El Ministerio de Agricultura se reconvierte hacia la agricultura familiar

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El 13 de mayo pasado la Convención Nacional Agraria (CONVEAGRO) -que integra a varios gremios principalmente no exportadores[1], a la Confederación Nacional Agraria (CNA),  a la Confederación de Campesinos del Perú (CCP) y a ONGs como CEPES y DESCO-,  y la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú (JNUDRP), que reúne  a 114 juntas de usuarios que agrupan a 1,582 comisiones de usuarios con dos millones de productores agrarios empadronados, realizaron un paro agrario que logró bloquear varias carreteras a nivel nacional.

Por cierto, hubo presencia y consignas de izquierda en esa movilización, hay dirigentes gremiales radicales, pero sin duda algunos de los reclamos son plenamente justificados ante un Estado que ha abandonado toda tarea consistente para modernizar la pequeña agricultura en el país. Incluso podríamos decir que las demandas de naturaleza rentista o proteccionista que esgrime la plataforma del paro obedecen precisamente al atraso relativo de estas unidades productivas, que en lugar de defenderse con un aumento de la productividad lo quieren hacer con medidas artificiales que entrañan un subsidio de la sociedad en su conjunto hacia ellas.

Muchos de estos agricultores, sobre todo en la Costa, son aquellos parceleros que se dividieron las tierras de las cooperativas de producción en las que la reforma agraria convirtió a las prósperas haciendas de la costa. Parceleros que no han logrado incorporarse al mundo de la agroexportación y que tampoco han mejorado sus propios cultivares para el mercado interno. Tienen, en general, baja productividad y escasas utilidades cuando no sobreviven en niveles de subsistencia. En la Sierra muchas unidades familiares mantienen producciones de autoconsumo. Son, en suma, un legado de la Reforma Agraria, con el agravante inexcusable de que esto se mantiene así más de 40 años de terminada esa reforma.

Tecnificación en lugar de protección

La consecuencia es que se exige medidas que pueden convertirse, como decíamos, en transferencias de ingresos o subsidios o del conjunto de la sociedad al sector agrario si es que no se aborda el problema de fondo. Se pide, por ejemplo, una “transferencia inmediata de 1,500 millones de soles (del presupuesto nacional) al Agrobanco para que tenga capacidad de atención nacional y sea una banca de fomento”. Pero ya sabemos lo que ocurre con el banco Agrario. Ha sido hasta ahora un barril sin fondo. La banca comercial podría atender los emprendimientos agrarios si tuvieran rentabilidad.  

Se demanda también, por ejemplo, “precio justo para las fibras y evitar el monopolio de la industria Alpaquera y de Camélidos sudamericanos”. ¿Qué es precio justo? Lo que sí sabemos –nos dije la ministra de Agricultura Fabiola Muñiz- “es que los costos son altos porque no se maneja temas como la sarna, falta de pastos o la mejora de estos para bajar la mortalidad, la caza furtiva, la mejora genética para afinar la fibra, etc.”

Se pide, asimismo, “restablecer los niveles arancelarios y la franja de precios, y proteger producción agropecuaria nacional”. Es cierto que hace un par de años se redujo el arancel, pero la franja de precios se mantiene y se activa cuando el precio desciende por debajo de cierto rango. Nuevamente acá la salida es mejorar la productividad o reconvertirse hacia productos de agroexportación.

Agricultura familiar

Sin embargo, en medio de esos pedidos mercantilistas, aparece una demanda justa y necesaria, que da pie a la solución de fondo. Es la que pide “presupuesto para desarrollar la ley 30355 ‘Ley de Agricultura Familiar’ e implementación de Sierra Productiva y similares”. Esto ha llevado a la ministra Fabiola Muñoz a tomar la decisión de reestructurar el Ministerio orientándolo al mejoramiento de la agricultura familiar, algo que debió ocurrir hace mucho tiempo. El Ministerio se llamará ahora de Desarrollo Agrario y tendrá dos viceministerios: el de Agricultura Familiar y el de Servicios Agrarios.

Articulación entre grandes y pequeños en la Costa

De lo que se trata, nos explica la ministra, es que, en la Costa, los grandes se articulen con los pequeños. En Ica, por ejemplo, hay 200 fundos grandes agroexportadores y 8,000 parceleros. Se viene gastando 600 millones de dólares en la erradicación de la mosca la fruta y no se logra su desaparición, debido a que los parceleros tienen árboles de pacaes, mangos o ciruelos en los bordes de sus parcelas. Entonces los técnicos del Senasa, en lugar de brindar asistencia técnica para su reconversión, visitan a los parceleros para para fumigar esos árboles. La propuesta del ministerio es cambia esos frutales por pecanos y, sobre todo, reconvertir la mitad de la parcela a la agroexportación con asistencia técnica y con un 40% descuento en agua, que es el factor caro. Y sembrar la otra mitad con pan-llevar, pero con semilla certificada. 

