una variedad de países, y en momentos muy diferentes, las expansiones fiscales que se financiaron imprimiendo dinero resultaron en una pérdida incontrolable de la estabilidad económica. Las ideas de política económica son a menudo tan peligrosas en la práctica como defectuosas en la teoría. La MMT puede ser un buen ejemplo. Lampadia

Sebastián Edwards es profesor de Economía Internacional en la Anderson Graduate School of Management de la UCLA. Su último libro es American Default: The Untold Story of FDR, the Supreme Court and the Battle over Gold.

“El Perú ha ido más lejos que cualquier otro lugar, excepto Brasil, en la investigación de la corrupción propagada en América Latina por las empresas de la construcción.

• Un ex presidente, Ollanta Humala, y su esposa pasaron nueve meses en “detención preventiva”.
• Dos días después de la muerte del señor García, un juez ordenó el encarcelamiento preventivo de otro, Pedro Pablo Kuczynski, de 80 años y en el hospital, durante 36 meses.
• Un tercero, Alejandro Toledo, quien supuestamente recibió US$ 20 millones en sobornos, se resiste a la extradición de los EEUU.
• Keiko Fujimori, una líder de la oposición, ha estado en la cárcel durante seis meses por obstruir una investigación sobre la financiación de su partido.

Todos los sospechosos niegan haber cometido algún delito.

Estas investigaciones son un intento atrasado de responsabilizar a los poderosos. Por trágico que sea, el suicidio de García no es una razón para detenerlas. Pero debería provocar un cambio de métodos.

Lanzar a la gente a la cárcel sin cargos, juicio o sentencia es la práctica de los dictadores, no de las democracias. (El hecho de que unos 35,000 peruanos ordinarios se encuentren en prisión preventiva es un escándalo, no una justificación). El desfile de ex presidentes con esposas ante los medios de comunicación, que fue el destino del Sr. García, viola la presunción de inocencia, una distinción crucial entre el Estado de Derecho y la Inquisición. Solo en ese sentido, la muerte de una figura política gigante por su propia mano debería provocar un replanteamiento por parte del poder judicial peruano”.

The Economist, 27 de abril, 2019

Hay tres figuras de la justicia peruana que caen en excesos: la prisión preliminar, la prisión preventiva y la imputación de organizaciones criminales. Ver en Lampadia ‘Prisión Preventiva’, donde detallamos que este mecanismo abarca a muchos ciudadanos.

Prisión preliminar

Bajo este entendido se ha llegado a encarcelar a sujetos que no habían sido siquiera notificados de la apertura de investigaciones.

Prisión preventiva

El mecanismo por el cual ‘primero te encarcelo y después te investigo’, que, como dice The Economist viola la presunción de inocencia, una distinción crucial entre el Estado de Derecho y la Inquisición.

Bajo esta modalidad persecutoria se han afectado los derechos de Ollanta Humala y su esposa, Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski, Alan García, y varios otros personajes. En el caso de los Humala, pasaron nueve meses en la cárcel y hasta ahora no se les ha abierto la acusación.

Al respecto se han pronunciado el Tribunal de Garantías Constitucionales, la Corte Suprema, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo así como el presidente Vizcarra, el premier y los analistas que no adolecen de compromisos políticos extremos.

Las organizaciones criminales

Un mecanismo judicial diseñado para perseguir actividades criminales de mafias, que viene siendo forzado como instrumento de persecución al ámbito de la política peruana, lo que permite procesos severos y hoy, abusivos.

Por ejemplo, en el caso del fujimorismo, se ha acusado al partido de Fuerza Popular de organización criminal por el feble caso llamado ‘cocteles’. De igual manera, para complicar el caso de PPK, se ha imputado una organización criminal a la supuestamente formada por el propio PPK, su secretaria, la señora Gloria Jesús Kisic, y su chofer, el señor José Luis Bernaola.

Como dice The Economist, “la muerte de una figura política gigante [Alan García] por su propia mano debería provocar un replanteamiento por parte del poder judicial peruano”.

Pero los líderes de las persecuciones se resisten a enmendar los excesos judiciales. El fiscal Domingo Pérez le respondió al presidente Vizcarra exigiendo que se respete la independencia de la administración de justicia desde el Ejecutivo, declaraciones por demás exageradas puesto que nunca se pretendió entrar en conflicto con la autonomía de poderes, sino hacer énfasis en seguir el debido proceso.

El absurdo al que se ha llegado, ha permitido que en el caso del ex presidente Kuczynski, después de haber pretendido enmarrocarlo dentro de la UCI, se le conceda prisión domiciliaria.

