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La reforma del agua potable en peligro

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Javier Piqué, informó que el objetivo del Gobierno es cerrar al 100% la brecha en el suministro de agua en las áreas urbanas y al 85% en las zonas rurales del país para el 2021. Por supuesto, para eso se necesita, en primer término, recursos. Por eso agregó: “Esperamos que la inversión privada empiece a mejorar, de manera que el crecimiento del país se empiece a notar en el segundo semestre y tengamos los recursos para invertir y cerrar esa brecha”.

Pero resulta que pocos días antes de que el ministro formulara esas declaraciones, el Premier le había pinchado la llanta de ese objetivo por dos vías. Al ordenar a la Sunass que deje sin efecto el alza de la tarifa de agua en Moquegua, y aceptar luego revisar los peajes –que son contratos- con los transportistas, el Premier configuraba un escenario de ruptura de reglas básicas de la economía de mercado que, sin duda, como bien señaló Roberto Abusada, pueden afectar la confianza del sector privado y por ende la inversión. Y sin inversión, no habrá recursos presupuestales para alcanzar las metas de agua.

Pero, aun cuando los hubiera, de qué sirve invertir en agua potable y alcantarillado si después esas redes no se pueden mantener ni menos aún hay recursos para seguir invirtiendo. El 2016 el ex jefe de la Sunass, Fernando Momiy, nos decía que en los 10 años anteriores el Estado había invertido 20 mil millones de soles en obras de saneamiento y se preguntaba en qué se ha ido ese enorme monto. El Estado transfiere a las EPS, Gobiernos Regionales y Municipalidades alrededor de 3 mil millones de soles anuales para obras de saneamiento. El año pasado fueron 4 mil millones. Parte de eso son transfusiones de sangre del presupuesto nacional a las EPS incluso para subsistir y mantener las plantas y las redes. Por supuesto, las rehabilitaciones, ampliaciones o nuevas plantas se hacen siempre con dinero del gobierno central, no con fondos de las EPS.  

En muchos casos las EPS se han convertido en botín laboral de los alcaldes, que ponen en ellas a allegados a quienes quieren favorecer con un empleo, sin consideración de capacidad o necesidad. El siguiente alcalde los despide, pero regresan vía judicial, en virtud de la estabilidad laboral absoluta que impera en nuestro país. Sus directorios, presididos por el alcalde, se resisten a actualizar tarifas por razones políticas. Por eso, haberle dado al organismo regulador, la Sunass, autonomía para fijar las tarifas luego de estudios técnicos, fue un paso adelante muy importante para intentar la racionalización de estas entidades. Esos incrementos siempre venían con recomendaciones de gestión. Lamentablemente al Premier no se le ocurrió mejor idea que atacar ese instrumento clave, de modo que en adelante será muy difícil que la Sunass haga prevalecer los aumentos de tarifa que dispone. Es terrible.  

En el siguiente cuadro podemos ver que, al 2016, había 12 EPS cuyos “costos y gastos desembolsables” son superiores a sus ingresos operativos totales. Una de ellas, oh sorpresa, es la EPS Moquegua. Por eso, evidentemente, la Sunass dispuso el alza de la tarifa, cuestionada por el Premier. 

Fuente: Benchmarking regulatorio de las EPS, 2016, SUNASS

Y eso que este cálculo no considera los costos financieros de las EPS, las deudas impagas que tienen, por ejemplo, con el FONAVI. Hacia fines del 2016, la deuda de las EPS con el FONAVI sumaba más de 4,200 millones de soles.

Por eso, en el siguiente gráfico vemos cómo la cobertura de agua potable, lejos de aumentar, venía disminuyendo, al 2016, en las EPS grandes, medianas y pequeñas. En todas menos en Sedapal. La EPS carecen de capacidad de inversión porque sus tarifas son muy bajas.

Fuente: Benchmarking regulatorio de las EPS, 2016, SUNASS

No solo eso, la continuidad del servicio, es decir, el número de horas por día en que los que tienen conexión tienen agua, también ha caído en las grandes y pequeñas, como podemos ver en el siguiente gráfico:

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Fuente: Benchmarking regulatorio de las EPS, 2016, SUNASS

Y como podemos ver en el siguiente cuadro, 10 EPS distribuyen agua 10 o menos horas al día, y 15 EPS 12 horas o menos. Carecen de capacidad de inversión.

Fuente: Benchmarking regulatorio de las EPS, 2016, SUNASS

Recaudan poco no sólo porque eventualmente la tarifa es baja, sino porque la micromedición está relativamente poco extendida. En el siguiente cuadro podemos ver que hay incluso 5 EPS que no tienen micromedición alguna y muchas tienen porcentajes bajísimos. La EPS Moquegua, objeto de la interferencia del Premier, la micromedición alcanza sólo al 41%.

