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Lima-Perú, 09/01/2018 a las 10:01am. por Jaime de Althaus

Por no haber procesado intelectualmente la década de los 90

Detrás de división Keiko-Kenji hay un problema de identidad partidaria

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El conflicto entre las dos facciones de Fuerza Popular se origina en estrategias distintas en relación a la libertad de Alberto Fujimori, pero también se ha manifestado en posiciones diferentes en temas de fondo. Keiko Fujimori privilegió la responsabilidad partidaria institucional señalada en su compromiso electoral de no usar el poder político para fines personales o familiares. Pero en el trayecto como bancada opositora defendió posiciones duras y conservadoras, tuvo excesos políticos e incluso momentos autoritarios, como el intento de destituir al Fiscal de la Nación. Kenji Fujimori, en cambio, defendió posiciones liberales en varios temas, reclamó libertad de conciencia, propuso una reforma política y demandó una relación más colaborativa con el Ejecutivo. Ella, que para ganar las elecciones quiso distanciarse del “albertismo” como sinónimo de autoritarismo, terminó recayendo en algunos comportamientos que denotaron reflejos autoritarios. Kenji (Alberto), en cambio, apareció como democrático y abierto. Al final, entonces, se produjo una inversión de posiciones: Kenji se colocó en un espacio liberal y Keiko en uno más conservador. Y en el terreno económico, la bancada de Fuerza Popular ha aprobado leyes francamente populistas. 

A mi juicio, esta labilidad entre posiciones liberales y conservadoras/populistas, y actitudes democráticas y relativamente autoritarias, puede ser, más controlada, moderada y elaborada, el cimiento de un sistema de alas partidarias dentro de Fuerza Popular, pero mientras tanto refleja un problema de identidad ideológica y programática que se deriva del hecho de que Fuerza Popular no ha realizado hasta ahora una introspección acerca de su identidad como partido.

El fujimorismo no ha procesado intelectualmente su propia experiencia histórica, la de los 90, para extraer de ella las lecciones institucionales correspondientes. Procesar no significa negar o rechazar o condenarlo todo necesariamente, como en algún momento pareció hacer Keiko Fujimori, para desconcierto de sus huestes. Si se rechaza todo sin análisis, se termina recayendo en lo mismo porque no se ha entendido nada. Tampoco significa justificar todo lo ocurrido. Significa analizar qué pasó, por qué ocurrió así, qué se puede rescatar y qué no y qué cambios habría que introducir en nuestra institucionalidad democrática no solo para que pueda responder a los retos ante los que la democracia de los 80 y de los 90 sucumbió, sino para enmendar las debilidades que permitieron socavarla.

Comencemos recordando que no fue Fujimori la causa de la destrucción del sistema de partidos y su descrédito, sino la consecuencia. Ganó como outsider absoluto en 1990 debido precisamente al hundimiento de los partidos. Es cierto que luego aprovechó el desprestigio terminal de las organizaciones políticas para minimizar el control horizontal y concentrar parte importante del poder en sus manos. Pero también es verdad que el país había caído en un abismo y había que rescatarlo de la hiperinflación, el terrorismo y la pobreza extrema, y que se necesitaba un gobierno fuerte que pudiera afrontar el enorme tamaño de esos problemas. Ante ello, sin duda las formas democráticas en ese momento podían ser percibidas como un estorbo. Para Fujimori claramente lo eran. 

¿Hasta qué punto lo eran? ¿La disolución del Congreso era necesaria? ¿Se hubiera podido cambiar la Constitución del 79 sin ese golpe? (diferenciando claramente esta etapa del autoritarismo de los últimos años del segundo gobierno, cuando las principales amenazas a la sobrevivencia nacional habían sido ya conjuradas). Es una discusión que el fujimorismo no ha hecho todavía y que debería llevarlo a desembocar en la propuesta de una democracia fuerte que “estorbe” lo menos posible. Que no estorbe del todo es imposible, porque el valor principal que la democracia cuida no es la eficacia en la gestión, sino el control o el límite del poder, a fin de proteger la libertad individual. Y las restricciones al poder, si bien garantizan que no haya abuso, pueden conspirar contra la eficacia, contra la obtención de resultados. Como señala el politólogo argentino Guillermo O’Donnell “El deseo simultáneo de una alta decisividad y un efectivo control es tan racional como contradictorio” (Guillermo O’Donnell, 2007: 116).