Perseverar en estos errores no hará más que desprestigiar el accionar de la justicia, que necesitamos que avance a paso firme para castigar a quienes resulten culpables de los horrorosos delitos de corrupción. Lampadia

En los últimos días diversas autoridades provenientes tanto de instituciones públicas autónomas como del mismo Poder Ejecutivo se han pronunciado respecto a las órdenes de prisión preventiva dictadas por el Poder Judicial y solicitadas por el Ministerio Público, a propósito de los recientes intentos de detención de los ex presidentes Alan García – fallecido el pasado 17 de abril tras cometer suicidio en su vivienda – y Pedro Pablo Kuczynski – quien permanece internado en una clínica por un problema cardíaco. Veamos:

• Martín Vizcarra –  Presidente de la República del Perú (Entrevista en TV Perú el pasado 21 de abril): “Lo que estamos diciendo es que se está aplicando una medida que es excepcional casi en la totalidad de los casos. Ahora [la prisión preventiva] tiene ese carácter de extraordinaria. Entonces, que se haga la reflexión y la evaluación correspondiente en estos entes autónomos [Ministerio Público y Poder Judicial], que son los que solicitan y dan las medidas preventivas”.
• Salvador del Solar – Presidente del Consejo de Ministros (Entrevista en RPP Noticias el pasado 22 de abril): “¿Estamos haciendo de una medida excepcional como la prisión preventiva, sin que alguien haya sido juzgado, una moneda corriente que se ha vuelto de uso cotidiano? Creo que hay un espacio para que se reflexione al respecto y creo que el Poder Judicial y el Ministerio Público deben hacer esa reflexión”.
• Ernesto Blume – Presidente del Tribunal Constitucional (Entrevista en Agenda Política – Canal N el pasado 21 de abril): “Hay una suerte de uso excesivo, y yo diría en algunos casos, abusivo de esta figura, y no lo digo yo, lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha emitido dos informes. El primero es del año 2013, y se llama ‘Medidas para reducir la prisión preventiva, y el segundo es del año 2017, que se refiere a informes del uso de la prisión preventiva”.
• Walter Gutiérrez – Defensor del Pueblo (Publicado en El Comercio el 22 de abril): “Claramente hay excesos ¿qué parte del principio que refiere que la restricción de la libertad es una excepción no se ha entendido? No es la regla ¿Qué parte de la limitación de la libertad debe ser gradual y siempre debe ser motivada no se ha comprendido?”

Así, dichas declaraciones constituyen el punto de ebullición de los excesos cometidos hacia la privación de la libertad en nuestro país a partir de una medida que, vale la pena reiterar, es de carácter cautelar y excepcional, y que para su implementación debe ser correctamente sustentada con circunstancias como el peligro de fuga, la obstaculización de la justicia, entre otras. Prueba de estos abusos por ejemplo se han dado bajo esta modalidad con ex presidentes y notables personajes políticos en los últimos años y meses. Veamos:

• La ex pareja presidencial Humala fue detenida en julio del 2017 para comparecer 18 meses de prisión preventiva; sin embargo, fue liberada en abril del 2018, tras un fallo del Tribunal Constitucional.
• Keiko Fujimori y 10 personas asociadas al partido Fuerza Popular fueron condenadas a 36 meses de prisión preventiva el pasado 31 de octubre por delitos que no eran tales en el 2011. Ya llevan 4 meses en prisión.
• El dos veces presidente Alan García Pérez intentó ser detenido bajo la misma modalidad el pasado 17 de abril, allanando también su vivienda, ante especulaciones respecto a una supuesta vinculación en una entrega de dinero hecha a su ex secretario Luis Nava en el caso Lava Jato. Se suicidó antes de ser esposado.
• El mayor abuso se dio con el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski – requerido también a 36 meses de prisión preventiva – cuando se pretendía enmarrocarlo mientras se encontraba muy delicado de salud en la clínica Angloamericana el pasado 19 de abril.

Pero lo realmente peligroso de los abusos de esta medida es que ya están afectando al resto de la población peruana, más allá de los políticos. Así, del total de 91,0000 presos en el Perú, cerca del 30% están sin sentencia, muchos de ellos con prisión preventiva. Ello muestra la incompetencia absoluta de los funcionarios del Poder Judicial que han hecho suya una medida en base a un abuso extremo e injustificable.

Todo este contubernio político, producido en su mayoría por las cuatro declaraciones mencionadas al inicio del artículo, ha suscitado inclusive que la misma Presidencia del Poder Judicial emitiera un comunicado el pasado 22 de abril señalando que existen vías procesales idóneas – como las apelaciones – para anular sus decisiones judiciales asociadas a las prisiones preventivas. Lamentablemente este no es el caso del Ministerio Público, puesto que el fiscal José Domingo Pérez, uno de los principales artífices del abuso de estas medidas en los últimos meses, ha pedido respeto a la independencia de la administración de justicia hacia al Ejecutivo, siendo dichas declaraciones una exageración puesto que en ninguna de las declaraciones anteriormente mencionadas se pretendió entrar en conflicto con la autonomía de poderes.

