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Lima-Perú, 16/04/2018 a las 08:04am. por Jaime de Althaus

¿Cuánto hemos avanzado?

Los compromisos de la Cumbre de las Américas

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El Perú tiene avances desiguales en relación a los puntos establecidos en el “Compromiso de Lima: gobernabilidad democrática frente a la corrupción”, aprobado en la Cumbre de las Américas. Vamos a hacer una revisión somera de los progresos que hemos o no hemos hecho en lo relativo a las recomendaciones más concretas –porque hay otras que son declarativas o vacías-, y examinaremos luego aspectos de estructura institucional en nuestro país que condicionan la corrupción y que deben ser reformados si queremos reducirla. 

Compromiso anti soborno de las empresas

Comencemos con el rol del sector privado, que es clave y podría ser la gran noticia en los próximos meses. Un compromiso importante es el 12, que propone: “Incentivar la participación eficaz del sector privado en las políticas públicas de prevención y combate de la corrupción; e instar a que las empresas privadas y públicas desarrollen o implementen programas de capacitación y de promoción de la integridad, a todos los niveles”.

Pues bien, en esto hay unos avances prometedores. IPAE ya tiene casi lista la “Iniciativa de Empresarios por la Integridad” que fue anunciada en el último CADE, y que es esencialmente una iniciativa empresarial contra el soborno.  Consiste en que un grupo importante de empresas se comprometen a cumplir un conjunto de condiciones que demuestren que realmente están comprometidas con la cruzada contra el soborno, y que no se trata de algo meramente declarativo. Para ello deben adoptar ciertas adecuaciones institucionales. Ya han avanzado en precisar cuáles son esas condiciones y cómo se monitorea su cumplimiento, y han diseñado la estructura de la asociación civil sin fines de lucro que se llamará "Empresarios por la Integridad".

El siguiente paso es iniciar el reclutamiento de las empresas. La idea es empezar reclutando 10 o 12 empresarios líderes, quienes conformarían el núcleo fundador de “Empresarios por la Integridad” y serían los que promoverían la iniciativa empresarial contra el soborno que agruparía a empresas que vivan la cultura del cero soborno. Esas empresas pueden ser grandes, medianas o pequeñas. Se trata de que se vayan sumando números cada vez mayores.

Será sin duda un gran avance –aunque todavía falta culminar-, que debería ser complementado por una acción similar de los Estudios de Abogados, en la línea de formar de una vez ese código de buenas prácticas que, bajo la coordinación de Beatriz Boza, se elaboró hace unos años con participación de los mismos estudios y de las gerencias legales de las principales empresas, pero que al final no fue firmado por temor a perder influencia en las decisiones judiciales.

Simplificación y digitalización

El complemente perfecto en el Estado de esa acción del sector privado, es la simplificación y digitalización de los trámites relativos a cualquier gestión o permiso que se requiera. Sobre simplificación solo hay un compromiso, el 33: “Implementar medidas para la reducción de la burocracia y la simplificación de trámites en todos los niveles de gobierno para la prevención de la corrupción”. Hemos reseñado en otros informes los avances en esta dirección. Agreguemos que un tema fundamental en esto son las licencias de funcionamiento y de construcción, para las cuales se estableció, en un decreto legislativo, que no necesitaban renovación cada dos años. Esa disposición fue lamentablemente derogada por el Congreso. De todos modos, la reglamentación ha simplificado esos procesos y se promete que a fines de abril salen los tupas estandarizados en relación a ambas licencias, de modo que ninguna municipalidad podrá apartarse de lo que en ellos se establezca. Esto será un avance fundamental.

Los puntos 14, 17, 27 y 32 (ver Anexo) hacen referencia a la necesidad de promover todo lo relativo a gobierno abierto, gobierno digital, datos abiertos, transparencia fiscal, presupuestos abiertos, sistemas electrónicos de compras, contrataciones públicas y registro público de proveedores del Estado, pero planteado más en función de la transparencia y las facilidades para la participación de la sociedad civil en el control de la corrupción, que de las facilidades para obtener lo que se quiere obtener sin necesidad de pagar sobornos.