Samuel Huntington lo pone en términos casi cínicos: “…la democracia descansa sobre la premisa de que los gobiernos fracasan y de que por ello existen caminos institucionalizados para poder cambiarlos. La democracia no significa que se resolverán los problemas; significa que los gobernantes pueden ser cambiados…. Las democracias se consolidan cuando el pueblo aprende que la democracia es la solución al problema de la tiranía, pero necesariamente a todo lo demás” (Huntington, 1991: 236).

Hay democracias más fuertes y eficientes que otras

De todos modos, hay democracias mucho más fuertes y eficientes que otras. La reflexión central del fujimorismo debería partir de preguntarse si el hecho de que Fujimori haya optado por concentrar el poder para tener eficacia, no debería llevar a revisar qué cambios podrían introducirse en nuestra institucionalidad para conseguir una democracia más funcional, que produzca resultados, que reduzca la tentación autoritaria. Esa debería ser la propuesta central de reforma política y del Estado de Fuerza Popular, sobre todo si aspira a gobernar con éxito a partir del 2021: cómo tener una democracia fuerte y al mismo tiempo respetuosa del estado de derecho (en realidad, como veremos, una democracia fuerte es una en la que se aplica la ley).    

Pues, como decíamos, hay democracias más fuertes y eficientes que otras. Las parlamentarias europeas, por ejemplo, en las que la mayoría congresal pone el gobierno, de modo que el Ejecutivo tiene por definición mayoría en el Congreso y la confrontación de poderes queda descartada. En el Perú sufrimos ahora exactamente de lo contrario: un gobierno débil con una bancada diminuta frente a la mayoría opositora de un solo partido. Eso sencillamente no es práctico, no es eficiente. 

Lo lógico, entonces, sería que Fuerza Popular promueva cambios en las reglas de juego que hagan muy difícil que una situación así se vuelva a presentar y más bien faciliten la formación de una mayoría gubernamental que de gobernabilidad. Seguir, por ejemplo, el camino de Francia, que comenzó con la posibilidad de la cohabitación cuando una situación así se daba, pero avanzó luego a la elección del congreso después de la segunda vuelta presidencial, a fin de que el elector decida conscientemente darle mayoría o no al gobernante y que haya muchas más posibilidades de que la tenga. El problema es que Fuerza Popular seguramente no querrá promover ese cambio en este periodo porque pensará que el 2021 alcanzará nuevamente una mayoría congresal con la votación en primera vuelta, como es ahora, y más bien temerá que si los congresistas se eligen con o después de la segunda vuelta, gane el voto antifujimorista. Pero esto no es así porque el voto antifujimorista al Congreso se dividirá entre varios partidos, de manera que de todos modos Fuerza Popular, si mantiene su peso electoral actual, ganaría mayoría absoluta.

Por supuesto, reducir el número de partidos es también fundamental para lograr gobernabilidad y eficacia democrática. Pocos partidos sólidos. En esto hay que notar una interesante rectificación, quizá instintiva, de parte de Keiko Fujimori: ha organizado un partido fuerte con vocación de permanencia, que es la otra cara de los partidos descartables de Fujimori, que cambiaban de rótulo en cada elección. Fuerza Popular es, paradójicamente, el único esfuerzo serio de construcción partidaria desde el año 2000, en medio de la descomposición partidaria creciente de las últimas décadas. Sin embargo, donde se aprecia cierta continuidad con las raíces del fujimorismo es en el estilo vertical –autoritario dicen algunos- con que se maneja la bancada. El reto que tiene por delante es combinar esa fortaleza organizativa con más discusión y reflexión interna, como ésta que les estamos proponiendo para recuperar su identidad en clave democrática. Quizá aprender a manejar un sistema de alas dentro del partido, que supone capacidad de diálogo y entendimiento, aun dentro de la necesaria disciplina partidaria.

