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Lima-Perú, 21/11/2017 a las 08:11am. por Jaime de Althaus

Cortar cautelares que favorecen a mafias y reponen a policías

Poder Judicial:
Dejar de ser instrumento del crimen organizado

Jaime de Althaus
Para
Lampadia

Es imposible luchar eficazmente contra la delincuencia organizada y no organizada si el Poder Judicial se convierte eventualmente en un instrumento de los poderes mafiosos para defender sus posiciones e incluso para conquistar nuevos territorios. Es imperativo que el Dr. Duberly Rodríguez, presidente de la Corte Suprema, adopte decisiones que pongan coto a la cantidad de decisiones judiciales que destruyen sistemáticamente el principio de autoridad.

Las cautelares en jurisdicciones ajenas

Tenemos el caso de las empresas azucareras de Lambayeque, donde reina la ley de una selva en la que se enfrentan grupos mafiosos, algunos de ellos con ejércitos de sicarios y reguero de muertos, por el control administrativo de la empresa. Y, por supuesto, el instrumento para tomar la administración y desplazar al otro es algún juez de una jurisdicción lejana, eventualmente respaldado por la propia Corte Superior de Lambayeque. Hemos sido testigos, hace poco, de cómo un juez de Bongará en Amazonas, instaló en la administración de la azucarera Tumán al grupo llamado el CLAN, destituyendo al directorio presidido por Felipe Cantuarias que había sido debidamente elegido en una junta de accionistas. ¿Cómo puede un juez de Bongará dictar una medida cautelar en relación a una empresa situada en Lambayeque?

Duberly Rodriguez me respondió en entrevista publicada en El Comercio que impedir que un juez pueda dictar una medida cautelar para otra jurisdicción, requiere ley, y que hay un proyecto en el Congreso que no se aprueba. Pero no lo hemos visto reclamando y tampoco tomando medidas internas que, interpretando la ley vigente, puedan limitar o precisar los casos en los que se pueda dictar tales medidas.

Los casos son incontables. La gota que rebalsó el vaso fue la orden de excarcelación de Samuel Roncal Miñano, procesado por el asesinato de un inspector de la Sunat en Chiclayo, y preso en la cárcel de Chiclayo. Esta orden fue dada por un juez de Paz Letrado ¡de Amazonas!, que atendió un habeas corpus a favor de Roncal. Felizmente el funcionario del INPE que recibió la notificación adujo una falla formal que debía ser subsanada, lo que dio tiempo al ministerio del Interior para protestar hasta que la propia Corte Superior de Amazonas dio como explicación que esa notificación había sido ¡falsificada! Pero no lo había sido. Fue una manera de salir del paso. 

No hay procesados por bloqueos de carreteras y aeropuertos

El Poder Judicial no puede ser un instrumento del delito y el desorden. El ministro de Justicia, Enrique Mendoza, me confirmó en una entrevista reciente publicada en El Comercio, que no existe un solo procesado por los delitos de bloqueo de carreteras, toma de aeropuertos, ataques a la propia Policía y otros cometidos en las distintas movilizaciones de los últimos años. Y cuando le pregunté a Duberly Rodriguez si no debería establecerse una jurisdicción nacional para juzgar esos casos, donde las presiones locales amedrentan a fiscales y jueces, rechazó tal posibilidad. El Poder Judicial ni siquiera ha considerado incluir esa clase de delitos entre los que pueden ser procesados por los juzgados de flagrancia, que sería una manera quizá más efectiva de responder a estos casos.

Habeas Corpus contra estados de emergencia

Pero ahora resulta que se presentan habeas corpus contra los estados de emergencia. Por ejemplo, el Frente Único de Defensa de los Intereses de Challhuahuacho y dos organizaciones más han presentado una demanda de Habeas Corpus ante el Juez del Juzgado de Investigación Preparatoria de Cotabambas, Saúl Cansaya Flores, para que se levante el Estado de Emergencia en el distrito de Chalhuahuacho. El juez ha admitido a trámite el recurso y ha notificado al Procurador Público de la PCM.

Reposición de policías y ascensos

Para no hablar de la cantidad de policías que pasan al retiro por renovación de cuadros, que es una facultad del Ejecutivo, y que son repuestos por el Poder Judicial, poniendo piedras en el camino de la reforma y la depuración policial. Entre agosto del 2016 y octubre del 2017, 169 policías han sido reincorporados por orden judicial, como podemos ver en el siguiente cuadro:

Entre ellos, hay 10 generales reincorporados. ¿Cómo se puede llevar a cabo una reforma de la institución policial si es saboteada de esta manera por el Poder Judicial? Los juzgados constitucionales Primero, Cuarto y Noveno son los más prolíficos en estas disposiciones.

Pero no son solo las reposiciones. Hay algo más increíble aun: ¡hay ascensos por orden judicial! En efecto, la Policía nos informa que “el Poder Judicial mediante sentencias y medidas cautelares en los procesos de amparo viene ordenando lo siguiente; 1) Otorgamiento de puntaje por algún concepto; 2) Se le permita participar en el proceso de ascensos incluso de los que ya culminaron; 3) Ordenen su incorporación en el cuadro de aptitud; 5) Ordenen su inclusión en el Cuadro de Merito para el Ascenso; 6) Derecho de pasar lista de revista Adicional en situación de actividad en vía de regularización; 7) Otorgamiento de condecoraciones y felicitaciones; 8) Otros derechos que el personal policial no ostentaba al momento de interponer su demanda de amparo; estos derechos son otorgados por un juez constitucional luego de ordenar su reincorporación; y a través de los procesos contenciosos administrativos y laborales se viene concediendo ascensos automáticos encubiertos”.

Es decir, no solo no se advierte en el Poder Judicial un esfuerzo genuino de reforma y depuración interna, sino que algunos jueces se esmeran en entorpecer las políticas de reestructuración, mejoramiento y moralización de la institución policial, tan difíciles de llevar a cabo por la manera como se han institucionalizado corruptelas de todo tipo.

No se puede detener fiscales ni jueces

No solo eso. El artículo 454 del nuevo Código Procesal Penal establece un procedimiento contra los jueces y fiscales que cometen delitos de función que remite la acusación y el juzgamiento a la instancia inmediata superior, con lo que le resulta muy difícil a la policía detener a fiscales o jueces comprometidos en las investigaciones que se llevan a cabo. De hecho, vemos que se detiene a policías vinculados a organizaciones criminales, pero nunca a fiscales ni jueces. Esto tiene que cambiar.

La revolución institucional que el país requiere necesita una voluntad política clara y decidida de todos los estamentos: el Congreso, el Ejecutivo y el sistema judicial. Necesitamos un acuerdo político sobre esto, y un compromiso auténtico de las autoridades de estas instituciones. De lo contrario la delincuencia ganará la batalla y el Estado peruano no será capaz de implantar el imperio de la ley en el territorio. Lampadia

 

 

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