Al respecto, la Oficina de Gobierno Digital de la PCM nos informa que hay 121 tasas que ahora se pueden pagar por Internet (págalo.pe) sin necesidad de ir al Banco de la Nación y que hay ya 94 servicios web en la plataforma de interoperabilidad y 234 entidades públicas usándolos. De otro lado, el objetivo es ir a “cero papel” en el Estado (dentro del Estado) a fines el 2019. Esto último es importante porque, para hacerlo, se requiere revisar y simplificar los propios procedimientos. Es una reforma en sí misma. Lo que no queda claro es cuándo vamos a tener todos o la mayor parte de los trámites que tenga que hacer el ciudadano, en línea. Es decir, que los pueda hacer por internet.

Ben Schneider nos da un ejemplo: “En España cada ciudadano tiene una firma electrónica en línea que utiliza como medio de identificación segura. Sus transacciones cuentan con un certificado digital. Con ello no sólo pagan impuestos u otras tasas, sino que plantean recursos, reclamos, tramitan licencias, etc. En el Perú tenemos en el DNI electrónico incorporado en el chip nuestra firma digital. Pero las instituciones no han desarrollado procesos seguros que se realicen utilizando la firma digital”.

En otras palabras, agrega Schneider, “el uso intensivo de la firma digital es una buena forma de medir el grado de avance en la digitalización de procesos. En nuestro País casi que no se usa”.  Eso sí, “SUNAT ha avanzado bastante en cuanto a declaraciones juradas electrónicas y ahora están trabajando en desarrollar la ventanilla única del contribuyente donde en un solo lugar digital puedas realizar toda la interacción con la entidad. Eso ya lo tiene en la región México y parece funciona muy bien”.

A este tipo de cosas se refiere el compromiso 32: “Promover prácticas coordinadas y transparentes en la emisión gubernamental de permisos, entre otras medidas, por medio de ventanillas únicas de gestión, incluido en el área de la construcción, como una medida para prevenir la corrupción, y fomentar la competitividad y agilizar los permisos correspondientes”.

Según Schneider, se está construyendo una plataforma de interoperabilidad (PIDE), pero no es suficientemente potente. “Se requiere de una plataforma potente que permita múltiples accesos en simultáneo. En el Perú la Secretaria de Gobierno Digital no tiene presupuesto.  Es más, un órgano que plantea estándares a seguir. Eso no es malo, pero claramente no es suficiente”.

Participación, denuncias y control

 El punto 27 dice: “Promover el uso de sistemas electrónicos para compras gubernamentales, contrataciones de servicios y obras públicas para asegurar la transparencia, publicidad, veeduría ciudadana y una efectiva rendición de cuentas”. Esto es importante. La Contraloría tiene un portal poco publicitado y poco amigable que se llama “Infobras”, donde se puede encontrar información acerca de las obras públicas. Y el Ministerio de Transportes tiene el “Aplicativo Miki”, para las obras de ese sector, bastante más accesible.

Los puntos 5 y 13 versan acerca de la participación ciudadana en la lucha contra la corrupción a través de observatorios ciudadanos y de la implementación de canales de denuncias. En el Perú se creó un sistema de denuncias en uno de los decretos legislativos que se dieron hace un año, y ha comenzado a implementarse parcialmente desde el Ministerio de Justicia. Pero le falta impulso. Un buen sistema de denuncias que asegure protección al denunciante pero que sea efectivo, y que pueda ser impulsado por el gobierno, es fundamental para generar una movilización contra la corrupción.

El punto 15 dice: “Consolidar la autonomía e independencia de los órganos de control superior”. Aquí se aprobó una ley de la Contraloría que permitiría su modernización y la transferencia de los jefes de Control Interno de las Institucionales a la Contraloría. Es decir, que sean pagados por la Contraloría y no por la entidad que auditan. Es importante. La propia Contraloría puede canalizar formas de veeduría que incluyan a la sociedad civil, a los colegios profesionales y universidades.   

La autoridad de acceso a la información creada también en un decreto legislativo como una oficina dentro del ministerio de Justicia, carece de la autonomía y autoridad necesarias para exigir a ministerios y potros organismos que se revele información pública solicitada.