Ya es hora de parar esta herramienta inquisitorial. Eso no es justicia, es ensañamiento que puede estar motivado por la rabia o inclusive por ideologías perversas. No podemos permitir que uno de los principales derechos de una sociedad democrática, como es el derecho a la libertad, se vea pisoteado por tales funestos sentimientos. En ese sentido, esperamos que estas declaraciones desde el Ejecutivo, TC y Defensoría del Pueblo, que establecen los correctos lineamientos, así como un adecuado proceder para los investigados por casos de corrupción, calen en el accionar de los funcionarios que integran ambos órganos rectores de la justicia, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Alan García fue el culpable de que yo derivara en el periodismo a la edad de 37 años. Su mensaje electoral en la campaña del 85 había puesto énfasis en la necesidad de reivindicar la producción andina abatida desde Velasco por las importaciones doblemente subsidiadas de alimentos y por el dólar barato. Pero la política económica que puso en marcha el flamante presidente fue traicionando crecientemente ese mensaje, primero congelando los precios de varios alimentos con el pretexto de controlar la inflación, y luego, otorgando el tristemente célebre dólar MUC mucho más rebajado para importar precisamente alimentos baratos ilusamente en favor de la alimentación popular. Lejos de devolverle el mercado nacional a los campesinos andinos, como había prometido, les clavaba el puntillazo final de importaciones masivas y artificialmente baratas de trigo y productos lácteos que dejaban cada vez menos espacio a la papa, la leche y otros productos andinos que no podían competir. Fue entonces que decidí escribir un artículo –algo que nunca había hecho-, y enviárselo a Manuel Ulloa, dueño del diario Expreso y con quien yo había trabajado en la PCM en el gobierno de Belaunde. Fue publicado un domingo de febrero o marzo de 1987 y Manuel D’Ornellas me pidió que siguiera escribiendo todos los domingos. Al cabo de unos meses, Ulloa me ofreció la jefatura de editorial del periódico, y acepté.

O sea que le debo a Alan García mi entrega al periodismo. Y también haber podido participar en los mejores años de debate ideológico que se hayan dado en el periodismo nacional, que fueron los que se desarrollaron entre 1987 y 1990 entre las posiciones liberales esgrimidas desde el diario Expreso y las socialistas defendidas desde el diario La República. Fue esa crítica liberal desde las editoriales y los artículos publicados por varios autores en el diario la que generó la base de opinión que permitió y acompañó la emergencia de Hernando de Soto y Mario Vargas Llosa como los adalides de la conciencia liberal en el país, luego del intento de estatización de la banca.

Como era previsible, el intervencionismo económico denunciado en esos artículos produjo finalmente la tremenda hiperinflación que ocasionó el colapso total del Estado.

Fujimori, que había ganado la elección con un mensaje anti shock económico, pudo sin embargo aplicarlo y llevar adelante las reformas liberales y privatizadoras, porque cualquier cosa era mejor que la desesperada angustia económica sin futuro que vivíamos los peruanos. Paradójicamente, el abismo al que nos llevó el primer gobierno de García creó las condiciones que permitieron un cambio de modelo económico que ha generado estabilidad y crecimiento sostenido en las siguientes casi tres décadas, aunque un intervencionismo de baja intensidad restaurado a partir del 2011 nos haya frenado el crecimiento económico.

Reelegido el 2006 pese a su desastroso primero gobierno solo porque la alternativa de Ollanta Humala amenazaba con políticas aún peores, García había aprendido la lección económica y aplicó políticas exactamente contrarias a las de su primer gobierno. Mantuvo la libertad de los mercados heredada desde los 90 y se propuso atraer gran inversión para desarrollar el país. Logró tasas de crecimiento muy altas, ayudado en parte por los buenos precios de los minerales. Pero, interesado solo en los grandes proyectos, desdeñó, pese a habérselos explicado, los programas –como Sierra Productiva- que hubieran podido aumentar la productividad de los campesinos andinos convirtiéndolos en empresarios para dar un salto histórico en el paisaje rural andino. Más bien cometió el grave error político –incomprensible en un hombre de su inteligencia- de desarrollar en varios artículos la tesis del “perro del hortelano”, que en buena cuenta adjudicaba tal condición precisamente a las comunidades que eventualmente se oponían a la inversión minera o petrolera.  

No obstante, Alan García siempre tuvo un alto sentido de su misión histórica y de llevar al Perú a un destino superior. Por eso también el énfasis en los grandes proyectos. Canalizó acertadamente la animadversión a los chilenos transformándola en una competencia económica, retando a crecer más para alcanzarlos. Tenía una visión geopolítica del país y por eso fue él quien ideó y planteó la Alianza del Pacífico, que hoy es el área de integración regional que más avances ha logrado.

