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Lima-Perú, 01/03/2018 a las 10:03am. por Jaime de Althaus

La nefasta ley Mulder

Atentado contra la libertad de expresión y la calidad de la democracia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Un acto más en la destrucción mutua. No sabemos si por venganza o por qué oscuras motivaciones, la comisión permanente del Congreso aprobó en primera votación la ley que prohíbe al Estado poner publicidad en los medios privados, exonerándola, además de la segunda votación.

Solo se exceptúa dicha limitación para el caso de desastres o emergencias nacionales y campañas de educación electoral. Y, aun en esos casos, se fija como tope máximo de la campaña el 10% de la facturación total del medio, y siempre y cuando no supere el 0.25% de la partida presupuestal de la entidad estatal anunciante.

En el contexto de una dinámica política y mediática que tiende a ser de por sí autodestructiva, campañas estatales motivadoras con mensajes constructivos, integradores y transformacionales son lo único que puede contrarrestar la tendencia natural al escándalo, a la pelea, a la mentira y a la disolución social.

Con una ley absurda como esta, el Estado no podrá llevar adelante campañas educativas orientadas a:

  • Reducir la anemia y otros males de salud pública
  • Motivar a las personas a denunciar los actos de abuso sexual y violencia familiar
  • Desarrollar valores de solidaridad, respeto cívico y cambiar conductas en diversos frentes, desde la manera de conducir hasta la forma de recibir a los turistas pasando por hacer respetar los derechos del ciudadano ante policías e instancias gubernamentales
  • Motivar una sana competencia entre los colegios y profesores por una mejora sustancial de la calidad educativa
  • Impulsar una corriente masiva de denuncias de actos de corrupción en todas las instituciones por parte de los ciudadanos
  • Promover reformas importantes que requieren respaldo social para luchar contra intereses creados tales como:

El impulso a la meritocracia en todo el Estado con la difusión de la ley de servicio civil, mostrando ejemplos positivos de instituciones que ya han hecho el tránsito
Una reforma laboral que permita la incorporación de las mayorías a la formalidad y rompa con la exclusión legal existente
Una reforma del sistema judicial y policial que involucre a los ciudadanos y la sociedad civil

Parece que no hay conciencia de lo que está pasando. En circunstancias en las que, luego de las declaraciones de Barata, la clase política entera corre el riesgo de ser despedida y reemplazada por Dios sabe qué aventureros políticos, no se le ocurre mejor idea a esa clase política que eliminar una de los pocos instrumentos que puede tener el Estado para mantener niveles mínimos de credibilidad en las instituciones y en la acción colectiva.

¿Será que el hecho de que sean los periódicos y canales de televisión los que denuncian los actos de corrupción de los políticos, haya provocado, como reacción, una ley como esta? El tufillo a castigo es inocultable. Lo curioso es que el autor de la ley, Mauricio Mulder, es uno de los mayores beneficiarios de la transformación de los medios en escenarios del espectáculo de las denuncias y las confrontaciones.

Porque ese es el fenómeno que hay que entender. Aquí se da una relación simbiótica y perversa entre medios y políticos: ambos viven del rating, y entonces la tendencia en los medios es invitar a los políticos más grandilocuentes, agresivos o demagogos para levantar precisamente su audiencia y así captar más publicidad, lo que lleva a los políticos a acentuar las mencionadas características que garantizan el éxito mediático. Es un círculo vicioso que lleva no solo a la degradación de la política sino a la percepción por parte de la opinión pública de que hay mucha más corrupción, desorden e ineficiencia de la que realmente hay.     

Si esa es la tendencia natural en toda democracia en la que hay libertad irrestricta de prensa, ello en el Perú se agrava debido a que el Congreso está en manos distintas al Ejecutivo, de modo que lo que tenemos no es una relación de cooperación entre ambos Poderes, como ocurre en las democracias parlamentarias o en la mayor parte de las presidencialistas, sino una relación de confrontación sorda o abierta que no ofrece esperanzas para la construcción acordada de un destino común.

Si el sentido colectivo y la democracia misma son mellados permanentemente por las noticias de corrupción y de enfrentamientos políticos, la credibilidad de la población en la democracia y las instituciones –ya no solo en los políticos- se reduje a niveles que pueden volver insostenible el propio sistema democrático, incubando demandas por una propuesta autoritaria que ponga orden o cambie las cosas en el peor sentido posible.  

En medio de un escenario de descomposición social y política como ese, el único elemento que puede contrarrestar esa entropía negativa es el factor aglutinador que pueden significar campañas de comunicación en torno a los temas arriba señalados u otros similares. Y ese instrumento, que en realidad el gobierno ni siquiera explota en la medida en que debiera, queda impedido ahora con una ley insensata como esta.

Pero eso no se resuelve prohibiendo la publicidad estatal en los medios privados. Dichos gobiernos optarán entonces por contratar directamente a dichos periodistas o a dichos medios con otros disfraces. La regulación de la publicidad estatal está pendiente, pero debe hacerse bien, tomando en cuenta, entre otras cosas, el alcance del medio.    

Cooptación de periodistas y medios

Cierto es que hay entidades públicas y gobiernos regionales y locales que han mal utilizado presupuestos de publicidad sea para comprar el apoyo de determinados medios y de periodistas, sea para auto promocionarse encubriendo deficiencias de gestión. La cooptación de periodistas y medios que realizan los gobiernos sub-nacionales, en un mercado abierto de compra venta de apoyos, es escandalosa. Ver en Lampadia: Las relaciones del Estado con los medios de comunicación.

Pero eso no se resuelve prohibiendo la publicidad estatal en los medios privados. Dichos gobiernos optarán entonces por contratar directamente a dichos periodistas o a dichos medios con otros disfraces. La regulación de la publicidad estatal está pendiente, pero debe hacerse bien, tomando en cuenta, entre otras cosas, el alcance del medio.    

Las redes

La ley cree que las redes sociales pueden sustituir a los medios. Pero eso no es cierto, y lo ha explicado claramente Alfredo Torres (El Comercio, 25-2-18). No obstante, si dejamos de poner publicidad estatal en los medios y la colocamos en las redes, lo que sí vamos a lograr es acelerar el proceso por el que las redes, que son el escenario de la posverdad, de las verdades emocionales, de las noticias falsas, de los insultos anónimos y la difamación impune, van depredando la lectoría y la audiencia de los medios serios que sí verifican la información antes de publicarla. Juan Luis Cebrián, presidente ejecutivo del grupo Prisa y ex director del diario El país de España, explicaba que en España en los últimos 10 años 15 mil periodistas se han quedado sin trabajo. En la medida en que los medios serios tienen menos ventas y menos publicidad, ya no pueden pagar a sus buenos periodistas y entonces decae la calidad informativa de los únicos informativos y periódicos que contrastan las informaciones y las analizan con seriedad.

Es increíble que el Congreso de la República se sume a ese proceso de depredación. La libertad de expresión supone también responsabilidad. No es libertad para difamar, mentir, insultar, lanzar rumores o inventar hechos que no son ciertos. Debemos escapar de ese destino con todas nuestras fuerzas si queremos preservar la salud de nuestra democracia. Lampadia

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