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Lima-Perú, 17/02/2015 a las 10:02pm. por Lampadia

Los líderes empresariales empiezan a decir sus verdades

Comentario de Lampadia

En Lampadia hemos criticado muchas veces la falta de comunicación de las autoridades, de varios gobiernos, que nunca supieron explicar a los ciudadanos como fue que el Perú pasó de treinta años de estancamiento, falta de inversión, empobrecimiento generalizado y pérdida de confianza en el futuro; a un ritmo alto de crecimiento, reducción acelerada de la pobreza y al mismo tiempo, reducción de la desigualdad, para mencionar solo los más importantes avances.

Del mismo modo, hemos criticado la falta de presencia, en un trance tan importante, de la clase dirigente en general y especialmente de los dirigentes empresariales.

A continuación, publicamos sendas entrevistas al nuevo Presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Carlos Gálvez, y al ex Presidente de Confiep,Ricardo Briceño, sobre los últimos acontecimientos en Pichanaki.

Lo ocurrido en esta ocasión es tal vez el peor acontecimiento de pérdida de autoridad o renuncia a los fueros de gobierno, que empezó en Combayo (durante la segunda administración aprista), continuando con Bagua, Conga, Santa Ana, Cañariaco y muchos casos más. Lo más grave de este último suceso, es que dos ministros de Estado han concedido representación popular a un ex reo vinculado a los asesinatos de Andahuaylas (etnocacerista), que obviamente, con un curita torcido y varios falsos ambientalistas han manipulado a la población vinculada al proyecto. Previamente las comunidades de la zona señalaron su apoyo al proyecto y tuvieron que oponerse a suplantaciones que pretendieron mostrar un falso desacuerdo. (Ver en Lampadia: Las comunidades indígenas apoyan el proyecto en lote 108). Lo que es más, se acusa de contaminación a la actividad sísmica, que no tiene posibilidad alguna de hacerlo.

Este no es un problema social, sin embargo los medios de comunicación más representativos del país insisten en enfocar el acontecimiento como un proceso popular de defensa de intereses respetables.

Hasta cuándo vamos a ser víctimas de este chantaje, que solo esconde agendas políticas de intereses de cúpulas anti inversión, anti formalización y opuestas a la presencia del Estado en el territorio nacional, que pretenden mantener como zonas liberadas.

Bien por la valentía de estos dirigentes gremiales, el Perú necesita la participación de todos sus hijos en el debate nacional.

Es evidente que lo de Pichanaki es solo el inicio de un proceso de desestabilización general de las actividades mineras y energéticas. Ver las siguientes notas:

“Debemos sentarnos a negociar con el Estado y con el pueblo”

Entrevista a Carlos Gálvez.

Presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) 2015-2016.

Por Carlos Bessombesy Mía Ríos

(La República, 15 de Febrero del 2015)

Se está comentando mucho el caso Tía María y ahora el caso de Pluspetrol en la selva. ¿Cuál piensa que debe ser el horizonte que se debe trazar entre el gobierno, la industria y las poblaciones?

Creo que el tema de la aceptación social es fundamental. La licencia la da el Estado y es sobre cosas muy claras, puntuales y verificables. La admisión social la da la comunidad. Creo, y espero no estar equivocado, que para que eso ocurra debemos sentarnos siempre tres partes: la comunidad, el Estado y las empresas. Por ejemplo, si nosotros, comunidad y empresa, llegamos al acuerdo eso debe quedar debidamente documentado y el Estado es quien tiene que ser garante de estos acuerdos.

Pero no se da así...

El Estado tiene que cumplir con redistribuir la riqueza, porque para eso se le paga los impuestos, y el Estado tiene que venir y darte o ayudarte o resolverte el problema de agua, desagüe, luz eléctrica, nutrición, educación, salud, justicia y seguridad fundamentalmente. Pero resulta que en la historia de los últimos años eso no ocurrió. Estamos solamente comunidad y empresa, no hay garantes.

Pero ¿se observa voluntad del Estado?

El Estado está participando primero en mesas de diálogo, después en mesas de desarrollo y eso ya es un paso importante; sin embargo, la participación y presencia del Estado no debe ser temporal sino permanente y tiene que ocuparse y cumplir su rol y tiene que asegurarse que tú, como comunidad, recibas del Estado todos los beneficios, que los aportes de dinero por canon, regalías y lo que fuere sean debidamente invertidos en beneficio de la población.

¿Puede hacer un balance de lo que significó el nuevo marco tributario que se gestó el 2011?

El Estado propugnó unas tasas de impuesto a las sobre ganancias y cuando "las sobre ganancias" desaparecen estas se reducen, no es que haya una cantidad fija.

¿Y eso derivó que se deslizara la opción de trabajar una ley de redistribución del canon?

Las compañías mineras fuimos impulsoras de la distribución del canon porque lo que venía ocurriendo es que había una recaudación de las actividades que se daban de manera descentralizada y llegaban al gobierno central. Nosotros dijimos que eso no es justo.

ECONOMÍA

¿Mejorará el crecimiento de la economía?