No impulsó reformas institucionales salvo una: la creación de SERVIR como herramienta para avanzar hacia un Estado profesional y meritocrático, acaso para remediar en alguna medida la demagógica reducción de sueldos de los altos funcionarios que adoptara al inicio de su segundo gobierno y que debilitó al Estado.

También llevó a cabo una reforma clave que ni Fujimori, en su gobierno autocrático, se había atrevido a ejecutar: la evaluación de los maestros. Dio la ley de carrera magisterial con un contenido claramente meritocrático, algo que parecía muy difícil en un gobierno democrático. Pero su liderazgo y los exámenes que mostraban los bajísimos rendimientos de los escolares y de los propios maestros, convencieron a la opinión pública, y la ley pudo aprobarse e implantarse pese a la oposición organizada del Sutep. No tuvo la misma suerte el globo de ensayo que lanzó para aprobar una reforma laboral que permitiera la inclusión de las mayorías informales. A la primera manifestación de oposición, abandonó la causa.

En el balance, su segundo gobierno fue bueno, el mejor de los últimos 20 años. Sin duda se reivindicó ante la historia. Pero en los últimos tiempos las acusaciones lo cercaron y él prefirió matarse antes que sufrir el vejamen de la prisión. Decisión dramática fundada en la defensa de dignidad del más alto cargo que representa y personifica a la Nación. Que, pese a todo, lo redime y enaltece. Lampadia

Mucho se ha hablado y escrito sobre los daños que causó la hiperinflación que originó el velascato (la ominosa dictadura militar) y que abonaron los gobiernos de Belaunde II y García I. Pero solo pocas veces hemos analizado este fenómeno desde la perspectiva que tuvo en los servidores del Estado, en los maestros, médicos, enfermeras y policías, gente que tenía ingresos fijos y que por lo tanto, sus fuentes de vida fueron licuadas, prácticamente desaparecidas, por el fenómeno monetario sin que su efecto pudiera ser compensado por aumentos salariales.

Efectivamente, a partir de mediados de la década de 1970, la dictadura militar de Velasco y Morales Bermudez iniciaron una de las mayores inflaciones de la historia de la economía mundial. Una de las mayores en dos aspectos, por su incidencia y su duración. La hiperinflación peruana descalabró a nuestra sociedad por más de 20 años y en un solo año llegó a generar un aumento de precios de 7,482% (1990). Ver el siguiente gráfico:

Pero seguramente nuestros jóvenes, millennials y pulpines, no tienen la menor idea de que es inflación. Una pequeña descripción:

En economía, la inflación se define como un aumento sustancial, persistente y sostenido del nivel general de precios a través del tiempo. Otra forma de definirlo es como la disminución del valor del dinero respecto a la cantidad de bienes o servicios que se pueden comprar con dicho dinero.

En otras palabras, si a principios de año tu ingreso fijo como maestro era de 1,000 soles al mes, tu poder de compra te permitía adquirir bienes por valor de 1,000 soles. Pero si la inflación anual era de 50%, al final del año, los mismos bienes habían subido de precio con la inflación a 1,500 soles, pero no tu ingreso. Por lo tanto, ya no podías comprar las misma cosas. Solo podías comprar por 1,000 soles, o sea dos tercios (1,000/1,500) de las cosas que podías adquirir a inicios de año.

Ahora imagina que pasaba con tu capacidad de compra, si el siguiente año se repetía el fenómeno, o peor aún, si seguía creciendo. ¿¿¿ ??? ¿Qué horror no?

Evidentemente, los más afectados por este fenómeno eran los ciudadanos que tenían ingresos fijos. Y entre ellos, además de los jubilados y otros, tenemos a los muy importantes servidores del Estado, a los maestros, médicos, enfermeras y policías. Las vidas familiares de esos trabajadores fueron destrozadas.

Entonces, antes de la inflación, hasta mediados de los años 70, nuestros maestros, por ejemplo, tenían vidas dignas, no ganaban mal (hoy día el ingreso de un maestro llega solo al 30% de su ingreso real de esos años), eran respetados por la sociedad, eran gente que trabajaba por vocación y con un importante compromiso por la calidad de su trabajo. Lo mismo se daba con los otros servidores del Estado.

¿Pero que pasó una vez que fuimos atacados por la hiperinflación? Pues, nuestros servidores tuvieron que dedicarse a ver como sobrevivían, ver de donde sacaban ingresos para mantener a sus familias. Muchos tuvieron que cachuelearse haciendo cualquier otra cosa. Las madres de familia empezaron a producir artesanalmente dulces y otros bienes, el foco de vida de los trabajadores y familias cambió rotundamente.

El Estado, que no podía hacer incrementos de salarios que compensaran la hiperinflación y ante la presión de nuestros servidores, tuvo que ir variando los horarios de trabajo para que la gente tenga la oportunidad de generar ingresos de otra manera. Así fue como terminamos con los 24X24 en la policía, con turnos de enfermeras y médicos de cuatro horas y, con jornadas escolares de medio día.

