Hugo Palma
Embajador retirado del Perú
Para Lampadia

Frente a las alegaciones de la satrapía caraqueña de que todas las desgracias que afligen al pueblo venezolano son producto de la guerra económica y la agresión imperial, un informe recién emitido por InSight Crime demuestra que la realidad es responsabilidad del Estado mafioso, que ha devenido en eje del crimen organizado en la región.

InSight Crime, es una fundación dedicada al estudio del crimen organizado en América Latina y el Caribe, integrada por académicos, periodistas de investigación y especialistas en América Latina y en seguridad. El informe, de cerca de un centenar de páginas, se sustenta en datos precisos, nombres, fechas y análisis de numerosos casos puntuales, que despejan cualquier posible duda sobre el carácter mafioso del régimen.

Ver en Lampadia: Venezuela: A Mafia State? – Venezuela has become a hub of organized crime in the región.

Estima que el Estado venezolano es mafioso por el copamiento criminal de las instituciones del Estado. Señala por nombre a muy altos funcionarios, desde el vicepresidente de la República, autoridades militares y de otros sectores, sin excluir familiares del Jefe del Estado. Destaca la actuación delictiva de los comandos de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, la Guardia Nacional, el Servicio Bolivariano de Inteligencia y la empresa estatal PdVSA, las tres primeras directamente vinculadas al régimen cubano. La complicidad de la fiscalía, la justicia y el sistema de prisiones es también documentada; con lo cual las instituciones responsables del combate contra la criminalidad son en la práctica actores principales en este flagelo. Panamá, Estados Unidos, la Unión Europea y Suiza vienen formulando acusaciones individualizadas y aplicando sanciones. La Corte Penal Internacional toma cartas en el asunto y los jerarcas bolivarianos ven reducidas sus posibilidades de fuga a Cuba y quizá Rusia; perspectiva nada halagüeña, incitándolos a aferrarse al poder y extremar la represión, abriendo la posibilidad de convertirse abiertamente en un régimen como el cubano.

Entre las actividades delictivas directamente atribuibles al gobierno, destaca el tráfico de drogas, operado por el “Cártel de los Soles”, referencia a las insignias de los más altos oficiales de las Fuerzas Armadas Bolivarianas. Otras secciones tratan de las organizaciones promovidas por el gobierno para aterrorizar a la ciudadanía, como las llamadas “Colectivos” quienes a cambio de sus fechorías y asesinatos tienen carta libre para sus actividades delictivas en contra de la misma población. También organiza y protege a otros grupos como los “paramilitares”, bandas de delincuentes en prisión, una docena de mega-bandas en varias regiones y no faltan relaciones con disidentes de las FARC y el ELN. Con tales elementos, apena pero no sorprende el elevadísimo nivel de violencia imperante. Con cerca de 100 asesinatos por 100,000 personas, exhibe un lamentable récord mundial. Otras formas de violencia también han explotado.

El asalto a las arcas del Estado por sus altos funcionarios ha alcanzado niveles inimaginables. Sin rendición alguna de cuentas, Transparencia Internacional ubica al régimen en puesto 166 de 176 en el Índice de Percepción de la Corrupción. Nadie sabe el destino de los gigantescos ingresos provenientes de los altísimos precios del petróleo, estimándose que su apropiación delictiva en ningún caso sería inferior a 100,000 millones de dólares. Desde luego, eso no incluye el horrendo despilfarro realizado para mantener al Gobierno de Cuba, promover actividades subversivas en no pocos países y comprar el apoyo de otros con petróleo subsidiado. Todo ello, sumado a las absurdas políticas económicas, explican la bancarrota del Estado y la crisis humanitaria que vive el pueblo.

La exportación de la criminalidad se realiza particular, pero no exclusivamente, en el tráfico de drogas. En la frenética actividad delictiva en la que oficiales del ejército, la marina y la Fuerza Aérea participan probadamente obteniendo enormes beneficios económicos, es muy probable que estén utilizando todos los recursos incluyendo unidades de sus instituciones no solamente para el tráfico de drogas, sino también en el de armas; amén del lavado de dinero para el que se valen de empresas opacas con vínculos gubernamentales en el país y el exterior. No sorprenderá que en cualquier momento aparezca información comprobada sobre la utilización de aeronaves y buques militares para estos tráficos; exigiendo especial vigilancia de la comunidad internacional sobre sus operaciones y desplazamientos.