Reforma institucional: servicio civil, descentralización, partidos y policial-judicial

Ahora bien, una tarea fundamental que está en la base de todo esto es la modernización institucional de nuestro país y la corrección del proceso de descentralización que se ha vuelto eventualmente un mecanismo patrimonialista de apropiación de los puestos de gerencia y de los recursos presupuestales para obras y adquisiciones al alcance de mafias de todo tipo.

Al respecto, el punto el punto 9 es vital: “Garantizar la transparencia e igualdad de oportunidades en los procesos de selección de servidores públicos, basados en criterios objetivos como el mérito, la equidad y la aptitud”. En nuestro país tenemos para eso la ley de Servicio Civil que, sin embargo, ya ha sido perforada varias veces y está amenazada por un proyecto en el Congreso que pretende pasar los cerca de 300,000 CAS del sector público a la 728 o a la 276. Es decir, nombramientos y estabilidad absoluta sin evaluaciones ni meritocracia.

Ese proyecto habría sido detenido por el momento. Ojalá se archive definitivamente y el gobierno y Congreso le pongan voluntad política a la implementación del régimen meritocrático de la Ley de Servicio Civil en todo el Estado. La profesionalización de la administración pública, el ingreso a ella por concursos y un sistema de evaluaciones permanentes para los ascensos, son fundamentales para prevenir el patrimonialismo y la corrupción.

Por supuesto, hay que ir más allá y reformar el proceso mismo de descentralización, para introducir mecanismos de monitoreo, control e intervención que permitan recuperar la autoridad central y el carácter unitario del gobierno consagrado en la Constitución.

Eso también requiere la construcción de un sistema de relativamente pocos partidos estables, que vuelvan a estar presentes en la regiones y provincias, para que estas sean en menor medida pasto de aventureros. No hay ningún compromiso en la declaración respecto de esto, sino solo de los aspectos financieros de la política. Dice el punto 25: “Impulsar la adopción y/o fortalecimiento de medidas que promuevan la transparencia, rendición de cuentas, contabilidad apropiada y bancarización de los ingresos y gastos de las organizaciones y partidos políticos, principalmente de sus campañas electorales, garantizando el origen lícito de las aportaciones, así como la sanción por la recepción de contribuciones ilícitas”.

En nuestro país se ha cometido el error de prohibir todo financiamiento de empresas privadas para las campañas electorales, pero tampoco hay financiamiento público. El resultado será que las únicas fuentes disponibles, fuera de los limitados aportes individuales, serán las del narcotráfico, la minería ilegal, las mafias de proveedores y de la construcción y usurpación de terrenos, y demás mafias que detentan o buscan poderes ilegales. Es absurdo. Debe restablecerse la posibilidad del financiamiento transparente y público por parte de empresas formales, eventualmente a un fideicomiso para que el partido no sepa necesariamente de donde viene el aporte.  

Tampoco será posible avanzar sin una reforma profunda en la Policía y en el sistema judicial, afectados también, en mayor menor grado, por diversas formas de patrimonialismo y corrupción. Son entidades pre modernas.

No hay ningún compromiso en la Declaración respecto a la Policía, pero debemos estar atentos a ver si la nueva gestión en el Ministerio dará continuidad a las reformas allí iniciadas, que son importantes. Pero sí hay uno en relación al Poder Judicial. Dice el punto 2: “Fortalecer la autonomía e independencia judicial siguiendo los estándares interamericanos y universales aplicables en la materia, con el objeto de promover el respeto al Estado de Derecho y el acceso a la justicia, así como promover e impulsar políticas de integridad y transparencia en el sistema judicial”.