Recién dentro de dos años, si mantenemos un esfuerzo constante, retomaremos un mayor crecimiento económico. No debemos perder la convicción y tenemos que seguir luchando. Me molesta cuando escucho que ya viene el periodo electoral y no hay nada que hacer. (…) No cejar cuando hay problemas.

Hace unos años las inversiones corrían a mayor ritmo con la misma burocracia estatal...

La administración del Estado y la burocracia tienen su propia dinámica y se conduce al margen de lo que piensen los ministros. Esto es de Ripley, en agosto de año pasado recibí una resolución que se refiere a una inspección efectuada a una unidad productiva entre los días 9 y 27 de noviembre del 2001. ¿Saque usted su cuenta? Ese inspector tuvo una supervisión de 18 días por las que cobró cuando ni siquiera había una unidad productiva y recién se me informó. Así funciona la administración y a eso yo le llamo asociación ilícita para delinquir, porque nada justifica que se haya robado el dinero de todos los peruanos. Esto también ocurre en el Poder Judicial.

En ese caso, ¿los esfuerzos para reducir la tramitología son pertinentes?

Son pertinentes y hay que hacerlo en todos los niveles. De 1,800 municipios distritales más de 100 provinciales, cada municipalidad tiene su propio Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA).  Hemos ido en el tiempo generando normativas confusas, y al final hay que tirar a la basura y comenzar de nuevo. Tenemos demasiadas leyes, reglamentos y normas que no se aplican ni respetan.

En los últimos estimados de crecimiento se coloca un par de proyectos...

Toromocho es un proyecto que para fines prácticos está concluido, pero va a tener que hacer su rectificación en la parte técnica para poder alcanzar el 100% de producción. Dios quiera que podamos concluir y avanzar al ritmo deseado en la construcción de Las Bambas y en la construcción de la ampliación de Cerro Verde, que son proyectos de envergadura que van a contribuir al país. La preocupación es que el portafolio de proyectos, la línea de construcción de proyectos, está medio vacío, o sea, no está claro qué proyectos se estarían construyendo a partir del 2017, 2018. Para este año, las cartas están echadas, con estos proyectos podemos darles curso a otros proyectos que por este momento todavía están marcando el paso, unos con aprobación de impacto ambiental, otros con ingenierías en desarrollo.

Gobierno nacional debe gestionar el canon

Un solo TUPA para todas las municipalidades del país puede agilizar las inversiones.

Entrevista a Carlos Gálvez.

Presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) 2015-2016.

Por Clorinda Flores

(Correo, 16 de Febrero de 2015)

El flamante presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Carlos Gálvez, en diálogo con Correo, demandó una mayor presencia del Estado en las zonas más alejadas del país para que las comunidades tengan un marco definido de su relación con las empresas, de forma que se puedan ejecutar los proyectos de inversión sin sobresaltos.

Un primer paso en ese sentido, prosiguió, sería que el gobierno nacional gestione el canon para el desarrollo de los pueblos dueños de las riquezas naturales. Es más, considera que debería existir un solo Texto Unido de Procesos Administrativos (TUPA) para todas las municipalidades o demás entidades públicas y así evitar engorrosos trámites que traban las inversiones. Esto además de simplificar la administración pública.

En su opinión dijo que solo debe haber entre cinco y siete regiones para reducir el gasto burocrático que se observa en la actualidad.

La minería no está en un buen momento por los precios bajos...

Las mineras y petroleras sufren un embate de crisis de precios, pero estas industrias se manejan en el largo plazo. Regularmente sus proyectos toman de 10 a 15 años para explorar y entre tres y cuatro años para la construcción y así tener una vida de producción de 50 años. En minería, los principales competidores de Perú son Australia, Chile, Canadá, México, países que invirtieron cuando tenían precios bajos, pero hoy son grandes productores. El problema es interno, no solo es cuestión de empresa, sino es un tema de una visión de país.

¿Qué implica una visión de país?

Una presencia del Estado, porque hoy está ausente en muchas localidades. Entonces la relación se establece entre el poblador de una comunidad y una empresa pero se siente invadido por la empresa, no hay quien fije el marco de esa relación.

Pero ¿cuál sería el punto de partida de esa participación?

La vocación del Estado de estar presente, que implica dar seguridad, facilitar la educación, atención de la salud básica; dar agua, desagüe, electricidad.

Pero ¿cómo así?

La gestión del canon debe cambiar. El gobierno central, que tiene los elementos técnicos y las competencias, debe dar las pautas y asegurar que una población tenga primero agua potable, desagüe, electricidad, hospitales y colegios antes que construir monumento a la maca. Además de dar los planos respectivos. A partir de allí se debe hacer la transferencia, no entregar el dinero y olvidarse de cómo se está invirtiendo.

¿Habría que replantear la ley de regionalización?

Personalmente lo creo así, debe debatirse en la campaña electoral. Debería haber cinco o siete regiones para que haya menos burocracia.

Con precios bajos ¿la minería no necesita alguna norma que incentive la inversión?