Pero también se dieron otros dos fenómenos, la evolución de los gremios de servidores públicos y el abandono de los valores inherentes al servicio público.

En cuanto al tema gremial, era evidente que los trabajadores tenían que organizarse y en la medida que el tema se agravaba, tenían que ir desarrollando actitudes de fuerza que eran la única manera de obtener algo en una sociedad de suma cero. Suma cero, pues la economía estaba estancada y solo se podía conseguir algo a costa de los demás. A lo largo de los años hemos visto como los gremios de maestros y servidores de la salud han llegado a actitudes poco humanas. Explicablemente, dichos  gremios fueron capturados por cúpulas politizadas que hasta ahora medran de los trabajadores. Por ejemplo, el Sutep mantiene hasta hoy, en su estatuto, su compromiso con la lucha de clases y está muy lejos del objetivo de la educación. Lo que empezó como una imperiosa necesidad reivindicativa en una sociedad que los condenó a la miseria, terminó en un movimiento político que sigue erosionando el compromiso de los maestros con la educación.

Lo mismo hemos visto con los médicos. En la huelga médica del 2014, el presidente de la Federación Medica del Perú, parecía más un ‘espartambo’ que un galeno. Curiosamente, luego de sus aprontes violentistas fue elegido como Decano del Colegio Médico del Perú, en vez de haber sido expulsado de la profesión.

Pero tal vez el peor impacto de la corrosiva hiperinflación ha sido el abandono de los valores inherentes a las funciones de servicio público. Hoy todavía los ciudadanos esperamos encontrar en el maestro, la enfermera, el médico y el policía, a alguien comedido, que exprese vocación de servicio, dedicado en cuerpo y alma, como era antes de la tragedia, simplemente, alguien dedicado a dar contenido a la palabra: ‘servicio’. Lamentablemente, la realidad es otra y la sociedad está muy disconforme con los servicios del Estado.

Evidentemente, estas expresiones no abarcan a todos los servidores del Estado, describen los comportamientos disfuncionales de muchos de ellos, que son justamente los que han dejado impresiones en nuestras retinas.

Todo esto es muy complejo. De alguna manera, nuestros servidores públicos han sido empujados a vivir en una suerte de selva donde solo puedes avanzar a machetazos y poco importa lo que pisas en el camino.

Reflexiones finales

1. Entendamos por qué se dio la necesidad de formar gremios reivindicativos y agresivos.
2. Revaloremos las funciones de los servidores públicos, que deben llegar a ubicarse en un lugar privilegiado de la sociedad.
3. Escribamos códigos de conducta y compromisos éticos a los que deben adherirse todos los servidores públicos para acceder a los incrementos salariales.
4. Viabilicemos los procesos disciplinarios que permitan separar a los malos elementos sin indebidas interferencias judiciales.
5. Establezcamos importantes ‘premios’ para distinguir a los servidores públicos que den el ejemplo con nuevos valores de servicio y compromiso en los nobles oficios de apoyo al ciudadano.
6. Establezcamos nuevos horarios de trabajo de los servidores públicos con jornadas completas.
7. Desarrollemos un plan concreto para permitir mejores remunieraciones a los servidores que asuman el reto de reconvertir los servicios del Estado. 

Lampadia  

Después de haberse reestructurado el manejo de los servicios públicos de electricidad y comunicaciones, mediante las privatizaciones de los años 90, que permitieron una mejora sustancial de los servicios y el empoderamiento del Estado como el regulador de la actividad privada, hace prácticamente 20 años el país optó por mantener el servicio de agua potable y alcantarillado en manos del Estado.

A mediados de 1997, en la Embajada del Perú en Londres, durante una visita de Estado al Reino Unido del Presidente Alberto Fujimori, en una cena brindada por el Embajador Eduardo Ponce, con la presencia de inversionistas británicos, se produjo un incidente que tuvo consecuencias de largo plazo sobre el manejo del agua en el Perú.

Los representantes del Water and Sewage Authority, se pusieron malcriados con el Presidente del Perú, por los constantes cambios de planes, por los que no se concluían los términos de la reforma del servicio de agua con el ingreso de los capitales privados. Al final de la cena, el Ministro de Economía y Finanzas, don Jorge Camet Dickmann comentó, sotto voce: “se acabó la privatización de Sedapal, después de esto, el Presidente no irá adelante”.

Desde entonces, la politiquería ha ido solidificando un statu quo, a todas luces negativo: que impide a los ciudadanos el acceso a un servicio de calidad  y castiga a los más pobres a pagar por el agua hasta 15 veces más que las clases más acomodadas, que genera inmensas pérdidas de recursos públicos por inversiones inefectivas y; que permite la presencia de mafias corruptas que medran alrededor de las limitaciones de los pobres.

