Andrea Costa Allendes
El Comercio, 8 de enero del 2025
“La capital merece un transporte público moderno, seguro y rápido, que entregue dignidad a los millones que lo utilizan diariamente”.
El 2025, año preelectoral para autoridades nacionales, regionales y municipales, ofrece una gran oportunidad para que partidos, universidades y organizaciones de la sociedad civil repiensen los problemas y desafíos del transporte que nuestras ciudades necesitan, y presenten sus propuestas a la ciudadanía.
Lima es uno de los desafíos centrales. Es un ejemplo casi perfecto del funcionamiento del libre mercado en la provisión de servicios de transporte con un sinfín de externalidades negativas. Conductores y cobradores en vehículos de distintos tamaños, edades y condiciones compiten agresivamente, en largas y estresantes jornadas laborales, por pasajeros frustrados y sin paraderos adecuados. La contaminación acústica, el desorden, la ausencia de la autoridad y el poco respeto a las leyes no sorprenden a nadie, pero afectan a todos.
Según el MTC, entre el 2021 y el 2023 murieron 1.500 personas por accidentes de tránsito en Lima y el Callao, mientras que un artículo académico estima en 2.300 las muertes anuales por contaminación del aire en la capital. El año pasado, Lima se hizo acreedora del nada elogioso premio a la ciudad con mayor congestión vehicular en el ámbito latinoamericano, a pesar de que su parque automotor no es de los más grandes en términos relativos. Según el BCR, solo el tiempo perdido y el gasto innecesario de combustible generado por el tráfico representan un costo equivalente al 2,4% del PBI nacional.
El sistema resulta costoso tanto para el país como para los ciudadanos, que deben gastar sus recursos en un sistema sin integración tarifaria entre los diferentes servicios que ofrece. Además, tiene muy bajos estándares de calidad e implica horas de traslado que son un maltrato. No sorprende, entonces, que solo satisfaga al 11% de los usuarios, según datos de Lima Cómo Vamos.
Esta situación justifica el diseño e implementación de una política pública clara, sostenida y mínimamente consensuada entre los diferentes actores. El énfasis debe estar en retomar la reforma, apostando por un sistema integrado con énfasis en la provisión de servicios formales, que incluya la ampliación del metro y del Metropolitano, el fortalecimiento de los corredores complementarios y el lanzamiento de otras rutas actualmente desreguladas.
Según la ATU, alrededor del 40% de los viajes se realiza en transporte público convencional, que opera en aproximadamente 500 rutas autorizadas con 22.000 unidades. Para mejorar la eficiencia del sistema, es necesario racionalizar rutas y cantidad de vehículos. La propia ATU reconoce que el 60% de las rutas se superponen en más de la mitad de su recorrido. Es imperativo transitar hacia un modelo con unidades de mayor capacidad, pues, aunque la extensión de Santiago de Chile es un poco menor que la de Lima, su servicio está cubierto por solo 7.000 unidades. Asimismo, se debe considerar a los taxis, mototaxis y colectivos, que frecuentemente cubren necesidades no satisfechas por otros servicios. Por ejemplo, los mototaxis representan el 7% de los viajes, respondiendo a demandas de última milla en áreas con infraestructura limitada.
La capital merece un transporte público moderno, seguro y rápido, que entregue dignidad a los millones que lo utilizan diariamente. Para garantizar un cambio efectivo, el proceso debe ser gradual, progresivo y flexible, y aprender de las lecciones de anteriores reformas. Debe incorporar a los transportistas como actores claves del nuevo sistema. Es equitativo, económicamente deseable y ambientalmente responsable dedicar todos los esfuerzos para contar con un sistema de transporte público integrado.