Pero necesitamos, para mejorar la gobernabilidad, que a Fuerza Popular se sumen dos o tres partidos institucionalizados más. Para eso se requiere no solo una valla más alta a las alianzas sino ir a distritos electorales más pequeños, uni o bi nominales, que tienen un efecto reductor en el número de organizaciones políticas.  Y, además, resuelven el problema de la conexión entre el pueblo y el Estado a través del Congreso en la medida en que se establece una relación directa entre representantes y representados (acaso una evolución de la relación directa de Fujimori con la gente). Esto ayuda a prevenir problemas, solucionándolos a tiempo. Es decir, hace también, por esta vía, más eficiente la democracia.

Pero en la relación entre Ejecutivo y legislativo, ayudaría mucho que la insistencia en los proyectos observados por el Ejecutivo no sea aprobada solo con la mitad del número legal de miembros más uno, sino, por ejemplo, con los 2/3 de los congresistas, para que el Presidente pueda precisamente gobernar y no ocurra lo que vemos ahora. Fuerza Popular debe ponerse en el lugar del Ejecutivo, que podría ocupar en pocos años más.

Orden y seguridad institucionalizados

Ahora bien, la popularidad de Fujimori se basó en medida importante en el restablecimiento de un valor fundamental: el orden, la seguridad. Pacificó el país. Pero la versión democrática de ese orden primario es el imperio de la ley, que en nuestro país casi no existe. Pasar a un orden institucionalmente consolidado. Hemos suprimido la amenaza terrorista, pero han emergido nuevas formas de criminalidad organizada, mafias de todo orden, corrupción, y se ha extendido la delincuencia callejera. Qué reformas hacer para implantar el orden de la ley en todos los ámbitos debería ser una discusión central al interior del fujimorismo, para entroncar con su pasado, pero en un lenguaje de construcción institucional.

El estado de derecho limita el poder del Estado y protege los derechos individuales, pero también minimiza o elimina el poder de los agentes criminales y mafiosos que amenazan el derecho a la vida, la propiedad y la libertad. Por eso, una democracia fuerte es una en la que rige el imperio de la ley. Y en la que, por lo tanto, el orden y la seguridad jurídica permiten el progreso.

Si el fujimorismo quiere retomar su identidad transformándola, tiene que proponer una concepción institucionalizada de orden, y por lo tanto no puede dejar de formular una propuesta de reforma profunda del sistema de justicia, de la Policía, de la seguridad ciudadana y de los sistemas de inteligencia. Santiago Fujimori intentó una reforma del Poder Judicial por medio de José Dellepiani, pero fue luego instrumentalizada y pervertida por Montesinos. Esa alianza con los campesinos, que fue clave en la derrota de Sendero, puede replicarse en alianzas de una policía comunitaria con la población, por ejemplo.

Pero implantar el orden supone también la reforma del propio proceso de descentralización que, tal como ha sido hecho, ha generado desorden porque minó la autoridad central y el carácter unitario del gobierno facilitando la proliferación de mafias de toda índole, algunas de ellas lanzadas al asalto de los botines presupuestales de los gobiernos subnacionales. Y ya no sólo para restablecer el orden, sino porque una democracia eficiente supone también un Estado, un Ejecutivo, capaz de aplicar no solo la ley sino políticas sectoriales y servicios eficientes en el territorio. Es necesario establecer mecanismos de control, monitoreo, intervención y sanción cuando un gobierno sub nacional desacata una política sectorial o es incapaz de prestar un servicio público de manera solvente. ¿Está pensando en eso Fuerza Popular?

No se trata de retornar al centralismo político de los 90, pero tampoco de permanecer indefinidamente en el otro extremo en el que hemos caído. Y es necesario profesionalizar dichos gobiernos, avanzar con la implantación del régimen de la ley del servicio civil y los presupuestos por resultados.