En el siguiente ensayo, Jaime de Althaus presenta un análisis de la situación del sector y la imperiosa necesidad de adoptar decisiones audaces e ingeniosas para salir de una trampa que no tiene cuando acabar. (Ver otras propuestas de reformas en nuestra biblioteca virtual: Estado del Siglo XXI).  

La reforma del agua potable

Cuando el 8 de julio del 2011 el Presidente Alan García inauguró la  planta de tratamiento de agua de Huachipa, proclamó que se trataba de la planta de Tratamiento de Agua más moderna y grande de Sudamérica, que, junto con la construcción del Ramal Norte de 27 kilómetros de longitud y 10 kilómetros de túneles, garantizaría que 2 millones 400 mil limeños y chalacos de los distritos de Lurigancho-Chosica, San Juan de Lurigancho, Comas, Carabayllo, Los Olivos, Puente Piedra, San Martín de Porres y el Callao, tengan asegurado el abastecimiento de agua potable de manera permanente.

Han pasado 5 años desde esa inauguración, y esos objetivos no se han  cumplido. La infraestructura funciona a un quinto de su capacidad. Según Fernando Momiy, Presidente de la Sunass, la Planta debería proporcionar 5 m3 por segundo pero sólo da 1 m3. Para comenzar, el llamado Ramal Norte que va desde Huachipa hasta Comas pasando por San Juan de Lurigancho, tuvo problemas desde el día mismo de la inauguración, cuando se rompió el tubo por la presión del agua, inundando 5 manzanas de San Juan de Lurigancho. A partir de allí, la cantidad de agua que lleva es mínima. Y como si ello fuera poco, resulta que en noviembre de 2015, cuando los constructores Camargo Correa y Veolia iban a entregar la planta a Sedapal luego de 4 años de operación, justo antes de la venida del Niño, se descubrió que la bocatoma se estaba desmoronando, cayendo a pedazos. Camargo Correa realizó una reparación provisional, a cuenta de una reparación mayor que tendría que hacer si así lo determina un peritaje que Sedapal ha convocado pero que se declaró desierto en abril del 2016, programándose la segunda convocatoria para agosto del 2016. “Que se sepa, ni la Contraloría ni la fiscalía han determinado responsables”, señaló Momiy. “Lamentablemente es una obra pública y no una concesión”, agregó.

Daños en la Bocatoma de la planta de agua potable de Huachipa

No obstante, Ramón Huapaya, Gerente General de Sedapal, asegura que la razón por la que el Ramal Norte sólo transporta 1 m3 y 5, no son las fallas en la construcción, que en el caso del Ramal ya fueron reparadas, sino el retraso en el tendido de redes en Pachacútec y San Martín de Porres, que debió estar listo con simultaneidad a las obras mayores. Recién en diciembre de este año estaría operativo de modo que en ese momento el Ramal Norte conducirá 4 m3 de agua por segundo. Veremos.

Como fuere, si esos problemas ocurren en Lima, con Sedapal, que se supone es la empresa de agua potable más organizada del país, y en una obra ejecutada por empresas internacionales en un proyecto que costó más de 800 millones de soles, ¿qué no pasará en el interior del país con Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) municipales cuya gestión, en su gran mayoría, es sumamente deficiente?

Graves problemas de gestión, corrupción y despilfarro presupuestal

El problema central de las EPS es que no son capaces de mantener adecuadamente las redes que manejan y menos aun de ampliarlas, porque tienen tarifas bajas o gastos de personal excesivos o mucha corrupción, y carecen de capacidad profesional para formular proyectos. Según la Sunass, las EPS no tienen proyectos ni proyectistas. La propia Sedapal sólo puede ejecutar 400 millones al año de los 650 millones que tiene disponibles.

En muchos casos las EPS se han convertido en botín laboral de los alcaldes, que ponen en ellas a allegados a quienes quieren favorecer con un empleo, sin consideración de capacidad o necesidad. El siguiente alcalde los despide, pero regresan vía judicial, en virtud de la estabilidad laboral absoluta que impera en nuestro país.

Como resultado muchas EPS tiene más personal del que necesitan y sin las calificaciones adecuadas. Y la corrupción cunde. El propio ex Ministro de Vivienda, Milton von Hesse, denunció que en Sedalib trabajadores venden por su cuenta el agua en algunos sectores periféricos de la ciudad. Es decir, la privatización de facto, a favor de trabajadores corruptos. Y el Premier Cateriano reveló hace unos meses que los puestos en Sedapal son hereditarios en virtud de convenios colectivos firmados con el sindicato. Inaudito.

Este es, pues, un sector que, con excepciones, ha sido abandonado al descontrol más absoluto y que ha terminado en manos de grupos que se benefician para su propio interés de un estado de cosas ruinoso e ineficiente.  