El informe se ocupa igualmente de las vinculaciones del régimen venezolano con agrupaciones delictivas colombianas y de sus vinculaciones actividades delictivas con autoridades y mafias de Honduras, República Dominicana y El Salvador. En el caso de Honduras, explica la utilización de un “puente aéreo”, inclusive con la participación de aviones de propiedad de gobernadores Chavistas y oficiales de las fuerzas armadas. Con la Republica Dominicana la vía marítima es la más utilizada, en diversas rutas que tocan Aruba, Trinidad y Tobago, Granada, Martinica, Cuba, Puerto Rico, Haití y Jamaica. Con El Salvador, la intimidad de contactos con el Frente FMLN no responde exclusivamente a afinidad ideológica, sino también a la actuación de ALBA Petróleos, subsidiaria de PdeVSA, en toda clase de negociados bajo el la conducción de una prominente figura del gobierno de dicho Frente, vinculación que dura ya más de una década.

Consecuentemente, la masiva migración de venezolanos demuestra no solamente que el gobierno padece de irremediable incompetencia, corrupción e incapacidad de salvaguardar sus vidas, sino también su perversidad y crueldad. Las autoridades la impulsan al negar el ingreso de indispensable ayuda humanitaria en alimentos y medicinas; y lo hacen porque creen que así reducirán la oposición interna en lo político y la demanda social de necesidades básicas para la vida, sino también para crear problemas a los países que los reciben por razones elementales de humanidad. Demostración del fracaso seudo bolivariano, es que esa migración no se dirige a ningún país del ALBA. Y es cruel porque saben que esa migración produce numerosas víctimas de prostitución, asalto, violación y extorsión entre los hombres, mujeres y niños y ancianos desesperados e inermes o porque organizaciones criminales tratan de reclutarlos.

En suma, el sólido informe que acaba de difundir InSight Crime, abunda en elementos comprobatorios de lo que se sabe hace tiempo. El gobierno de la revolución bolivariana ha convertido Venezuela en un Estado mafioso. A su caída, dejará al pueblo y a las nuevas autoridades la gigantesca tarea no solamente de proteger a la población, recomponer las instituciones, reordenar la economía, hacer justicia y propiciar la paz interna; sino también la regeneración del conjunto social hondamente afectado por la corrupción y el crimen. Tal es la herencia que dejan quienes, hasta hoy, además, tienen el cinismo de seguir gritando que todo lo hacen por la patria y por los pobres. Lampadia

El Perú ha desaprovechado la riqueza potencial de sus bosques. Basta ver el mapa del Perú con cierto detenimiento para descubrir que el 50% de nuestro territorio está cubierto de bosques naturales (68 millones de hectáreas). Somos el segundo país Latinoamericano con esta riqueza y décimo primero a nivel mundial. A pesar de ello, hemos despreciado este inmenso potencial como se ve expresado en que nuestras exportaciones no llegan ni al uno por ciento de la demanda global por recursos forestales. Como hemos señalado en Lampadia, este es un desperdicio sin nombre que las regulaciones actuales no llegan a corregir y se ve agravado por la tala ilegal que sufre la selva amazónica al punto de poner en riesgo de extinción especies como la caoba.

Sin una clara visión que promueva una política adecuada para el desarrollo forestal, nuestros bosques vienen siendo desbrozados por mafias de taladores ilegales que incluso han llegado al asesinato de dirigentes nativos con el fin de perpetuar su comportamiento delictivo. Aunque no existen cifras precisas, se cree que por lo menos el 50% de la madera que se extrae en el país es de dudosa procedencia.

Mientras los taladores ilegales operan literalmente amparados en la Ley de la Selva, el Estado poco o nada hace para detener este tráfico y mucho menos para que se efectúe una explotación racional, técnica, eficiente y legal, que ponga en valor este magnífico recurso, hoy desperdiciado y saqueado. Desde el 2004, en que se dieron las últimas concesiones madereras  ya se mostraba la falta de efectividad de esta política, el sector ha estado en el abandono. Como recuerda el Comité de Madera e Industria de la Madera de Adex, “de los 17 millones de hectáreas con aptitud forestal que existen en el Perú, menos de 2 millones se encuentran en producción real”. De las 613 concesiones forestales que se otorgaron hasta el 2004, las cuales cuentan con 7’622,244 hectáreas, solo el 35% se halla en actividad, según Serfor. Las exportaciones peruanas de madera solo ascienden a 150 millones de dólares anuales.

¿La razón? El sistema de concesiones no crea las condiciones e incentivos suficientes. Un estudio de la Universidad del Pacífico concluyó que el periodo de concesión es muy breve, por lo que no creaba los alicientes necesarios para que el bosque se explote adecuadamente y al largo plazo, como exige la naturaleza del recurso.

