Jaime de Althaus
Para Lampadia

La crisis política generada por el pedido presidencial de adelanto de elecciones está produciendo comportamientos paradójicos en los dos bloques que se encuentran enfrentados. Al mismo tiempo que el fujimorismo, tradicionalmente poco apegado a la democracia formal o liberal, empieza a esgrimir argumentos constitucionales relacionados a los límites al poder inherentes a la democracia liberal o representativa, para rechazar el adelanto de elecciones, los sectores progubernamentales, supuestamente “republicanos”, defensores de la democracia liberal, se amparan en argumentos de naturaleza populista para fundamentar el mencionado adelanto de elecciones.

Como bien ha precisado Carlos Meléndez en artículo publicado en Perú 21, “no hay nada más populista que solicitar el adelanto de elecciones en aras de una presunta renovación de la clase política”. Lo del populismo político del presidente Vizcarra lo venimos advirtiendo desde que el 28 de julio del 2018 lanzara el referéndum para aprobar la no reelección de los congresistas. El mecanismo clásico del líder populista consiste en dividir la sociedad en dos campos: el pueblo, lleno de virtudes, y los enemigos del pueblo, en este caso los políticos, los congresistas, el Congreso, a los que hay que atacar y, de ser posible, anular o eliminar. En este escenario, como se ha dicho tantas veces, no hay adversarios políticos sino enemigos, y el líder moviliza al pueblo contra ellos.

Fue precisamente lo que hizo Alberto Fujimori en los 90, con el clímax de la disolución del Congreso en 1992, aunque en circunstancias muy distintas a las actuales. Ahora las posiciones se invierten y mientras los fujimoristas, acorralados por la arremetida populista, descubren el valor de la democracia liberal y los límites constitucionales, los anti-fujimoristas o “republicanos” descubren el poder de la palanca populista para forzar al Congreso a adoptar decisiones legales (o ilegales). El presidente Vizcarra llegó a argumentar en su discurso del 28 de julio, y lo ha repetido luego, que el pueblo le pide el cierre del Congreso, y por eso la necesidad del adelanto de elecciones.

El problema es que el populismo es una enfermedad que está avanzando en el globo y que puede terminar con la democracia. Su éxito es inversamente proporcional al mantenimiento de los límites constitucionales al Poder. Apunta a eliminar los controles horizontales propios de toda democracia liberal, a concentrar el poder.

Lo explicó perfectamente Yasha Mounk en su libro “El pueblo contra la democracia, por qué está en riesgo nuestra libertad, y como salvarla”. Allí escribió: “Estamos atravesando un ‘momento populista’. La pregunta es si este se tornará en una ‘era populista’, poniendo en duda la sobrevivencia de la democracia liberal”. Un reciente artículo en The Economist pasa revista al avance de este fenómeno en Europa (Hungría, Polonia, Gran Bretaña, Italia) y en el propio Estados Unidos. Para no hablar de Turquía y Venezuela, donde el populismo es, además, económico y los enemigos no solo son los políticos y el Congreso, sino también la “oligarquía” y el imperialismo norteamericano.

El fujimorismo está aprendiendo a la fuerza (esperemos) las virtudes del republicanismo, de las instituciones, de la democracia liberal. Y los anti-fujimoristas, demócratas liberales, están sucumbiendo a la tentación populista. También es posible que los razonamientos constitucionales de los primeros y las justificaciones políticas de los segundos no sean sino armas de ocasión, recubrimientos utilitarios, racionalizaciones oportunistas en la guerra sin cuartel que vienen librando desde hace años, y en particular desde hace tres años.

Pese a todo, hemos sostenido que un acuerdo de gobernabilidad en torno a una agenda conjunta es la única salida. Y es posible, por la sencilla razón de que no hay diferencias ideológicas importantes entre el Ejecutivo y la mayoría congresal, y porque la agenda país está dada, a la mano, disponible. Incluye las reformas políticas pendientes que deberían ayudar a que no se vuelva a presentar un escenario de confrontación entre poderes, y por las reformas contenidas en el Plan Nacional de Competitividad, que son e importantes para relanzar el crecimiento nacional a tasas más altas. Y cualesquiera otros puntos que puedan negociarse.