Por eso, por ejemplo, la instalación de micromedidores, que por ley es obligatoria, se cumple muy parcialmente. En el siguiente gráfico podemos ver, por ejemplo, que 10 EPS tienen un nivel de micromedición menor al 20%.

Número de EPS según % de micro medición

 Fuente: Benchmarking Regulatorio de las EPS, 2014, Sunass

Como consecuencia, las EPS tienen que estar recibiendo frecuentemente transfusiones de sangre del presupuesto nacional incluso para subsistir y mantener las plantas y las redes. Son huecos negros. De hecho, las rehabilitaciones, ampliaciones o nuevas plantas se hacen siempre con dinero del gobierno central, no con fondos de las EPS. El Estado transfiere a las EPS, Gobiernos Regionales y Municipalidades alrededor de 3 mil millones de soles anuales para obras de saneamiento. Parte de eso es para reparar o rehabilitar redes deterioradas. Y, según Fernando Momiy, cuando, con ese dinero, el gobierno regional o la municipalidad llevan a cabo proyectos de agua potable que encargan o transfieren luego a las EPS, esos proyectos suelen tener problemas de diseño, formulación, ejecución, supervisión y financiamiento. El resultado  es una gran cantidad de obras inservibles, paralizadas, inconclusas o en arbitraje. Y si la obra se termina y entrega pero está mal hecha, lo que se tiene son elevados costos de operación y mantenimiento. En los últimos 10 años el Estado ha invertido 20 mil millones de soles en obras de saneamiento y Momiy se pregunta en qué se ha ido ese enorme monto.

Por eso, la cifra de incremento de la cobertura de agua potable y alcantarillado puede resultar engañosa. En efecto, según el documento “Benchmarking Regulatorio de las EPS, 2014” de la Sunass, la cobertura promedio del servicio del agua potable a nivel nacional en las poblaciones que están dentro de área de influencia de las 50 EPS se incrementó desde 82.4% en el año 2009 hasta 90.5% en el año 2014, y en el caso del servicio de alcantarillado, pasó  de 75.4% a 83.6% en el mismo periodo. Es notorio el caso de las EPS Pequeñas cuya cobertura pasó de 68.02% a 86.40% en esos mismos cinco años, un incremento de 18%. Pero precisamente lo que ocurre es que muchas de esas obras tienen problemas de diseño, operación y mantenimiento y a la larga no podrán mantener el servicio salvo que reciban una inyección del gobierno regional o nacional, como de hecho ocurre. 

Lo anterior se advierte, por ejemplo, en la cantidad de horas al día en las que hay agua potable en las viviendas atendidas por las EPS. Salvo Sedapal, donde el promedio de horas al día era 21.9, en las viviendas atendidas por las demás EPS el promedio de horas de agua estaba alrededor de 16. Y, como podemos ver en el siguiente tráfico, hay 10 EPS en las que la cantidad de horas diarias está por debajo de 12.

Número de EPS según cantidad de horas de agua/día

Fuente: Benchmarking Regulatorio de las EPS, 2014, Sunass

Con mucha frecuencia, como decíamos, los proyectos están mal hechos y no funcionan. El caso más conocido es el de la planta de tratamiento de aguas residuales  y el sistema de alcantarillado de Iquitos, una obra de alrededor de 800 millones de soles también que fue, sencillamente, una estafa, porque las aguas servidas se salen en medio de la ciudad, inundan las calles y no llegan nunca a la planta de tratamiento. Esta, a su vez, fue construida en una zona inundable, de modo que a la primera lluvia importante se colmó de agua y los equipos eléctricos se malograron. Y el ex gobernador regional está libre y campante.

Un estudio reciente de la Sunass revela que de las 200 plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) que existen en el país, ninguna funciona adecuadamente. Más de 90% carece de autorización de de la Autoridad Nacional del Agua para vertimiento y reúso, y no puede cumplir la normativa de Límites Máximos Permisibles ni de los Estándares de Calidad Ambiental, debido a las tecnologías que usan y a las características del cuerpo receptor. También incumplen la ley de Residuos Sólidos por falta de lugares adecuados para la disposición final de los lodos y residuos sólidos y/o por falta de aplicación de estrategias de reúso de los lodos. (Ver: http://www.sunass.gob.pe/doc/Publicaciones/ptar2.pdf)

La cuantiosa deuda al Fonavi

A los graves problemas de gestión, personal y corrupción de las EPS, se suman serios problemas financieros. En efecto, las EPS sufren unas cargas financieras muy gravosas que no pueden atender: se trata de la deuda que tienen con el FONAVI. Resulta que en los años 90 las EPS recibieron fondos del FONAVI para hacer obras de agua potable y alcantarillado, o asumieron la deuda contraída por pobladores para ese fin. El resultado es una deuda de 4,200 millones de soles entre casi todas las EPS, que, por supuesto, no han incorporado en la tarifa que pagan los usuarios, salvo en tres casos. No pueden pagar esa deuda y cuando lo hacen, no pueden hacer obra. Y el problema es que los fonavistas se cobran precisamente del pago de esa deuda, y como quienes los representan son funcionarios del MEF, éstos accionan y eventualmente embargan a las EPS.