El proyecto del expediente digital, financiado por el BID ($100 millones) y el Banco Mundial ($100 millones), puede tener, si se aplica bien, un impacto transformador enorme no solo por sus efectos en la transparencia y la celeridad, sino porque obligará a simplificar los propios procedimientos contenidos en los códigos procesales.  Hay que estar atento a que se ponga a la mejor gente a manejar este proyecto. Por supuesto, de la reforma mayor, que sería la de ir a una Corte Suprema de muy alto nivel con pocos jueces y dedicada a ver pocos casos paradigmáticos para sentar jurisprudencia y predictibilidad, no se oye hablar. Lampadia

ANEXO

OCTAVA CUMBRE DE LAS AMÉRICAS

COMPROMISO DE LIMA “GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA FRENTE A LA CORRUPCIÓN”

Lima, 14 de abril de 2018

Nosotros, los Jefes de Estado y de Gobierno del Hemisferio reunidos en Lima, Perú, en la VIII Cumbre de las Américas, Destacando que la prevención y el combate a la corrupción son fundamentales para el fortalecimiento de la democracia y el Estado de derecho en nuestros países, y que la corrupción debilita la gobernabilidad democrática, la confianza de la ciudadanía en las instituciones y tiene un impacto negativo en el goce efectivo de los derechos humanos y el desarrollo sostenible de las poblaciones de nuestro Hemisferio, al igual que en otras regiones del mundo; Reafirmando nuestro compromiso con los tratados en materia de lucha contra la corrupción, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) y la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC); Reafirmando también la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y nuestro firme apoyo para su implementación ; y De conformidad con los ordenamientos jurídicos de los Estados y con los tratados multilaterales y bilaterales de los que somos parte, así como con los principios reconocidos, como el respeto a la soberanía y la no intervención, NOS COMPROMETEMOS A:

A. Fortalecimiento de la gobernabilidad democrática

1. Fortalecer las instituciones democráticas para la prevención y combate de la corrupción en el Hemisferio, otorgando a las autoridades competentes las garantías necesarias para el buen desempeño de sus funciones.

2. Fortalecer la autonomía e independencia judicial siguiendo los estándares interamericanos y universales aplicables en la materia, con el objeto de promover el respeto al Estado de Derecho y el acceso a la justicia, así como promover e impulsar políticas de integridad y transparencia en el sistema judicial.

 3. Promover una iniciativa hemisférica para articular los esfuerzos de las organizaciones regionales e internacionales competentes en el marco de la Agenda Interamericana de Educación, con enfoque en educación cívica, dirigida por la Organización de Estados Americanos (OEA), a través de la Comisión Interamericana de Educación (CIE), con el apoyo del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres (GTCC) y con respeto a la diversidad regional.

4. Desarrollar una cultura de transparencia, participación ciudadana y prevención de la corrupción para el fortalecimiento de los valores democráticos y cívicos desde la primera infancia y a lo largo de toda la vida, implementando programas de enseñanza y aprendizaje en los diferentes niveles de los sistemas educativos, así como programas de educación continua.

5. Promover campañas de concientización pública y participación ciudadana para la prevención y lucha contra la corrupción y la impunidad; y sobre los instrumentos disponibles para combatirlas.

6. Reconocer las contribuciones positivas de los pueblos indígenas y sus valores y principios tradicionales, así como los aportes de las comunidades afrodescendientes, para mejorar la eficiencia, la eficacia y la transparencia de la administración pública, generando conciencia en favor de la lucha contra la corrupción.

7. Promover la equidad e igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres como objetivo transversal de nuestras políticas anticorrupción, mediante un grupo de trabajo sobre liderazgo y empoderamiento de las mujeres que activamente promueva la colaboración entre instituciones interamericanas y la sinergia con otras agencias internacionales.

8. Incluir a los diversos grupos en situación de vulnerabilidad en la definición de medidas para fortalecer la gobernanza y combatir la corrupción, reconociendo su grave impacto en dichas poblaciones.

9. Garantizar la transparencia e igualdad de oportunidades en los procesos de selección de servidores públicos, basados en criterios objetivos como el mérito, la equidad y la aptitud.

10. Promover la adopción de medidas que prevengan conflictos de intereses, así como la presentación por parte de servidores públicos de declaraciones patrimoniales y de información financiera, según corresponda.

11. Promover códigos de conducta para los servidores públicos que contengan altos estándares de ética, probidad, integridad y transparencia, tomando como referencia los “Lineamientos para la Gestión de Políticas de Integridad en las Administraciones Públicas de las Américas”, e instar al sector privado a desarrollar códigos de conducta similares.