Hay que insistir, De lo contrario tendremos el triunfo de la pasión irracional sobre la razón. El libre albedrío es posible. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Al gobierno le está faltando principio de realidad. No parece darse cuenta o no acepta hasta ahora que:

• Su proyecto de adelanto de elecciones ha generado una crisis artificial que complica la economía del país.
• Que el Congreso lo va a archivar y que es claro que no puede hacer cuestión de confianza, tal como argumentamos en este portal la semana pasada reproduciendo el fundamento 75 de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la cuestión de confianza que a la letra dice:
  • 75.…la cuestión de confianza… ha sido regulada en la Constitución de manera abierta, con la clara finalidad de brindar al Poder Ejecutivo un amplio campo de posibilidades en busca de respaldo político por parte del Congreso, para llevar a cabo las políticas que su gestión requiera. (Expediente 0006-2018-P1/TC)

Es decir, puede plantear cuestión de confianza de manera abierta pero solo por temas vinculados a su gestión, que no tiene nada que ver con reformas constitucionales y menos con un adelanto de elecciones, que sería un pedido para no gestionar, lo contrario de lo que constitucionalmente debe y puede hacer.

• Que si, pese a ello, plantea cuestión de confianza, ésta no va a ser denegada –dando pie a la disolución del Congreso- sino que no va a ser tramitada o va a ser declarada improcedente, con el agregado eventual de una acusación constitucional al presidente del Consejo de ministros por plantear un recurso inconstitucional. Un escenario absurdamente caótico que podría desembocar incluso en una vacancia presidencial. Nada de esto tiene sentido.
• Tampoco ha tomado nota de algo mucho más elemental: no hay tiempo para el adelanto de elecciones. Eso fue lo que quedó claro en la presentación de los representantes de los organismos electorales en la Comisión de Constitución del Congreso, para cualquiera que quiera escuchar bien. No hubo una declaración explícita y formal de que no hay tiempo porque no se atreven a decirlo así, pero los plazos que indicaron hablan por sí solos.

Veamos. Como dio cuenta El Comercio, “El jefe interino de la ONPE, Manuel Cox Ganoza, detalló que su institución necesita 180 días para organizar el proceso electoral. Con ese plazo, si las elecciones se convocaran en diciembre próximo, se realizarían en mayo del 2020”. En realidad, junio, salvo que se convoque el 1 de diciembre (en ese caso la primera vuelta podría realizarse el 31 de mayo) Allí ya nos habríamos pasado entre uno y dos meses. Pero el mismo Cox señaló que para el referéndum la ONPE necesita un mínimo de 3 meses, de modo que las elecciones no podrían convocarse antes de enero. Eso llevaría la primera vuelta a junio o julio. Ya no tendría sentido.

Además, hay que considerar un mes mínimo para el cómputo, considerando los votos en el extranjero. Esto nos lleva a 210 días.

Pero allí no queda la cosa. Como registró El Comercio, “el jefe nacional del Reniec, Bernardo Pachas, señaló que su entidad requiere 150 días si se organizan comicios sin un referéndum previo, y de 210 días si se efectúa la consulta ciudadana”. Consultamos con funcionarios de Reniec qué implica esto, y resulta que supone agregar 100 días más al cronograma presentado por la ONPE. Este organismo considera solo 50 días entre el cierre del padrón electoral y la aprobación de éste. Pero Reniec considera que necesita de 150 días entre ambos procesos para cumplir con lo que la ley les manda (verificación domiciliaria, geolocalización de ciudadanos, publicación de listas de padrón inicial, etc., salvo que no se actualice y verifique el padrón). Es decir, 100 días más, repetimos. Esto sin contar el tiempo adicional que necesitaría para el referéndum.

Estamos hablando, entonces, de un mínimo de 310 días en total para el proceso electoral, más 90 días del referéndum: 400 días. Es decir, 13.3 meses, octubre o noviembre del 2020, solo para tener los resultados de la primera vuelta.

La negación de la realidad ha alcanzado al propio presidente Vizcarra, a quien seguramente le informan mal. Declaró el sábado en Moquegua: “Han ido el Reniec, la ONPE, el JNE (al Congreso), quienes han declarado que técnicamente es factible adelantar las elecciones”. Es lo contrario, como vemos.

La propuesta del Ejecutivo contenida en el proyecto de reforma constitucional consideraba solo 2 meses para el referéndum y 4 meses para el proceso electoral. Total: 6 meses. Engaño o autoengaño, no lo sabemos. Pero queda claro que no se tomó la molestia de preguntar siquiera a los organismos electorales. Principio de irrealidad absoluto. Ese es el nivel de seriedad del pedido de adelanto de elecciones. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Todos los argumentos a favor de un adelanto de elecciones o de una cuestión de confianza si es archivado, pecan de una grosera petición de principio: la “crisis política” que se invoca como fundamentación, ha sido creada o magnificada por el propio pedido de adelanto de elecciones. Al punto que, si el presidente retira el pedido de adelanto de elecciones, la crisis cesa como por ensalmo.