Fuente: Benchmarking regulatorio de las EPS, 2016, SUNASS

El asunto es penoso cuando nos acercamos al tratamiento de las aguas residuales.

  • Sólo el 3.66% de las aguas residuales de las EPS pequeñas son tratadas
  • Solo el 31.88% de las aguas residuales de las EPS medianas se tratan.
  • Hay 23 EPS que simplemente no tienen ningún tratamiento. Una de ellas es justamente la EPS Moquegua.
Fuente: Benchmarking regulatorio de las EPS, 2016, SUNASS

Por todo lo anterior, la reforma de las EPS, es decir, la reforma del agua potable, es fundamental en nuestro país. De hecho, 12 EPS se encuentran bajo el Régimen de Apoyo Transitorio, mediante el cual del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) interviene EPS para establecer estrategias de corto, mediano y largo plazo a fin de mejorar su gestión y reflotarlas.

Pues resulta que una de esas 12 es nada menos que la EPS Moquegua. Por eso, en el comunicado que emite la Sunass para defender su autonomía y aclarar que no ha anulado el aumento de la tarifa en Moquegua, acepta sin embargo evaluar la propuesta de que el primer año el alza sea financiada por la OTASS, es decir, por todos los peruanos (ver punto 6 del comunicado). Es lamentable que se haya tenido que ceder, solo para postergar un año el problema. La población tiene que ser bien informada acerca de las razones que hacen necesaria el alza.

La reforma de las EPS no es un tema fácil. Necesita, por eso, claridad, firmeza y apoyo político de parte de las más altas autoridades. Lo que no puede hacer el gobierno es socavar la autoridad y la autonomía de los organismos reguladores, porque entonces será imposible actualizar tarifas y organizar bien las empresas de saneamiento, que por ahora son una tubería rota por la que se van los recursos que en ellas se pone. Lampadia




Herencia que la SUNAT y el MEF deben recusar

Herencia que la SUNAT y el MEF deben recusar

Hoy en día está en proceso de desarrollo ‘la buena SUNAT’ que ofreció el gobierno de PPK y encargó a Víctor Shiguiyama. Durante el gobierno del nacionalismo, se dio rienda suelta a los fiscalizadores para que encontraran nuevos pozos de eventuales recursos fiscales. Esto llevó a comportamientos disfuncionales, pues el personal del ente recaudador tenía beneficios monetarios directos vinculados a la recaudación.

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La Metamorfosis de la SUNAT

Así fue que durante los últimos años, los fiscalizadores de la SUNAT empezaron a cuestionar todo tipo de normas tributarias y prácticas de supervisión, que al reinterpretarse por ellos, podían generar nuevas fuentes de recaudación. Lo mismo pasó con acciones de control menores, por las que se empezaron a cuestionar y observar multiplicidad de gastos.

Estas prácticas determinaron que por algún tiempo, las empresas terminaran pagando más impuestos que los determinados por las tasas  nominales del impuesto a la renta. Pero, además, en algunos casos (como el que analizamos líneas abajo), se generaron conflictos mayores por la incidencia de cambios de  reglas de juego que tenían altos impactos económicos en una serie de empresas.   

El sistema de incentivos que se estableció en la SUNAT distorsionó completamente la gestión de la institución y contrarió su misión.

La SUNAT ha llegado incluso a poner en entredicho la sacrosanta vigencia de los contratos de estabilidad tributaria, que en contra de los relatos de los enemigos de la economía de mercado, no exoneran del pago de ningún impuesto, solo establecen que las  normas tributarias vigentes a la firma del contrato se mantengan por el plazo de los mismos. En otras palabras, si los impuestos suben, las empresas con convenios seguirán pagando lo establecido al momento del contrato y, si los impuestos bajan, las empresas seguirán pagando las tasas más altas, a no ser que renuncien a los contratos. Estos contratos establecen garantías que promueven la inversión privada y no pueden ser modificados ni dejados sin efecto unilateralmente por el Estado.

La siguiente sumilla explica la importancia de dichos contratos:

Contratos de estabilidad tributaria

A inicios de los años 90, el Reino Unido (RU) devaluó la Libra Esterlina en 15%, los inversionistas consideraron que el ajuste había corregido los desbalances y se volcaron a invertir.

Al mismo tiempo, Brasil hizo una devaluación de 15%, pero ésta fue considerada el inicio de un problema mayor, y los inversionistas salieron de sus posiciones.

¿Qué explicó la diferencia en el comportamiento de los inversionistas? – La historia. Mientras el RU tenía una reputación impecable y merecía la confianza de los inversionistas, Brasil llevaba atrás una larga historia de incumplimientos que lo hacían un país no confiable.