12. Incentivar la participación eficaz del sector privado en las políticas públicas de prevención y combate de la corrupción; e instar a que las empresas privadas y públicas desarrollen o implementen programas de capacitación y de promoción de la integridad, a todos los niveles.

 B. Transparencia, acceso a la información, protección de denunciantes y derechos humanos, incluyendo la libertad de expresión

13. Continuar fortaleciendo sistemas o medidas nacionales anticorrupción y mejorar las condiciones para la efectiva participación de la sociedad civil, organizaciones sociales, academia, sector privado, ciudadanos y otros actores sociales en el seguimiento de la gestión gubernamental, incluyendo el establecimiento de mecanismos de prevención, canales de denuncia de posibles actos de corrupción, así como facilitar la labor de los observatorios ciudadanos u otros mecanismos de control social, incentivando la adopción de mecanismos de participación electrónica.

14. Promover y/o fortalecer la implementación de políticas y planes nacionales y, cuando corresponda, sub-nacionales, en materia de: gobierno abierto, gobierno digital, datos abiertos, transparencia fiscal, presupuestos abiertos, sistemas electrónicos de compras, contrataciones públicas y registro público de proveedores del Estado, considerando para ello la participación de la sociedad civil y otros actores sociales.

15. Consolidar la autonomía e independencia de los órganos de control superior.

16. Implementar y/o fortalecer los órganos de transparencia y acceso a la información pública, sobre la base de las mejores prácticas internacionales aplicables.

17. Promover el uso de nuevas tecnologías que faciliten el gobierno digital con el objeto de impulsar la transparencia, la interacción con los ciudadanos y la rendición de cuentas, a través del desarrollo de herramientas de identificación, detección, sistematización y monitoreo de procedimientos gubernamentales y, con esa finalidad, fortalecer la cooperación y el intercambio de buenas prácticas sobre el desarrollo y aplicación de dichas tecnologías.

18. Elaborar estadísticas e indicadores en nuestros países que permitan evaluar el impacto de las políticas de transparencia y de lucha contra la corrupción y, para ello, impulsar el fortalecimiento de las capacidades estatales en la materia.

19. Fomentar la transparencia y fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas de las organizaciones regionales e internacionales de las cuales somos miembros.

20. Impulsar el establecimiento de un Programa Interamericano de Datos Abiertos, en el marco de la OEA, con el objetivo de fortalecer las políticas de apertura de información, e incrementar la capacidad de los gobiernos y ciudadanos en la prevención y el combate a la corrupción, teniendo en cuenta los importantes trabajos realizados en el ámbito interamericano en esta materia y otras iniciativas regionales y mundiales.

21. Impulsar la adopción y/o fortalecimiento de las medidas legislativas que sean necesarias para tipificar penalmente los actos de corrupción y otros conexos, de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC), la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC).

22. Proteger a los denunciantes, testigos e informantes de actos de corrupción frente a acciones intimidatorias y represalias.

23. Proteger el trabajo de los periodistas y personas que investigan casos de corrupción, de manera consistente con las obligaciones y los compromisos internacionales sobre derechos humanos, incluida la libertad de expresión.

24. Proteger a los servidores públicos incluidos aquellos involucrados en hacer cumplir la ley, la investigación, el enjuiciamiento y la sanción de los actos de corrupción.

C. Financiamiento de organizaciones políticas y campañas electorales

25. Impulsar la adopción y/o fortalecimiento de medidas que promuevan la transparencia, rendición de cuentas, contabilidad apropiada y bancarización de los ingresos y gastos de las organizaciones y partidos políticos, principalmente de sus campañas electorales, garantizando el origen lícito de las aportaciones, así como la sanción por la recepción de contribuciones ilícitas.

26. Considerar la adopción de instrumentos legales que podrían restringir el acceso a la función pública de personas condenadas por actos de corrupción.

D. Prevención de la corrupción en obras públicas, contrataciones y compras públicas

27. Promover el uso de sistemas electrónicos para compras gubernamentales, contrataciones de servicios y obras públicas para asegurar la transparencia, publicidad, veeduría ciudadana y una efectiva rendición de cuentas.