Como señaló en Lampadia, antes de su sensible fallecimiento, Antonio Brack Egg, uno de los mayores problemas que impiden el desarrollo de la industria forestal es que “el estado no garantiza los derechos de los inversionistas y eso empezó antes del 2006, cuando un grupo de personas, cerca de Atalaya, invadió un campamento forestal con una inversión española calculada en 36 millones de dólares, quemó el campamento, se robó todo lo que podía llevarse, y gente política del gobierno de aquel entonces los apoyó. Eso paralizó enormemente. Tenemos que ser conscientes: El sector forestal en el Perú puede ser un sector económicamente poderoso, fuerte, pujante, pero tenemos que dar el marco y el control para que eso se verifique, y dar confianza al inversionista”.

Otra debilidad importante ha sido la limitación impuesta por la definición de los bosques como propiedad del Estado, así sean plantaciones industriales y de reforestación. Estas últimas debieran tener la “condición de cultivos forestales”, y por ende, el mismo tratamiento que los cultivos agrícolas. Mientras esta condición no se establezca con claridad, el manejo de las plantaciones estaría sujeto a regulaciones engorrosas y disuasivas de su desarrollo.  

Recientemente entró en funcionamiento el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor). Este organismo está diseñado para incentivar la actividad forestal del país. Como señala su directora Fabiola Muñoz, la idea es “crear una industria forestal fuerte y competitiva, por ello el Serfor antes que una institución controlista busca ser un ente promotor. Vamos a modernizarnos para desaparecer la lista interminable de trámites”. Espera en breve contar con una plataforma para trámites en línea y, especialmente de vigilancia satelital para un mayor control de los bosques. Un avance considerable.

Según Muñoz, el potencial es inmenso. Solo para el mercado interno peruano se importa anualmente 1,000 millones de dólares en productos maderables y sus derivados. En los últimos diez años las importaciones de estos productos han crecido 281%, mientras que nuestras exportaciones solo se incrementaron en un 115%. (Ver cuadro)

Como se ha hecho en Chile y otros países que han sabido manejar este recurso, se debe desarrollar una industria poniendo en valor los recursos forestales. Chile cuenta con dos millones de hectáreas de bosques para explotación comercial lo que le permite exportar más de 6,000 millones de dólares anuales y emplear a 250 mil personas. Como hemos señalado en Lampadia, “el potencial de desarrollo del sector forestal en el Perú debería ser del orden de cinco veces el de Chile, y constituye un buen ejemplo de una magnífica oportunidad que se está desperdiciando para generar una producción forestal de más de US$ 25,000 millones anuales, dando empleo de calidad a toda la población de la selva y a buena parte de la de la sierra”.

Ese es el reto. “El Perú se ha trazado la meta de tener dos millones de hectáreas reforestadas y cero de deforestación al año 2030”, ha señalado Muñoz. Para ello Serfor “está trabajando en tres líneas: la primera es sobre el patrimonio forestal que ya tenemos para promover un manejo forestal sostenible. Sobre las áreas degradadas tenemos que plantar bosques que pueden ser con fines comerciales (…). Otro elemento fundamental es la lucha contra la deforestación, no perder más bosques naturales”, detalló la directora de Serfor.

Actualmente existen al menos 10 millones de hectáreas aptas para la reforestación. De ellas, 7 millones están en la sierra, 2.5 millones en la selva y 0.5 millones en la costa. La reciente promulgación del Régimen de Promoción de Plantaciones Forestales en tierras de propiedad privada permitirá que unas cuatro millones de hectáreas se siembren con recursos maderables de fines comerciales, lo que generaría que el Perú exporte unos 1,000 millones de dólares en el corto plazo. Hay que recordar que la madera es uno de los pocos commodities que incrementa su demanda anualmente. Para el 2050 se espera que esta llegue a los 4,500 millones de metros cúbicos de madera rolliza. El Perú no puede desaprovechar sus favorables condiciones naturales para crear una gran industria forestal.

Actualmente el sector forestal representa un irrisorio 0.1% del PBI, nuestras exportaciones son 40 veces menores que las de Chile, teniendo el potencial de ser cinco veces mayores. Es hora  que empecemos a desarrollar esta industria y que apuntemos a ser una potencia maderera. Como es el caso de la explotación de otros recursos naturales, este desarrollo permitiría múltiples encadenamientos con otros sectores, una gran demanda de empleo de calidad,  mayores exportaciones y recursos fiscales. Además, con buenas concesiones, se formalizaría todo el sector y se tendría una actividad legal que si podría competir con éxito con la tala ilegal y los sembríos de coca.

El desarrollo del sector forestal es clave para la generación del empleo a vistas de la tercera revolución industrial, ver en (L): Apuntes para la creación de empleo al 2034 (II). Lampadia