Pero como consecuencia de esa irresponsable pretensión, ahora sí que tenemos una crisis política, y grave: mientras el gobierno y sus defensores preparan los argumentos para sostener la validez de la cuestión de confianza y cerrar el Congreso, las bancadas opositoras en el Congreso arman investigaciones sobre Vizcarra para encontrar municiones para la declaración de vacancia presidencial. La colisión parece indetenible.

El presidente “no puede gobernar con un Congreso en permanente pie de guerra”, escribe Rosa María Palacios. Pero eso no era así antes del 28 de julio, como ya hemos demostrado en artículos anteriores. Más bien fue el presidente quien declaró la guerra el 28 de julio del año pasado cuando planteó un referéndum para la no reelección de los congresistas. Esa guerra, sin embargo, no evitó que se autorizaran decretos legislativos y se aprobaran todas las reformas políticas planteadas salvo una que, sin embargo, tuvo mejoras apreciables.

El presidente plantea adelanto de elecciones porque ya no podía hacer cuestión de confianza por las reformas políticas. La cuestión de confianza, que puede llevar a la disolución del Congreso si es denegada, es un recurso para devolverle la decisión al pueblo cuando el enfrentamiento entre poderes es insalvable. Pero resulta que este enfrentamiento ha sido causado por el propio pedido de adelanto de elecciones. Generar una guerra para luego hacer cuestión de confianza y disolver el Congreso, es un mecanismo cínico, populista e inconstitucional, porque manipula la Constitución contra su esencia.

El proyecto de reforma constitucional fundamenta el adelanto de elecciones en solo dos párrafos. En el primero dice:

“El adelanto de elecciones constituye el mecanismo idóneo para superar la actual crisis política en la que se advierte una notoria dificultad para encontrar consensos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo”.

El texto no especifica cuáles son esos consensos no logrados. Lo que sí tenemos son las declaraciones del ex ministro de Economía Alfredo Thorne y del ministro de Economía actual, Carlos Oliva: que el Congreso les ha facilitado todo lo que han querido, de modo que en lo esencial sí hay consensos. Y lo demuestran las estadísticas que presentó Miguel Torres, según las cuales desde julio del 2016 ha habido menos interpelaciones y censuras y más decretos legislativos aprobados que en los dos gobiernos anteriores.

Las discrepancias están focalizadas en el sector educación, donde han producido la censura –sin razones de peso- de un ministro y la renuncia de otra. Hay allí una oposición de raíz religiosa, algo que una democracia debería ser capaz de procesar, pues sólo un temperamento muy autoritario no soporta diferencias de concepto. También se mueven intereses crematísticos de universidades que podrían no ser licenciadas por el Sunedu.  En todo caso, allí sí hay un campo concreto para el ejercicio de la cuestión de confianza: si el Ejecutivo considera que las disposiciones del Congreso en materia de igualdad de género o de la reforma universitaria obstaculizan la gestión del Ministerio de Educación, puede hacer cuestión de confianza en torno a ello.   

Acuerdo de gobernabilidad

En realidad, como se sabe, no existen diferencias ideológicas o programáticas importantes entre el Ejecutivo y las fuerzas mayoritarias en el Congreso. Por lo tanto, es perfectamente posible un acuerdo de gobernabilidad hacia el 2021 en torno a una agenda país, tal como lo ha planteado el presidente del Congreso, Pedro Olaechea que, además, ha recibido el respaldo en ese empeño de la bancada de Fuerza Popular mediante un comunicado emitido el jueves pasado, luego de que se dispararan inoportunas iniciativas fiscalizadoras contra el presidente. Ocho bancadas respaldan esta búsqueda de un acuerdo. Esa agenda es muy fácil de construir. Está ya dada, en realidad. Si no se concreta formalmente es porque de hacerlo quedaría en evidencia que no hay crisis política. Por eso los ‘adelantistas’ no quieren acuerdo político y tratan de convencer de que es una ilusión.   

El segundo párrafo en el que se fundamenta el pedido de adelanto de elecciones es aún más feble. Dice:

“…se requiere adoptar una decisión que genere un recambio en la clase política que permita fortalecer las instituciones, pero sobre todo optimizar las relaciones entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo…”.

Ya hemos argumentado las razones por las que el adelanto va a producir resultados desastrosos en términos de dificultades para una buena elección y de calidad del próximo Congreso, con el agravante de que, al no haberse aprobado las reformas relacionadas a la gobernabilidad, el próximo gobierno podría caer en la misma trampa de un gobierno con mayoría congresal opositora.