Soluciones

Esta situación solo se resolvería aumentando las tarifas de una manera apreciable, lo que resultaría casi imposible considerando que eso requiere de una audiencia pública y que más bien el problema suele ser de retraso tarifario. Por lo demás, de nada serviría aumentar las tarifas si la gestión de las EPS sigue siendo una coladera.

Capitalización de la deuda y APPs

La Sunass, entonces, propone una salida, a todas luces inteligente: que el Estado capitalice esas deudas, tome el control de las empresas y les consiga operadores solventes por medio de asociaciones público privadas. Es decir, aprovechar la deuda impagable de las EPS para resolver de una vez por todas el problema de gestión, de modo que los cuantiosos montos que invierte el Estado anualmente en saneamiento, en lugar de dilapidarse, se traduzcan en aumento real de la cobertura y de la calidad del servicio y se cierren las brechas existentes.

Activar el Fondo de Inversión Social en Saneamiento (INVERSAN)

Y para que los 3 mil millones vayan a proyectos realmente prioritarios y bien estudiados, la Sunass propone una segunda medida: activar el Fondo de Inversión Social en Saneamiento (INVERSAN), creado por la ley 29061 al final del gobierno de Alejandro Toledo pero que la administración siguiente, la de García, dejó de lado. La idea es transferir a ese fondo todos los años los 3 mil millones de soles que se gastan hoy de manera clientelista y sin planificación ni control alguno. Se trata de un fondo concursable, de modo que los recursos se asignarían a buenos proyectos de acuerdo a prioridades establecidas claramente, asegurando operación y mantenimiento, y no a los alcaldes o gobernadores regionales amigos del ministro.

Luego, a fin de que las EPS se avengan a tener tarifas reales, debería darse una ley por la que si la empresa no quiere aumentar la tarifa cuando es necesario, la diferencia la tenga que poner la Municipalidad de su presupuesto.

Catastros

Otra medida, sugerida por la Sunass, es algo que debería hacerse desde o por encargo del Ministerio de Vivienda: un catastro técnico que identifique donde están las redes en cada ciudad y qué antigüedad tienen, por un lado, y un catastro comercial, para saber con precisión quiénes son los usuarios pues, por ejemplo, hay muchas industrias que se camuflan como usuarios domésticos.

Resulta absurdo, por ejemplo, que muchas carreteras se ejecuten y mantengan por medio de asociaciones público privadas y esto no se pueda aplicar en el sector saneamiento, tan necesitado justamente de una gestión moderna y eficiente que garantice la ampliación, operación y mantenimiento de la infraestructura.

Compromisos políticos que deben superarse

Lamentablemente el plan de gobierno de Peruanos por el Kambio no contempla claramente la posibilidad de concesionar la administración de las EPS a asociaciones público privadas. Es más, en el acuerdo firmado con el sindicato de Sedapal, PPK se compromete a “no concesionar Sedapal ni las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS)”. Sorprende que el Presidente electo no se haya percatado de que lo que buscaban los sindicatos con este acuerdo era mantener el statu quo para conservar los privilegios y las prácticas corruptas antes mencionadas. Ver acta del compromiso:

Lo que ese plan plantea es que los usuarios estén representados en sus directorios de modo que tengan un incentivo para reducir las inmensas pérdidas de agua, y que las EPS con déficit en su gestión sean reincorporadas a la administración del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, específicamente al Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), para su “reflotamiento” administrativo y financiero. 

La ley de la OTASS le permite aplicar un “Régimen de Apoyo Transitorio” a las EPS con problemas. Este régimen transitorio dura un máximo de 15 años. Durante ese plazo, la OTASS puede promover la participación del sector privado en la administración de la EPS intervenida. La pregunta es si una APP se interesará por un plazo que es relativamente corto. En todo caso, la solución que plantea la Sunass es más práctica y directa y debería ser considerada si queremos tener éxito.

Lo cierto es que el gobierno entrante tendrá que tener las ideas claras respecto de lo que debe hacerse en este sector vital si es que realmente quiere cerrar la brecha de agua potable. Si no resuelve el problema de gestión de las EPS, se seguirá derrochando inútilmente el dinero de todos los peruanos. 

Resolver esto es algo que requerirá un manejo valiente, pues las necesidades de saneamiento no pueden seguir postergándose por más tiempo. Tal como el propio PPK ha preconizado a lo largo de los últimos años desde la conducción de su ONG ‘Agua para todos’. Lampadia