Ricardo Herrera Vásquez, Abogado laboralista
El Comercio, 21 de abril de 2016
Ya no existe. El Congreso ha insistido en un error. Liberar el 95,5% del fondo de pensiones de los afiliados a las AFP a los 65 años es inconstitucional, peligroso e ineficiente.
Es inconstitucional porque “los fondos y las reservas de la seguridad social son intangibles”, según nuestra Carta Magna. ¿Cómo ha interpretado el Tribunal Constitucional esta norma?: “la intangibilidad a la que alude el artículo 12 de la Constitución tiene por propósito asegurar que los fondos y las reservas de la seguridad social no sean destinados a fines distintos del aseguramiento y la garantía del pago de una pensión (artículo 11 de la Constitución) acorde con el principio-derecho de dignidad” (Exp. 0014-2007-AI). No puede permitirse que el fondo del afiliado en su AFP pueda ser destinado para ahorros, inmuebles, fondos mutuos, viajes o lo que aquel decida. Perderemos fondos que son el 18% del PBI y el 87% del ahorro interno a razón de S/4.600 millones anuales.
Es peligroso porque a la tercera edad el común de nosotros no es un eximio inversionista, lo que nos puede exponer a malas decisiones financieras. De seguro nunca habremos visto tanto dinero junto y las tentaciones serán muchas. En Australia se hizo lo mismo hace 15 años y su equivalente a Pensión 65 casi duplicó los beneficiarios menesterosos.
Socialmente hablando, no todos son responsables de sus actos, por lo que el Estado terminará pagando las pensiones que en su momento juramos no necesitar. Perdón, no el Estado, sino los contribuyentes, en versión criolla de un sistema previsional “solidario”.
Es ineficiente porque es populista y coyuntural. Recordemos que todo empezó cuando la SBS propuso (ni siquiera estableció) que las AFP podían proyectar sus pensiones con una expectativa de vida de 110 años, y empezaron diversas ideas que terminaron en ley, adoptada en un año preelectoral.
No se ataca la raíz del problema, que es la informalidad del mercado laboral. Ningún sistema pensionario se sustenta con dos tercios de los trabajadores fuera de planilla sin aportar. Lo demostró el Sistema Nacional de Pensiones, único en el ruedo por 30 años, ahora subvencionado anualmente por el Estado en un 30% para pagar a sus pensionistas. No hay masa crítica, por lo que no hay economía de escala.
Sin una auténtica reforma que formalice el mercado laboral, no concretaremos el “trabajo decente” de la OIT (en planilla, con protección social) ni una auténtica justicia social, clamor popular reflejado nuevamente en las actuales elecciones.
Peor aun, dentro de la escasa formalidad, de los 10 millones de afiliados a las AFP o la ONP, solo cotiza el 40% y, más increíble todavía, varios empleadores no depositan los aportes descontados, generando 900.000 juicios de cobranza de las AFP. La cereza del pastel: el Estado como empleador acumula el 65% de esta deuda.
Debemos luchar contra nuestra cultura informal que, en lo laboral, atenta contra nuestra dignidad. Se intentó con la ley de afiliación obligatoria de los independientes y la calle atemorizó a los congresistas que retrocedieron sobre sus pasos.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), club exclusivo al que queremos entrar, desalienta la entrega de fondos de jubilación en un solo pago. Reto para el próximo Congreso. Lampadia