28. Implementar mecanismos de acompañamiento intergubernamental a proyectos específicos, a solicitud del Estado que ha de ejecutarlos, y de acuerdo con su propio marco legal, con el fin de asegurar la transparencia y fomentar la confianza.

29. Promover la inclusión de cláusulas anticorrupción en todos los contratos del Estado y de asociaciones público-privadas, y establecer registros de personas naturales y jurídicas vinculadas con actos de corrupción y lavado de activos para evitar su contratación.

30. Solicitar al Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres (GTCC) que, en cooperación con otros actores regionales e internacionales relevantes, cree una plataforma sobre infraestructura para facilitar el intercambio de experiencias, capacitación y programas de cooperación en materia de monitoreo y desarrollo de proyectos, estudios de factibilidad y análisis de riesgo, procedimientos transparentes de licitación, y compras gubernamentales.

31. Fomentar la transparencia en la gestión de la infraestructura y de los recursos públicos destinados a garantizar la resiliencia frente a desastres, incluyendo la referida plataforma sobre infraestructura, con miras a mejorar la respuesta a emergencias y los proyectos de prevención, mitigación, recuperación y reconstrucción. En tal sentido, promover la coordinación a través de la Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres en las Américas.

32. Promover prácticas coordinadas y transparentes en la emisión gubernamental de permisos, entre otras medidas, por medio de ventanillas únicas de gestión, incluido en el área de la construcción, como una medida para prevenir la corrupción, y fomentar la competitividad y agilizar los permisos correspondientes.

33. Implementar medidas para la reducción de la burocracia y la simplificación de trámites en todos los niveles de gobierno para la prevención de la corrupción.

E. Cooperación jurídica internacional; combate al cohecho, al soborno internacional, al crimen organizado y al lavado de activos; y recuperación de activos

34. Avanzar en la lucha contra la corrupción, en particular la prevención y el combate del soborno de funcionarios públicos nacionales y extranjeros, continuando la implementación, antes de la IX Cumbre de las Américas, de las recomendaciones aplicables de las rondas específicas del Mecanismo de Revisión de la Implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, así como también de las recomendaciones de las sucesivas rondas del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC).

35. Adoptar un marco legal para responsabilizar a las personas jurídicas por actos de corrupción, de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción, incluidos el cohecho interno e internacional, cuando no esté previsto en la legislación nacional.

36. Considerar la prestación de asistencia, de la manera más amplia posible, cuando sea procedente y esté de acuerdo con los respectivos ordenamientos jurídicos internos, a las investigaciones y procedimientos correspondientes a cuestiones civiles y administrativas relacionadas con los actos de corrupción cometidos por personas físicas o jurídicas.

37. Promover la más amplia cooperación entre las autoridades judiciales, policías, fiscalías, unidades de inteligencia financiera y autoridades administrativas, en las investigaciones y procedimientos relacionados con los delitos de corrupción, lavado de activos, cohecho y soborno transnacional.

38. Promover entre las autoridades competentes el uso de mecanismos ágiles de intercambio de información, cooperación y trabajo coordinado para la investigación y persecución de actos de corrupción.

39. Promover la cooperación entre las instituciones financieras y los órganos de supervisión financiera, y las instituciones encargadas de la investigación y enjuiciamiento de los actos de corrupción para una respuesta rápida y efectiva en las investigaciones internacionales, así como para la recuperación de activos.

40. Fortalecer el marco internacional de cooperación jurídica e institucional para prevenir que los sistemas financieros de la región puedan ser utilizados para la transferencia y ocultación de fondos provenientes de actos de corrupción, incluyendo aquellos tipos penales contemplados en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción.

 41. Impulsar la adopción o fortalecimiento de medidas a través de las instituciones competentes, para permitir el embargo preventivo, la extinción de dominio y la confiscación de activos producto de la corrupción.

42. Profundizar la participación de nuestros Estados en las redes e iniciativas multilaterales contra el lavado de activos, a través de la prestación de la más amplia y pronta asistencia en la identificación, rastreo, embargo preventivo, confiscación, decomiso y recuperación de activos.