Inconstitucional

El adelanto de elecciones no solo es innecesario y nocivo. Es, además, inconstitucional, por varias razones que expliqué en mi artículo anterior en este portal (viola derechos constitucionales de los congresistas, viola el principio de irretroactividad, entre otras). Pero hay una razón adicional, que se aplica también a la pertinencia de la cuestión de confianza en un caso como este. Según la Constitución, la cuestión de confianza la pueden plantear el presidente del Consejo de ministros o los ministros. Y según el Tribunal Constitucional, ella “ha sido regulada en la Constitución de manera abierta”, con la finalidad de conseguir “respaldo político por parte del Congreso, para llevar a cabo las políticas que su gestión requiera” (parágrafo 75 de la sentencia del TC sobre la cuestión de confianza). Un pedido de adelanto de elecciones no tiene nada que ver con la gestión del Premier o de los ministros. Gestión que, como hemos señalado, no ha sido gravemente obstaculizada en lo esencial. 

Si el presidente realmente cree que no puede gobernar, tiene varias opciones: o el acuerdo de gobernabilidad que hemos mencionado, o la cohabitación, o un Premier de consenso, o la renuncia. Todas ellas opciones constitucionales. Opte por una de ellas presidente. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Hemos sostenido que el adelanto de las elecciones generales sería desastroso para el país, por las siguientes razones:

• Por la parálisis de la economía que entraña, que ya se siente,
• Porque los novedosos y prometedores Planes de Competitividad y de Infraestructura quedarán en letra muerta.
• Porque podría haber 30 o más candidatos a la presidencia con sus respectivas listas congresales, porque se ha facilitado la inscripción sin que pueda haber primarias obligatorias. Con primarias (2021), no pasarían de 6 u 8 candidatos
• Porque los partidos no tendrán tiempo para seleccionar buenos candidatos al Congreso. Reclutarán a quienes puedan, el nivel será muy bajo.
• Porque sin distritos electorales más pequeños y con voto preferencial, la elección será peor aún.
• Porque los partidos no tendrán tiempo para preparar un plan de gobierno. Será la improvisación pura.
• Porque no da el tiempo para organizar bien referéndum y elecciones. Podría haber muchos cuestionamientos.
• Porque el próximo gobierno podría terminar en la misma trampa de gobernabilidad que afectó a PPK, pues no habrá tiempo para que entren en vigencia las reformas políticas pendientes orientadas a prevenir una confrontación entre Poderes (que sí funcionarían si las elecciones son el 2021)

Pero, además, ocurre que aprobar el adelanto de elecciones, con el pretexto de una crisis hiperbolizada que en realidad ha sido generada por el mismo pedido de adelanto, implica violentar la Constitución, según varios Constitucionalistas.

El constitucionalista Natale Amprimo, en su respuesta a la consulta que le formulara el presidente del Congreso, Pedro Olaechea, sostiene que no se puede modificar la constitución para alterar aspectos esenciales de ella, que definen la identidad y forma política de la República. Y el periodo gubernamental forma parte de esa esencia. Es una garantía de los límites al poder.  

En ese sentido afirma que “el Proyecto de Reforma afecta gravemente el modelo constitucional peruano, en razón que vulnera el principio de separación de poderes y los derechos políticos esenciales de elegir y ser elegidos, que el modelo constitucional peruano contempla para un período rígido y determinado, que sólo puede ser alterado por la causal específica contemplada en el artículo 134 de la Constitución”. En efecto, el artículo 31 de la Constitución sanciona el derecho constitucional “de ser elegidos y de elegir a sus representantes”. En el mismo sentido se pronuncian otros nueve constitucionalistas[1] en comunicado emitido recientemente. Enrique Ghersi también opina que el proyecto de reforma constitucional de adelanto de elecciones afecta derechos fundamentales de personas que fueron elegidas.

Amprimo precisa que el proyecto también vulnera el artículo 134 de la misma Carta, que prescribe que, fuera de lo contemplado en tal numeral, “No hay otras formas de revocatoria del mandato parlamentario”.

No solo eso, el Artículo 95 de la Constitución Política del Perú señala en su primer párrafo: “El mandato legislativo es irrenunciable”. Además, el Artículo 90 de la Constitución Política del Perú establece que el congresista es elegido por periodo fijo. Señala en su segundo párrafo: “El Congreso se elige por un período de cinco años mediante un proceso electoral organizado conforme a ley”.

Enrique Ghersi sostiene, de otra parte, que nuestra Constitución adoptó la doctrina de los hechos cumplidos (vs los derechos adquiridos): eso quiere decir que no hay retroactividad. Las leyes se aplican hacia adelante, no hacia atrás. El presidente de la República y los Congresistas se rigen por regla del 2016, año en que fueron elegidos. Cualquier cambio se aplica al siguiente periodo gubernamental.

Natale Amprimo fundamenta este punto: “Conforme con el artículo 103 de la Constitución, cuyo texto fue modificado por la Ley Nº 28389, del 17 de noviembre de 2004: “La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo”.