El principio rector de la SNMPE es la estabilidad jurídica y tributaria, no creemos en los favores ni beneficios especiales; no pedimos ni creemos que debe haber rebaja de algo. Lo único que decimos es que debemos estar en condiciones de competencia frente a Chile, Canadá y Australia. No pedimos tributación especial, sino que no sea mayor a las que tienen estos países. No pedimos ninguna gollería, sino que tengamos el mismo nivel de infraestructura que ellos (puertos, carreteras, ferrocarriles), es fundamental.

DOLOR DE CABEZA.

La consulta previa es un dolor de cabeza...

No es un dolor de cabeza, lo que es un dolor de cabeza son las medias tintas. [...] La consulta previa tiene un diseño para identificar a las comunidades indígenas, originarias. Lo que tiene que hacer el Estado es identificarlas y tiene que publicarlo para que haya transparencia y todos lo sepan. A partir de esa identificación, el Estado preguntará a cada una de ellas si desean o no actividad petrolera, minera y otras. A partir de esto, cuando una empresa quiere hacer exploración, no debe perder tiempo en la comunidad que no quiere actividad para no gastar dinero en vano. Falta eso, hay medias tintas; nadie quiere decir las cosas claras.

¿Pero cuál es el problema?

Que nadie quiere decir cuáles son las comunidades, justificando por qué son esas comunidades y dónde están localizadas. Hay una calificación que debe hacer el Estado y determinar cuáles son esas comunidades. Yo no soy político, y seguro que lo que estoy diciendo es políticamente incorrecto, porque si lo dice un político seguro pierde electores.

Así las cosas, los ánimos de inversión no son tan buenos.

Pero cómo hago para convencer a una empresa que tiene distintos proyectos o prospectos alrededor del mundo para que ponga su plata en un lugar donde hay un alto grado de incertidumbre, en otros lugares lo tiene claro.

“Antimineros no deberían imponerse a un Gobierno”

Entrevista a Ricardo Briceño, expresidente de la Confiep

Por Boris Puémape Lostaunau

(Expreso, 16 de Febrero de 2015)

Ingeniero, ¿cómo ha visto el tratamiento que le ha dado el Gobierno al conflicto en Pichanaki?

Yo creo que muy mal. Creo que los ministros que han ido a Pichanaki o han estado muy apurados o no sé qué, pero no se puede aceptar que un pequeño grupo de gente con ideología anti minera imponga condiciones a un gobierno. Vivimos en un Estado de derecho y en una democracia representativa, no en una democracia directa, una democracia representativa es la que vale en el Perú y se tiene que respetar el Estado de derecho, la validez de los contratos, la representación de los congresistas, esa es la manera como se tiene que actuar.

Entonces, ¿no se ha respetado a la empresa privada?

Creo que aquí ha habido un engaño a la población, por algunas personas sumamente ideologizadas, con un discurso totalmente antiminero, sesgado y mentiroso, es un discurso lleno de mentiras, porque se pide que la empresa haga consulta previa, que no ha hecho consulta previa, engañando a la población ya que la consulta previa es una obligación del Estado, no de la empresa. Entonces, con las audiencias públicas, los talleres, etc., se ha cumplido estrictamente con la normativa. No ha tenido ningún proceso ni ninguna acción de contaminación y en consecuencia la empresa puede salir de Pichanaki o de donde sea por decisión propia, pero no por un acuerdo entre el Gobierno y los dirigentes radicales. Creo que es una claudicación inaceptable.

Un tiempo atrás hubo problemas, como el del famoso Baguazo. ¿Cree que el Gobierno no ha aprendido a enfrentar este tipo de conflictos?

Yo no sé si es igual, pero aquí, se ha permitido la violencia a ultranza, la toma de una comisaría, de un puesto policial y del Ejército, y la Policía ha reaccionado, probablemente de manera brutal. Hay que ver la acción de los moradores y el azuzamiento por parte de los dirigentes, y sobre todo es una pantalla, lo que hay aquí es probablemente el encubrimiento de acciones ilegales, de taladores ilegales en la zona, actividades fuera de la ley, y a quienes no les interesa que vaya una empresa formal a la zona porque va a impedir que se hagan estos negocios absolutamente ilegales como la tala de madera.

¿Cree que hay un azuzamiento en esta zona?

Yo escuché a un sacerdote realmente con un discurso absolutamente distorsionado de la realidad, mentiroso, lleno de ideología antiminera. Tenemos que recordar que los recursos naturales son de toda la nación, y si en esa zona hay un recurso natural que puede beneficiar a 30 millones de peruanos, ningún grupúsculo tiene el derecho, de acuerdo a la Constitución, de impedirnos a los peruanos explotar estos recursos naturales.

Autoridades son las que actúan

En su opinión, ¿cuál habría sido la salida más adecuada a este conflicto?

Primero que nada, si esa población tiene autoridades elegidas, son ellas las que tienen que discutir con el Gobierno. ¿Dónde están los alcaldes? ¿Dónde están los congresistas? ¿por  qué un grupúsculo de un frente ambiental de Pichanaki tiene que hacer que se arrodillen los ministros? Si vivimos en un Estado de derecho y tenemos elecciones, si las poblaciones pasan por un proceso electoral y eligen a sus autoridades para que los representen, son sus autoridades las que tienen que discutir con el Gobierno nacional.

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