Como sabemos los peruanos, cuando en los años 90, en el Perú se crearon las condiciones internas para atraer inversiones mineras y otras, teníamos que establecer un mecanismo que permitiera que nuestra mala historia crediticia, no inhibiera inversiones de largo plazo. Solo en los años 80 tuvimos dos cortes del pago de la deuda externa, primero con Belaunde el 82, y luego con García el 86.

Fue así como el Perú recurrió a establecer ‘Convenios de Estabilidad Jurídica’ y ‘Contratos de Estabilidad Tributaria’, que permitieron una gran dinamización de las inversiones y toda la recuperación económica y social del Perú hasta la primera década del 2000.

Hasta hace pocos años, el respeto de estos contratos ha sido clave para mantener el prestigio del Perú como un serio receptor de inversiones extranjeras.

Si esta anotación no es suficiente para hacer notar la necesidad de garantizar predictibilidad tributaria a los inversionistas, veamos el primer antecedente histórico en el Perú:

Velasco Alvarado hizo el primer contrato de estabilidad tributaria en el Perú  con Southern Copper Corporation, entonces propiedad de la compaña estadounidense, Asarco, para el desarrollo del proyecto de Cuajone en Moquegua.

Hoy día, producto de la ‘mala SUNAT’, uno de los casos contenciosos más importantes y notorios es el de la compañía minera Cerro Verde. Veamos:

  • En los últimos 20 años se celebraron 24 convenios entre el Estado e inversionistas.
  • Estos trajeron inversiones superiores a US$ 17 mil millones.
  • Cerro Verde firmó su contrato en 1998 con vigencia hasta el 2013.
  • El 2004, se crearon las regalías mineras.
  • Las regalías mineras no eran aplicables a Cerro Verde, pues su contrato tenía vigencia hasta el 2013.
  • Desde el 2013, la SUNAT le exigió a Cerro Verde el pago de las regalías supuestamente dejadas de pagar.
  • Cerro Verde inició procesos judiciales para que se declare la nulidad de las resoluciones que desconocían el Contrato de Estabilidad.
  • El Juzgado Constitucional de Arequipa desestimó una acción de amparo de Cerro Verde.  
  • Los procesos judiciales están pendientes.
  • Los gobiernos de García II y Humala comprometieron a Cerro Verde a realizar aportes adicionales mediante el Programa de Solidaridad con el Pueblo, llamado Aporte Voluntario y el Gravamen Especial Minero (GEM), además del impuesto a la renta y del reclamo de las regalías.
  • El Aporte Voluntario se diseñó para que las compañías con Contrato de Estabilidad no sujetas al pago de las regalías, las compensaran.
  • Lo mismo sucedió con el Gravamen Especial Minero.

Lógicamente, el cobro de regalías, pretendido por el fiscalizador, en adición a los pagos del Aporte Voluntario y del Gravamen Minero se convertían en un pago doble.

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Vista de las instalaciones mineras con el Misti, Chachani y Pichu Pichu al fondo. Fuente: www.mineriaonline.com​

Además de las obligaciones tributarias, Cerro Verde desarrolló un importante programa de ‘inversiones sociales’ en Arequipa como una Planta de Agua Potable, el cofinanciamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para el Cono Norte de Arequipa, la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR La Enlozada). En los diversos programas de inversión no productivos, desarrollados en la Región Arequipa, entre el 2005 y 2016, Cerro Verde aportó hasta US$ 190 millones.

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Planta de agua de La Tomilla

En los documentos adjuntos se puede apreciar la descripción de las operaciones de Cerro Verde, el detalle de sus aportes no productivos y el impacto del proyecto en Arequipa y el Perú:

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Más allá del caso específico de Cerro Verde, es importante hacer notar que este tipo de litigios hacen mucho daño a todas las partes:

  • Impacto directo en las empresas involucradas en los largos y complicados reclamos judiciales.
  • Dañan de manera muy importante el prestigio del país, lo que determina un mal ambiente de inversión que redunda en menores inversiones y mayores costos de inserción global.
  • Daña importantemente la consolidación de la  ‘la buena SUNAT’ en proceso de desarrollo. 

Es muy claro que el Estado necesita recursos fiscales para afrontar las muchas tareas pendientes en su mochila, pero estos no se pueden obtener de cualquier manera, y menos dañando el largo plazo del sector productivo y el prestigio del Perú como un buen destino de inversiones. Ojalá, la actual dirección de ‘la buena SUNAT‘ se avenga a colaborar en la resolución de este tipo de conflictos, no originados por sus actuales directivos. Lampadia