Se ha respondido que, en realidad, se trata de una medida transitoria. Pero eso no altera la naturaleza retroactiva de la medida. Por lo demás, como argumenta Ghersi, una disposición transitoria es, por definición, simultánea o contemporánea a la dación de la norma, no posterior. Viene a cubrir una dificultad concreta de aplicación en el momento en que se da la norma. No se puede dar 27 años después.

Natale Amprimo hace notar, además, que “Las reformas que implican suspensión o disminución de derechos fundamentales no pueden someterse a referéndum, como lo prescribe, de manera expresa, el último párrafo del artículo 32 de la Constitución Política del Perú”.

Concluye señalando que “la aprobación del Proyecto de Reforma, reduciendo el mandato congresal resultaría inconstitucional, pues sería transgresora de principios, valores y normativa específica contemplada en la propia Constitución”. Lampadia

Para superar el impasse del ‘adelanto-no adelanto’

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Mario Ghibellini, Patricia del Río y otros sostienen que un acuerdo Ejecutivo-Congreso sobre una agenda legislativa “no tendrá sentido mientras no se defina si este gobierno dura hasta el 2021 o se acaba en el 2020”. En realidad, es al revés, por lo menos en el mundo de la lógica. Si se logra un acuerdo entre Poderes, por definición ya no hay “crisis política”, que es la causa alegada por el presidente para solicitar el adelanto de elecciones. Si no hay crisis política, no tiene sentido pedir adelanto. De allí el temor a llegar a un acuerdo, que es lo fundamental.

En realidad, la crisis política ha sido gestada precisamente por el pedido de adelanto de elecciones, de modo que es una petición de principio. Lo reconoce el propio Ghibellini: “El afán del jefe de Estado por adelantar las elecciones para el próximo año y la negativa de una mayoría de parlamentarios a aprobar la modificación constitucional que lo permitiría es, en efecto, el corazón del conflicto entre los dos poderes”.

Evidentemente no hay salida si nos mantenemos dentro de la dicotomía ‘adelanto de elección’ – ‘no adelanto de elección’. La única manera de definir o resolver ese impasse, es emancipándonos de él por medio de un ‘acuerdo de gobernabilidad’ que:

• Fije una agenda de reformas y leyes basada en:
  • Los 6 proyectos de ley de reforma política pendientes que no fueron materia de cuestión de confianza, y que sin duda son muy importantes precisamente para la gobernabilidad de los siguientes gobiernos.
  • Reformas fundamentales como la bicameralidad y la reelección de congresistas y autoridades sub-nacionales, tal como acertadamente propuso ayer El Comercio, algo que, dado el referéndum que las descartó, solo se podría lograr mediante acuerdo entre los dos poderes.
  • El Plan Nacional de Competitividad 
• Eventualmente, de ser necesario, conforme un gabinete conversado o de consenso.

Si se alcanzara un ‘acuerdo de gobernabilidad’, por definición la llamada “crisis política”, pretexto para el adelanto de elecciones, desaparecería. Siempre habrá diferencias y fricciones, por supuesto –sólo en una dictadura deja de haberlas-, pero un acuerdo de esa naturaleza asegura que importantes reformas económicas y políticas se aprobarán, relanzando las perspectivas del país al mediano y largo plazo, y acabando con la incertidumbre que en el corto plazo ya paraliza todas las decisiones de inversión privada y pública.

Por lo demás, repetimos, la crisis política actual es la que ha sido generada por el propio pedido de adelanto de elecciones. Al 28 de julio no había una crisis política insalvable. Ella ha sido hiperbolizada. Sí la había un año y medio atrás, cuando Fuerza Popular tenía 73 congresistas y funcionaba como un puño. Hoy tiene solo 54, está internamente dividida y su lideresa fue enviada a la cárcel (más bien ahora el pedido de adelanto de elecciones ha empoderado al ala dura de Fuerza Popular). Tampoco es cierto que el Congreso no respetara la esencia de los 6 proyectos de reforma política. La mantuvo –con algunos pequeños cambios sugeridos por el propio Salvador del Solar- en cinco de los proyectos; y en el de Inmunidad, si bien no aceptó que fuera levantada por la Corte Suprema, sí propuso una fórmula intermedia que resulta un avance (plazo perentorio, vencido el cual resuelve el TC, y eliminación de la inmunidad para los congresistas tuvieran procesos al momento de ser elegidos -95% de los casos-, algo que no estaba ni en el proyecto del Ejecutivo).