43. Adoptar medidas efectivas contra la elusión, así como combatir la evasión fiscal, el lavado de activos y los flujos financieros ilícitos producto de la corrupción y para la identificación de beneficiarios finales.

44. Promover la transparencia en el intercambio de información tributaria y solicitar al Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres (GTCC) que considere fortalecer la cooperación en esta área entre nuestros países, de conformidad con el marco internacional existente.

F. Fortalecimiento de los mecanismos interamericanos anticorrupción

45. Continuar fortaleciendo el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC), identificando los recursos para fortalecer sus operaciones, con miras a enfrentar más eficientemente los nuevos retos que presenta la corrupción en el Hemisferio.

46. Solicitar al MESICIC que promueva el intercambio y la difusión de buenas prácticas, capacidades técnicas y medidas orientadas a fortalecer los marcos jurídicos e institucionales para prevenir y combatir la corrupción, que contribuyan a la implementación de sus recomendaciones.

47. Solicitar al MESICIC que coordine con otros organismos internacionales y regionales anticorrupción a fin de promover sinergias y evitar la duplicación de esfuerzos en la lucha contra la corrupción.

48. Seguir avanzando a través de medidas concretas en la implementación efectiva de las recomendaciones realizadas por el MESICIC antes del período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA en 2020.

49. Solicitar al MESICIC que en el marco de sus competencias desarrolle una iniciativa para la observación y medición de las políticas de lucha contra la corrupción con el fin de formular indicadores y promover mecanismos de prevención de la corrupción, valorar el impacto y los avances de las políticas públicas, consolidar un banco de buenas prácticas regionales y hacer análisis temprano de riesgos.

50. Impulsar el Mecanismo de Cooperación Interamericana para la Gestión Pública Efectiva (MECIGEP) como foro para compartir mejores prácticas de gobernabilidad democrática y gobierno abierto.

51. Solicitar al Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres (GTCC) que apoye la implementación y el fortalecimiento de programas nacionales, con una perspectiva de derechos humanos, para desarrollar la capacidad de la policía, fiscalía, poder judicial y órganos de control interno, a fin de combatir los actos de corrupción, incluyendo aquellos vinculados al tráfico ilícito de drogas, la trata de personas, el tráfico de armas de fuego y otras armas, y el comercio ilícito de mercancías y de fauna silvestre.

G. Seguimiento e informes

52. Solicitar al Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres (GTCC) que asista con recursos y capacidades técnicas a los Estados, a fin de que puedan implementar los compromisos adquiridos en materia de fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y lucha contra la corrupción en el marco de esta Cumbre, incluidos los referidos a la implementación de legislación, fortalecimiento institucional, capacitación y cooperación.

53. Tomar nota de las recomendaciones del Foro de la Sociedad Civil y Actores Sociales, Foro de Jóvenes de las Américas, Foro de los Pueblos Indígenas, la Red de Parlamento Abierto de ParlAméricas y el Diálogo Empresarial de las Américas.

54. Tomar nota del “Compromiso del sector privado para la transparencia” del Diálogo Empresarial de las Américas, presentado en la III Cumbre Empresarial de las Américas, y formular un llamado al sector privado en general para que adopten iniciativas similares.

55. Actuar de manera que las acciones de seguimiento emanadas de este Compromiso de Lima promuevan el avance sobre la equidad e igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en el Hemisferio.

56. Reconocer la importancia de la Secretaría de Cumbres en el seguimiento de la implementación de los mandatos e iniciativas derivados de la VIII Cumbre de las Américas y las Cumbres anteriores, así como de secretaría técnica, memoria institucional del proceso y de instancia de coordinación del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres (GTCC), recordando que todas las tareas originadas de este Compromiso de Lima y de las Cumbres anteriores, cuya ejecución competa a la OEA, deberán implementarse respetando la necesaria sostenibilidad presupuestaria de la Organización.

57. Encomendar al Grupo de Revisión de la Implementación de Cumbres (GRIC) que informe a través de la Presidencia del Proceso de Cumbres de las Américas sobre la implementación del presente Compromiso.

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