Alianza con sectores emergentes e integración a la formalidad

Un mecanismo clave en la gobernabilidad de Alberto Fujimori fue su conexión directa con los campesinos y las poblaciones urbano marginales por medio de una suerte de clientelismo tecnocrático políticamente muy rentable. Su relación con esos sectores era personal, pero la priorización de las obras de Foncodes, por ejemplo, o las de Provías rural, o la siembra de agua en “Sierra Verde”, se basaban en criterios exclusivamente técnicos. La lección que se podría extraer es que algún grado de contacto personal es importante en la tarea todavía pendiente de incorporar a los sectores postergados y emergentes. El gobierno central y el propio Presidente deberían reservarse, en aras de la gobernabilidad y de la gran integración económica y social, ciertos programas estratégicos de desarrollo de la productividad familiar y de entrega de tecnologías en las zonas rurales y sub urbanas, y siembra y cosecha de agua, dentro de políticas de formalización de la propiedad, la empresa y el trabajo, que potencien a esos sectores emergentes.

Pero la gran división que subsiste en nuestro país es la que separa a los formales de los informales. El vasto mundo de la micro y pequeña empresa emergente no podrá crecer más allá de cierto punto si no se formaliza, y esa formalización no será posible sin una reforma laboral integral que permita entregar derechos a las mayorías, en lugar de seguir defendiendo el mantenimiento de un statu quo laboral que es profundamente excluyente y que no corresponde al espíritu social del fujimorismo ni a los sectores emergentes que tradicionalmente ha representado.

El fujimorismo tiene que definir bien a quién representa, y para eso los años 90 también pueden ayudar. La base popular de Fujimori fueron los sectores populares emergentes, a quienes intentó incorporar por medio de ese clientelismo tecnocrático que he mencionado. Y también por medio del más grande programa de titulación y formalización de la propiedad que se haya ejecutado, con COFOPRI. Pero esa tarea quedó inconclusa, porque la formalización no se extendió a la empresa ni al trabajo. ¿Qué reformas introducir para lograrlo?

Las reformas de los 90 versus populismo actual

Otra manera de verlo es la siguiente: Fujimori basó su popularidad no sólo en el orden y en su alianza con los campesinos e informales emergentes, sino en el abatimiento de la hiperinflación y el crecimiento acelerado y sostenido que logró gracias al cambio del modelo económico. Abrió la economía, eliminó controles, subsidios y licencias, y privatizó la mayor parte de las empresas que habían sido estatizadas por Velasco. La titulación de la propiedad que hemos mencionado fue fundamental en este nuevo modelo. Liberó, en suma, las fuerzas productivas, aunque la informalidad se mantuvo, como hemos dicho. Parte de la discusión del fujimorismo hoy debería ser cómo profundizar ese modelo para que la economía de mercado formal integre a todos. 

La reflexión de Fuerza Popular en este campo debería empezar por revisar y valorar las reformas económicas que se aplicaron en los 90 y que llevaron al período más largo de crecimiento y reducción de la pobreza de la historia del Perú. Y a partir de allí ver cuáles son las reformas de segunda y tercera generación que faltan. Pues lo que notamos en este terreno es un problema de identidad en el fujimorismo basado quizá en el olvido de la experiencia histórica, porque da la impresión de que Fuerza Popular, en lugar de avanzar hacia las mencionadas reformas de nueva generación, ha empezado a perforar las conquistas de los 90 con leyes populistas tales como la del pase de los CAS de Essalud a la 728 en lugar de a la ley de Servicio Civil, la de pensiones de militares y policías, la prohibición de la leche en polvo, la ley de cabeceras de cuenca, el proyecto de ley para incorporar a las consorciadas en el 003, y ahora el proyecto para establecer la negociación colectiva en el Estado, que puede echar por tierra el gran logro de los 90 que fue la recuperación del equilibrio fiscal para prevenir el retorno de la inflación.

Lo lógico sería que Fuerza Popular, en su revisión histórica, rechace, previo análisis, los aspectos autoritarios de la experiencia de los 90, y se afirme en los aspectos positivos que aquí hemos reseñado, uno de los cuales, si no el principal, fue el cambio de modelo económico que condujo al crecimiento acelerado y sostenido con estabilidad monetaria. Lo que carece totalmente de sentido es que el fujimorismo recaiga en actitudes autoritarias en lo político al mismo tiempo que aprueba leyes populistas en lo económico, afectando las bases del modelo que hace posible el crecimiento con estabilidad. Es el aprendizaje al revés de su propia historia. Lampadia

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