La agenda para un ‘acuerdo de gobernabilidad’ está ya dada, en parte, en el Plan Nacional de Competitividad y Productividad aprobado y publicado el 28 de julio. Allí se plantean reformas formalizadoras e inclusivas tales como el régimen único tributario para las MIPYME, la modernización del Régimen MYPE laboral y una reforma del sistema de salud. El MEF está estudiando la posibilidad de la universalización del sistema de pensiones vía el aporte de las personas con una parte del IGV que pagan cuando compran algo, que sería revolucionario. En el Plan se propone, además, una Estrategia Nacional de Zonas Económicas Especiales y un nuevo modelo de contrataciones y gestión de la inversión pública, entre muchas otras propuestas. Además, hay proyectos pendientes como la ley general de hidrocarburos y la del régimen especial agrario, que no admiten dilaciones.

El presidente no puede lanzar dos planes tan importantes como el de Competitividad y el Plan Nacional de Infraestructura, y a renglón seguido desentenderse convocando a adelanto de elecciones. Si no se empiezan a ejecutar, quedarán como letra muerta.

Además, formarían parte de la agenda de un ‘acuerdo de gobernabilidad’, por supuesto, las reformas políticas pendientes, que son muy importantes porque permitirían asegurar que el próximo gobierno y los sucesivos tengan gobernabilidad. Allí figuran, por ejemplo, la elección del Congreso junto con la segunda vuelta presidencial, para aumentar la posibilidad de que el presidente tenga mayoría parlamentaria y no se repita lo que hemos vivido; y que la insistencia del Congreso en una ley observada por el presidente tenga que aprobarse con los 2/3 de los votos y no con la mitad como es ahora, para que el presidente tenga poder de veto ante leyes inconvenientes o populistas.

Si se adelanta la elección general esas reformas, que son constitucionales, ya no se podrían aprobar, de modo que el próximo gobierno podría caer en la misma trampa de gobernabilidad en la que cayó el presidente Kuczynski y en la que, antes que él, cayeron Billinghurst, José Luis Bustamante y Rivero, Fernando Belaunde y el propio Alberto Fujimori. Con el agravante de que los congresistas, escogidos a las apuradas por los partidos, muy probablemente serán de un nivel muy pobre.

En suma, resulta vital que el presidente Vizcarra y el presidente del Congreso, Pedro Olaechea, avancen hacia un ‘acuerdo de gobernabilidad’ que suprima la incertidumbre y cambie las perspectivas futuras del país. Lampadia

Roque Bravo Basaldúa
Ex secretario general del JNE
Para Lampadia

Los equipos pueden ser extraordinarios, pero si el arbitraje es malo, lo complica todo y el resultado no satisface a nadie.

En el fútbol, si se pretende conseguir un buen nivel competitivo, se requiere de clubes sólidos, dirigentes eficientes y eficaces, los mejores jugadores elegidos según su capacidad técnica y profesional; así como, organismos reguladores y árbitros que actúen de manera imparcial y en cumplimiento de las reglas.

Si no se cuenta con lo anterior, ¿qué sentido tiene apresurarse en realizar el próximo campeonato? Si se hace sin mejorar se tendrá más de lo mismo, malos dirigentes, jugadores mediocres, autoridades y árbitros parcializados e incompetentes, así como resultados insatisfactorios y un nivel competitivo deficiente, esto es, lo contrario a lo que se esperaba lograr.

¿Y qué pasa si no se habla de una actividad económica específica sino del proceso electoral para elegir autoridades? Bueno, ahí la cosa toma color de hormiga porque es un escenario que, se quiera o no, afectará la vida de los más de treinta millones de peruanos. Y vale la pena hacer hincapié en el “se quiera o no” porque muchas veces se escucha la expresión “no me interesa la política porque los políticos no me dan de comer”, cuando la realidad es completamente diferente y se presenta cotidianamente cuando se constata  que un país extremadamente rico en petróleo tiene a sus ciudadanos buscando otros destinos porque no hallan futuro en el propio. Bueno, los políticos no dan de comer, pero las decisiones que toman, afectan, ¡y de qué modo!, ¿o acaso ya se olvidó que millones de peruanos están fuera del país por un motivo similar?

Entonces, se puede presentar una primera conclusión: no se puede ir a un adelanto de elecciones sin solucionar o superar aspectos mínimos que permitan lograr un buen proceso electoral con resultados que se sientan legítimos. Lo demás es pura irresponsabilidad e improvisación que, lamentablemente, abunda en el país.

¿Y qué se debe mejorar para tener un buen proceso electoral? Bueno, el proceso de mejora de toda actividad humana nunca acaba, en este caso se trata de un proceso que tiene casi todas las patas flojas.