Y aquí ingresan los agro exportadores en el esquema. Estos, por lo general, necesitan más área, y entonces la idea es que el jefe de campo del fundo agroexportador se convierta en el jefe de campo de los parceleros. Así ganan todos. El papel del Ministerio en esto sería vincular a las partes. Según la ministra, este modelo ya habría sido validado.

Otra estrategia en la que piensa el Ministerio es en dar incentivos diferenciados para la reconversión. En Tumbes, por ejemplo –nos informa la ministra-, se siembra 15 mil hectáreas de arroz, 5 mil de bananos y 1,000 de limón. El arroz da una utilidad de 1,000 soles por hectárea al año, el banano 10,000 soles y el limón 17,000 (aunque en este último caso debe esperarse 4 años). Además, la vocación productiva del valle es la fruta, no el arroz. Agrobanco debería prestar con una tasa más baja para sembrar frutales y Agroideas ofrecer planes de negocios no en arroz sino para reconvertir el arroz en frutales.

Estas ideas sin duda implicarán un cambio sustantivo en la capacidad de acción del Sector. Según Ismael Benavides, ex ministro de Agricultura, “gran parte de la culpa de los problemas de los pequeños agricultores la tiene el propio Estado, pues no ha hecho su tarea y el Ministerio de Agricultura es un desastre. Un ejemplo del abandono es el Programa Agroideas que creamos en el 2008 para apoyar la reconversión de pequeños agricultores a la agricultura moderna que fue exitoso, pero ha sido casi abandonado en este Gobierno. Además, la prohibición de transgénicos fue fatal, pues evitó que la productividad aumentara en el campo. En China están usando papa transgénica desarrollada en el CIP en Lima, con gran éxito, pero que ¡no puede usarse en Peru por la prohibición!”

Riego familiar en la Sierra

Para la Sierra, se está pensando en pequeños reservorios y semillas certificadas. Y en la asociatividad. Esto último, sin embargo, revelaría que todavía el ministerio no tiene una idea clara de lo que se debe hacer. La asociatividad es una consecuencia natural de emprendimientos familiares prósperos que deciden asociarse para comercializar o transformar. No es un punto de partida. Es un punto de llegada. Lo esencial es tecnificar la agricultura familiar. Y eso es lo que asegura Sierra Productiva.

Carlos Paredes, Coordinador Nacional de Sierra Productiva, nos informa que la demanda presentada en la mesa de agricultura familiar que se ha creado, es que la mitad del presupuesto que destina el Ministerio a programas de riego en la Sierra sea ejecutado con el modelo Sierra Productiva. Con esa mitad, que equivale a 165 millones de soles, Sierra Productiva garantiza instalar 20 mil reservorios rústicos unifamiliares, riego por aspersión, pastos cultivados, huerto de hortalizas y otras tecnologías en cada unidad familiar.

Consideramos que es presupuesto destinado a Sierra Productiva podría ser largamente mayor reorientando gastos del Ministerio a ese fin. Si vemos el siguiente organigrama, hay un conjunto de proyectos especiales y unidades ejecutoras que vienen de décadas atrás y cuya existencia ya no se justifica y que tiene cada una, además, su propia administración. Una tarea de la ministra debería ser simplificar drásticamente esa estructura y destinar los ahorros a la agricultura familiar andina vía el proyecto Sierra Productiva.

El problema no está en los recursos, sino en las ideas, en las concepciones. Los programas y técnicos del ministerio conciben obras de irrigación mayores que en la Sierra difícilmente funcionan, y perciben que entregar la tarea de difusión tecnológica a los yachachik (campesinos tecnologizados) es una manera de perder el puesto. La ministra, entonces, tendrá que llevar a cabo un cambio cultural –revolucionario- dentro de su sector.

Por eso, Paredes propone que con la mitad de los recursos el ministerio siga haciendo lo que viene haciendo y con la otra mitad se ejecute Sierra Productiva, para comparar luego los resultados.

Es posible que estemos ante un cambio importante en el agro nacional si es que se entiende lo que se puede y debe hacer en la Sierra. Ojalá no nos equivoquemos. Lampadia