Se puede afirmar, aunque ya sin mayor sorpresa, que el sistema electoral se encuentra en crisis y al límite de sus capacidades. Un claro indicio que permite afirmar lo anterior es que se pretenda ampliar el plazo del proceso electoral. El plazo inicial era de cuatro meses o ciento veinte días, por tal motivo, el artículo 134 de la Constitución establece que el decreto de disolución del Congreso contiene la convocatoria a proceso electoral que debe realizarse dentro de los cuatro meses siguientes. Sin embargo, a inicios del año 2017, se modificó la ley electoral para incrementar el tiempo del proceso electoral de cuatro meses, al actual plazo, de nueve meses o doscientos setenta días. Además, en la última propuesta de los tres organismos del sistema electoral se ha pedido ampliar nuevamente el plazo del proceso electoral para alcanzar los doce meses o trescientos sesenta y cinco días.

¿Se puede llevar a cabo un proceso electoral en cuatro meses? Definitivamente no, no se puede. Primero, porque hay muchas cosas que cambiar previamente para tener un buen proceso electoral y asegurar resultados legítimos, de lo contrario pasa lo del último proceso presidencial. Segundo, porque el proceso requiere incluir más actividades y eso exige más tiempo, específicamente, las referidas a la democracia interna, que son clave para la legitimidad de las autoridades elegidas y para fortalecer las organizaciones políticas.

Así, con relación a los cambios que se requiere en los órganos del sistema electoral, las organizaciones políticas y los órganos coadyuvantes. De hecho, los órganos del sistema electoral deben mejorar sus procedimientos, proponer cerrar el padrón un año antes de la elección es excesivo, demorar o no resolver las controversias electorales es inaudito y pedir más plazo para imprimir y distribuir el material electoral tampoco ayuda. En el caso de las organizaciones políticas la falta de actualización de sus directivas y de sus padrones de afiliados impide que se adopten decisiones legítimas y representativas del partido; asimismo, la aplicación restrictiva de la democracia interna afecta el corazón mismo de la organización, por ejemplo, como cuando se impide nuevas afiliaciones. En el caso del Poder Judicial o Ministerio Público, la lentitud de sus procedimientos y sus bases de datos desactualizadas, juega, definitivamente, en contra de la sanción e identificación oportunas de los candidatos.

Con relación al incremento de actividades de democracia interna. En un sistema democrático no puede haber espacio social que no respete los principios que lo caracterizan. De hecho, eso incluye a las organizaciones políticas y se ha avanzado cada vez más en su implementación y exigencia, pero falta dar el paso definitivo.

Aquí una segunda conclusión: los cambios necesarios para mejorar el sistema electoral tienen que realizarse antes de convocar a un nuevo proceso electoral, deben ser efectivos y ejecutarse dentro de un plazo prudencial. Y, ojo, no se trata de sacar o eliminar competidores, para nada, las mejoras deben ser asumidas como una tarea de todos y en beneficio de todos, pero deben darse, no se puede seguir con más de lo mismo.

¿El proceso de reforma política favorecía el cambio requerido? El actual proceso de reforma había obtenido algunos logros importantes: la elaboración del padrón partidario por el Reniec, la organización de las elecciones internas por la ONPE y la resolución de los conflictos por el JNE. Lo que muchas veces fue combatido u objetado por algunas organizaciones políticas se ha conseguido mediante las reformas aprobadas y que están pendientes de promulgación por el Ejecutivo. Este es un cambio potente que ejecutado correctamente por los organismos electorales podría significar una reforma sustancial del sistema de partidos políticos.

Una última conclusión: el proceso de reforma está en marcha, pero requiere de tiempo para su implementación, tanto para los organismos del sistema electoral, las organizaciones políticas y los órganos coadyuvantes. Sin cambios reales y significativos no es prudente adelantar ninguna elección. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

En realidad, es increíble la capacidad de algunos analistas para forzar argumentos a fin de justificar lo injustificable: el adelanto de las elecciones.

El argumento principal que se da es que hemos tenido tres años de enfrentamiento entre Ejecutivo y Legislativo y que esto ya no da para más. Lo dice Cecilia Valenzuela: antes de “alargar la agonía” dos años más, mejor que dure uno solo. O Alfredo Torres: “Prolongar la crisis política hasta el 2021 a estas alturas solo contribuiría a postergar la recuperación económica y a incrementar la agitación social con fines políticos”. Rospigliosi llega a decir que el nuevo Congreso tendrá un comportamiento aún más belicoso que antes. Y así varios otros.

Todos ellos comenten un error básico: escamotear los cambios que se han dado en Fuerza Popular y en el Congreso.

1. Fuerza Popular ya no tiene 73 congresistas sino 54. Ha perdido largamente la mayoría absoluta
    
2. Su lideresa está en la cárcel
    
3. Ya no actúa como bloque opositor sistemático: está internamente dividida, lo que se observa en casi todas las votaciones
    
4. El sector duro, que mantiene actitudes similares a las de los dos primeros años, es muy minoritario dentro de la bancada.
    
5. Hay un sector propositivo y concertador que está adquiriendo presencia (Miguel Torres, Alejandra Aramayo, Ursula Letona, Luz Salgado, el propio Carlos Tubino, entre otros). Este sector quiere construir un diálogo para sacar adelante reformas.
    
6. La mayoría provinciana desea tener buenas relaciones con el Ejecutivo para llevar obras a sus pueblos.
    
7. Una eventual salida de Keiko Fujimori probablemente consolidaría la decisión colaboradora de la bancada.
    
8. Pedro Olaechea tiene claramente un talante concertador y una agenda de reformas económicas que coincide con las planteadas en el Plan Nacional de Competitividad, Por primera vez ambas agendas se alinean en un mismo objetivo. Las condiciones para un trabajo conjunto están dadas. La voluntad de colaboración entre Poderes es algo que se advirtió en las expresiones del Premier y del presidente del Congreso luego de la reunión que tuvieron ayer.

El propio Rospigliosi lo dice: “En realidad, es falsa la versión del oficialismo que ha hecho creer a la opinión pública de que el Congreso ha sido un obstáculo para Vizcarra y es el responsable de la inutilidad de la acción gubernamental. Entre marzo y julio del 2018 el Congreso no entorpeció en nada la acción de un presidente que ellos habían ubicado en ese cargo. Y, durante el último año, Vizcarra los puso contra las cuerdas e hizo que aprobaran casi todo lo que él quiso”. El opina que “esta situación iba a cambiar ahora” pero, como hemos visto, no será así, sino lo contrario.

Lo que se está haciendo es inventar un monstruo que ya no existe para justificar un adelanto de elecciones que solo puede favorecer a los intereses políticos del presidente: subir su aprobación en las encuestas, como ya ocurrió, y ahorrarse un año entero de desgaste político, acaso para postular en olor de multitud el 2025.

Pero el daño es grande, no solo por el aborto de la reforma política –tan ardorosamente defendida antes- y las reformas económicas que se hubiesen podido aprobar, sino por la retracción de la inversión. Habrá menos empleo y más pobreza. Pero, increíblemente, estos analistas sostienen que la incertidumbre ya existía antes del 28 de julio y que más bien la recuperación comenzará antes si se adelanta las elecciones.

Justamente lo que estamos diciendo es que la coincidencia de la agenda de reformas del presidente del Congreso con las que plantea el Plan Nacional de Competitividad, abre la oportunidad de avanzar en las reformas económicas y laborales este año y el próximo. Eso mejoraría notablemente las perspectivas para la inversión, más aún si se logra manejar con acierto el problema de Tía María. Más bien, un adelanto de elecciones con un presidente que, en su último año, ya no gobierna (lame duck), enfrentado, allí sí, al Congreso, debilita notoriamente la capacidad del gobierno de sacar adelante ese importante proyecto, facilita el avance de las fuerzas del caos y mata toda inversión. ¿Quién puede resultar elegido en un contexto de retracción económica?

Al adelantar elecciones, de otro lado, se niega, como decíamos, los aportes más interesantes de la reforma política. Ya no habrá tiempo para las primarias ni para formar partidos nuevos y los existentes tampoco tendrán tiempo para seleccionar buenos candidatos al Congreso. Reclutarán a quien puedan y como puedan a las volandas, garantizando un futuro Congreso acaso peor que el actual.

La única manera de tener mejores candidatos es con las primarias previstas y con un sistema de distritos electorales pequeños, con pocos postulantes en cada uno, que le permitan al elector conocer mejor a los candidatos antes de votar. Pero estas reformas ya no serán posibles si las elecciones se adelantan un año.

Cohabitación en todo caso

Un desastre por donde se mire, simplemente por incapacidad para convivir con la discrepancia, con la diferencia, pese a que, como indicamos, el Congreso actual es mucho menos confrontacional que el que teníamos dos años atrás. El adelanto de las elecciones no solo no es constitucional. Es innecesario.

Por lo demás, es inimaginable una democracia sin conflicto político. Sólo los regímenes autoritarios no lo toleran. Y el conflicto ahora, repetimos, es mucho menor. Pero si el presidente no lo soporta, pese a su menor intensidad, tiene a la mano una solución perfectamente constitucional: designar a un presidente del Consejo de Ministros de la oposición, e iniciar la cohabitación, que fue la solución francesa. Sería hora de inaugurarla. Lampadia